Argentina y el goce efectivo de los derechos de los pueblos originarios a lo largo de 200 años de independencia: Una misión aún incumplida

23 de Diciembre de 2021
Argentina y el goce efectivo de los derechos de los pueblos originarios a lo largo de 200 años de independencia: Una misión aún incumplida
Crédito foto: Servindi

Una mirada a la evolución –y retos vigentes– de las relaciones entre los pueblos indígenas y las instituciones de Argentina.

Este artículo se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho y el Blog de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional (AIDC).

Alianza

El objetivo principal de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional (AIDC) es ofrecer un foro en el que constitucionalistas de todo el mundo puedan entender los diferentes sistemas jurídicos de cada país, así como explicar y reflexionar sobre los propios, y entablar una fructífera comparación con diversos fines.

La serie de análisis se realiza en el marco de un intercambio académico entre Agenda Estado de Derecho y el grupo de investigación sobre Constitucionalismo y Pluralismo Social: Comparando la Gobernanza de la Diversidad.

AIDC

Introducción: las fronteras internas y externas de Argentina

Para comprender la evolución de las relaciones entre los pueblos indígenas y las instituciones del Estado argentino, que proclamó su independencia en el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816, es necesario remontarse a la época colonial. De hecho, durante más de tres siglos, en la zona correspondiente, en un primer momento, al Virreinato del Río de la Plata (fundado en 1776) y, luego, a la Confederación Argentina que tuvo origen en su disolución, se concertaron y delinearon dos tipos de fronteras: internas y externas.

Las fronteras externas establecían los límites con las otras subdivisiones territoriales españolas (Capitanía general de Chile y Audiencia de Charcas del Virreinato del Perú), y marcaban las áreas de soberanía del Reino de España y de Portugal. Las fronteras “internas” demarcaban el territorio efectivamente controlado, inicialmente por las autoridades coloniales y luego por las nacionales o provinciales, separándolo del territorio habitado y efectivamente controlado por algunas tribus indígenas aún no sometidas (los grupos libres). Dichas fronteras coincidían con las zonas del extremo norte y del extremo sur, que formaron parte antes del Virreinato y luego de la Confederación Argentina.

Dentro de las fronteras internas, en los territorios bajo el control de las autoridades coloniales, vivían en cambio los indígenas que descendían de las poblaciones que habían sido asimiladas por el proceso de conquista española (los indios sometidos). Estos grupos que fueron asignados a los colonos a través de los instrumentos legales de la encomienda, la mita y el repartimiento (“de indios”) se vieron incluidos en la sociedad colonial.

El proceso de separación de la madre patria y el nacimiento de la nación argentina afectó a ambos grupos indígenas -libres y sometidos- en momentos y con dinámicas diferentes, pero con el mismo resultado, es decir, su asimilación por parte de la sociedad blanca y el despojo de sus tierras.

Desde la independencia hasta la primera Constitución

Desde los primeros movimientos independentistas (25 de mayo de 1810), las instituciones nacionales prestaron atención al componente indígena de la población (indios sometidos), tanto por la influencia de las ideologías de igualdad y libertad que inspiraban el proceso de independencia de la patria, como por razones más prácticas y estratégicas, es decir, para obtener su adhesión a la causa revolucionaria.

De ahí que, entre 1811 y 1813, se adoptaran medidas específicas que declaraban la libertad e igualdad de ese grupo, que fueron reafirmadas por el Congreso de Tucumán del 1816 y recogidas por las Constituciones de 1819  y 1826. A pesar de lo anterior, la Constitución de 1819 en su artículo 128, establecía una inferioridad de los indígenas y la Constitución de 1826 (artículos 5 y 6) suspendía los derechos de los ciudadanos analfabetos, condición común entre el componente indígena de la población de la época.

