Desde el 2005, hubo diferentes avances para la salvaguarda de los derechos de los Pueblos Indígenas. Bajo el primer mandato de la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010), el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 fue finalmente ratificado por Chile en 2008, entrando en vigor el 15 de septiembre del año siguiente. Chile también ha votado a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DDPI) en 2007 y, bajo el segundo mandato de Bachelet (2014-2018), también la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ambos el Convenio 169 y la DDPI han sido utilizados por parte de las cortes nacionales chilenas para garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular su derecho a la consulta.

Desde el 2009, diferentes procesos de consulta, también acerca de la reforma constitucional, se han llevado a cabo, aunque ninguna acción concreta se ha tomado después de aquellos. Además, el derecho a la consulta de los Pueblos Indígenas en Chile sigue siendo regulado por el controvertido Decreto 66 de 2013 que limita el alcance de los artículos 6 y 7 del Convenio 169.

Asimismo, otros avances se han observado en los últimos años. Entre ellos se destaca el perdón oficial pedido al Pueblo Mapuche por parte de la presidenta Bachelet en 2017 por los horrores y los errores cometidos o tolerados por parte del estado chileno; el reconocimiento del pueblo Chango en 2020; y el establecimiento del Día Nacional de los Pueblos Indígenas al solsticio de invierno (alrededor del 21 de junio) desde el 2021 en adelante.

Sin embargo, Chile sigue siendo un país con una amplia desigualdad socioeconómica que afecta también a los Pueblos Indígenas, mientras que los intereses económicos tienden siempre a prevalecer sobre los derechos humanos como las protestas de finales de 2019 han demostrado. Acerca de los Pueblos Indígenas, el histórico despojo de las tierras indígenas y la falta del Estado chileno en ofrecer un sistema de protección coherente y justo de sus derechos ha resultado en numerosos conflictos socioambientales.

Desde finales de los noventa, los Pueblos Indígenas y sus organizaciones han acudido a diferentes instrumentos –desde marchas pacíficas y huelgas de hambre a ocupaciones de tierras– para denunciar la falta de implementación y respeto de sus derechos. El Estado chileno a menudo (sino siempre) ha reprimido austeramente estas manifestaciones haciendo también un amplio uso del sistema de justicia militar y de la denominada  Ley Antiterrorismo (Ley N° 18.314 de 1984) en vez de juzgar a los presuntos culpables a través del sistema estándar de justicia civil o penal.

La Ley Antiterrorismo es otra herencia de la dictadura y permite no solamente la aplicación de penas más largas que las del sistema penal normal, sino también el uso de los denominados “testigos sin rostro”; es decir, informadores que no pueden ser identificados por la defensa y cuya credibilidad no se puede cuestionar. La aplicación de la Ley Antiterrorismo ha sido condenada también por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Norín Catrimán y Otros vs. Chile, en el 2014.

Por ende, las pocas tierras indígenas que han sido preservadas o retornadas a los Pueblos Indígenas siguen siendo constantemente sometidas a la amenaza de las políticas económicas neoliberales –e, incluso, no neoliberales– del Estado chileno, que prioriza la construcción de centrales hidroeléctricas (especialmente en el sur del país), una agresiva agenda extractivista (con más fuerza en el norte), la masiva explotación de los recursos forestales y una intensa industria de salmoneras en las áreas costeras.