Serie de análisis especial para Agenda Estado de Derecho

El caso de Nicaragua y la necesaria resiliencia democrática

Artículos análisis especial Nicaragua

Desde 2018 Nicaragua vive una grave crisis política y de derechos humanos ¿Cuáles son caminos y las alternativas para la recuperación democrática en el país centroamericano?

Este artículo se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho y La red Académica para Nicaragua, del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional.

Alianza

La serie de análisis se realiza por parte de la Red Académica para Nicaragua en el marco de un intercambio académico con Agenda Estado de Derecho.

La Red Académica para Nicaragua fue creada con posterioridad al coloquio “La Situación de los Derechos Humanos a 3 años de las Protestas Sociales en Nicaragua” del proyecto “Ius Constitutionale Commune en América Latina” (ICCAL) del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional (MPIL) en cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Red se dedica al seguimiento académico de la situación en Nicaragua y al fomento de un debate plural sobre las transformaciones en favor de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.

MAX PLANCK

¿Puede establecerse una resiliencia democrática ante la violación (sistemática) de derechos fundamentales y democráticos? En torno a esta pregunta damos inicio a un simposio sobre la crisis en Nicaragua. El punto de partida es el declive democrático que el país centroamericano ha experimentado, para examinar, a lo largo de una Serie, la dinámica multinivel en el sistema interamericano. Los límites y logros de una posible recuperación democrática en Nicaragua se definirán con base en un diálogo entre derecho constitucional, derecho interamericano y derecho internacional sobre los derechos humanos, con aportes desde disciplinas afines. 

El caso de Nicaragua ratifica las distintas perspectivas, considerando el discurso académico en un sentido amplio, sobre el declive democrático. Desde la elección de Daniel Ortega como Presidente de Nicaragua en 2006, una trayectoria de la erosión de los mecanismos de control facilitó la instrumentalización de las instituciones democráticas. Permitió el desmonte del Estado de Derecho por parte del gobierno sandinista, conduciendo a una crisis constitucional y humanitaria. Sobre todo, las masivas protestas sociales en 2018 fueron enfrentadas con una sistemática represión estatal que desde entonces también es ejercida en contra de las voces críticas de la sociedad. El declive abrió su último capítulo tras una reforma en mayo de 2021 que se ha descrito como “contra-reforma electoral”, dado que “erosiona, en lugar de fortalecer, un proceso político pluralista”. Dicha reforma hace improbable que las elecciones agendadas para noviembre de 2021 sean libres, transparentes y justas.

Ante el quebrantamiento progresivo del Estado de Derecho en Nicaragua, la complejidad de la crisis muestra diferentes aristas. Además, la situación se torna cada día más imprevisible. Frente a este escenario, también la recuperación de la resiliencia es compleja y crítica, ya que la oposición política enfrenta una persecución sistemática. Los candidatos opositores restantes están debatiendo si es viable una participación en las elecciones. Las condiciones institucionales no cumplen con su función o resultan poco eficaces para la representación y participación cívico-política, lo que profundiza la sensación de que la resolución de la crisis interna no cuenta con mecanismos adecuados de solución. 

Al mismo tiempo, se denuncia un incremento en la violación de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales principalmente de los grupos vulnerables, como los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes. Aunado a ello, dada la historia reciente de protestas sociales y el reclamo de varios sectores en torno a un cambio político, las protestas podrían representar una vez más una de las vías para catalizar los reclamos de las fuerzas democráticas. Teniendo en cuenta las estrategias sistemáticas de represión del gobierno, crecen las posibilidades de un nuevo estallido social.

A nivel regional e internacional, varias reacciones apuestan a favor del restablecimiento del Estado de Derecho. Por ejemplo, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) mantuvo numerosas sesiones extraordinarias acerca de la situación de Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó medidas cautelares en diversos casos, y la Unión Europea y los Estados Unidos de América sancionaron a varios miembros del gobierno nicaragüense. Sin embargo, hasta ahora no se comprueban efectos decisivos de la búsqueda por la recuperación del espacio democrático. Se ha polarizado el debate entre el gobierno nicaragüense y otros Estados de la comunidad internacional y, a la vez, se ha profundizado la brecha (política) interna. 

