Determinada por las decisiones tomadas a finales del siglo XIX, la “política indigenista” adoptada en el siglo XX por los sucesivos gobiernos (conservadores, radicales, peronistas y cívico-militares) se caracterizó por la creación de instituciones dedicadas a la “cuestión indígena”. En efecto, los indígenas no habían sido eliminados físicamente, ni siquiera asimilados por completo, sino que se habían integrado a las clases trabajadoras rurales o urbanas y representaban una realidad que no podía ser ignorada.

En la década de los 80 del siglo pasado, se concretaron los procesos tanto de surgimiento de las comunidades originarias como de reivindicación de sus derechos (emergencia indígena), lo que llevó en 1984 a la aprobación de la Ley 23.302 de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes y a la introducción en la Constitución reformada en 1994 del artículo 75 inc. 17, que enumera un amplio catálogo de derechos indígenas.

Aunque la inclusión de un artículo específico representó un paso significativo hacia el pluralismo cultural y jurídico en un país que siempre había preferido presentarse como “blanco y europeo” e hizo que Argentina se alineara con las naciones latinoamericanas, que también estaban viviendo los mismos procesos de reivindicación y reconocimiento, en los últimos veinte años surgieron muchas dificultades en la aplicación y protección de estos derechos, especialmente los relativos a cuestiones territoriales.

Los sucesivos gobiernos se han encontrado, y se encuentran, con la necesidad de equilibrar el respeto de estos derechos con la aplicación del modelo extractivista, que a menudo afecta a los territorios habitados y/o reclamados por las comunidades y también a los recursos naturales allí presentes. Se plantea el problema de tener que respetar y proteger los “derechos indígenas por excelencia”, es decir, los derechos colectivos de propiedad sobre los territorios tradicionalmente ocupados por las comunidades originarias y la consecuente propiedad de los respectivos recursos naturales (los llamados derechos a la tierra), que se entrelazan con otros derechos: el derecho a ser informados, consultados y expresar su consentimiento con respecto a proyectos de explotación o que afecten de otro modo a sus territorios; a disfrutar de los beneficios que se deriven de dichos proyectos y, por último, la garantía de conservación y respeto del hábitat y, en general, del medio ambiente.

En cambio las comunidades indígenas habitantes de ciertas regiones -sin ser adecuadamente informadas y sin haber podido expresar su consentimiento- se han visto desalojadas o confinadas a ciertas zonas para permitir que las empresas entren y operen en sus territorios, suscitando protestas y formas de resistencia muchas veces ignoradas o incluso criminalizadas por las instituciones locales o nacionales, puesto que prevalecen las razones económicas.