La contra-reforma electoral de Nicaragua y la posibilidad de un nuevo estallido social

6 de Julio de 2021
La contra-reforma electoral de Nicaragua y la posibilidad de un nuevo estallido social
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Nicaragua vive un contexto electoral crítico. La reciente reforma electoral cierra los espacios para una elección libre y justa y puede facilitar una cuarta Presidencia consecutiva de Daniel Ortega.

En Nicaragua, la reforma electoral de mayo 2021 ha  restringido severamente cualquier espacio electoral y ha permitido la intensificación de la persecución sistemática de la oposición política. Todo ello amenaza las elecciones previstas para noviembre en la medida que no cumplen con los estándares de ser libres, justas, competitivas y basadas en el sufragio universal. 

En esas elecciones, el Presidente Daniel Ortega aspirará a una tercera reelección consecutiva. Esa ‘contra-reforma’ de mayo es símbolo y continuidad de la reversión y desmontaje continuo de los mecanismos democráticos en Nicaragua, con lo que se aumenta el riesgo de un nuevo estallido social. Frente a ese potencial escenario, sugerimos que será imprescindible una reconstrucción democrática por dos vías: primero, con un impulso desde el Sistema Interamericano, con fundamento en la Carta Democrática Interamericana; segundo, a mediano plazo, desde la Constitución nicaragüense.

La sistemática detención de opositores políticos

La reforma electoral, aprobada por la Asamblea Nacional el 4 de mayo 2021, ha dejado una larga lista de obstáculos para las elecciones provenientes: restringe el acceso a los observadores internacionales, establece inhibiciones a los candidatos de la oposición y facilita la reconfiguración del Consejo Supremo Electoral a favor del Presidente. Adicionalmente, la Policía Nacional, con el  Presidente Ortega como jefe supremo, ha asumido facultades para  autorizar los mítines de campaña electoral.  Se sumaron a esa reforma, cancelaciones de la personalidad jurídica de partidos políticos, detenciones por razones políticas y una nueva etapa de la represión sistemática. 

La periodista y precandidata principal de la oposición política, Cristiana Chamorro, ha sido acusada de lavado de dinero sin debido proceso. En los casos de arresto de otros 13 dirigentes opositores y empresariales, entre ellos cinco  aspirantes presidenciales , se ha aplicado la Ley 1055. Esta ley, establecida en Diciembre 2020, forma parte de una serie de reformas legales que han venido suspendiendo los derechos y libertades fundamentales como las oportunidades de participación política y reduciendo el espacio de la sociedad civil. 

En suma, resulta, previsible que Daniel Ortega continúe en la presidencia  a raíz de unas elecciones que no serán ni libres ni justas.  Las referidas reformas pueden ser  consideradas ilegítimas conforme al derecho internacional y violan la Carta Democrática Interamericana.

Una trayectoria de reelecciones

La dominación política de Daniel Ortega se consolidó progresivamente  desde su elección en 2006. En un primer momento, su liderazgo político se basó en la promesa de hacer realidad  los ideales revolucionarios sandinistas. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sin embargo, convirtió su perfil revolucionario en  un perfil organizacional en favor del liderazgo personalizado del Presidente Ortega

Tras haber ganado las elecciones de 2011, Daniel Ortega dio pasos críticos que constituyeron la antesala de las elecciones presidenciales del 2016. Particularmente, entre octubre de 2013 y febrero de 2014, diversas reformas legales reconfiguraron el sistema político. Entre ellos destaca la reforma constitucional de 2014. 

La reforma, primero, dejó la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas bajo el mandato directo del Presidente de la República. Segundo, facilitó imponer restricciones a la oposición y reforzar la mayoría del partido FSLN en la Asamblea Nacional. Tercero, legitimó la reelección presidencial indefinida en Nicaragua. Este patrón se ha visto fortalecido debido a la falta de ejercicio de un  efectivo control judicial. Además, el Consejo Supremo Electoral fue cooptado por el partido sandinista. Ya en los procesos electorales de 2016 se excluyó  al partido opositor PLI, con lo cual  quedó asegurada la segunda reelección del Presidente Ortega.

El desmontaje de la democracia

Nicaragua revela un desmontaje de la democracia a la luz de dos rasgos que se refuerzan mutuamente: la instrumentalización de las instituciones y la reelección presidencial indefinida. Respecto a la reelección, se ha invocado una cierta interpretación que justifica la aspiración de un Presidente a ser reelegido de manera indefinida  como un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos supranacionales. 

