Los audios de Gertz y la independencia del Poder Judicial en México

13 de Abril de 2022
Los audios de Gertz y la independencia del Poder Judicial en México
Foto: Tomada de Página WEB FGR

Más allá de la polémica ¿Qué revelan los audios del Fiscal General de México sobre la independencia del Poder Judicial?

Mucho se ha comentado sobre lo que revelan los audios que se filtraron –de manera ilegal–  de la conversación entre el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, y su Fiscal especializado de control competencial, sobre el abuso de poder por parte del Fiscal para fines personales. En esta conversación, los funcionarios hablan del caso en el que Gertz acusa a la concubina de su difunto hermano, Laura Morán, de su homicidio por omisión de cuidados y a la hija de ésta, Alejandra Cuevas, de ser su cómplice, y se le escucha solicitar a su subordinado un escrito con argumentos jurídicos sobre el caso, como si éste fuese su abogado personal.

Pero algo que no ha merecido tanta atención son las presuntas injerencias del fiscal general en las determinaciones de los ministros y, por lo tanto, la cuestionada independencia del Poder Judicial que esta conversación refleja.

Primero, el audio da a entender que el fiscal tuvo conversaciones con varios ministros sobre el asunto por el cual es importante recordar que Alejandra Cuevas estuvo en prisión preventiva por 528 días, y su madre tenía una orden de detención en su contra (la cual no se había ejercido gracias a un amparo interpuesto por su defensa).

Sin embargo, es importante mencionar que como es sabido en México es muy común ver a las partes en un juicio desfilar por los pasillos de la Suprema Corte, en busca de audiencias privadas con los ministros a cargo de resolver su asunto. Esta práctica, que está prohibida en otros países, es una costumbre en México, no solamente en el máximo tribunal sino en juzgados y tribunales inferiores (salvo en el sistema penal oral acusatorio, donde está proscrito).

Sobre ello, han escrito un artículo de investigación Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo en 2015, donde subrayan las sospechas de falta de integridad y de parcialidad que puede suscitar el hecho de que un ministro se reúna con una de las partes y la desigualdad que puede generar en un proceso que enfrenta a una persona, empresa o institución con poder frente a la ciudadanía de a pie. Por ello, los autores concluyen su análisis con un llamado a que este tipo de prácticas se regule.

Lo que demuestran los audios de la conversación entre Gertz y Ramos es que este tema sigue generando escozor entre la población y que es importante y urgente regularlo. ¿De qué manera? Una opción consistiría sencillamente en prohibir esta práctica. Sin embargo, algunos juzgadores y muchos litigantes consideran que los alegatos pueden ser útiles para explicar ciertos aspectos de un caso que se deben tomar en cuenta para su resolución. Si efectivamente se concluyera que esta práctica aporta información importante, se podrían imponer reglas hacerla más transparente y equitativa.

Por ejemplo, podría establecerse que cuando una de las partes solicite una audiencia con un ministro, se dé un aviso automático a su contraparte para que pueda estar presente. Otra medida que podría ser favorable sería que estas audiencias se grabasen para que quede un registro de lo que sucedió en ellas y así evitar sospechas de actos de corrupción o presiones. Finalmente, se podría adoptar algunas buenas prácticas existentes, como las que se han dado en algunas salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde solamente los magistrados reciben a las partes (nunca sus secretarios) y cuando lo hacen, siempre lo hacen en pleno. Esto, de nuevo, para evitar posibles sospechas de presiones indebidas o actos de corrupción.

Un segundo tema revelado en este audio es el de la filtración del proyecto de sentencia a una de las partes, en este caso al mismo Fiscal, quien elaboró una estrategia después de verlo, como demuestra la conversación. Después de la divulgación del audio, la familia de Alejandra Cuevas denunció que no había tenido acceso. Esto refleja la inequidad de las partes en este juicio.

