Hacia la persecución política en Nicaragua: Un análisis del cambiante perfil migratorio

18 de Noviembre de 2021
Hacia la persecución política en Nicaragua: Un análisis del cambiante perfil migratorio
Foto: Pixabay

Desde 2018 un alto número de nicaragüenses ha migrado forzosamente hacia Costa Rica y otros países ¿Por qué es importante identificar el perfil migratorio de estas personas?

Este artículo se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho y La Red Académica para Nicaragua, del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional.

Alianza

La serie de análisis se realiza por parte de la Red Académica para Nicaragua en el marco de un intercambio académico con Agenda Estado de Derecho.

La Red Académica para Nicaragua fue creada con posterioridad al coloquio “La Situación de los Derechos Humanos a 3 años de las Protestas Sociales en Nicaragua” del proyecto “Ius Constitutionale Commune en América Latina” (ICCAL) del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional (MPIL) en cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Red se dedica al seguimiento académico de la situación en Nicaragua y al fomento de un debate plural sobre las transformaciones en favor de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.

MAX PLANCK

En el conflicto sociopolítico nicaragüense, el fenómeno migratorio y de refugio se tornó de vital relevancia en su exploración y análisis pues, desde el plano organizativo, la oposición al régimen ha utilizado este mecanismo para salvaguardar sus vidas, y desde la atención humanitaria es una revalidación de los derechos humanos en su generalidad. Es por ello que el objetivo del artículo se enfoca en describir el perfil migratorio político de esta población, para dar cuenta sobre las potencialidades y retos de las organizaciones políticas en el exilio, junto con los desafíos que deben enfrentar ante esta situación.  

Desde la década de los 90s, han existido importantes flujos migratorios de Nicaragua hacia Costa Rica por motivos económicos, como ya ocurrió anteriormente en la década de los 70 y 80. Sin embargo, esta dinámica migratoria ahora incluye también la migración política y el exilio producto de la crisis sociopolítica en Nicaragua de 2018, donde Costa Rica se transformó en el principal receptor de la migración forzada del conflicto

Desde mayo de 2021 hay un aumento en el ejercicio represivo y persecutorio del régimen Ortega-Murillo hacia líderes y lideresas políticas, personal de medios de comunicación y activistas políticos y sociales: entre junio y julio de 2021 se contabilizaron 30 personas detenidas, y el total de presos y presas políticas asciende a 139.

El proceso de agudización sociopolítica ha implicado un deterioro en los procedimientos electorales, y en la institucionalidad nicaragüense, generando un estado de sitio para activistas políticos, y organizaciones de sociedad civil. Este contexto ha producido dos escenarios para las personas opositoras al régimen: el primero es la clandestinidad y el movimiento en casas de seguridad que, a la postre, termina en detenciones; y el segundo escenario es la decisión inmediata de migración forzada que se acompaña por la solicitud de refugio, esta última salida no es excluyente de la primera. 

Costa Rica, junto a otro conjunto de países como México, España y EEUU, se ha convertido en un espacio de acogida para todas estas personas que desde diferentes ámbitos son oposición al régimen. Esto se evidencia en los datos de refugio en que registra la Dirección de Migración de Costa Rica, que ha presentado dos momentos principales, el primero entre los años 2018 y 2019 donde, para este último año, se contabilizaron un total de 31.604 solicitudes de refugio; y el segundo que se presenta entre mayo y septiembre del año 2021, que presenta la considerable cifra de 30688 solicitudes de refugio, representando el 88% del total de solicitudes en el país. 

Se debe comprender la migración forzada como multicausal, es decir, las causas que la producen pueden ser varias y pueden ser estructurales y/o coyunturales. Cuando se presentan condiciones de violencia política y represión, las personas buscan la protección internacional mediante las solicitudes de asilo o refugio, tal es el caso de la crisis sociopolítica en Nicaragua, que registra más de 70,000 personas se han visto forzadas a huir de Nicaragua, y solo en Costa Rica, 55,500 personas han solicitado protección internacional. 

Asimismo, la crisis de derechos humanos que sufre Nicaragua desde el 18 de abril de 2018 y hasta el momento, ha ocasionado la muerte de, al menos, 325 personas; 2.000 personas heridas; 700 personas detenidas y enjuiciadas; el despido de 300 profesionales de la salud; la expulsión de 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN); y el exilio de al menos 70 periodistas y trabajadores de medios; hechos que han quedado impunes.

En el año 2017 de 6.337 solicitudes recibidas en la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de Costa Rica sólo el 1,2% correspondieron a personas nicaragüenses mientras que en el 2018 la correspondencia fue del 82,42%. En el siguiente gráfico se presenta el número total de solicitudes de refugio recibidas por año y su correspondencia de acuerdo con personas nicaragüenses.

Fuente: elaboración propia, FLACSO, a partir de datos de DGME, 2021. No hay datos disponibles aún sobre las cantidades totales de solicitudes de refugio.

