Procesos de construcción del Estado plurinacional de Ecuador a través de la interculturalidad y los derechos humanos como parte de una real independencia

17 de Febrero de 2022
Procesos de construcción del Estado plurinacional de Ecuador a través de la interculturalidad y los derechos humanos como parte de una real independencia
Crédito foto: Flickr CIDH

¿Cuál es la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en Ecuador a 200 años de la independencia?

Este artículo se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho y el Blog de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional (AIDC).

Alianza

El objetivo principal de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional (AIDC) es ofrecer un foro en el que constitucionalistas de todo el mundo puedan entender los diferentes sistemas jurídicos de cada país, así como explicar y reflexionar sobre los propios, y entablar una fructífera comparación con diversos fines.

La serie de análisis se realiza en el marco de un intercambio académico entre Agenda Estado de Derecho y el grupo de investigación sobre Constitucionalismo y Pluralismo Social: Comparando la Gobernanza de la Diversidad.

AIDC

Introducción. Evaluando los procesos de independencia en Abya Yala

Los procesos de independencia en los Estados de Abya Yala, hoy llamado ‘continente americano’, requieren un análisis crítico de las narrativas tradicionales que han sido elaboradas a lo largo del continente, para conciliar la historia de los pueblos indígenas anterior a1942 con la idea de identidad Estado-nación. Las construcciones y deconstrucciones que acompañan estos procesos son fundamentales para entender las actuales transformaciones sociales y legales en países como Ecuador y Bolivia, donde a través de la interculturalidad, los derechos humanos y un cambio epistémico y filosófico sobre el rol del ser humano en su esfera individual y colectiva, ha ido tomando pie la propuesta de Estado Plurinacional, como alternativa a la clásica perspectiva antropocéntrica y monocultural producida a partir de los procesos de colonización.

La negación de derechos a pueblos indígenas ha sido uno de los pilares sobre los cuales se han ido constituyendo muchos de los Estados de la región. Desde los procesos de colonización, sobre la base del principio de derecho internacional “Terrae Nullius” –Tierra sin dueño–, se excluía la existencia de habitantes en los nuevos territorios, privando entonces a los pueblos originarios de la titularidad de sus tierras y cuestionando inclusive su humanidad, ergo, sus derechos. Como consecuencia, las normas constitucionales adoptadas durante los procesos de construcción nacional degradaron la condición social y legal de los pueblos indígenas en estas nuevas sociedades. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, la Constitución de 1830 establecía en su artículo 68 que “[e]ste Congreso constituyente nombra a los venerables curas párrocos por tutores y padres naturales de los indígenas, excitando su ministerio de caridad en favor de esta clase inocente, abyecta y miserable.”

En los estados latinoamericanos en formación, las culturas de pueblos indígenas fueron concebidas como restos de un pasado arcaico que necesariamente debían de ser canceladas en cuanto contrarias a los objetivos de formar unidad nacional, símbolo de modernidad, determinando así, la adopción de diferentes políticas dirigidas a tratar con la diversidad; en algunas ocasiones, exterminando a estos pueblos, como en el caso de las Campañas del desierto, conducidas por el estado de Argentina entre 1871 y 1971. En otros contextos, los pueblos indígenas han sido incluidos en los procesos de construcción nacional, a condición de asimilar elementos de la cultura nacional como el idioma, valores y costumbres, renunciando a sus formas tradicionales de organización y memoria colectiva. Este es el caso de Canadá en donde en los últimos años se ha reconocido la responsabilidad estatal por la consumación de un «genocidio cultural» en contra de los pueblos indígenas a través del uso de “políticas de civilización agresiva”.

Estos eventos trágicos han ido nutriendo las demandas de los pueblos indígenas a lo largo del continente que, en las últimas décadas, han encontrado un reconocimiento formal en relación a derechos de participación política, educación intercultural, justicia indígena, autonomías territoriales, entre otras, contextualizados en el caso ecuatoriano, en la noción general de “derechos colectivos”, una noción que integra la esfera individual del ser humano con su componente colectivo, y que se encuentra, en parte, fundamentado desde los aportes de construcción y reconstrucción identitaria  y epistémica de pueblos originarios.

En este contexto, por ejemplo, la Constitución del Ecuador del 2008 viene a ser concebida como un contrato social estipulado no solo por individuos, sino también por Pueblos y Nacionalidades, realidades colectivas históricas que recurren al principio de interculturalidad como eje transversal para la construcción de nuevas relaciones contrarias al orden hegemónico de carácter colonial, iniciando entonces procesos y relaciones horizontales entre culturas, a diferentes niveles, como forma de reparación integra y dirigidas a construir una identidad común, basada en el reconocimiento y respeto de las diversidades, y a alcanzar el “Sumak Kawsay” –Buen Vivir–,concepto muy cercano al de los DDHH.

