La pelea de gallos, las corridas de Toros y la Elefanta Ely. Casos paradigmáticos sobre los derechos de los animales en México
1 de Junio de 2021
Este artículo analiza los derechos de los animales en México, enfocándose en casos paradigmáticos como la pelea de gallos, la corrida de toros, y la protección de la elefanta Eli, conocidos por la Corte Suprema de Justicia.
La protección de los animales tiene antecedentes de más de 200 años, como la Ley de Richard Martín de 1822 en Inglaterra, la Ley Grammont de 1850 en Francia, que prohibieron las corridas de toros, y la Ley de Protección a los Animales de Alemania de 1933. En 1991, España prohibió las corridas de toros en las Islas Canarias, y en 2011, Holanda creó un cuerpo policial para la protección de los animales.
México, desde 1978, se comprometió a cumplir con la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la ONU y la UNESCO. El primer antecedente legislativo es la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente de 1988.
Desde entonces, los derechos de los animales han evolucionado, cobrando vigencia reciente a través de interpretaciones judiciales realizadas por juzgados y tribunales federales, así como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN), en casos específicos como las peleas de gallos, la elefanta Ely y las corridas de toros.
Es importante aclarar que este artículo tiene como objetivo establecer el contexto y panorama futuro con relación al tema y no pretende justificar ninguna actividad o decisión judicial.
Uno de los principales pronunciamientos sobre el tema se relaciona con la declaración de la constitucionalidad de la prohibición de la pelea de gallos.
En octubre de 2018, la Primera Sala de la SCJN resolvió el amparo en revisión 163/2018, un juicio promovido por el presidente de la Comisión Mexicana de Promoción Gallística en contra de un decreto que reformó varios artículos de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz.
Estos artículos establecen que las peleas de animales estaban prohibidas por ser actos de crueldad y maltrato, excluyendo de estas prohibiciones a los espectáculos de tauromaquia, faenas camperas, carreras de caballos, actividades relacionadas con el deporte de la charrería y jaripeos.
En esta sentencia, la Corte consideró que cualquier práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales no puede considerarse una expresión cultural amparada por el derecho a la participación en la vida cultural.
En cuanto a las limitaciones que la prohibición de la pelea de gallos imponía al ejercicio de los derechos a la propiedad y a la libertad de trabajo, la SCJN consideró que esta medida era constitucionalmente válida al buscar la protección del bienestar de los animales.
Es interesante que, en su defensa, la Comisión Mexicana de Promoción Gallística alegaba que se vulneraban sus derechos a la igualdad y a la no discriminación, ya que el decreto prohibía la pelea de gallos, pero no otras actividades que involucran animales, como la tauromaquia.
La Suprema Corte no entró en este debate, limitándose a considerar que el hecho de que otras actividades también generan maltrato a los animales y sean igualmente censurables, no convierte a la prohibición de las peleas de animales en permisibles o legítimas.
La elefanta Ely, anteriormente utilizada en un circo, reside en el Zoológico de San Juan de Aragón en la Ciudad de México. Activistas argumentan que este sitio no cumple con las condiciones adecuadas para un elefante y alegan que Ely presenta daño psicológico a largo plazo. Desde 2018, el Santuario de Elefantes Brasil aceptó recibirla, pero las autoridades no permitieron su revisión para determinar la viabilidad del traslado.
En agosto de 2021, la organización Va por sus Derechos inició un juicio de amparo para que Ely sea reconocida como «persona no humana», reclamando la ilegítima privación de su libertad y solicitando su traslado al santuario en Brasil. En noviembre de 2022, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México sobreseyó el juicio de amparo indirecto 1092/2021 y negó la protección constitucional.
La impugnación de esta decisión fue presentada y en agosto de 2023, la Primera Sala de la SCJN decidió atraer el caso al resolver la solicitud de facultad de atracción 249/2023, considerando que el juicio de Ely es un asunto de importancia y trascendencia que podría generar un impacto en el orden jurídico nacional mexicano.
En la resolución que se le dé al asunto, posiblemente se desarrollarán conceptos como el “trato digno y respetuoso a los animales”. También se analizará si los animales, entendidos como “seres sintientes” diferentes a las personas, tienen derechos fundamentales o, en su caso, qué tipo de derechos podrían tener.
Esta situación podría llevar a la SCJN a determinar las obligaciones concretas que la especie humana tiene hacia los animales, en su calidad de seres sintientes, a fin de garantizar su trato digno y respetuoso y fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable.
Esto se hará tomando en cuenta las necesidades y cuidados especiales que tiene cada especie en función de su propia y especial naturaleza, así como establecer las obligaciones de las autoridades para satisfacer las necesidades básicas materiales y psicológicas de cada especie en cautiverio en zoológicos.
