Los audios de Gertz y la independencia del Poder Judicial en México

13 de Abril de 2022
Los audios de Gertz y la independencia del Poder Judicial en México
Foto: Tomada de Página WEB FGR

Más allá de la polémica ¿Qué revelan los audios del Fiscal General de México sobre la independencia del Poder Judicial?

Mucho se ha comentado sobre lo que revelan los audios que se filtraron –de manera ilegal–  de la conversación entre el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, y su Fiscal especializado de control competencial, sobre el abuso de poder por parte del Fiscal para fines personales. En esta conversación, los funcionarios hablan del caso en el que Gertz acusa a la concubina de su difunto hermano, Laura Morán, de su homicidio por omisión de cuidados y a la hija de ésta, Alejandra Cuevas, de ser su cómplice, y se le escucha solicitar a su subordinado un escrito con argumentos jurídicos sobre el caso, como si éste fuese su abogado personal.

Pero algo que no ha merecido tanta atención son las presuntas injerencias del fiscal general en las determinaciones de los ministros y, por lo tanto, la cuestionada independencia del Poder Judicial que esta conversación refleja.

Primero, el audio da a entender que el fiscal tuvo conversaciones con varios ministros sobre el asunto por el cual es importante recordar que Alejandra Cuevas estuvo en prisión preventiva por 528 días, y su madre tenía una orden de detención en su contra (la cual no se había ejercido gracias a un amparo interpuesto por su defensa).

Sin embargo, es importante mencionar que como es sabido en México es muy común ver a las partes en un juicio desfilar por los pasillos de la Suprema Corte, en busca de audiencias privadas con los ministros a cargo de resolver su asunto. Esta práctica, que está prohibida en otros países, es una costumbre en México, no solamente en el máximo tribunal sino en juzgados y tribunales inferiores (salvo en el sistema penal oral acusatorio, donde está proscrito).

Sobre ello, han escrito un artículo de investigación Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo en 2015, donde subrayan las sospechas de falta de integridad y de parcialidad que puede suscitar el hecho de que un ministro se reúna con una de las partes y la desigualdad que puede generar en un proceso que enfrenta a una persona, empresa o institución con poder frente a la ciudadanía de a pie. Por ello, los autores concluyen su análisis con un llamado a que este tipo de prácticas se regule.

Lo que demuestran los audios de la conversación entre Gertz y Ramos es que este tema sigue generando escozor entre la población y que es importante y urgente regularlo. ¿De qué manera? Una opción consistiría sencillamente en prohibir esta práctica. Sin embargo, algunos juzgadores y muchos litigantes consideran que los alegatos pueden ser útiles para explicar ciertos aspectos de un caso que se deben tomar en cuenta para su resolución. Si efectivamente se concluyera que esta práctica aporta información importante, se podrían imponer reglas hacerla más transparente y equitativa.

Por ejemplo, podría establecerse que cuando una de las partes solicite una audiencia con un ministro, se dé un aviso automático a su contraparte para que pueda estar presente. Otra medida que podría ser favorable sería que estas audiencias se grabasen para que quede un registro de lo que sucedió en ellas y así evitar sospechas de actos de corrupción o presiones. Finalmente, se podría adoptar algunas buenas prácticas existentes, como las que se han dado en algunas salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde solamente los magistrados reciben a las partes (nunca sus secretarios) y cuando lo hacen, siempre lo hacen en pleno. Esto, de nuevo, para evitar posibles sospechas de presiones indebidas o actos de corrupción.

Un segundo tema revelado en este audio es el de la filtración del proyecto de sentencia a una de las partes, en este caso al mismo Fiscal, quien elaboró una estrategia después de verlo, como demuestra la conversación. Después de la divulgación del audio, la familia de Alejandra Cuevas denunció que no había tenido acceso. Esto refleja la inequidad de las partes en este juicio.