El rol de los Derechos Humanos en Estados Plurinacionales

El progresivo reconocimiento de los derechos humanos ha tenido un impacto importante en los procesos de cambio social en Abya Yala, pero una efectiva práctica de estos, por parte de los gobiernos latinoamericanos, encuentra dificultades en su realización, especialmente en relación con los pueblos y nacionalidades, ya que estos enfrentan continuamente amenazas causadas por proyectos de extracción de recursos no renovables.

Todo esto, en un contexto donde impera la mala práctica política, en una región con altos índices de corrupción y condicionada por capitales del mercado global, especialmente en el ámbito extractivo, situación que plantea la reflexión en torno  a la real independencia de los estados latinoamericanos,  frente a lo que algunas voces identifican como “neocolonialismo”. Para algunos, el desarrollo no sostenible-sustentable, sustituye los imperativos coloniales de evangelización y civilización, actualizándolos dentro del contexto de globalización y dinámicas de la geopolítica, concretizando algunos obstáculos en la construcción de Estados plurinacionales, que, contrariamente plantea un enfoque comunitario y eco-céntrico, respetuoso de los derechos humanos, del medio ambiente y de las autonomías territoriales de pueblos indígenas.

Gracias a los procesos de implementación de derechos humanos, en Estados como Ecuador y Colombia se han ido desarrollando interesantes mecanismos como el Bloque de Constitucionalidad, según el cual, los tratados internacionales e instrumentos en materia de derechos humanos deben verse progresivamente reflejados en la legislación nacional de los Estados y presentes en la jurisprudencia y la interpretación jurídica para su efectividad, como se define por ejemplo en el artículo 424 de la constitución ecuatoriana.

Efectivamente, los procesos internacionales, han contribuido a abrir un paso al reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, entendidos como Derechos Humanos, si pensamos en la cada vez más frecuente implementación de la Convención sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT o la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas del 2007. A nivel regional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha sido determinante por ejemplo, para responder a las denuncias de vulneración de derechos de los pueblos indígenas por parte de los Estados latinoamericanos, como en el famoso caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua o en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador.

En los últimos años, además, algunos mecanismos nacionales como las garantías constitucionales, han permitido a los pueblos indígenas defender sus derechos de manera individual y colectiva. En 2018, el mecanismo de Acción de Protección, por ejemplo, fue determinante para proteger los derechos colectivos de la  Comunidad A’i Cofán de Sinangoe la cual se convirtió en un hito y un importante precedente jurisprudencial para el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a su acceso al agua, a un medio ambiente saludable y consulta previa, evidenciando entonces el impacto positivo de los procesos internacionales de derechos humanos en la legislación nacional.

El derecho a la resistencia para alcanzar el Sumak kawsay —vivir bien— y los DDHH

La Constitución ecuatoriana marca una trayectoria hacia la construcción de una sociedad plural; sostenida además por la contundente fuerza de los movimientos sociales, entre los cuales se configura el movimiento indígena ecuatoriano y que en su accionar apela constantemente al denominado “derecho a la resistencia”, un concepto que establece importantes desafíos para los ciudadanos de este Estado plurinacional en relación con el goce y ejercicio de derechos de participación política.

En el significado y límites de este término, que en el artículo 98 de  la Constitución ecuatoriana, justificaría la movilización social, frente a acciones u omisiones del Estado contrarios al interés colectivo y a los derechos constitucionalmente reconocidos, el derecho a la resistencia, probablemente, fortalece la democracia representativa, nutriéndose además, de identidades territoriales e históricas, hacia una participación que ha sido excluida por siglos y permite responder a problemas estructurales, arraigados fuertemente en la sociedad ecuatoriana como es el caso del racismo y otras diferentes formas de discriminación, herencia de los procesos de colonización.

Los Estados plurinacionales, en este sentido, son procesos que están todavía definiendo equilibrios de poder, nuevas relaciones de carácter económico y social, elaborando epistemologías simbióticas del saber ancestral y del conocimiento occidental. Reflejan una relación de diferentes mundos dentro de un marco que pretende reformular el rol del ser humano, la naturaleza, los derechos humanos, proponiendo una alternativa a la crisis del estado moderno. Al acercarse el bicentenario de muchos estados de Abya Yala, es necesario evaluar como los diferentes actores, de manera individual y colectiva, participamos de estos procesos. Construyendo desde los mismos territorios, nuevas identidades nacionales, que se proyectan hacia la universalidad de la interculturalidad y los derechos humanos.

Citación académica sugerida: Lema, Daqui. Ecuador: Procesos de construcción del Estado plurinacional a través de la interculturalidad y los derechos humanos como parte de una real independencia. Agenda Estado de Derecho. 2022/02/17. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/procesos-de-construccion-del-estado-plurinacional-de-ecuador-a-traves-de-la-interculturalidad-y-los-derechos-humanos-como-parte-de-una-real-independencia/

Palabras clave:Ecuador, Pueblos Indígenas, independencia, deconstrucción.

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ACERCA DE LA AUTORA
Daqui Lema

Estudiante de doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid. Experto en derechos humanos, gobierno multinivel y pueblos indígenas. Profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra.

Artículos análisis especial Pueblos Indígenas

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.