¿Un nuevo inicio? Pueblos indígenas en Chile después del bicentenario

2 de Diciembre de 2021
¿Un nuevo inicio? Pueblos indígenas en Chile después del bicentenario
Crédito foto: CIPER Chile

¿Reconocimiento de los Pueblos Indígenas en Chile? ¿Qué oportunidades surgen ante la Convención Constitucional que debate una nueva Carta Política?

Este artículo se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho y el Blog de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional (AIDC).

Alianza

El objetivo principal de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional (AIDC) es ofrecer un foro en el que constitucionalistas de todo el mundo puedan entender los diferentes sistemas jurídicos de cada país, así como explicar y reflexionar sobre los propios, y entablar una fructífera comparación con diversos fines.

La serie de análisis se realiza en el marco de un intercambio académico entre Agenda Estado de Derecho y el grupo de investigación sobre Constitucionalismo y Pluralismo Social: Comparando la Gobernanza de la Diversidad.

AIDC

Chile está actualmente viviendo un importante momento constitucional. La denominada Convención Constitucional, compuesta por 155 convencionales electos por los chilenos, empezó a trabajar el pasado 4 de julio de 2021. El 25 de octubre de 2020, un referendo histórico pidió a los chilenos si querían una nueva constitución y cómo debía estar compuesta. A pesar de la grave situación por la pandemia de Covid-19 que ya había postergado el referendo del 26 de abril a octubre, se presentó una de las más altas participaciones electorales de los últimos años. Una amplia mayoría de los votantes (78,2%) optó por tener una reforma constitucional y una convención con miembros elegidos por la ciudadanía.

Las elecciones de los convencionales se hicieron el pasado mayo de 2021. De los 155 puestos, 17 fueron reservados para los diez Pueblos Indígenas que están reconocidos en Chile. Además, la Presidenta de la Convención Constitucional es no solamente una académica reconocida sino también, y más contundentemente, una mujer Mapuche: Elisa Loncón Antileo. En su tercera sesión, los convencionales ya han debatido y adoptado una declaración sobre la importancia de los derechos humanos y los derechos indígenas y de las víctimas de la violencia y de la represión, con una referencia específica al pueblo Mapuche.

Después de dos siglos de proclamada la independenciaformalmente anunciada en 1818 pero precedida por los movimientos de 1810 cuando una amplia parte del territorio chileno aún estaba siendo disputado entre los creoles y los Pueblos Indígenas– Chile está finalmente trazando la ruta para escribir su nueva Constitución y poner por fin de lado la obsoleta constitución que se adoptó durante la era Pinochet en 1980 y así dar a sus Pueblos originarios y sus derechos el debido reconocimiento constitucional.

Una deuda histórica: el manchado reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas

Chile está dentro los pocos países latinoamericanos que aún tienen la deuda de reconocer formalmente a sus Pueblos originarios. Entre ellos están los pueblos Aymara, Chango, Colla, Diaguita, LikanAntai (también llamado Atacameño), Mapuche, Quechua, Rapa Nui, Yagán o Yámana, y Kawésqar, según el artículo 1, párr. 2 de la llamada “Ley Indígena” (Ley 19.253 de 1993, modificada por las leyes 20.117 de 2006 y 21.273 de 2020), reconocida como la principal ley nacional sobre los derechos indígenas en Chile. Sin embargo, esta ley no se aplica de manera eficaz y define a estos pueblos como “etnias”, aunque más de 2 millones de chilenos, o sea, aproximadamente el 12,8% de la población total, se ha autoidentificado como indígena en el Censo de 2017.

El reconocimiento constitucional de estos pueblos sigue pendiente desde el retorno de la democracia en Chile en 1989 y estaba incluido en el (primer) Acuerdo de Nueva Imperial que fue firmado por unos representantes indígenas y Patricio Aylwin, el entonces candidato presidencial y luego primer presidente electo democráticamente después de la dictadura. Desde entonces, hubo varios intentos de enmendar la Constitución, pero ninguno fue exitoso; con excepción el reciente, aunque controvertido, Proceso Constituyente Indígena en 2016. Reconocer constitucionalmente a los Pueblos Indígenas y a sus derechos será una de las tareas de la presente Convención Constitucional.