La cuestión de la publicación de los proyectos de sentencias ha generado mucho debate en otras partes del mundo. Algunos expertos consideran que no deberían publicarse porque una vez públicos dejan la puerta abierta a que las partes intenten presionar, influenciar o amenazar a los juzgadores. Si esa es la perspectiva que prevalece, quizás la regla debería ser que no se publique ningún proyecto, pero, de ser así, entonces deben establecerse sanciones para quienes filtren un proyecto. Al contrario, otros consideran que la publicación de los proyectos de sentencias contribuiría a hacer más transparentes las deliberaciones de los juzgadores, que podría permitir a los juzgadores escuchar opiniones y hasta recibir sugerencias sobre sus proyectos que podrían tomar en cuenta para mejorarlos.

Desde esta perspectiva, quizás la regla debiera ser que todos los proyectos de sentencia deberían publicarse. En todo caso, dejar que los proyectos de sentencia se publiquen en algunas ocasiones sí y en otras no parece ser la opción más compleja de implementar, ya que, para ello, se deberían establecer criterios claros y objetivos para evitar que parezca que esta decisión depende de la discrecionalidad de uno o algunos juzgadores y, sobre todo, impedir que algunas partes sí tengan acceso y otras no.

Finalmente, un tercer aspecto que reveló la conversación es que, si uno o varios ministros dicen necesitar más tiempo para estudiar un caso o un proyecto de sentencia, pueden retrasar su resolución de manera indefinida, sin tener que justificarlo. Esto no es nuevo y, de hecho, por ello, desde México Evalúa, solicitamos información a la Suprema Corte sobre sus tiempos procesales, pero desafortunadamente, los datos que nos compartieron son de muy mala calidad, pues en ocasiones eran erróneos, inconsistentes, contradictorios o incompletos.

Es importante subrayar que, pese a todo, el Pleno de la Suprema Corte hizo justicia, al otorgar amparos lisos y llanos a Alejandra Cuevas y Laura Morán el pasado 28 de marzo, dejando claro que no existían elementos para perseguirlas. Sin embargo, no por ello la Suprema Corte sale bien librada de este asunto, pues pareciera que tomó esta decisión no necesariamente por las buenas razones, sino por la presión mediática que se generó en torno a este asunto. Esto también puede verse en el tiempo que la Corte finalmente tomó para resolver este asunto.

Después de que los hijos de Alejandra Cuevas imploraran en enero al presidente de la Corte, durante un evento académico en el que éste participaba, que el asunto se resolviera de manera rápida, el ministro Alberto Pérez Dayán presentó un proyecto de resolución en menos de dos meses y éste se enlistó de manera casi inmediata, un tiempo mucho más corto que el habitual para este tipo de asuntos. Y después de la publicación de los audios, los ministros rechazaron el proyecto inicial, por lo que el asunto tuvo que ser devuelto al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien, a su vez, presentó un nuevo proyecto en una semana, cuando lo común es que los ministros tarden meses, a veces un año para proponer un nuevo proyecto. Por supuesto, es una excelente noticia que la Suprema Corte haya acelerado sus procesos para revertir una injusticia. El problema es que existen miles de personas injustamente presas en espera de un juicio que no reciben este trato por parte de la Suprema Corte.

Esto refleja la necesidad de mejorar la transparencia procesal de la Suprema Corte y de reducir los espacios de discrecionalidad que los ministros, los presidentes de salas y/o el presidente de la Corte tienen en la definición de ciertos tiempos procesales.

Citación académica sugerida: Pantin, Laurence. Los audios de Gertz y la independencia del Poder Judicial en México, Agenda Estado de Derecho, 2022/04/13. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/los-audios-de-gertz-y-la-independencia-del-poder-judicial-en-mexico/

Palabras clave: México, independencia judicial, transparencia, Suprema Corte

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ACERCA DE LA AUTORA
Laurence Pantin

Coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de @Mexevalua 

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.