Serie de análisis especial para Agenda Estado de Derecho

En búsqueda de resiliencia: ¿Cómo controlar el desequilibrio del poder?

Foto: OEA. Tomada de la página web oficial del organismo (1)

La Constitución política nicaragüense establece mecanismos para la protección de derechos humanos y de normas con contenido democrático que se conjugan con otros mecanismos complementarios utilizados por la comunidad internacional ¿Cuáles son esos mecanismos?

Este artículo se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho y La red Académica para Nicaragua, del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional.

Alianza

La serie de análisis se realiza por parte de la Red Académica para Nicaragua en el marco de un intercambio académico con Agenda Estado de Derecho.

La Red Académica para Nicaragua fue creada con posterioridad al coloquio “La Situación de los Derechos Humanos a 3 años de las Protestas Sociales en Nicaragua” del proyecto “Ius Constitutionale Commune en América Latina” (ICCAL) del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional (MPIL) en cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Red se dedica al seguimiento académico de la situación en Nicaragua y al fomento de un debate plural sobre las transformaciones en favor de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.

MAX PLANCK

Según el concepto del “democratic backsliding”, una estrategia común de líderes autoritarios es la inversión de instituciones democráticas. En lugar de proteger los derechos fundamentales y valores democráticos, se emplean las instituciones para mantener su dominación política. 

En Nicaragua, tal concentración de poder a favor del presidente Daniel Ortega y su esposa ha favorecido la creación de un Estado Policial. En este contexto, agentes estatales que han sido acusados como responsables de graves violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad permanecen en la impunidad.

Frente a este escenario con instituciones capturadas preguntamos: ¿aún existen mecanismos para la protección de derechos humanos y de normas con contenido democrático? Para poder alcanzar un espectro más amplio, tomamos en cuenta una triple protección o protección multinivel de ciertos derechos fundamentales desde la perspectiva de un derecho común en la región de América Latina

Dicha protección que debería regir en el caso de Nicaragua, se deduce desde la Constitución nicaragüense, los estándares interamericanos, así como los estándares universales de derechos humanos. Sugerimos que, aunque parezca que no tienen un efecto directo frente a la captura del Estado, la promoción de estos estándares ilumina una futura rendición de cuentas y, en particular, crea una relación entre las normas aplicables y la situación actual.

Desde lo internacional a lo nacional: Las responsabilidades del Estado de Nicaragua

En el Sistema Interamericano, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos contienen los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a la democracia. 

La Declaración y la Convención han sido reforzadas con el derecho a la democracia previsto en la Carta Democrática Interamericana de 2001, cuyo art. 1 establece que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.” Además, la carta reconoce la condicionalidad recíproca entre democracia, derechos humanos y Estado de derecho, una interrelación que ha sido destacada desde la academia como elemento esencial de un test democrático interamericano.

A nivel internacional cabe destacar que Nicaragua es un Estado signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagra en su Art. 25 el derecho a elecciones libres y participación ciudadana en el poder público. Nicaragua también ha ratificado el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se suman las obligaciones asumidas por Nicaragua en relación con otros instrumentos internacionales de derechos humanos específicos, como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. 

En el 2001, la Comisión de Derecho Internacional de la ONU determinó que son ilícitos los actos u omisiones por parte de Estados que constituyen un incumplimiento de una obligación internacional asumida por el mismo Estado. Cualquier órgano estatal, sea ejecutivo, legislativo o judicial, puede generar esa responsabilidad internacional.

Estas normas interamericanas e internacionales se ven reflejadas en el derecho doméstico por vía de la Constitución de la República de Nicaragua. La Constitución establece que Nicaragua es un Estado democrático (Art. 7) y garantiza los derechos fundamentales y democraticos en un cátalogo extenso (Art. 23 et seq.). Más allá, la misma Constitución prohibe el abuso del cargo, la negligencia y la omisión en su ejercicio (Art. 131).

Por ende, se constata que en Nicaragua se puede hacer uso de varias medidas en favor de una recuperación y resiliencia de la democracia desde los tres niveles mencionados: nacional, interamericano y universal.

Mecanismos para rescatar la democracia en Nicaragua y sus efectos en el marco actual

A nivel nacional, se exigen particularmente mecanismos de rendición de cuentas.

En las instancias judiciales pertinentes, se han interpuesto los recursos de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Agentes Extranjeros, la denominadaLey Mordaza”, la Ley de Inhibiciones, y contra la reforma del Código Procesal. Sin embargo, los procedimientos para su resolución se prolongan en el tiempo, sin adoptarse la decisión pertinente. 