Los avances en el nuevo milenio y los asuntos pendientes

Desde el 2005, hubo diferentes avances para la salvaguarda de los derechos de los Pueblos Indígenas. Bajo el primer mandato de la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010), el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 fue finalmente ratificado por Chile en 2008, entrando en vigor el 15 de septiembre del año siguiente. Chile también ha votado a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DDPI) en 2007 y, bajo el segundo mandato de Bachelet (2014-2018), también la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ambos el Convenio 169 y la DDPI han sido utilizados por parte de las cortes nacionales chilenas para garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular su derecho a la consulta.

Desde el 2009, diferentes procesos de consulta, también acerca de la reforma constitucional, se han llevado a cabo, aunque ninguna acción concreta se ha tomado después de aquellos. Además, el derecho a la consulta de los Pueblos Indígenas en Chile sigue siendo regulado por el controvertido Decreto 66 de 2013 que limita el alcance de los artículos 6 y 7 del Convenio 169.

Asimismo, otros avances se han observado en los últimos años. Entre ellos se destaca el perdón oficial pedido al Pueblo Mapuche por parte de la presidenta Bachelet en 2017 por los horrores y los errores cometidos o tolerados por parte del estado chileno; el reconocimiento del pueblo Chango en 2020; y el establecimiento del Día Nacional de los Pueblos Indígenas al solsticio de invierno (alrededor del 21 de junio) desde el 2021 en adelante.

Sin embargo, Chile sigue siendo un país con una amplia desigualdad socioeconómica que afecta también a los Pueblos Indígenas, mientras que los intereses económicos tienden siempre a prevalecer sobre los derechos humanos como las protestas de finales de 2019 han demostrado. Acerca de los Pueblos Indígenas, el histórico despojo de las tierras indígenas y la falta del Estado chileno en ofrecer un sistema de protección coherente y justo de sus derechos ha resultado en numerosos conflictos socioambientales.

Desde finales de los noventa, los Pueblos Indígenas y sus organizaciones han acudido a diferentes instrumentos –desde marchas pacíficas y huelgas de hambre a ocupaciones de tierras– para denunciar la falta de implementación y respeto de sus derechos. El Estado chileno a menudo (sino siempre) ha reprimido austeramente estas manifestaciones haciendo también un amplio uso del sistema de justicia militar y de la denominada  Ley Antiterrorismo (Ley N° 18.314 de 1984) en vez de juzgar a los presuntos culpables a través del sistema estándar de justicia civil o penal.

La Ley Antiterrorismo es otra herencia de la dictadura y permite no solamente la aplicación de penas más largas que las del sistema penal normal, sino también el uso de los denominados “testigos sin rostro”; es decir, informadores que no pueden ser identificados por la defensa y cuya credibilidad no se puede cuestionar. La aplicación de la Ley Antiterrorismo ha sido condenada también por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Norín Catrimán y Otros vs. Chile, en el 2014.

Por ende, las pocas tierras indígenas que han sido preservadas o retornadas a los Pueblos Indígenas siguen siendo constantemente sometidas a la amenaza de las políticas económicas neoliberales –e, incluso, no neoliberales– del Estado chileno, que prioriza la construcción de centrales hidroeléctricas (especialmente en el sur del país), una agresiva agenda extractivista (con más fuerza en el norte), la masiva explotación de los recursos forestales y una intensa industria de salmoneras en las áreas costeras.

Conclusiones: ¿un nuevo inicio?

Chile está innegablemente viviendo unos de los momentos políticos más críticos desde el retorno de la democracia. Es también un momento histórico por la inclusión y el reconocimiento de los Pueblos Indígenas y sus derechos que, en este Estado, se han invisibilizados más que en otros países latinoamericanos. Hoy, más que nunca, hay la esperanza que será un nuevo inicio y que la deuda histórica alrededor de los Pueblos Indígenas y sus derechos y, en general, hacia toda la ciudadanía por el respeto de sus derechos humanos, se pueda por fin saldar después de doscientos años.

Citación académica sugerida: Tomaselli, Alexandra. ¿Un nuevo inicio? Pueblos Indígenas en Chile después del Bicentenario. Agenda Estado de Derecho. 2021/12/02. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/un-nuevo-inicio-pueblos-indigenas-en-chile-despues-del-bicentenario/

Palabras clave: Chile, Convención Constitucional, Pueblos Indígenas, reconocimiento

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ACERCA DE LA AUTORA
Alexandra Tomaselli

Investigadora Senior de Eurac Research (Italia) y miembro del grupo de investigación IACL-AIDC sobre “Constitucionalismo y Pluralismo Social: Comparando la Gobernanza de la Diversidad”.