Según la definición de Transparencia Internacional corrupción es el abuso del poder confiado para el beneficio privado. Sin embargo, durante mucho tiempo se ha pensado que la corrupción es un delito trivial sin víctimas, hasta el punto de que en algunos países se ve la corrupción como un fenómeno normal y corriente. A más tardar, durante la pandemia de COVID 19, quedó trágicamente claro que tal óptica es simplemente falsa. La corrupción sí tiene víctimas. Durante la pandemia la corrupción ha causado la muerte de un sinnúmero de personas, debido al hecho de que fondos para medidas de emergencia se habían desviado a gran escala.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó en 2019 un informe trascendental en el cual se ha analizado profundamente el vínculo entre Corrupción y Derechos Humanos. La conclusión central es: La Corrupción viola los derechos humanos.

Según un análisis de la ONG Frontline Defenders en 2020 el 98% de los 331 asesinatos de defensores de derechos humanos se dieron en países con alto nivel de corrupción en el sector público. Honduras y Guatemala se encuentran entre los países más afectados con 20 y 15 víctimas respectivamente. Precisamente en Guatemala la situación se ha vuelto más crítica todavía en los últimos años, incluyendo amenazas, ataques físicos y persecución de jueces y fiscales  íntegros. 

Como en otras regiones del mundo, se ha manifestado en Centroamérica que la violencia y el crimen organizado pueden prosperar mejor en un entorno en el cual es fácil sobornar a los/las políticos/as, operadores/as de justicia y las fuerzas de seguridad.

Los mismos cárteles de la droga pueden  utilizar el Informe sobre la Competitividad Mundial del Banco Mundial o incluso el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Para dichos grupos solo hace falta leer los índices a la inversa para tomar sus decisiones sobre sus actividades e inversiones en los diferentes países. Los países más corruptos con un poder judicial bastante deficiente ofrecen mejores condiciones para los cárteles. Para Guatemala y Honduras esto se ilustra con bastante agudeza en el libro de Tom Wainwright: “Narconomics: Como administrar un cártel de droga”. 

Se ha observado que en Guatemala y Honduras existen estructuras de la denominada gran corrupción. Eso significa que el crimen organizado se junta con partes del sistema político y algunas empresas grandes. Los siguientes casos son los ejemplos más notorios de una multitud de delitos de gran corrupción cometidos en Centroamérica: El expresidente de Honduras espera su proceso por narcotráfico en una cárcel de Nueva York; su hermano ya fue condenado a prisión perpetua por el mismo delito. En Guatemala un expresidente, su vicepresidenta y varios empresarios se encuentran arrestados por haber establecido una estructura criminal para evadir impuestos a gran escala.

Como consecuencia se puede constatar: la corrupción socava la confianza de los ciudadanos/as en las instituciones del Estado, el Estado de Derecho, la democracia, el ejecutivo, los parlamentos y el poder judicial. Esto, a su vez, provoca un comportamiento corrupto a todos los niveles de una sociedad, o sea la aceptación social de la corrupción, en otras palabras, la corrupción normalizada o endémica.

A pesar de tal aceptación hay que constatar que las personas más perjudicadas de la corrupción suelen ser la gente que no puede permitirse pagar sobornos, o sea la gente pobre o desfavorecida. También las mujeres son generalmente más afectadas que los hombres.