Serie de análisis especial para Agenda Estado de Derecho

En búsqueda de resiliencia: ¿Cómo controlar el desequilibrio del poder?

Foto: OEA. Tomada de la página web oficial del organismo (1)

La Constitución política nicaragüense establece mecanismos para la protección de derechos humanos y de normas con contenido democrático que se conjugan con otros mecanismos complementarios utilizados por la comunidad internacional ¿Cuáles son esos mecanismos?

Este artículo se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho y La red Académica para Nicaragua, del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional.

Alianza

La serie de análisis se realiza por parte de la Red Académica para Nicaragua en el marco de un intercambio académico con Agenda Estado de Derecho.

La Red Académica para Nicaragua fue creada con posterioridad al coloquio “La Situación de los Derechos Humanos a 3 años de las Protestas Sociales en Nicaragua” del proyecto “Ius Constitutionale Commune en América Latina” (ICCAL) del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional (MPIL) en cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Red se dedica al seguimiento académico de la situación en Nicaragua y al fomento de un debate plural sobre las transformaciones en favor de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.

MAX PLANCK

Según el concepto del “democratic backsliding”, una estrategia común de líderes autoritarios es la inversión de instituciones democráticas. En lugar de proteger los derechos fundamentales y valores democráticos, se emplean las instituciones para mantener su dominación política. 

En Nicaragua, tal concentración de poder a favor del presidente Daniel Ortega y su esposa ha favorecido la creación de un Estado Policial. En este contexto, agentes estatales que han sido acusados como responsables de graves violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad permanecen en la impunidad.

Frente a este escenario con instituciones capturadas preguntamos: ¿aún existen mecanismos para la protección de derechos humanos y de normas con contenido democrático? Para poder alcanzar un espectro más amplio, tomamos en cuenta una triple protección o protección multinivel de ciertos derechos fundamentales desde la perspectiva de un derecho común en la región de América Latina

Dicha protección que debería regir en el caso de Nicaragua, se deduce desde la Constitución nicaragüense, los estándares interamericanos, así como los estándares universales de derechos humanos. Sugerimos que, aunque parezca que no tienen un efecto directo frente a la captura del Estado, la promoción de estos estándares ilumina una futura rendición de cuentas y, en particular, crea una relación entre las normas aplicables y la situación actual.

Desde lo internacional a lo nacional: Las responsabilidades del Estado de Nicaragua

En el Sistema Interamericano, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos contienen los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a la democracia. 

La Declaración y la Convención han sido reforzadas con el derecho a la democracia previsto en la Carta Democrática Interamericana de 2001, cuyo art. 1 establece que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.” Además, la carta reconoce la condicionalidad recíproca entre democracia, derechos humanos y Estado de derecho, una interrelación que ha sido destacada desde la academia como elemento esencial de un test democrático interamericano.

A nivel internacional cabe destacar que Nicaragua es un Estado signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagra en su Art. 25 el derecho a elecciones libres y participación ciudadana en el poder público. Nicaragua también ha ratificado el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se suman las obligaciones asumidas por Nicaragua en relación con otros instrumentos internacionales de derechos humanos específicos, como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. 

En el 2001, la Comisión de Derecho Internacional de la ONU determinó que son ilícitos los actos u omisiones por parte de Estados que constituyen un incumplimiento de una obligación internacional asumida por el mismo Estado. Cualquier órgano estatal, sea ejecutivo, legislativo o judicial, puede generar esa responsabilidad internacional.

Estas normas interamericanas e internacionales se ven reflejadas en el derecho doméstico por vía de la Constitución de la República de Nicaragua. La Constitución establece que Nicaragua es un Estado democrático (Art. 7) y garantiza los derechos fundamentales y democraticos en un cátalogo extenso (Art. 23 et seq.). Más allá, la misma Constitución prohibe el abuso del cargo, la negligencia y la omisión en su ejercicio (Art. 131).

Por ende, se constata que en Nicaragua se puede hacer uso de varias medidas en favor de una recuperación y resiliencia de la democracia desde los tres niveles mencionados: nacional, interamericano y universal.

Mecanismos para rescatar la democracia en Nicaragua y sus efectos en el marco actual

A nivel nacional, se exigen particularmente mecanismos de rendición de cuentas.

En las instancias judiciales pertinentes, se han interpuesto los recursos de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Agentes Extranjeros, la denominadaLey Mordaza”, la Ley de Inhibiciones, y contra la reforma del Código Procesal. Sin embargo, los procedimientos para su resolución se prolongan en el tiempo, sin adoptarse la decisión pertinente. 

