Martina Vera versa sobre el derecho a la salud de una niña con discapacidad y el deber del Estado de asegurar tal derecho. Martina nació con una rara condición conocida como Síndrome de Leigh, que afecta crónicamente las capacidades mentales y psicomotoras. En su ciudad natal, Arica, el hospital público no contaba con los medios necesarios para brindarle un tratamiento adecuado, obligando a sus padres a contratar un seguro privado de salud, ISAPRE, en 2007. En 2010, la ISAPRE canceló unilateralmente la póliza porque la condición de Martina era “progresiva e irrecuperable” (para. 128). La cancelación, que puso su vida en grave riesgo, fue técnicamente legal y se hizo de acuerdo con la normativa chilena de la época, como confirmó la Corte Suprema de Chile.

Martina Vera es importante pues desarrolla el derecho a la salud de niñas y de niños con discapacidad y el papel del Estado para asegurar este derecho en su población. Pero cuando la Corte IDH analiza el derecho a la salud, a la seguridad social y si Chile cumplió con su deber de asegurar que las empresas privadas ofrezcan un servicio de salud de calidad y eficiente (para. 100), es evidente la ausencia de un enfoque específico de EDH.

Al igual que en el caso de los Buzos Miskito, la Corte IDH hace referencia a los UNGP (para. 84-88), pero se centra en el deber del Estado de regular y supervisar que las empresas privadas que ofrecen servicios públicos -como la salud- no afecten a los derechos a la vida y a la integridad personal de las personas (para. 89). Cabe destacar que en Martina Vera, el Tribunal optó por no analizar cuestiones como el conflicto de intereses o la mercantilización de los bienes públicos, que tienen un impacto significativo en la privatización de los servicios de salud.

Por ejemplo, la regulación de los seguros de salud privados es altamente técnica y muchos de los expertos en la materia se mueven entre los organismos reguladores y las empresas que ofrecen dichos servicios, lo que provoca un efecto de “puerta giratoria” en el sector. El hecho de que en su momento la legislación permitiera a las compañías de seguros de salud cancelar las pólizas de los clientes cuando las consideraran demasiado onerosas debería haber planteado preguntas a la Corte IDH durante la etapa probatoria. Se podría haber pedido a Chile más información sobre el proceso de elaboración de esta legislación, así como un estudio sobre el impacto económico de esta normativa en las personas vulnerables. Lo más probable es que el resultado hubiera demostrado que la privatización de los bienes públicos hace que los factores económicos prevalezcan sobre los derechos humanos de las personas.

La falta de análisis de las causas estructurales que contribuyeron a la situación de Martina se hace más evidente en las órdenes de reparación, donde la Corte no incluyó ninguna medida específica en relación con EDH. A pesar de que la Corte reconoció que la ISAPRE conocía la condición de Martina y aun así canceló su póliza (para. 129), la Corte no ordenó a Chile que revisara su actual regulación de las empresas privadas de salud ni que adoptara políticas para asegurar un rápido acceso a recursos legales efectivos por parte de los usuarios de las ISAPRE.