El Estado de Nicaragua se ha pronunciado de manera repetitiva en favor de este derecho desde su establecimiento en la reforma de 2014. En sentido contrario, hay voces que consideran que la reelección puede ser la mayor amenaza que enfrentan hoy las democracias latinoamericanas y argumentan  que no es un derecho protegido por la Convención Americana. De un tal derecho a la reelección resulta una estructura favorable para la permanencia de líderes con aspiraciones autoritarias. 

En palabras de Dieter Nohlen, se genera “la instrumentalización más general de las instituciones democráticas para desmontar la propia democracia”, que de inmediato se vuelve una práctica recurrente. En Nicaragua, esa instrumentalización general se ha presentado en sus diferentes modalidades, particularmente en la concentración del poder en manos del Presidente y en la anulación del principio de separación e independencia de los Poderes del Estado, específicamente en la pérdida de independencia del Poder Judicial.

Escenarios frente a las elecciones de noviembre

Con el espacio democrático restringido desde hace más de una década y la falta de elecciones libres y justas, un nuevo estallido social es un escenario posible en el marco pos-elecciones en noviembre. Es reconocido que las protestas masivas se desencadenan con frecuencia a raíz de unas elecciones no transparentes. Asimismo,  la experiencia de represión tras las protestas masivas en Nicaragua en 2018 ya ha dejado claro que un Estado Policial sofisticado propicia la violencia política y  la impunidad. 

Desde esa perspectiva, será imprescindible una reconstrucción profunda de la democracia nicaragüense por dos vías: la vía constitucional y la vía interamericana. Primero, hay que reconocer que la instrumentalización de instituciones democráticas ha facilitado la reforma constitucional  del 2014 y, con ella, la segunda reelección del Presidente Ortega. Todo mecanismo para recuperar espacios democráticos, más aún los espacios electorales, tendrá que ir más allá de revertir la reciente reforma electoral. 

Segundo, la democracia debe entenderse como un bien común en favor del interés público interamericano. La Carta Democrática Interamericana resalta las dimensiones esenciales de la democracia y considera  que la comunidad del hemisferio se obliga a proteger sus valores comunes. Frente a una  “fiebre de la reelección en Latinoamérica”, ya se ha destacado que “la labor de los órganos del Sistema Interamericano es trascendental para solucionar y prevenir las crisis democráticas de su entorno”.

La urgencia de acercarse a la situación de Nicaragua por vías interamericanas se evidencia con la sesión de emergencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) del 15 de junio. Su Secretario General, Luis Almagro, había pedido con anticipación suspender la participación de Nicaragua por considerar que existe una alteración del orden constitucional. 

La OEA decidió con 26 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones, aprobar la resolución sobre “la situación en Nicaragua exigiendo “la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos”. Dos de los países que se abstuvieron, México y Argentina, han llamado a consulta a sus respectivos embajadores sobre la crítica situación nicaragüense. Con esa presión política se podría resaltar la necesidad, por parte del Estado de Nicaragua, de cumplir con la Carta Democrática Interamericana. 

Es relevante dar visibilidad a la gravedad de la situación actual y al peligro de un potencial escenario de un nuevo estallido social en el país. No obstante, esta resolución también debería significar  un impulso para iniciar pasos concretos. Hay que salvaguardar al pueblo nicaragüense su derecho a la protesta pacífica, así como el acceso a la justicia en el Sistema Interamericano. Ante la falta de vías constitucionales idóneas y oportunas, es clave el papel de los órganos del Sistema Interamericano, de la Comisión Interamericana (CIDH) y de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) para proteger los derechos humanos y la democracia en Nicaragua.

Citación académica sugerida: Ripplinger, Alina; Kriener, Florian & Álvarez, Gabriel. La contra-reforma electoral de Nicaragua y la posibilidad de un nuevo estallido social. Agenda Estado de Derecho, 2021/07/06. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-contra-reforma-electoral-de-nicaragua-y-la-posibilidad-de-un-nuevo-estallido-social/

Palabras clave: Nicaragua, reforma, reelección presidencial, elecciones, estallido social,

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ACERCA DE LOS AUTORES
Alina Ripplinger

Asistente del proyecto ‘Ius Constitutionale Commune en América Latina’ (ICCAL) en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional de Heidelberg.

Gabriel Álvarez Argüello

Fue profesor de Derecho Constitucional en varias universidades nicaragüenses desde 1984 hasta 2018.

Florian Kriener

Es investigador en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional de Heidelberg y miembro del grupo de investigación Sombras de ilegalidad en el derecho internacional de la paz y la seguridad.

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