Otro aspecto importante que la Corte podría desarrollar a través del juicio de Ely es la determinación de los medios probatorios idóneos para demostrar las necesidades materiales y psicológicas de cada especie en cautiverio dentro de los zoológicos, aspecto relevante sobre todo ante las contradicciones o desacuerdos que pueden existir en la producción de la evidencia científica para demostrar estas necesidades o la satisfacción de las mismas.
El 17 de junio de 2024, diversas organizaciones de activistas se manifestaron ante la Corte, exigiendo el reconocimiento de los derechos de Ely y su traslado al santuario en Brasil, esto, ante la próxima resolución que la SCJN emita sobre este caso.
En México, el tema de las corridas de toros o «fiesta taurina» ha generado debates jurídicos significativos, aunque la SCJN aún no ha abordado profundamente su autorización o prohibición.
Un caso relevante fue el decreto que emitió el Estado de Nayarit donde declaró estas actividades como patrimonio cultural inmaterial, cuya legalidad fue cuestionada en el amparo en revisión 80/2022, donde la Segunda Sala de la SCJN únicamente determinó que la competencia para tales declaratorias corresponde a la Federación, no a los estados, pues estas actividades culturales trascienden a más de una entidad federativa.
En mayo de 2022, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó la suspensión de las actividades taurinas en «La Plaza México» por medio del juicio de amparo indirecto 910/2022. Sin embargo, la primera Sala de la SCJN al resolver el recurso de revisión en incidente de suspensión 2/2023 revocó esta medida cautelar en diciembre de 2023, reactivando las actividades taurinas.
La Corte consideró que la asociación civil demandante no demostró un daño inminente o irreparable causado por las corridas de toros a sus actividades, ya que su acta constitutiva no incluía la defensa específica del derecho al medio ambiente sano.
Además, la SCJN determinó que la medida cautelar de suspender las corridas afectaría una serie de actividades y derechos relacionados con estos eventos, que en ese momento eran legales. Sin embargo, aclaró que la reactivación de las corridas en La Plaza México no implica reconocerlas como una práctica protegida por el derecho a la cultura, reservando este análisis para el juicio de fondo –aún en trámite y pendiente de sentencia–.
Los medios de comunicación consideran a México como el segundo país con mayor tradición taurina después de España, resaltando que La Plaza México es la tercera plaza de toros más importante mundialmente, tras Las Ventas en Madrid y La Maestranza en Sevilla. Este contexto socioeconómico posiblemente se vea reflejado en el análisis jurídico de las corridas de toros.
La discusión de fondo podría incluir la valoración de la evidencia científica sobre si los toros de lidia son «seres sintientes», los impactos materiales y psicológicos que les generan las fiestas taurinas, y la posibilidad de extinción de esta especie si no se prohíbe la actividad.
También se podría examinar la ponderación entre los derechos de los animales involucrados y los derechos de las personas vinculadas a la tauromaquia, como empresarios ganaderos, dueños de plazas y las asociaciones y sindicatos de personas que prestan sus servicios para que se desarrolle esta actividad.
La suspensión de actividades en La Plaza México, renovadas en diciembre de 2023, tuvo un efecto dominó en otras plazas como las de Guadalajara y Tijuana que de forma provisional sus actividades taurinas están suspendidas.
Si este efecto se extiende a lugares donde las fiestas taurinas están asociadas a fiestas tradicionales de pueblos indígenas, la discusión jurídica podría incluir el derecho a la identidad cultural y la libertad de religión de estas comunidades, que asocian las actividades taurinas con prácticas religiosas.
La variedad de temas que pueden surgir en torno a la discusión de fondo sobre las corridas de toros es amplia. Los precedentes establecidos por la SCJN aún son incipientes; sin embargo, casos como el de la pelea de gallos y el de Ely podrían influir significativamente en esta discusión, al igual que la posible reforma del artículo 4° Constitucional para reconocer a los animales como seres sintientes con derechos.
El derecho de los animales en México es un tema de gran relevancia, en constante evolución y con implicaciones profundas para el futuro jurídico y cultural del país.
Citación académica sugerida: Medina Carrillo, Lourdes Guadalupe. Casos paradigmáticos sobre los derechos de los animales en México. La pelea de gallos, la elefanta Eli y la corrida de toros. Agenda Estado Derecho. 2024/07/24. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/casos-paradigmaticos-sobre-los-derechos-de-los-animales-en-mexico/
Palabras clave: Derecho de los animales, animales en cautiverio, seres sintientes, trato digno y respetuoso, Elefanta Ely, tauromaquia.
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Abogada y maestra en Derecho Procesal Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente cursa sus estudios en el doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Cuenta con más de 10 años de experiencia como abogada litigante especializada en temas de derechos humanos, derecho ambiental, derecho de los pueblos indígenas y sostenibilidad. Además de desempeñarse como consultora nacional e internacional en estos temas en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, el Instituto de Ecología A.C., y en diversas organizaciones civiles internacionales como la Due Process of Law Foundation.
Es autora del libro “La aplicación del principio precautorio en México” publicado en mayo del 2022 por la editorial internacional Tirant Lo Blanch.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