La cuestión de la publicación de los proyectos de sentencias ha generado mucho debate en otras partes del mundo. Algunos expertos consideran que no deberían publicarse porque una vez públicos dejan la puerta abierta a que las partes intenten presionar, influenciar o amenazar a los juzgadores. Si esa es la perspectiva que prevalece, quizás la regla debería ser que no se publique ningún proyecto, pero, de ser así, entonces deben establecerse sanciones para quienes filtren un proyecto. Al contrario, otros consideran que la publicación de los proyectos de sentencias contribuiría a hacer más transparentes las deliberaciones de los juzgadores, que podría permitir a los juzgadores escuchar opiniones y hasta recibir sugerencias sobre sus proyectos que podrían tomar en cuenta para mejorarlos.

Desde esta perspectiva, quizás la regla debiera ser que todos los proyectos de sentencia deberían publicarse. En todo caso, dejar que los proyectos de sentencia se publiquen en algunas ocasiones sí y en otras no parece ser la opción más compleja de implementar, ya que, para ello, se deberían establecer criterios claros y objetivos para evitar que parezca que esta decisión depende de la discrecionalidad de uno o algunos juzgadores y, sobre todo, impedir que algunas partes sí tengan acceso y otras no.

Finalmente, un tercer aspecto que reveló la conversación es que, si uno o varios ministros dicen necesitar más tiempo para estudiar un caso o un proyecto de sentencia, pueden retrasar su resolución de manera indefinida, sin tener que justificarlo. Esto no es nuevo y, de hecho, por ello, desde México Evalúa, solicitamos información a la Suprema Corte sobre sus tiempos procesales, pero desafortunadamente, los datos que nos compartieron son de muy mala calidad, pues en ocasiones eran erróneos, inconsistentes, contradictorios o incompletos.

Es importante subrayar que, pese a todo, el Pleno de la Suprema Corte hizo justicia, al otorgar amparos lisos y llanos a Alejandra Cuevas y Laura Morán el pasado 28 de marzo, dejando claro que no existían elementos para perseguirlas. Sin embargo, no por ello la Suprema Corte sale bien librada de este asunto, pues pareciera que tomó esta decisión no necesariamente por las buenas razones, sino por la presión mediática que se generó en torno a este asunto. Esto también puede verse en el tiempo que la Corte finalmente tomó para resolver este asunto.

Después de que los hijos de Alejandra Cuevas imploraran en enero al presidente de la Corte, durante un evento académico en el que éste participaba, que el asunto se resolviera de manera rápida, el ministro Alberto Pérez Dayán presentó un proyecto de resolución en menos de dos meses y éste se enlistó de manera casi inmediata, un tiempo mucho más corto que el habitual para este tipo de asuntos. Y después de la publicación de los audios, los ministros rechazaron el proyecto inicial, por lo que el asunto tuvo que ser devuelto al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien, a su vez, presentó un nuevo proyecto en una semana, cuando lo común es que los ministros tarden meses, a veces un año para proponer un nuevo proyecto. Por supuesto, es una excelente noticia que la Suprema Corte haya acelerado sus procesos para revertir una injusticia. El problema es que existen miles de personas injustamente presas en espera de un juicio que no reciben este trato por parte de la Suprema Corte.

Esto refleja la necesidad de mejorar la transparencia procesal de la Suprema Corte y de reducir los espacios de discrecionalidad que los ministros, los presidentes de salas y/o el presidente de la Corte tienen en la definición de ciertos tiempos procesales.

Citación académica sugerida: Pantin, Laurence. Los audios de Gertz y la independencia del Poder Judicial en México, Agenda Estado de Derecho, 2022/04/13. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/los-audios-de-gertz-y-la-independencia-del-poder-judicial-en-mexico/

Palabras clave: México, independencia judicial, transparencia, Suprema Corte

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ACERCA DE LA AUTORA
Laurence Pantin

Coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de @Mexevalua 

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Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

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Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

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Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

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Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.