Aunado a ello, no puede recurrirse a un control previo de constitucionalidad. De acuerdo con la norma aplicable, cualquier recurso por inconstitucionalidad se puede interponer “dentro de los sesenta días contados a partir de la fecha en que entre en vigencia la ley, decreto o reglamento objeto de la inconstitucionalidad”. Por otro lado, el Poder Judicial, concretamente la Corte Suprema de Justicia rechazó las interpelaciones de cientos de detenidos durante el estallido social de 2018, legitimando así la represión excesiva contra los manifestantes.

A nivel interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asumen un rol clave. Solamente este año, la CIDH otorgó medidas cautelares en 24 resoluciones para personas en Nicaragua. Entre ellos las medidas a favor de los precandidatos presidenciales que han sido privados de libertad. En un comunicado de prensa, la CIDH condenó el aumento de represión estatal con fundamento de la Ley de Agentes Extranjeros utilizada para este fin.

La CIDH finalmente ha puesto de relieve en sus resoluciones y comunicados de prensa, que el gobierno nicaragüense no ha cooperado suficientemente. Igualmente hay que subrayar un caso ante la Corte IDH relativo al sistema electoral de Nicaragua. Por su parte, la Corte IDH acordó medidas urgentes a favor de víctimas de la última ola de represión estatal. No obstante, el gobierno de Nicaragua no asistió a la audiencia correspondiente.

Lo mismo se observa en el nivel internacional. En una resolución de marzo de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó las amplias violaciones de Derechos Humanos cometidas por el gobierno de Nicaragua. De cara a esta condena, Nicaragua afirmó que estaba defendiendo su soberanía, razón por la cual no cumpliría con las exigencias requeridas. 

Mecanismos complementarios

El incumplimiento de las decisiones internacionales e interamericanas ha llevado a la comunidad internacional a adaptar mecanismos complementarios para enfrentar al declive democrático, como, por ejemplo, las sanciones en contra de miembros del gobierno sandinista impuestas por la Unión Europea y los Estados Unidos

Adicionalmente, la OACNUDH publica boletines sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Dentro de Nicaragua, un mecanismo ejemplar empleado por la sociedad civil es fomentar una justicia anticipada con base en la creación de espacios de memoria sobre los fallecidos en las protestas, así como el monitoreo de los delitos y abusos del gobierno. Todo lo cual se gira a resguardar los derechos democráticos y fundamentales. 

Reflexiones finales

No hay duda que para alcanzar transformaciones estructurales para revertir la tendencia autoritaria, se requieren cambios sustentables. 

Hay que tomar en cuenta que el régimen actual tiene origen en un partido de una ideología que existe desde los 80; al igual que hay que reconocer que ese Estado que facilita la represión, se diseñó mediante instrumentos jurídicos que crearon “un marco de legalidad controvertido para el ejercicio represivo del poder“ (Ramírez, 2021). Emblemático para lograr este objetivo fue la reforma constitucional para garantizar la reelección presidencial, como ya lo destacamos.

Sin embargo, desde la academia, ya existe la evidencia sobre la relevancia de los mecanismos de rendición de cuentas que, en instantes de severa crisis democrática han apoyado a una recuperación de contrapesos y a la resiliencia frente el declive democrático (Laebens 2021). 

Aunque no sean cumplidos en un sentido estricto, su empleo puede contribuir a una resiliencia democrática en virtud de dar visibilidad a la brecha existentes entre las normas aplicables y la situación imperante en Nicaragua. En nuestra opinión, los mecanismos complementarios ya enunciados pueden lograr un quiebre con el discurso dominante del ejecutivo que estigmatiza y criminaliza las voces consideradas como disidentes a nivel nacional. 

Pueden contribuir a preparar una futura rendición de cuentas bajo estándares del Sistema Interamericano, en relación a las violaciones de Derechos Humanos y los crímenes de lesa humanidad. 

Finalmente, una protección multinivel recuerda el papel de la sociedad internacional en monitorear y reiterar las obligaciones y las responsabilidades internacionales del Estado. La invocación de estos mecanismos, aunque no conduzcan directamente al éxito, tienen una función muy importante en la lucha general «de conjunto» por rescatar la democracia y, por tanto, en la deslegitimación de las estrategias autoritarias.

Citación académica sugerida: Ripplinger, Alina; Kriener, Florian. En búsqueda de resiliencia: ¿Cómo controlar el desequilibrio del poder?. Agenda Estado de Derecho. 2021/10/05. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/como-controlar-el-desequilibrio-del-poder/

Palabras claves: Derechos humanos, Nicaragua, Resiliencia

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ACERCA DE LOS AUTORES
Alina Ripplinger

Es asistente del proyecto ‘Ius Constitutionale Commune en América Latina’ (ICCAL) en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional de Heidelberg.

Florian Kriener

Es investigador en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional de Heidelberg y miembro del grupo de investigación Sombras de ilegalidad en el derecho internacional de la paz y la seguridad.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.