El hecho de que actualmente un festival pueda llenarse de personas y que esta misma población pueda votar el domingo siguiente no es algo que ocurra de forma natural. Es el resultado de un marco normativo que protege ambas cosas con la misma lógica.

El artículo 37 de la Constitución Política de Colombia protege el derecho de reunión pacífica sin permiso previo de la autoridad. El artículo 20 garantiza la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Desde la Sentencia T-104 de 1996, la Corte Constitucional estableció que la libertad de expresión artística es un derecho fundamental, lo que significa que un festival no está simplemente tolerado, de hecho, la libertad de expresión artística goza de una protección reforzada. El artículo 70 de la Constitución impone además al Estado el deber de promover el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades y declara que la cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad. Defender un espacio cultural no es un gesto voluntario de la administración; es un deber constitucional.

Esos derechos culturales también han sido reconocidos y respaldados internacionalmente a través de mecanismos como el Protocolo de San Salvador, ratificado por varios países latinoamericanos, entre esos Colombia, el cual reconoce en su artículo 14 el derecho a participar en la vida cultural y artística de la comunidad. A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege en su artículo 15 el derecho de reunión pacífica. Es importante aclarar que estos mecanismos internacionales se integran en el ordenamiento jurídico nacional gracias al artículo 93 de la Constitución por medio del bloque de constitucionalidad.

Del lado electoral, el artículo 40 de la Constitución consagra el derecho a participar en la conformación del poder político y, entre otros derechos políticos, a elegir y ser elegido. Para que este derecho pueda materializarse, el artículo 266 encarga a la Registraduría organizar el proceso de escrutinio en el país; en correspondencia con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que en su artículo 25, exige elecciones auténticas y periódicas por sufragio universal. A su vez, la Ley Estatutaria 1475 de 2011 regula la financiación de campañas para que el dinero no compre lo que el voto debería decidir.

Si bien son marcos jurídicos distintos, estos derechos responden a la necesidad de que las personas puedan reunirse, expresarse, votar y decidir colectivamente sin que nadie los persiga por ello. Los derechos culturales y los derechos políticos no son categorías aisladas del derecho internacional, sino expresiones de una misma lógica que se basa en la protección de la vida colectiva frente al poder del Estado.

El derecho a participar en la vida cultural, reconocido en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y los derechos civiles y políticos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación consagrados en los artículos 19, 21 y 22 del PIDCP, comparten una misma estructura de protección con el derecho al voto, reconocido en el artículo 25 del mismo Pacto.

Así mismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el derecho a votar y a participar en la dirección de los asuntos públicos se apoya en el proceso de gobierno democrático basado en el consentimiento del pueblo, y está estrechamente relacionado con el derecho de los pueblos a la libre determinación; la misma libre determinación que subyace al derecho a crear y expresarse culturalmente sin censura.

Votar y bailar en un club comparten entonces el ejercicio de los derechos anteriormente relacionados, de formas en las que una comunidad se autodetermina, ya sea eligiendo representantes o construyendo un espacio propio de sentido y pertenencia.