Procesos de construcción del Estado plurinacional de Ecuador a través de la interculturalidad y los derechos humanos como parte de una real independencia

17 de Febrero de 2022
Procesos de construcción del Estado plurinacional de Ecuador a través de la interculturalidad y los derechos humanos como parte de una real independencia
Crédito foto: Flickr CIDH

¿Cuál es la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en Ecuador a 200 años de la independencia?

Este artículo se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho y el Blog de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional (AIDC).

Alianza

El objetivo principal de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional (AIDC) es ofrecer un foro en el que constitucionalistas de todo el mundo puedan entender los diferentes sistemas jurídicos de cada país, así como explicar y reflexionar sobre los propios, y entablar una fructífera comparación con diversos fines.

La serie de análisis se realiza en el marco de un intercambio académico entre Agenda Estado de Derecho y el grupo de investigación sobre Constitucionalismo y Pluralismo Social: Comparando la Gobernanza de la Diversidad.

AIDC

Introducción. Evaluando los procesos de independencia en Abya Yala

Los procesos de independencia en los Estados de Abya Yala, hoy llamado ‘continente americano’, requieren un análisis crítico de las narrativas tradicionales que han sido elaboradas a lo largo del continente, para conciliar la historia de los pueblos indígenas anterior a1942 con la idea de identidad Estado-nación. Las construcciones y deconstrucciones que acompañan estos procesos son fundamentales para entender las actuales transformaciones sociales y legales en países como Ecuador y Bolivia, donde a través de la interculturalidad, los derechos humanos y un cambio epistémico y filosófico sobre el rol del ser humano en su esfera individual y colectiva, ha ido tomando pie la propuesta de Estado Plurinacional, como alternativa a la clásica perspectiva antropocéntrica y monocultural producida a partir de los procesos de colonización.

La negación de derechos a pueblos indígenas ha sido uno de los pilares sobre los cuales se han ido constituyendo muchos de los Estados de la región. Desde los procesos de colonización, sobre la base del principio de derecho internacional “Terrae Nullius” –Tierra sin dueño–, se excluía la existencia de habitantes en los nuevos territorios, privando entonces a los pueblos originarios de la titularidad de sus tierras y cuestionando inclusive su humanidad, ergo, sus derechos. Como consecuencia, las normas constitucionales adoptadas durante los procesos de construcción nacional degradaron la condición social y legal de los pueblos indígenas en estas nuevas sociedades. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, la Constitución de 1830 establecía en su artículo 68 que “[e]ste Congreso constituyente nombra a los venerables curas párrocos por tutores y padres naturales de los indígenas, excitando su ministerio de caridad en favor de esta clase inocente, abyecta y miserable.”

En los estados latinoamericanos en formación, las culturas de pueblos indígenas fueron concebidas como restos de un pasado arcaico que necesariamente debían de ser canceladas en cuanto contrarias a los objetivos de formar unidad nacional, símbolo de modernidad, determinando así, la adopción de diferentes políticas dirigidas a tratar con la diversidad; en algunas ocasiones, exterminando a estos pueblos, como en el caso de las Campañas del desierto, conducidas por el estado de Argentina entre 1871 y 1971. En otros contextos, los pueblos indígenas han sido incluidos en los procesos de construcción nacional, a condición de asimilar elementos de la cultura nacional como el idioma, valores y costumbres, renunciando a sus formas tradicionales de organización y memoria colectiva. Este es el caso de Canadá en donde en los últimos años se ha reconocido la responsabilidad estatal por la consumación de un «genocidio cultural» en contra de los pueblos indígenas a través del uso de “políticas de civilización agresiva”.

Estos eventos trágicos han ido nutriendo las demandas de los pueblos indígenas a lo largo del continente que, en las últimas décadas, han encontrado un reconocimiento formal en relación a derechos de participación política, educación intercultural, justicia indígena, autonomías territoriales, entre otras, contextualizados en el caso ecuatoriano, en la noción general de “derechos colectivos”, una noción que integra la esfera individual del ser humano con su componente colectivo, y que se encuentra, en parte, fundamentado desde los aportes de construcción y reconstrucción identitaria  y epistémica de pueblos originarios.

En este contexto, por ejemplo, la Constitución del Ecuador del 2008 viene a ser concebida como un contrato social estipulado no solo por individuos, sino también por Pueblos y Nacionalidades, realidades colectivas históricas que recurren al principio de interculturalidad como eje transversal para la construcción de nuevas relaciones contrarias al orden hegemónico de carácter colonial, iniciando entonces procesos y relaciones horizontales entre culturas, a diferentes niveles, como forma de reparación integra y dirigidas a construir una identidad común, basada en el reconocimiento y respeto de las diversidades, y a alcanzar el “Sumak Kawsay” –Buen Vivir–,concepto muy cercano al de los DDHH.

