¿Un nuevo inicio? Pueblos indígenas en Chile después del bicentenario

2 de Diciembre de 2021
¿Un nuevo inicio? Pueblos indígenas en Chile después del bicentenario
Crédito foto: CIPER Chile

¿Reconocimiento de los Pueblos Indígenas en Chile? ¿Qué oportunidades surgen ante la Convención Constitucional que debate una nueva Carta Política?

Este artículo se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho y el Blog de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional (AIDC).

Alianza

El objetivo principal de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional (AIDC) es ofrecer un foro en el que constitucionalistas de todo el mundo puedan entender los diferentes sistemas jurídicos de cada país, así como explicar y reflexionar sobre los propios, y entablar una fructífera comparación con diversos fines.

La serie de análisis se realiza en el marco de un intercambio académico entre Agenda Estado de Derecho y el grupo de investigación sobre Constitucionalismo y Pluralismo Social: Comparando la Gobernanza de la Diversidad.

AIDC

Chile está actualmente viviendo un importante momento constitucional. La denominada Convención Constitucional, compuesta por 155 convencionales electos por los chilenos, empezó a trabajar el pasado 4 de julio de 2021. El 25 de octubre de 2020, un referendo histórico pidió a los chilenos si querían una nueva constitución y cómo debía estar compuesta. A pesar de la grave situación por la pandemia de Covid-19 que ya había postergado el referendo del 26 de abril a octubre, se presentó una de las más altas participaciones electorales de los últimos años. Una amplia mayoría de los votantes (78,2%) optó por tener una reforma constitucional y una convención con miembros elegidos por la ciudadanía.

Las elecciones de los convencionales se hicieron el pasado mayo de 2021. De los 155 puestos, 17 fueron reservados para los diez Pueblos Indígenas que están reconocidos en Chile. Además, la Presidenta de la Convención Constitucional es no solamente una académica reconocida sino también, y más contundentemente, una mujer Mapuche: Elisa Loncón Antileo. En su tercera sesión, los convencionales ya han debatido y adoptado una declaración sobre la importancia de los derechos humanos y los derechos indígenas y de las víctimas de la violencia y de la represión, con una referencia específica al pueblo Mapuche.

Después de dos siglos de proclamada la independenciaformalmente anunciada en 1818 pero precedida por los movimientos de 1810 cuando una amplia parte del territorio chileno aún estaba siendo disputado entre los creoles y los Pueblos Indígenas– Chile está finalmente trazando la ruta para escribir su nueva Constitución y poner por fin de lado la obsoleta constitución que se adoptó durante la era Pinochet en 1980 y así dar a sus Pueblos originarios y sus derechos el debido reconocimiento constitucional.

Una deuda histórica: el manchado reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas

Chile está dentro los pocos países latinoamericanos que aún tienen la deuda de reconocer formalmente a sus Pueblos originarios. Entre ellos están los pueblos Aymara, Chango, Colla, Diaguita, LikanAntai (también llamado Atacameño), Mapuche, Quechua, Rapa Nui, Yagán o Yámana, y Kawésqar, según el artículo 1, párr. 2 de la llamada “Ley Indígena” (Ley 19.253 de 1993, modificada por las leyes 20.117 de 2006 y 21.273 de 2020), reconocida como la principal ley nacional sobre los derechos indígenas en Chile. Sin embargo, esta ley no se aplica de manera eficaz y define a estos pueblos como “etnias”, aunque más de 2 millones de chilenos, o sea, aproximadamente el 12,8% de la población total, se ha autoidentificado como indígena en el Censo de 2017.

El reconocimiento constitucional de estos pueblos sigue pendiente desde el retorno de la democracia en Chile en 1989 y estaba incluido en el (primer) Acuerdo de Nueva Imperial que fue firmado por unos representantes indígenas y Patricio Aylwin, el entonces candidato presidencial y luego primer presidente electo democráticamente después de la dictadura. Desde entonces, hubo varios intentos de enmendar la Constitución, pero ninguno fue exitoso; con excepción el reciente, aunque controvertido, Proceso Constituyente Indígena en 2016. Reconocer constitucionalmente a los Pueblos Indígenas y a sus derechos será una de las tareas de la presente Convención Constitucional.