A diferencia de otros procesos migratorios, para el año 2018 la transformación del perfil migrante fue notoria. El perfil migrante es político, de ahí que hablamos de una migración política, pues tiene como raíz el desplazamiento forzado por causas sociopolíticas. De acuerdo con Cuadra y Samcam, el 63% corresponde a jóvenes entre los 16 y 30 años y un 22,3% se ubican entre los 31 a 45 años, con un nivel socioeducativo académico, pues el 53% cuenta con algún grado de participación en estudios académicos universitarios, el 29% con estudio finalizados o inconclusos en secundaria, el 11% son técnicos medios y superiores, y el 7 % con un nivel primario.

Es clave mencionar que la población registrada como solicitante de refugio o en condición de refugio nicaragüenses en el país es del 69%, de ese el 40% son mujeres y el 60% hombres

Estas características de las personas solicitantes de refugio contrastan con el perfil histórico del migrante económico en el país vecino lo que tiene efectos en las formas y condiciones de inserción laboral, e integración cultural, social y jurídica. Sin embargo, por dinámicas preexistentes estas formas de inserción de las personas solicitantes de refugio del conflicto sociopolítico de 2018 han sido homologadas con la de sus compatriotas predecesores (migrantes económicos), sin distinción de las causas migratorias, ni de la atención institucional debida.

Desde el plano institucional, identificar el perfil migratorio permite generar políticas públicas de atención mucho más asertivas y apegadas a la realidad socioeconómica y a los derechos humanos. Fundamentalmente, para generar políticas migratorias asertivas en términos de la realidad que estas personas viven, buscando la protección y ampliación de los derechos humanos que les fueron violentados.

En términos de acciones públicas tendientes a reforzar y ampliar los derechos humanos, es imperativo que se generen mecanismos de inserción sociolaboral con base en un perfil migrante que presenta niveles educativos medio-alto, y de orden profesional. Por otro lado, es necesario generar mecanismos de promoción y reparación del derecho a la educación, violentada a raíz de la crisis de 2018, donde hubo pérdidas de títulos, récords académicos, etc.

Desde el plano organizacional/político, analizar el rol de las organizaciones políticas y sociales, y su conformación, permite una aproximación más consistente de los procesos de reorganización en el exilio, y de las alternativas de incidencia política que se pueden ejercer. Sobre todo, por la última ola de migración forzada de 2021, en la que se encuentra el grueso de activistas sociales, dirigentes políticos y personas defensoras de derechos humanos, lo que implica repensar los escenarios políticos, además, de una reconfiguración de las estrategias de acción contra el régimen.

Hoy día, se presenta una amalgama de personas exiliadas en dos distintos momentos: la primera ola entre 2018-2019 con un perfil de personas estudiantes, liderazgos políticos territoriales y comunicadores y periodistas; por otro lado, la segunda ola en 2021 signada por la represión y encarcelamiento de figuras públicas (empresariado, periodistas, candidaturas a la presidencia), y con un perfil de liderazgos políticos de alto perfil, y de ejercicio en puestos de dirección política dentro de las organizaciones.

Este elemento debe considerar dos importantes acciones urgentes: en primer lugar, reconstrucción del tejido organizativo de las plataformas y partidos que se vieron vulnerados y diezmados en el último proceso de desarticulación organizacional; en segundo lugar, es necesario que la diáspora aglutine de forma pragmática y consciente una agenda estratégica que logre vincular de forma oportuna las sensibilidades y sectores en una sola bandera política, que permita concentrar las fuerzas en una agenda cívica de retorno a la democracia.

En conclusión, la necesidad de generar esquemas de protección social y de DDHH a las personas refugiadas es imperiosa, en un contexto político y electoral que augura una profundización de las medidas represivas de régimen. Por ejemplo, es necesario avanzar en medidas reivindicativas del derecho a la educación que les fue violentado a muchas personas jóvenes universitarias, así mismo, acciones de protección de los derechos humanos a la salud y al empleo, que permita procesos de estabilización económica y social de las personas refugiadas.

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Citación académica sugerida: Fernández, Rolando y Amador Fournier, María Amalia. Hacia la persecución política en Nicaragua: Un análisis del cambiante perfil migratorio. Serie de análisis para Agenda Estado de Derecho. Agenda Estado de Derecho. 2021/11/18. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/hacia-la-persecucion-politica-en-nicaragua-un-analisis-del-cambiante-perfil-migratorio/

Palabras claves: migración, migración forzada, Costa Rica, Nicaragua, exilio

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ACERCA DE LOS AUTORES
María Amalia Amador Fournier

Politóloga de la Universidad de Costa Rica. Investigadora y gestora de proyectos en FLACSO Costa Rica, he trabajo en temas relacionados con análisis de políticas públicas con énfasis en sus efectos en poblaciones vulnerables, principalmente migraciones; también he trabajado en cuestiones relacionadas con el fortalecimiento de instituciones democráticas y promoción de derechos humanos.

Rolando Fernández

Maestría en Ciencias Políticas (Egresado) Universidad de Costa Rica. Investigador y gestor en política pública social (vulnerabilidades, pobreza, desigualdades, entre otros), y seguridad social. Ha elaborado análisis político e institucional, y el vínculo con poblaciones como juventudes y migraciones.

Artículos análisis especial Nicaragua

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.