Las sanciones pueden ser efectivas si se dirigen de manera decisiva a los pilares económicos del régimen y obstaculizan la perspectiva de un futuro político del gobierno.

Hasta la fecha, los Estados Unidos ha excluido al ejército de sus sanciones por considerarlo un aliado en la lucha contra el narcotráfico. Para erosionar el apoyo del régimen dentro de las fuerzas armadas, la comunidad internacional debería aplicar sanciones contra los altos mandos del ejército, comenzando con la incautación de cientos de millones de dólares que probablemente se mantienen escondidos por el ejército nicaragüense en bancos y mercados en todo el mundo. Mientras los altos mandos militares no se vean afectados por las sanciones y, en su lugar, sigan beneficiándose de los estrechos vínculos con la familia gobernante, es poco probable que dejen de respaldar al régimen.

La Nica Act de los Estados Unidos aún no se ha implementado completamente. Si se instrumenta en su totalidad, junto a las sanciones específicas dirigidas a ciertos funcionarios y personeros del régimen, se restringirá a las instituciones financieras internacionales, incluidas las afiliadas al grupo del Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo, brindar asistencia financiera o técnica al gobierno de Nicaragua.

Todavía hace falta aprobar finalmente al Renacer Act, otra Ley norteamericana que propone nuevas iniciativas para monitorear, informar y abordar la corrupción del gobierno y la familia de Ortega, así como los abusos a los derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad nicaragüenses. El Renacer Act contempla que el gobierno de los Estados Unidos aumente las sanciones a los actores clave del régimen de Ortega y amplíe la coordinación con Canadá y la Unión Europea. Incluye, asimismo, una revisión de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA). No puede dejarse sin considerar que el Renacer Act prevé la posibilidad de requerir más informes de inteligencia sobre las actividades rusas en Nicaragua y una revisión de las ventas de armas rusas al país centroamericano y posibles sanciones en virtud de la Ley de Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos mediante Sanciones (CAATSA). De modo parecido, la UE todavía ha evitado expulsar a Nicaragua del Acuerdo de Asociación (AdA) entre Centroamérica y Europa por medio de la activación de la cláusula democrática. Al perder las ventajas arancelarias derivadas del acuerdo, los productores nicaragüenses ya no podrán competir con otros productos centroamericanos. Además, pondría bajo presión al régimen, ya que la UE es el tercer socio comercial del país.

Otro mecanismo de apoyo internacional podría consistir en beneficiar a los activistas exiliados en aras de proporcionarles un escenario para los debates y dar visibilidad a la problemática del país, con la finalidad de identificar puntos en común entre las diferentes organizaciones de oposición. Es conocido que los espacios cívicos en Nicaragua se están disolviendo y muchos activistas tuvieron que salir del país por su seguridad, razón por la cual la asistencia y apoyo internacional a la sociedad civil nicaragüense en el exterior contribuye a reforzar su compromiso y sus esfuerzos de resiliencia democrática.

Otra fuente de cooperación internacional con Nicaragua que debería restringirse proviene de la cooperación a nivel municipal y de ciudades hermanas. Aunque financieramente podrían no tener un gran impacto, no se debe subestimar el efecto de señalización de ambos, la continuación o la cancelación de dicha cooperación. Para tomar el ejemplo de los proyectos de ciudades hermanas alemanas, la mayoría de los cuales surgieron de los movimientos de solidaridad a raíz de la Revolución Sandinista, se puede enviar un mensaje contundente cancelando ese compromiso y explicando públicamente, mediante un lenguaje claro, por qué se toman tales medidas. En caso contrario, la continuación de estos proyectos puede percibirse como una legitimación y reconocimiento del régimen y sus acciones por parte de la población.