El caso del río Dulcepamba debería contemplar un análisis de varios derechos potencialmente afectados. La debida diligencia consiste en determinar la norma de conducta adecuada para evaluar el riesgo de daño y tomar las medidas necesarias para minimizarlo o evitarlo. Se debe tener en cuenta las consecuencias de un acto u omisión y la medida en que dichas consecuencias podrían haber sido evitadas por el Estado que autorizó el acto en cuestión o que no impidió que se produjera. La determinación de lo que requiere la debida diligencia depende tanto del contexto, del proyecto específico y del nivel de riesgo.

Las obligaciones de diligencia debida ambiental requieren de la adopción y de la aplicación de normas y medidas, lo que conlleva un cierto nivel de vigilancia y la necesidad de realizar un control administrativo. Como lo ha establecido el Comité de Derechos Humanos de la ONU, los Estados tienen el deber de adoptar medidas positivas, incluidas las obligaciones de diligencia debida antes de que el derecho se vea amenazado.

En el Sistema Interamericano, la Corte IDH ha incrementado progresivamente el uso de los Principios Rectores para determinar la responsabilidad de los Estados en virtud de la CADH, pero también para precisar cómo debe ser el comportamiento empresarial en una denuncia de derechos humanos. Al ocuparse de estos casos, la Corte IDH ha incluido la figura de la diligencia debida para evaluar tanto el comportamiento estatal como el empresarial. Existen varios casos en los que la Corte ha incluido un apartado sobre la diligencia debida, entre ellos los casos Buzos Miskitos y Martina Vera ya analizados en este portal, pero es quizás en los casos Olivera Fuentes vs. Perú y La Oroya vs. Perú, ambos de 2023, donde la Corte IDH se adentra más en el análisis de este tema.

En el caso Olivera Fuentes, la Corte IDH se centra en los aspectos de la debida diligencia, sobre la base de lo establecido en el segundo pilar de los Principios Rectores, el cual se centra en las responsabilidades de las empresas. La Corte IDH reitera su jurisprudencia diciendo que las empresas son las primeras entidades que deben velar por el respeto a los derechos humanos, pero que los Estados, siguiendo el tenor del Art. 1.1 de la CADH, deben adoptar las normas y políticas necesarias para que la actividad empresarial respete los derechos:

100. (…) los Estados deben adoptar medidas destinadas a que las empresas: (i) cuenten con políticas apropiadas para la protección de los derechos humanos; (ii) incorporen prácticas de buen gobierno corporativo con enfoque de parte interesada (stakeholder), que supongan acciones dirigidas a orientar la actividad empresarial hacia el cumplimiento de las normas y el respeto a los derechos humanos; (iii) cuenten con procesos de diligencia debida para la identificación, prevención y corrección de violaciones a los derechos humanos, así como para garantizar el trabajo digno y decente; y (iv) cuenten con procesos que permitan a la empresa reparar las violaciones a derechos humanos que ocurran con motivo de las actividades que realicen, especialmente cuando estas afectan a personas que viven en situación de pobreza o pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad.

Nos encontramos ante una de las decisiones más directas de la Corte IDH en lo que se refiere al deber de los Estados de proteger los derechos humanos en el campo de empresas y derechos humanos, así como de asegurar su respeto por parte de las empresas.

FSedebe resaltar la vulnerabilidad de la comunidad frente a este proyecto. Gran parte de las medidas que la empresa realizó para desarrollar el mismo afectaron significativamente la vida, el ecosistema y el acceso a recursos naturales de las comunidades afectadas, sin que se hayan adoptado las medidas oportunas para protegerlas. Este es un problema recurrente en varios casos de proyectos extractivos en América Latina, pues siempre hay alguien que pagará el costo social de estas iniciativas. Que quede claro que, como autores, no objetamos que se implementen proyectos que contribuyan al desarrollo, incluyendo el aumento de la conectividad eléctrica de una zona del país. Sin embargo, entendemos que difícilmente hubiesen sido autorizados proyectos que desplazaran la ribera del río en zonas urbanas, a diferencia de lo que ocurre en zonas rurales, con comunidades pobres y de escasos recursos.