Aunado a ello, no puede recurrirse a un control previo de constitucionalidad. De acuerdo con la norma aplicable, cualquier recurso por inconstitucionalidad se puede interponer “dentro de los sesenta días contados a partir de la fecha en que entre en vigencia la ley, decreto o reglamento objeto de la inconstitucionalidad”. Por otro lado, el Poder Judicial, concretamente la Corte Suprema de Justicia rechazó las interpelaciones de cientos de detenidos durante el estallido social de 2018, legitimando así la represión excesiva contra los manifestantes.

A nivel interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asumen un rol clave. Solamente este año, la CIDH otorgó medidas cautelares en 24 resoluciones para personas en Nicaragua. Entre ellos las medidas a favor de los precandidatos presidenciales que han sido privados de libertad. En un comunicado de prensa, la CIDH condenó el aumento de represión estatal con fundamento de la Ley de Agentes Extranjeros utilizada para este fin.

La CIDH finalmente ha puesto de relieve en sus resoluciones y comunicados de prensa, que el gobierno nicaragüense no ha cooperado suficientemente. Igualmente hay que subrayar un caso ante la Corte IDH relativo al sistema electoral de Nicaragua. Por su parte, la Corte IDH acordó medidas urgentes a favor de víctimas de la última ola de represión estatal. No obstante, el gobierno de Nicaragua no asistió a la audiencia correspondiente.

Lo mismo se observa en el nivel internacional. En una resolución de marzo de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó las amplias violaciones de Derechos Humanos cometidas por el gobierno de Nicaragua. De cara a esta condena, Nicaragua afirmó que estaba defendiendo su soberanía, razón por la cual no cumpliría con las exigencias requeridas. 

Mecanismos complementarios

El incumplimiento de las decisiones internacionales e interamericanas ha llevado a la comunidad internacional a adaptar mecanismos complementarios para enfrentar al declive democrático, como, por ejemplo, las sanciones en contra de miembros del gobierno sandinista impuestas por la Unión Europea y los Estados Unidos

Adicionalmente, la OACNUDH publica boletines sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Dentro de Nicaragua, un mecanismo ejemplar empleado por la sociedad civil es fomentar una justicia anticipada con base en la creación de espacios de memoria sobre los fallecidos en las protestas, así como el monitoreo de los delitos y abusos del gobierno. Todo lo cual se gira a resguardar los derechos democráticos y fundamentales. 

Reflexiones finales

No hay duda que para alcanzar transformaciones estructurales para revertir la tendencia autoritaria, se requieren cambios sustentables. 

Hay que tomar en cuenta que el régimen actual tiene origen en un partido de una ideología que existe desde los 80; al igual que hay que reconocer que ese Estado que facilita la represión, se diseñó mediante instrumentos jurídicos que crearon “un marco de legalidad controvertido para el ejercicio represivo del poder“ (Ramírez, 2021). Emblemático para lograr este objetivo fue la reforma constitucional para garantizar la reelección presidencial, como ya lo destacamos.

Sin embargo, desde la academia, ya existe la evidencia sobre la relevancia de los mecanismos de rendición de cuentas que, en instantes de severa crisis democrática han apoyado a una recuperación de contrapesos y a la resiliencia frente el declive democrático (Laebens 2021). 

Aunque no sean cumplidos en un sentido estricto, su empleo puede contribuir a una resiliencia democrática en virtud de dar visibilidad a la brecha existentes entre las normas aplicables y la situación imperante en Nicaragua. En nuestra opinión, los mecanismos complementarios ya enunciados pueden lograr un quiebre con el discurso dominante del ejecutivo que estigmatiza y criminaliza las voces consideradas como disidentes a nivel nacional. 

Pueden contribuir a preparar una futura rendición de cuentas bajo estándares del Sistema Interamericano, en relación a las violaciones de Derechos Humanos y los crímenes de lesa humanidad. 

Finalmente, una protección multinivel recuerda el papel de la sociedad internacional en monitorear y reiterar las obligaciones y las responsabilidades internacionales del Estado. La invocación de estos mecanismos, aunque no conduzcan directamente al éxito, tienen una función muy importante en la lucha general «de conjunto» por rescatar la democracia y, por tanto, en la deslegitimación de las estrategias autoritarias.

Citación académica sugerida: Ripplinger, Alina; Kriener, Florian. En búsqueda de resiliencia: ¿Cómo controlar el desequilibrio del poder?. Agenda Estado de Derecho. 2021/10/05. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/como-controlar-el-desequilibrio-del-poder/

Palabras claves: Derechos humanos, Nicaragua, Resiliencia

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ACERCA DE LOS AUTORES
Alina Ripplinger

Es asistente del proyecto ‘Ius Constitutionale Commune en América Latina’ (ICCAL) en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional de Heidelberg.

Florian Kriener

Es investigador en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional de Heidelberg y miembro del grupo de investigación Sombras de ilegalidad en el derecho internacional de la paz y la seguridad.