En suma, las fuerzas democráticas en Nicaragua enfrentan un conjunto de obstáculos y las opciones que les quedan para proteger el régimen democrático son difíciles y arriesgadas. El contexto nicaragüense genera interrogantes y cuestiones controvertidas tanto a nivel nacional como regional e internacional y que son clave: 

– ¿Qué opciones tienen los actores internacionales y, particularmente, los órganos del sistema interamericano para enfrentar el declive de la democracia en Nicaragua? 

– ¿Qué opciones institucionales y constitucionales están abiertas para reclamar las infracciones dentro de Nicaragua? 

– ¿Cómo se califica este supuesto conforme con el derecho internacional y específicamente en el ámbito de los derechos humanos? 

Dada la relevancia del caso nicaragüense y sus múltiples abordajes, iniciamos una “Serie de análisis” en el marco de un intercambio académico con Agenda Estado de Derecho. Para ello, seguiremos los acontecimientos; ofreceremos análisis acerca de la situación actual y de cara a las elecciones de noviembre. Con estricto rigor académico examinaremos los actos del gobierno nicaragüense al igual que la actuación de la comunidad internacional. Expertas y expertos tanto de Nicaragua como del mundo brindarán relevantes reflexiones a lo largo de las próximas semanas. 

Finalmente, resulta fundamentar cuestionar: 

¿Puede establecerse una resiliencia democrática ante la violación (sistemática) de derechos fundamentales y democráticos? 

Como respuesta, valga afirmar que se investigarán las medidas en favor de la democracia, del Estado de Derecho, y de los derechos humanos, precisamente en espacios democráticos limitados. 

La resiliencia puede definirse como “la capacidad de los sistemas sociales para afrontar crisis y desafíos complejos —los cuales provocan una tensión o presión que puede ocasionar un fallo sistémico—, así como sobrevivir a ellos, innovar y recuperarse”. La aproximación acerca de la resiliencia, por consiguiente, incluye, por una parte, revisar las fallas sistémicas y la trayectoria del retroceso democrático. Y, por otra parte, se explora cómo los derechos humanos puedan ser salvaguardados en los escenarios del declive democrático, mediante el aporte de grupos locales, alianzas diversas, y desde la sociedad civil nicaragüense e internacional. Estos mecanismos de resiliencia pueden apoyar a una realidad diferente para Nicaragua. Como destacó recientemente la Presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola: 

“Y es que la libertad resiste los embates de la represión. No se trata solo de ideas para subirnos los ánimos en los momentos difíciles que se viven en Nicaragua. La resistencia, la resiliencia de la libertad humana es nada menos que la historia de nuestra región, y es además una realidad palpable en la Nicaragua de hoy mismo.”

Con estas palabras invitamos a los lectores y lectoras de esta Serie a participar en el diálogo sobre la relevancia de la recuperación de la resiliencia democrática en Nicaragua. Así, esperamos enriquecer el debate acerca del futuro del país y abrir caminos para un intercambio plural y multi-disciplinario. 

Citación académica sugerida: Ripplinger, Alina; Kriener, Florian. El caso de Nicaragua y la necesaria resiliencia democrática. Serie de análisis para Agenda Estado de Derecho. Agenda Estado de Derecho. 2021/09/23. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-caso-de-nicaragua-y-la-necesaria-resiliencia-democratica/

Palabras claves: Derechos humanos, Nicaragua, democracia; resiliencia

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ACERCA DE LOS AUTORES
Alina Ripplinger

Es asistente del proyecto ‘Ius Constitutionale Commune en América Latina’ (ICCAL) en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional de Heidelberg.

Florian Kriener

Es investigador en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional de Heidelberg y miembro del grupo de investigación Sombras de ilegalidad en el derecho internacional de la paz y la seguridad.

Artículos análisis especial Nicaragua

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.