La Confederación Argentina

La Confederación Argentina, que nació con la Constitución de 1853 (reformada en el 1860), estaba compuesta por sólo trece de las veintitrés provincias que hoy la integran y en realidad controlaba cerca de la mitad del territorio trazado en los mapas de la época. En las regiones extremas del norte y del sur todavía vivían los “grupos libres” que, en la segunda mitad del siglo XIX, empezaron a representar un obstáculo para el control efectivo del territorio por parte de la Confederación la cual -guiada por la Generación política e intelectual de la década de los 80 (entre cuyos miembros recordamos a Roca, Pellegrini y Juárez Célman)- decidió superar las fronteras internas, para conquistar e imponer su soberanía sometiendo a sus habitantes mediante campañas militares (Conquista del Desierto en 1880 y Guerra del Chaco en 1884) sobre esa franja de territorio, que se encontraba más allá de las líneas imaginarias.

En los proyectos de desarrollo político, económico y social de la Generación de los 80, esas tierras habían llegado a considerarse necesarias para implementar el modelo económico agroexportador de la nación, y por eso los habitantes indígenas se debían eliminar, desplazar o utilizar como mano de obra cuando fuera necesario. Al mismo tiempo el país debía consolidar su control sobre esos territorios remotos, definir sus fronteras externas con las naciones vecinas y presentarse en el escenario internacional como una “nación blanca y homogénea, libre del elemento de atraso representado por las tribus indígenas”, aún presentes en las regiones extremas.

El artículo 67 inc. 15 de la Constitución de 1853/1860 legitimó las campañas militares y una específica producción legislativa delineó la primera “política indigenista” argentina, definiendo formas y fases de la penetración militar en esos territorios, y dispuso el uso y la distribución de las tierras que serían arrebatadas a los indígenas, determinando también el destino de esos pueblos. Mientras hacia los indígenas se promovía una política de eliminación física o de asimilación forzosa a la sociedad blanca dominante para lograr su invisibilización, las tierras que les fueron sustraídas -una vez declaradas fiscales- fueron donadas a quienes habían participado o financiado las campañas militares; fueron vendidas a inversores nacionales o extranjeros, favoreciendo el nacimiento de latifundios y plantaciones, o incrementaron las propiedades que, desde los primeros años de la independencia, habían comenzado a asimilar toda la tierra disponible.

La política indigenista y las reformas de los 80 y 90

Determinada por las decisiones tomadas a finales del siglo XIX, la “política indigenista” adoptada en el siglo XX por los sucesivos gobiernos (conservadores, radicales, peronistas y cívico-militares) se caracterizó por la creación de instituciones dedicadas a la “cuestión indígena”. En efecto, los indígenas no habían sido eliminados físicamente, ni siquiera asimilados por completo, sino que se habían integrado a las clases trabajadoras rurales o urbanas y representaban una realidad que no podía ser ignorada.

En la década de los 80 del siglo pasado, se concretaron los procesos tanto de surgimiento de las comunidades originarias como de reivindicación de sus derechos (emergencia indígena), lo que llevó en 1984 a la aprobación de la Ley 23.302 de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes y a la introducción en la Constitución reformada en 1994 del artículo 75 inc. 17, que enumera un amplio catálogo de derechos indígenas.

Aunque la inclusión de un artículo específico representó un paso significativo hacia el pluralismo cultural y jurídico en un país que siempre había preferido presentarse como “blanco y europeo” e hizo que Argentina se alineara con las naciones latinoamericanas, que también estaban viviendo los mismos procesos de reivindicación y reconocimiento, en los últimos veinte años surgieron muchas dificultades en la aplicación y protección de estos derechos, especialmente los relativos a cuestiones territoriales.

