La lucha contra la corrupción en América Central. Difícil y necesario a la vez

6 de Diciembre de 2022
La lucha contra la corrupción en América Central. Difícil y necesario a la vez
Fuente: El Siglo Panamá

Los países de Centroamérica se encuentran dentro de una lista de los países más corruptos del mundo. ¿Qué opciones hay para combatir la corrupción?

Los países de Centroamérica – con la excepción de Costa Rica – muestran índices de corrupción sumamente alarmantes. Guatemala, Honduras y Nicaragua se han vuelto bastante más corruptos durante los últimos 10 años. Hablamos de posiciones entre los 30 países más corruptos del mundo, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia Internacional. La situación en El Salvador tampoco es muy alentadora puesto que el gobierno está en camino de desmantelar las instituciones del estado de derecho.

Las consecuencias de la corrupción

Según la definición de Transparencia Internacional corrupción es el abuso del poder confiado para el beneficio privado. Sin embargo, durante mucho tiempo se ha pensado que la corrupción es un delito trivial sin víctimas, hasta el punto de que en algunos países se ve la corrupción como un fenómeno normal y corriente. A más tardar, durante la pandemia de COVID 19, quedó trágicamente claro que tal óptica es simplemente falsa. La corrupción sí tiene víctimas. Durante la pandemia la corrupción ha causado la muerte de un sinnúmero de personas, debido al hecho de que fondos para medidas de emergencia se habían desviado a gran escala.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó en 2019 un informe trascendental en el cual se ha analizado profundamente el vínculo entre Corrupción y Derechos Humanos. La conclusión central es: La Corrupción viola los derechos humanos.

Según un análisis de la ONG Frontline Defenders en 2020 el 98% de los 331 asesinatos de defensores de derechos humanos se dieron en países con alto nivel de corrupción en el sector público. Honduras y Guatemala se encuentran entre los países más afectados con 20 y 15 víctimas respectivamente. Precisamente en Guatemala la situación se ha vuelto más crítica todavía en los últimos años, incluyendo amenazas, ataques físicos y persecución de jueces y fiscales  íntegros. 

Como en otras regiones del mundo, se ha manifestado en Centroamérica que la violencia y el crimen organizado pueden prosperar mejor en un entorno en el cual es fácil sobornar a los/las políticos/as, operadores/as de justicia y las fuerzas de seguridad.

Los mismos cárteles de la droga pueden  utilizar el Informe sobre la Competitividad Mundial del Banco Mundial o incluso el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Para dichos grupos solo hace falta leer los índices a la inversa para tomar sus decisiones sobre sus actividades e inversiones en los diferentes países. Los países más corruptos con un poder judicial bastante deficiente ofrecen mejores condiciones para los cárteles. Para Guatemala y Honduras esto se ilustra con bastante agudeza en el libro de Tom Wainwright:Narconomics: Como administrar un cártel de droga”. 

Se ha observado que en Guatemala y Honduras existen estructuras de la denominada gran corrupción. Eso significa que el crimen organizado se junta con partes del sistema político y algunas empresas grandes. Los siguientes casos son los ejemplos más notorios de una multitud de delitos de gran corrupción cometidos en Centroamérica: El expresidente de Honduras espera su proceso por narcotráfico en una cárcel de Nueva York; su hermano ya fue condenado a prisión perpetua por el mismo delito. En Guatemala un expresidente, su vicepresidenta y varios empresarios se encuentran arrestados por haber establecido una estructura criminal para evadir impuestos a gran escala.

Como consecuencia se puede constatar: la corrupción socava la confianza de los ciudadanos/as en las instituciones del Estado, el Estado de Derecho, la democracia, el ejecutivo, los parlamentos y el poder judicial. Esto, a su vez, provoca un comportamiento corrupto a todos los niveles de una sociedad, o sea la aceptación social de la corrupción, en otras palabras, la corrupción normalizada o endémica.

A pesar de tal aceptación hay que constatar que las personas más perjudicadas de la corrupción suelen ser la gente que no puede permitirse pagar sobornos, o sea la gente pobre o desfavorecida. También las mujeres son generalmente más afectadas que los hombres.

¿Qué instrumentos han resultado eficaces en la lucha contra la corrupción?

Iniciativas y programas anticorrupción ya existen desde hace muchos años. Si realmente se supiera cómo vencer la corrupción la situación actual no sería tan problemática como es. Por eso, me temo que no hay varita mágica para hacer desaparecer este mal. Pero sí hay buenas iniciativas, hay instrumentos y enfoques prometedores.

