Jueces independientes bajo ataque: la otra cara del antejuicio en Guatemala

18 de Agosto del 2020
Conflicto constitucional en Guatemala y el desafío a la independencia judicial.

La rendición de cuentas es un aspecto fundamental de la democracia. Pero cuando se trata de hacer responsable a un juez, debe preservarse un delicado equilibrio entre su responsabilidad y su independencia. Uno de los mecanismos clásicos del sistema de pesos y contrapesos de las democracias modernas, ha consistido en otorgar a otros órganos -usualmente, los Parlamentos- la atribución de realizar controles previos a la investigación penal contra autoridades judiciales, o directamente de investigarlas y sancionar sus conductas. Pero este mecanismo descansa bajo una premisa que, cada vez con más frecuencia, es desmentida por la realidad: que los órganos contralores son imparciales, y que no tiene intereses ilegítimos en expulsar al árbitro del partido. El antejuicio en Guatemala es el ejemplo perfecto de esta distorsión.

El pasado 29 de junio, el país despertó con una noticia que desató una grave crisis institucional: la Corte Suprema había dado trámite a una solicitud de antejuicio contra 4 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, poniendo -una vez más- en manos del Congreso la decisión de si debían ser juzgados penalmente por haber emitido una decisión judicial concreta. Se trataba de una sentencia de amparo que le ordenaba a ese mismo Congreso elegir nuevos magistrados de altas cortes siguiendo criterios de honorabilidad y excluyendo a aspirantes involucrados/as en graves casos de corrupción. Según el abogado que promovió el antejuicio, esta sentencia excedía las competencias del máximo tribunal constitucional y su emisión era un acto ilegal.

El caso está plagado de conflictos de interés. Para empezar, la Corte Suprema que le dio el trámite inicial al antejuicio, lo hizo con una conformación inusual: varios jueces titulares se abstuvieron, y el quórum fue completado con magistrados de apelaciones como suplentes. El asunto está en los detalles: por lo menos seis de ellos son candidatos/as a las cortes, y por lo tanto, estaban muy interesados en la causa que resolvieron. A su vez, el Congreso que debe decidir el fondo del antejuicio, es la parte vencida en la sentencia de amparo que justamente constituye el objeto de control, la que además se ha resistido a cumplir. ¿Estamos ante un mecanismo que le permite al Congreso decidir la suerte de los magistrados que emitieron una sentencia en su contra?

Para completar el panorama, la decisión emitida por la Corte Suprema fue cuestionada en un nuevo amparo, por el Procurador de los Derechos Humanos y por organizaciones civiles. Esto colocó a la Corte Constitucionalidad ante el dilema de resolver lo que se ha llamado “el autoamparo”, es decir, una causa donde la Corte no es una parte en sentido formal, pero que indirectamente afectaría a sus propios integrantes. Una norma de clausura contenida en la ley de amparo del país establece que los magistrados no estaban obligados a abstenerse, y la Corte otorgó el amparo, que -nuevamente- el Congreso no ha cumplido.

Más allá de los detalles de estos hechos, lo cierto es que la palabra “antejuicio” no es nueva para los guatemaltecos, y podría decirse que ya forma parte del vocabulario popular. Durante los últimos dos años, este mecanismo de naturaleza excepcional ya ha sido promovido contra los mismos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, contra el Procurador de los Derechos Humanos, y contra varios jueces y juezas de los tribunales de alto riesgo, a cargo de los más complejos casos de corrupción que involucran a las élites políticas y económicas del país. El último caso contra la jueza Erika Aifán se encuentra al borde de lo insólito: contrariamente a lo decidido en casos previos, la Corte Suprema le dio trámite a una solicitud de antejuicio que no venía acompañada de un solo medio de prueba contra la jueza. 

