Serie de análisis especial para Agenda Estado de Derecho

El anuncio inadvertido de una tragedia:

La crisis nicaragüense y los estándares interamericanos sobre pluralismo político-electoral

¿Son las reformas político-electorales aprobadas en Nicaragua en los últimos años compatibles con los estándares interamericanos?

Este artículo se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho y La Red Académica para Nicaragua, del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional.

Alianza

La serie de análisis se realiza por parte de la Red Académica para Nicaragua en el marco de un intercambio académico con Agenda Estado de Derecho.

La Red Académica para Nicaragua fue creada con posterioridad al coloquio “La Situación de los Derechos Humanos a 3 años de las Protestas Sociales en Nicaragua” del proyecto “Ius Constitutionale Commune en América Latina” (ICCAL) del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional (MPIL) en cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Red se dedica al seguimiento académico de la situación en Nicaragua y al fomento de un debate plural sobre las transformaciones en favor de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.

MAX PLANCK

La falta de contrapesos al ejercicio del poder del Gobierno y de independencia de las agencias de control en Nicaragua ha sido un factor relevante en la gravedad de la crisis de derechos humanos que experimenta el país desde abril de 2018. ¿Qué factores permitieron un deterioro tan grave de las instituciones democráticas en el país?

Como veremos enseguida, ello fue posible, entre otros, gracias a un conjunto de normas y prácticas estatales que limitaron paulatinamente el pluralismo político-electoral, hasta afianzar la hegemonía oficialista, antes del inicio de la crisis. 

El escrutinio de esa situación, a la luz de estándares interamericanos, mostrará que existe un espacio para promover la consolidación de estándares sobre pluralismo político-electoral con el fin de profundizar la democracia en el continente, evitar derivas autoritarias y crisis de derechos humanos, como la nicaragüense.

El proceso hacia la hegemonía oficialista

Las reformas político-electorales producidas luego del llamado pacto “Alemán-Ortega” (1999-2000), son un antecedente objetivo y públicamente identificado del deterioro actual de las instituciones democráticas y de la hegemonía oficialista. Este pacto pretendió promover un sistema político bipartidista y, por ello de exclusión de las fuerzas políticas minoritarias.

La implementación del pacto dispuso reformas normativas que hicieron más exigentes los umbrales previstos en leyes anteriores. En efecto, para la constitución de partidos políticos, la Ley 331 de 2000, exigió firmas de un 3% del total del electorado y, para su vigencia exigió un 4% de la votación nacional. Adicionalmente, esa ley eliminó la figura de las asociaciones de suscripción popular, previstas en las leyes electorales de 1990 y 1996, que permitía a cualquier persona competir electoralmente, presentando sus candidaturas de manera independiente, sin los requisitos ni las limitaciones constitutivas de los partidos políticos.

Mediante ese pacto, también se aprobó una reforma constitucional que permitió la elección presidencial en primera vuelta con una votación del 35%, con ello se afectó sustancialmente la competitividad y posibilidades de alianzas en segunda vuelta a partidos minoritarios y permitió el acceso del actual oficialismo a la Presidencia de la República en 2007.

En 2009, la Corte Suprema declaró inconstitucionales los artículos de la Constitución que impedían la reelección presidencial, con base en que dicha norma violaría el derecho de igualdad ante la ley y no discriminación. El siguiente año se reformó la Constitución, permitiendo literalmente la reelección presidencial indefinida. 

Entre 2013 y 2014 se consolidó la práctica de destituir a diputados y diputadas por “transfuguismo” u otras acusaciones genéricas, ya sea por no votar disciplinadamente con la bancada oficialista, ya sea por abandonar sus filas, práctica que se asentó con la reforma del artículo 131 de la Constitución. Ello tuvo una clara intención y efecto disciplinario dentro del oficialismo, como lo mostraron las destituciones de Brooklyn Rivera, Xóchilt Ocampo y Agustín Jarquín. En los últimos años, y en el caso de bancadas opositoras, se produjo la destitución de opositores calificados como molestos y la instalación de suplentes dóciles a la voluntad oficialista, como en el caso de Alfredo César, del Partido Conservador y María Fernanda Flores, del Partido Liberal Constitucionalista.

El pluralismo político a la luz de los estándares interamericanos de derechos humanos

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya en el caso Yatama vs. Nicaragua (2005), sostuvo que las limitaciones al derecho a ser elegido contenido en el artículo 23 de la Convención Americana, solo son procedentes para satisfacer un interés público imperativo y a través de disposiciones apropiadas a la obtención de ese fin, limitando en el mínimo grado posible el ejercicio del derecho. 