Básicamente, hay dos grandes áreas de la lucha contra la corrupción: la prevención y la persecución. Tomando en cuenta la complejidad de la situación, se necesita una combinación de medidas de prevención y medidas de persecución.

Siempre hay que tener en cuenta, que cada país es diferente. Por eso, hace falta un análisis profundo de la situación concreta en el país correspondiente. Esto debe incluir un análisis de los actores de la gran corrupción en la política y la economía.

Refiriéndose a Centroamérica, es imperativo contemplar las misiones híbridas anticorrupción, como la CICIG en Guatemala y la MACCIH en Honduras. América Central es como un laboratorio para dichos mecanismos especiales. Actualmente el Gobierno de Honduras está en el proceso de negociar con las Naciones Unidas la creación de una nueva misión, la denominada CICIH.

En estas misiones híbridas renombrados especialistas internacionales trabajan en equipos mixtos con las fiscalías y tribunales penales nacionales. En Guatemala y en Honduras han demostrado ser muy eficaces. Las misiones han desenmascarado redes criminales y han logrado que personas aparentemente intocables, incluido un presidente del estado, acaben en prisión. Con la cooperación de las misiones también se podían impulsar reformas judiciales significativas.

Pero, al fin del día los éxitos de las misiones no eran sustentables. Los gobiernos de Guatemala y Honduras terminaron el mandato y la presencia de las misiones, posiblemente porque eran demasiado exitosos. Este resultado preocupante demuestra otro aspecto crucial. Para lograr resultados, cada medida anticorrupción necesita una cierta voluntad política.

El rol clave del poder judicial y de la sociedad civil

Aparte de los gobiernos y los parlamentos, hay dos actores claves en la lucha contra la corrupción. Son el poder judicial y la sociedad civil. Tomando en cuenta la gravedad de la gran corrupción, medidas de prevención a solas no son suficientes para enfrentar los desafíos. Hace falta también la investigación criminal de alto perfil y un poder judicial independiente que esté dispuesto a condenar a las personas corruptas.    

Por eso, tiene mucho sentido fortalecer la justicia, incluyendo la administración judicial. También es necesario promover la integridad judicial. La justicia por supuesto no está libre de corrupción. Al mismo tiempo en cada sistema judicial se encuentran personas juzgadoras  íntegras también. A estas juezas y jueces íntegros hay que promoverlos y hacerlos más fuertes.

En el contexto de cada esfuerzo anticorrupción, organizaciones de la sociedad civil son absolutamente claves. Hay una gran diversidad de posibles actividades e iniciativas que se pueden desempeñar por parte de sociedad civil como iniciativas legislativas, análisis, investigaciones y publicaciones, apoyo y defensa de instituciones anticorrupción, auditoría social y la participación en protestas contra la corrupción o creación de observatorios de los sistemas judiciales.

Muchas veces, se observa la falta de confianza y diálogo entre las diferentes organizaciones de la sociedad civil.  En estos contextos es un gran desafío generar una comprensión compartida acerca de los temas de la lucha contra la corrupción.

En cuanto al tema de género la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito ha comprobado con un análisis detallado que es recomendable tener más mujeres en puestos influyentes y más equipos mixtos. Una de las conclusiones (párrafo nº 69) de la declaración política adoptada en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNGASS) del 2 de junio de 2021 es que más igualdad entre mujeres y hombres conduce a menos corrupción y viceversa.

No hay una varita mágica

Reconociendo la gravedad y la complejidad de la problemática en Centroamérica se puede resumir, que no  hay una varita mágica para luchar contra la corrupción. Pero sí que hay opciones prometedoras que se pueden aplicar, necesariamente basados en una análisis profundo de cada situación concreta.

Citación académica sugerida: Kempken, Daniel: La lucha contra la corrupción en América Central. Difícil y necesario a la vez, Agenda Estado de Derecho, 2022/12/06. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-lucha-contra-la-corrupcion-en-america-central/

Palabras clave: Corrupción; impunidad; poder judicial,  derechos humanos; sociedad civil, Centroamérica; Guatemala; Honduras

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ACERCA DEL AUTOR
Daniel Kempken

Consultor independiente en temas de Estado de Derecho y Anticorrupción. De 2017 a 2019, fue jefe de la Unidad de Gobernanza, Democracia y Estado de Derecho en el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Previamente desempeñó varias funciones en la cooperación y la diplomacia del gobierno alemán.

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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

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Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

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Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

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Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.