Los sucesivos gobiernos se han encontrado, y se encuentran, con la necesidad de equilibrar el respeto de estos derechos con la aplicación del modelo extractivista, que a menudo afecta a los territorios habitados y/o reclamados por las comunidades y también a los recursos naturales allí presentes. Se plantea el problema de tener que respetar y proteger los “derechos indígenas por excelencia”, es decir, los derechos colectivos de propiedad sobre los territorios tradicionalmente ocupados por las comunidades originarias y la consecuente propiedad de los respectivos recursos naturales (los llamados derechos a la tierra), que se entrelazan con otros derechos: el derecho a ser informados, consultados y expresar su consentimiento con respecto a proyectos de explotación o que afecten de otro modo a sus territorios; a disfrutar de los beneficios que se deriven de dichos proyectos y, por último, la garantía de conservación y respeto del hábitat y, en general, del medio ambiente.

En cambio las comunidades indígenas habitantes de ciertas regiones -sin ser adecuadamente informadas y sin haber podido expresar su consentimiento- se han visto desalojadas o confinadas a ciertas zonas para permitir que las empresas entren y operen en sus territorios, suscitando protestas y formas de resistencia muchas veces ignoradas o incluso criminalizadas por las instituciones locales o nacionales, puesto que prevalecen las razones económicas.

La Ley 26.160

Aunque en 2006 la Ley 26.160 de Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de las Tierras Comunitarias Indígenas suspendió los desalojos y ordenó el Relevamiento técnico-jurídico-catastral (RETECI) para prevenir o resolver conflictos territoriales, de las 1.754 comunidades registradas en todo el país, sólo 719 fueron relevadas, principalmente en provincias con baja conflictividad y pocos intereses económicos, mientras que en las que se consideran como estratégicas para el desarrollo de la nación y con alta conflictividad (Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Neuquén), las comunidades siguen esperando el inicio de los relevamientos territoriales. De hecho, las tierras indígenas aún están expuestas a intromisiones e intrusiones por parte del Estado o privados.

Entre los casos más significativos se observan: el de la comunidad Campo Maripe, que reclama derechos territoriales frente a los proyectos de explotación del yacimiento hidrocarburífero de Vaca Muerta, este último apoyado por la provincia de Neuquén y el gobierno nacional, y que por eso hasta el día de hoy aún no ha obtenido el relevamiento territorial junto a otras 4 comunidades, y el caso de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en las provincias de Salta y Jujuy, que reclaman el derecho a ser consultadas y a expresar su consentimiento a los proyectos de explotación de litio que involucren sus tierras.

Conclusiones

Si el final del siglo pasado se caracterizó por el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas y la exigencia de protección y aplicación –especialmente- de los derechos territoriales, las dos primeras décadas del nuevo milenio han visto surgir otros dos derechos, que muestran una relación directa con lo que se afirma en la Constitución reformada en 1994 en al artículo 75 inc. 17: “Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”.

El ejercicio de estos derechos –que ya no pueden ser ignorados, pero que aún no se aplican de manera efectivareduciría la conflictividad social: a saber, el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas y el derecho a expresar su consentimiento previo, libre e informado en relación con los proyectos o medidas que las instituciones pretenden adoptar y que los involucran tanto como habitantes de territorios específicos como individuos de una cultura que hay que proteger y respetar y potenciales agentes de justicia ambiental.

Citación académica sugerida: Rosti, Marzia. Argentina y el goce efectivo de los derechos de los pueblos originarios a lo largo de 200 años de independencia: Una misión aún incumplida. Agenda Estado de Derecho. 2021/12/23. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/argentina-y-el-goce-efectivo-de-los-derechos-de-los-pueblos-originarios-a-lo-largo-de-200-anos-de-independencia/

Palabras clave: Argentina, pueblos indígenas, derechos indígenas, independencia.

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ACERCA DE LA AUTORA
Marzia Rosti

Doctora en Sociología del derecho y Profesora Titular en la Università degli Studi di Milano-Italia de Historia e Instituciones de América Latina e Historia, Instituciones y Derechos de América latina. Sus principales líneas de investigación incluyen los pueblos indígenas y sus derechos: en particular los derechos territoriales, el tema de los recursos naturales y de los conflictos socio-ambientales en América Latina.

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