Los avances en el nuevo milenio y los asuntos pendientes

Desde el 2005, hubo diferentes avances para la salvaguarda de los derechos de los Pueblos Indígenas. Bajo el primer mandato de la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010), el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 fue finalmente ratificado por Chile en 2008, entrando en vigor el 15 de septiembre del año siguiente. Chile también ha votado a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DDPI) en 2007 y, bajo el segundo mandato de Bachelet (2014-2018), también la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ambos el Convenio 169 y la DDPI han sido utilizados por parte de las cortes nacionales chilenas para garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular su derecho a la consulta.

Desde el 2009, diferentes procesos de consulta, también acerca de la reforma constitucional, se han llevado a cabo, aunque ninguna acción concreta se ha tomado después de aquellos. Además, el derecho a la consulta de los Pueblos Indígenas en Chile sigue siendo regulado por el controvertido Decreto 66 de 2013 que limita el alcance de los artículos 6 y 7 del Convenio 169.

Asimismo, otros avances se han observado en los últimos años. Entre ellos se destaca el perdón oficial pedido al Pueblo Mapuche por parte de la presidenta Bachelet en 2017 por los horrores y los errores cometidos o tolerados por parte del estado chileno; el reconocimiento del pueblo Chango en 2020; y el establecimiento del Día Nacional de los Pueblos Indígenas al solsticio de invierno (alrededor del 21 de junio) desde el 2021 en adelante.

Sin embargo, Chile sigue siendo un país con una amplia desigualdad socioeconómica que afecta también a los Pueblos Indígenas, mientras que los intereses económicos tienden siempre a prevalecer sobre los derechos humanos como las protestas de finales de 2019 han demostrado. Acerca de los Pueblos Indígenas, el histórico despojo de las tierras indígenas y la falta del Estado chileno en ofrecer un sistema de protección coherente y justo de sus derechos ha resultado en numerosos conflictos socioambientales.

Desde finales de los noventa, los Pueblos Indígenas y sus organizaciones han acudido a diferentes instrumentos –desde marchas pacíficas y huelgas de hambre a ocupaciones de tierras– para denunciar la falta de implementación y respeto de sus derechos. El Estado chileno a menudo (sino siempre) ha reprimido austeramente estas manifestaciones haciendo también un amplio uso del sistema de justicia militar y de la denominada  Ley Antiterrorismo (Ley N° 18.314 de 1984) en vez de juzgar a los presuntos culpables a través del sistema estándar de justicia civil o penal.

La Ley Antiterrorismo es otra herencia de la dictadura y permite no solamente la aplicación de penas más largas que las del sistema penal normal, sino también el uso de los denominados “testigos sin rostro”; es decir, informadores que no pueden ser identificados por la defensa y cuya credibilidad no se puede cuestionar. La aplicación de la Ley Antiterrorismo ha sido condenada también por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Norín Catrimán y Otros vs. Chile, en el 2014.

Por ende, las pocas tierras indígenas que han sido preservadas o retornadas a los Pueblos Indígenas siguen siendo constantemente sometidas a la amenaza de las políticas económicas neoliberales –e, incluso, no neoliberales– del Estado chileno, que prioriza la construcción de centrales hidroeléctricas (especialmente en el sur del país), una agresiva agenda extractivista (con más fuerza en el norte), la masiva explotación de los recursos forestales y una intensa industria de salmoneras en las áreas costeras.

Conclusiones: ¿un nuevo inicio?

Chile está innegablemente viviendo unos de los momentos políticos más críticos desde el retorno de la democracia. Es también un momento histórico por la inclusión y el reconocimiento de los Pueblos Indígenas y sus derechos que, en este Estado, se han invisibilizados más que en otros países latinoamericanos. Hoy, más que nunca, hay la esperanza que será un nuevo inicio y que la deuda histórica alrededor de los Pueblos Indígenas y sus derechos y, en general, hacia toda la ciudadanía por el respeto de sus derechos humanos, se pueda por fin saldar después de doscientos años.

Citación académica sugerida: Tomaselli, Alexandra. ¿Un nuevo inicio? Pueblos Indígenas en Chile después del Bicentenario. Agenda Estado de Derecho. 2021/12/02. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/un-nuevo-inicio-pueblos-indigenas-en-chile-despues-del-bicentenario/

Palabras clave: Chile, Convención Constitucional, Pueblos Indígenas, reconocimiento

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ACERCA DE LA AUTORA
Alexandra Tomaselli

Investigadora Senior de Eurac Research (Italia) y miembro del grupo de investigación IACL-AIDC sobre “Constitucionalismo y Pluralismo Social: Comparando la Gobernanza de la Diversidad”.

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.