El rol de los Derechos Humanos en Estados Plurinacionales

El progresivo reconocimiento de los derechos humanos ha tenido un impacto importante en los procesos de cambio social en Abya Yala, pero una efectiva práctica de estos, por parte de los gobiernos latinoamericanos, encuentra dificultades en su realización, especialmente en relación con los pueblos y nacionalidades, ya que estos enfrentan continuamente amenazas causadas por proyectos de extracción de recursos no renovables.

Todo esto, en un contexto donde impera la mala práctica política, en una región con altos índices de corrupción y condicionada por capitales del mercado global, especialmente en el ámbito extractivo, situación que plantea la reflexión en torno  a la real independencia de los estados latinoamericanos,  frente a lo que algunas voces identifican como “neocolonialismo”. Para algunos, el desarrollo no sostenible-sustentable, sustituye los imperativos coloniales de evangelización y civilización, actualizándolos dentro del contexto de globalización y dinámicas de la geopolítica, concretizando algunos obstáculos en la construcción de Estados plurinacionales, que, contrariamente plantea un enfoque comunitario y eco-céntrico, respetuoso de los derechos humanos, del medio ambiente y de las autonomías territoriales de pueblos indígenas.

Gracias a los procesos de implementación de derechos humanos, en Estados como Ecuador y Colombia se han ido desarrollando interesantes mecanismos como el Bloque de Constitucionalidad, según el cual, los tratados internacionales e instrumentos en materia de derechos humanos deben verse progresivamente reflejados en la legislación nacional de los Estados y presentes en la jurisprudencia y la interpretación jurídica para su efectividad, como se define por ejemplo en el artículo 424 de la constitución ecuatoriana.

Efectivamente, los procesos internacionales, han contribuido a abrir un paso al reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, entendidos como Derechos Humanos, si pensamos en la cada vez más frecuente implementación de la Convención sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT o la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas del 2007. A nivel regional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha sido determinante por ejemplo, para responder a las denuncias de vulneración de derechos de los pueblos indígenas por parte de los Estados latinoamericanos, como en el famoso caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua o en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador.

En los últimos años, además, algunos mecanismos nacionales como las garantías constitucionales, han permitido a los pueblos indígenas defender sus derechos de manera individual y colectiva. En 2018, el mecanismo de Acción de Protección, por ejemplo, fue determinante para proteger los derechos colectivos de la  Comunidad A’i Cofán de Sinangoe la cual se convirtió en un hito y un importante precedente jurisprudencial para el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a su acceso al agua, a un medio ambiente saludable y consulta previa, evidenciando entonces el impacto positivo de los procesos internacionales de derechos humanos en la legislación nacional.

El derecho a la resistencia para alcanzar el Sumak kawsay —vivir bien— y los DDHH

La Constitución ecuatoriana marca una trayectoria hacia la construcción de una sociedad plural; sostenida además por la contundente fuerza de los movimientos sociales, entre los cuales se configura el movimiento indígena ecuatoriano y que en su accionar apela constantemente al denominado “derecho a la resistencia”, un concepto que establece importantes desafíos para los ciudadanos de este Estado plurinacional en relación con el goce y ejercicio de derechos de participación política.

En el significado y límites de este término, que en el artículo 98 de  la Constitución ecuatoriana, justificaría la movilización social, frente a acciones u omisiones del Estado contrarios al interés colectivo y a los derechos constitucionalmente reconocidos, el derecho a la resistencia, probablemente, fortalece la democracia representativa, nutriéndose además, de identidades territoriales e históricas, hacia una participación que ha sido excluida por siglos y permite responder a problemas estructurales, arraigados fuertemente en la sociedad ecuatoriana como es el caso del racismo y otras diferentes formas de discriminación, herencia de los procesos de colonización.

Los Estados plurinacionales, en este sentido, son procesos que están todavía definiendo equilibrios de poder, nuevas relaciones de carácter económico y social, elaborando epistemologías simbióticas del saber ancestral y del conocimiento occidental. Reflejan una relación de diferentes mundos dentro de un marco que pretende reformular el rol del ser humano, la naturaleza, los derechos humanos, proponiendo una alternativa a la crisis del estado moderno. Al acercarse el bicentenario de muchos estados de Abya Yala, es necesario evaluar como los diferentes actores, de manera individual y colectiva, participamos de estos procesos. Construyendo desde los mismos territorios, nuevas identidades nacionales, que se proyectan hacia la universalidad de la interculturalidad y los derechos humanos.

Citación académica sugerida: Lema, Daqui. Ecuador: Procesos de construcción del Estado plurinacional a través de la interculturalidad y los derechos humanos como parte de una real independencia. Agenda Estado de Derecho. 2022/02/17. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/procesos-de-construccion-del-estado-plurinacional-de-ecuador-a-traves-de-la-interculturalidad-y-los-derechos-humanos-como-parte-de-una-real-independencia/

Palabras clave:Ecuador, Pueblos Indígenas, independencia, deconstrucción.

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ACERCA DE LA AUTORA
Daqui Lema

Estudiante de doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid. Experto en derechos humanos, gobierno multinivel y pueblos indígenas. Profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra.

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