El problema del antejuicio en Guatemala no es un problema de diseño legal, aunque ha habido intentos de reformarlo. Su utilización recurrente para presionar, amenazar, y castigar a jueces y juezas independientes se explica por la crisis general del sistema de justicia guatemalteco, y en particular, por la influencia de redes de corrupción sobre sus altos cortes y sus órganos de gobierno. El caso “Comisiones Paralelas 2014”, a cargo de la Jueza Aifán, contiene evidencia de la influencia del crimen organizado en la elección de magistrados de altas cortes que se llevó a cabo en ese año, quienes actualmente siguen ocupando sus puestos hasta que el Congreso no elija a los nuevos. ¿No es razonable pensar que estos elementos usarán los mecanismos de control a su alcance, para expulsar a jueces y magistrados independientes del aparato judicial, especialmente a aquellos que investigan las ilegalidades de sus nombramientos, o que colaborarán con poderes externos -políticos o no- para lograr este propósito y consolidar sus posiciones de poder?

En su informe Corrupción y Derechos Humanos, la CIDH ha desarrollado estándares novedosos para enfrentar la lucha contra la corrupción desde un enfoque de derechos humanos. El informe pone los reflectores sobre los casos más complejos de corrupción judicial, y coincide con el diagnóstico de que “el sistema judicial es un eslabón necesario para permitir llevar a buen término las actividades realizadas por el crimen organizado”. En otras palabras, que las redes ilícitas necesitan cierto grado de control sobre el sistema judicial para operar de forma eficiente.

Frente a ello, la necesidad de reforzar la protección de la independencia judicial es aún más apremiante, pero ello requiere los estándares internacionales clásicos aplicables a los procesos de investigación y sanción de operadores de justicia sean leídos e interpretados desde este nuevo enfoque de corrupción y derechos humanos. Un ejemplo: en su Informe Garantías para la independencia de las y los operadores de justiciala CIDH ha señalado que el juicio político contra altas autoridades de justicia genera “un riesgo significativo” para su independencia, y recomienda su eliminación. Desde este nuevo enfoque, la magnitud de este riesgo se puede determinar con mayor precisión, si se analizan los vínculos, intereses y tensiones que existen entre los actores políticos, empresariales y criminales, respecto de la autoridad judicial, para determinar si un Estado debe adoptar alguna medida, como incorporar salvaguardas o modificar el mecanismo en cuestión.

Estos mismos vínculos e intereses permiten analizar la imparcialidad del órgano controlador, otra de las garantías materiales exigible a todo mecanismo de rendición de cuentas (v. Corte IDH, caso Tribunal Constitucional contra Perú). Esta perspectiva nos obliga a indagar relaciones, identificar actores y documentar patrones, y a partir de allí hacer preguntas como ¿qué intereses o vínculos motivaron a la Corte Suprema a dar trámite al antejuicio contra magistrados de la Corte Constitucional, pese a la prohibición de perseguir a un juez por el contenido de sus decisiones? ¿Tienen estas personas alguna relación -pasada o presente- con los actores políticos que deben decidir el fondo del antejuicio? ¿Existe alguna relación entre el antejuicio de los magistrados constitucionales y el antejuicio de la jueza Aifán, o son realmente casos desvinculados? ¿Pueden verse estos antejuicios como parte de una estrategia más amplia?

Esta es la otra cara del antejuicio en Guatemala, convertido en la peor amenaza para la independencia de los jueces y juezas (pese a haberse concebido para protegerla), y que cuya utilización debe empezar a analizarse desde una perspectiva más amplia, como la propuesta de los nuevos estándares interamericanos sobre corrupción y derechos humanos. El antejuicio como una pieza del sistema de pesos y contrapesos ya colapsado e ineficiente para controlar al poder, y que no funcionará mientras que no se adopten medidas para cortar definitivamente las influencias ilícita sobre el sistema político y judicial en el país.  (V. ¿Cómo y por qué generar una sólida política anti impunidad?, Daniel Vásquez)

Citación académica sugerida: Indacochea, Úrsula: Jueces independientes bajo ataque: la otra cara del antejuicio en Guatemala, 2020/08/18. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/jueces-independientes-bajo-ataque-la-otra-cara-del-antejuicio-en-guatemala/

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ACERCA DE LA AUTORA
Úrsula Indacochea

Coordinadora del Programa de Independencia Judicial
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

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Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

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Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

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Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

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Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

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Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.