La Corte también señala que las reglas que limitan la constitución de partidos políticos o que imponen restricciones políticas a otras organizaciones, suponen además la afectación del derecho de asociación, con lo que se resalta el estricto escrutinio al que deben someterse esas limitaciones. 

Puede argumentarse que las limitaciones impuestas en la hegemonía oficialista no satisfacen este escrutinio. Existen, por lo tanto, motivos razonables para afirmar la inconvencionalidad de la normativa electoral que ha fijado límites crecientes a la constitución de partidos políticos y a la presentación de candidaturas, dictada en Nicaragua, desde el 2000 en adelante.  

Igualmente, en una reciente Opinión Consultiva (OC-28-21), la propia Corte IDH ha dispuesto que la reelección presidencial indefinida no es un derecho autónomo protegido por la Convención Americana y que su habilitación es contraria a la Carta Democrática Interamericana. 

Lo anterior está en sintonía con el Informe de Fondo de la CIDH para el caso de Fabio Gadea Mantilla (2021) relacionado precisamente con el Estado de Nicaragua. Las referidas decisiones evidencian la inconvencionalidad de la decisión de la Corte Suprema de Nicaragua de 2009, así como de la reforma constitucional de 2010, que permitieron la reelección indefinida.  

Por su parte, en la sentencia del caso Petro vs. Colombia (2020), la Corte concluyó que la vigencia de normas que permitan la suspensión o destitución de un cargo de elección popular por motivos diferentes a una sentencia condenatoria penal, viola el artículo 23.2 de la Convención Americana. La práctica y normativa que permite la destitución de diputados y diputadas, del modo en que ha ocurrido en Nicaragua, resulta consecuentemente contraria a la Convención.   

La oportunidad: estándares sobre pluralismo político-electoral en las Américas

Como se ve, existe suficiente evidencia jurisprudencial que indica que la legislación y las prácticas para limitar el pluralismo político-electoral, adoptadas en Nicaragua antes de la crisis de derechos humanos, deberían ser consideradas inconvencionales, a la luz de los instrumentos interamericanos aplicables.

Pese a que los órganos del Sistema Interamericano han fijado estos estándares, por medio de criterios dispersos en diferentes decisiones, su planteamiento muestra que existe un espacio relevante para la promoción de la consolidación de estándares sistematizados y específicos sobre pluralismo político-electoral, con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 23 (derechos políticos), 24 (igualdad ante la ley y no discriminación) y 2 (obligación de adopción de normativa interna) de la Convención Americana, así como en la Carta Democrática Interamericana.

No se trata de un desafío sencillo. Los votos disidentes de los jueces Zaffaroni y Pazmiño en la Opinión Consultiva OC-28-21, ponen de manifiesto objeciones relacionadas con el viejo precepto del derecho internacional público sobre la no injerencia externa en asuntos internos. 

Los propios argumentos de la mayoría de la Corte IDH, anclados en la Carta Democrática, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son excelentes puntos de partida para responder ese argumento. La sistematización de la jurisprudencia sobre pluralismo, así como los antecedentes mismos de la crisis nicaragüense, son también poderosas ideas de respuesta a las objeciones sobre injerencia en asuntos internos que sirven de ejemplo para el resto de la región. 

En este contexto, se trata de una idea digna de ser tomada en serio: el desarrollo y sistematización de los mencionados estándares resultaría de mucha utilidad en al menos dos áreas de vital importancia para el mandato del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como son los arreglos institucionales de transición para la  superación de crisis de derechos humanos, como la nicaragüense u otras; así como en la profundización del pluralismo en la región, con el propósito de impedir o al menos gatillar alarmas internacionales en los casos en que la paulatina concentración del poder sea, otra vez —como lo fue en Nicaragua— el anuncio inadvertido de una tragedia.

Citación académica sugerida: Álvarez A, Alexandro. El anuncio inadvertido de una tragedia: La crisis nicaragüense y los estándares interamericanos sobre pluralismo político-electoral. Agenda Estado de Derecho. 2021/10/01. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-crisis-nicaraguense/

Palabras clave: Nicaragua; reelección; Sistema Interamericano; pluralismo, Corte IDH 

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ACERCA DEL AUTOR
Alexandro Alvarez A.

Abogado y Máster en Derecho Internacional. Ha sido asesor de agencias estatales, internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Hasta el julio de 2021 fue el Encargado del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH.