Guatemala y las luchas actuales por los derechos indígenas, a 200 años de independencia

10 de Diciembre de 2021
Guatemala y las luchas actuales por los derechos indígenas, a 200 años de independencia
Crédito foto: Alianza por la solidaridad

La autora destaca que se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas y resalta el reto de superar las bases coloniales en Guatemala.

Este artículo se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho y el Blog de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional (AIDC).

Alianza

El objetivo principal de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional (AIDC) es ofrecer un foro en el que constitucionalistas de todo el mundo puedan entender los diferentes sistemas jurídicos de cada país, así como explicar y reflexionar sobre los propios, y entablar una fructífera comparación con diversos fines.

La serie de análisis se realiza en el marco de un intercambio académico entre Agenda Estado de Derecho y el grupo de investigación sobre Constitucionalismo y Pluralismo Social: Comparando la Gobernanza de la Diversidad.

AIDC

El 15 de septiembre de 2021, Guatemala conmemoró el bicentenario de su Independencia de la Corona española. La entonces Capitanía General de Guatemala incluía a los Estados contemporáneos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica y –después de una breve incorporación al proyecto imperial de México– llegó a formar la República Federal de Centroamérica en 1824. Después de una Guerra civil entre los liberales y los conversadores, la República se fue desmoronando y el Estado que hoy conocemos como Guatemala se estableció. Por lo tanto, es importante reconocer que las historias de los Estados que pertenecen a la región actual de América Central han sido entrelazadas, durante y después de la colonia española, y Guatemala se ha encontrado en el centro político y administrativo de distintos proyectos de construcción de Estado. 

Varios guerreros indígenas desempeñaron un papel importante en las luchas contra la Corona española en los años previos a la Independencia, incluyendo a Manuel Salvador de la Cruz Tot, Atanasio Tzul, y Lucas Aguilar. A pesar de lo anterior, el Acta de Independencia, suscrita en 1821 sin participación de líderes indígenas, hace referencia únicamente al “pueblo guatemalteco”, ocultando la diferencia étnica y el manto de la igualdad, una idea (liberal) que sigue vigente en el discurso político hasta el día de hoy. Lejos de representar una mejora en la situación de aquellas personas que se habían convertido en “indios” y quienes habían disfrutado de cierto reconocimiento legal en la colonia española, la población indígena se hizo invisible, sus tierras se usurparon por parte del Estado criollo que buscaba extraer minerales, y la continuidad cultural se vio amenazada por instituciones educativas que buscaron eliminar su cultura. En los dos siglos después de la Independencia, la experiencia de los Pueblos Maya, Xinka and Garífuna se ha caracterizado por el despojo de sus tierras por parte de diversos actores que buscan usarlos en el marco de proyectos extractivos, un proceso que en muchas ocasiones se ha acompañado del uso de la fuerza.

La Guerra Civil que duró 30 años (1960 a 1996) cobra una relevancia singular y trágica; durante este periodo, la población maya de Guatemala fue blanco de una política sistemática de masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento y destrucción de sus pueblos. En el marco de los Acuerdos de Paz, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico encontró que dichos crímenes constituyeron actos de genocidio y reconoció los orígenes coloniales de la violencia.

El enjuiciamiento de Ríos Montt –reconocido como dictador en Guatemala–, quien fue hallado culpable por cargos de genocidio, es un hecho de gran importancia para los Pueblos Indígenas, aun cuando en última instancia la Corte Constitucional anuló la decisiónOtro avance relevante fue el enjuiciamiento de un grupo de militares que recibieron sentencias de cárcel de entre 120 y 240 años por la violación y esclavitud sexual de 15 mujeres del Pueblo Maya Q’eqchi. En Agosto 2021, se anunció que dos ex generales del ejército guatemalteco irían a juicio acusados por genocidio. Estas victorias en los tribunales pueden considerarse como un avance considerable de cara al reconocimiento del sufrimiento indígena en Guatemala.

También es importante reconocer que se ha dado un proceso incipiente de multiculturalización del Estado guatemalteco, que inició en 1985 –durante la dictadura militar– con la inclusión de dos artículos en la Constitución Política sobre el derecho a la identidad cultural (art. 58) y la protección de los grupos étnicos (art 66). No obstante, fue el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indigenas, firmado en 1995, el que ofreció el reconocimiento más amplio de la identidad indígena y la discriminación, estableciendo un catálogo de derechos, que incluye: los derechos de las mujeres indígenas, los derechos culturales y los derechos civiles, políticos y sociales –especialmente, el derecho consuetudinario–.

Del mismo modo, el Acuerdo detalla una serie de pasos que debe tomar el gobierno guatemalteco para poder implementar los derechos reconocidos. Ahora bien, en 1999, se rechazó en una consulta popular un grupo de reformas constitucionales –incluyendo el reconocimiento de Guatemala como Estado pluricultural y multi-étnico y el derecho de los pueblos indígenas a sus propias autoridades y derecho consuetudinario–. A pesar de este revés, el Acuerdo dio lugar a una serie de reformas legales que se podrían considerar como garantistas desde la perspectiva de los derechos indígenas, incluyendo tres leyes de descentralización que contemplan la participación indígena en los gobiernos municipales y una serie de medidas para mejorar el acceso a la justicia. También cabe destacar que el Estado guatemalteco ha adoptado varios instrumentos internacionales de gran relevancia, incluyendo el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos  Indígenas, el Convenio Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, y la Política de la FAO sobre los pueblos indígenas.

Un tema polémico, que ha dado lugar a considerable movilización social en los últimos años, es el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, de acuerdo con los marcos normativos y jurisprudencia internacionales y regionales, y en sintonía con la experiencia de otros pueblos indígenas en América Latina.  Como observa Lucía Xiloj, actualmente no existe una legislación específica que regule la implementación de los procesos de consulta previa en Guatemala, varias demandas sobre la omisión de la consulta previa se han presentado por parte de líderes indígenas y la Corte Constitucional ha determinado que las consultas deben llevarse a cabo de forma previa a los proyectos extractivos.

La Corte también ha instado al Congreso a proferir una ley para proteger este derecho y se han formulado varios proyectos en ese sentido. No obstante, todos se han rechazado por parte de líderes indígenas debido a la falta de participación de los pueblos en aquellos procesos y un desconocimiento de los estándares internacionales y regionales sobre la materia. Frente a esta laguna legal, las comunidades indígenas han llevado a cabo consultas internas –comunitarias, en el marco de su libre determinación, y municipales, como herramienta para defender su tierra y territorio–.

A pesar de ciertos progresos de cara al reconocimiento de la identidad, la cultura y los derechos de los pueblos indígenas a lo largo de las últimas tres décadas, la violencia en contra de las comunidades indígenas es extendida y los responsables disfrutan de un alto grado de impunidad. Por lo tanto, el progreso limitado a nivel legal se puede considerar como un paso necesario, pero aún insuficiente.

Como observa Lu’K’at Pedro Us Soc en un artículo publicado por la Universidad San Carlos de Guatemala, con referencia a los festejos por el bicentenario de la Independencia, la relación colonial en términos reales ha permanecido en el tiempo, y se refleja en la exclusión, la subordinación, la marginalización y la pobreza experimentada por los pueblos indígenas. En efecto, los festejos del Bicentenario –como ha sido el caso en toda América Latina– usurparon las tradiciones de los Pueblos Maya, Xinka y Garífuna, reduciéndolas a simple: folklore.

Esta coyuntura podría ofrecer una oportunidad para que el Estado guatemalteco y las organizaciones indígenas reconsideraran y re-estructuraran las relaciones coloniales que siguen sosteniendo los vínculos sociales, económicos y políticos en Guatemala. No obstante, este tipo de conversación sigue sin consolidarse y en recientes meses los líderes indígenas han denunciado el persistente colonialismo interno que padecen.

Citación académica sugerida: Wright, Claire. Guatemala: Luchas persistentes sobre los derechos indígenas, 200 años después de la Independencia. Agenda Estado de Derecho. 2021/12/10. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/guatemala-y-las-luchas-actuales-por-los-derechos-indigenas-a-200-anos-de-independencia/

Palabras clave: derechos indígenas, Guatemala, colonialismo

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ACERCA DE LA AUTORA
Claire Wright

Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca e Investigadora en la Escuela de Derecho de la Queen’s University Belfast. Sus principales líneas de investigación incluyen la participación política de los pueblos indígenas y los conflictos sociales en América Latina.

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Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.