La niñez migrante y refugiada en riesgo: las alertas del reciente informe de UNICEF para Latinoamérica

6 de Diciembre de 2023
La niñez migrante y refugiada en riesgo: las alertas del reciente informe de UNICEF para Latinoamérica
Crédito foto: Unicef

¿Cuáles son los principales retos relacionados con la protección de la niñez migrante y refugiada en la región? ¿Hacia dónde dirigir los esfuerzos y soluciones?

UNICEF nos muestra en su reciente informe, publicado en septiembre del 2023, el complejo panorama que enfrenta la niñez migrante y refugiada en América Latina y el Caribe en términos de movilidad transnacional. Este reporte es clave teniendo en cuenta que el flujo de niños, niñas y adolescentes es un fenómeno bastante notorio en nuestra región en los últimos años, ya que la proporción global de niñez entre el total de la población en movimiento es del 15%, mientras que en la región representa el 25%. Si bien estas estadísticas incluyen todo tipo de movilidad, incluso aquellas voluntarias y en las que se desplaza todo el grupo familiar, el informe pone la lupa en otras condiciones menos favorables que motivan el desplazamiento de un niño, niña o adolescente como desastres naturales, violencia o pobreza.

A 2023 tenemos en la región tres flujos migratorios clave: del norte de Centroamérica y México, de Haití y de Venezuela. Adicionalmente, el informe destaca el Tapón del Darién como uno de los puntos más críticos debido a los riesgos que representa atravesar una selva densa como la contracción de enfermedades, deshidratación y ataques de animales, sumado a la presencia de grupos armados al margen de la ley en la zona. Aun así, solo durante el primer semestre del año se estima que más de 40.000 niños, niñas y adolescentes cruzaron este paso, muchos de ellos sin compañía de sus padres.

Por qué son especialmente vulnerables: los hallazgos del Informe

Cuando los niños, niñas y adolescentes deben salir de manera forzada de sus hogares se enfrentan a un camino múltiples vulnerabilidades, ya que de por sí provienen de un contexto de difícil acceso a servicios esenciales donde sus necesidades básicas como alimentación, salubridad y educación no están satisfechas. Ante este escenario la travesía que enfrentan también se presenta en circunstancias desfavorable con largas jornadas de caminata, el cruce de ecosistemas peligrosos, territorios cooptados por grupos armados o bandas criminales. Más aún, cuando logran llegar a su país de destino, suelen tener que asentarse en comunidades igualmente precarizadas, enfrentando en muchos casos expresiones de exclusión y xenofobia.

Esta serie de dificultades se deben principalmente a la falta de recursos económicos que, por un lado, dificulta el acceso a documentación de viaje para una migración regular y, por el otro, obstaculiza el acceso a medios de transporte que faciliten el tránsito a los países lejanos en los que ellos y sus familias buscan mejores oportunidades de subsistencia.

A esto se suman casos en los que la migración tiene un avance paulatino a lo largo de los años como los fenómenos de evolución lenta por cambio climático o la salida progresiva de la población debido a una crisis institucional como en el caso de Venezuela. En estos contextos, se presenta fragmentación de las familias, ya que usualmente los padres o cuidadores viajan primero en búsqueda de mejores oportunidades para proveer sustento a las personas a su cargo, mientras que la niñez queda atrás en el país de origen pero, a medida que van empeorando sus condiciones locales, finalmente también se ven obligados a salir solos.

Estas condiciones son las principales impulsoras de lo que se conoce como niñez separada y no acompañada (siendo los primeros quienes viajan con un adulto que no es su cuidador principal y los segundos quienes viajan sin cuidado de ningún adulto). Este grupo enfrenta un riesgo mucho mayor a ser explotados laboralmente o a ser víctimas de tráfico sexual, pues al estar desprotegidos son blancos más fáciles para delincuentes y traficantes que acechan las rutas de tránsito y, en particular, los cruces fronterizos.

El informe también pone de presente la condición particular de las niñas y mujeres en condición de movilidad humana, ya que tienen más amenazas en términos de violencia sexual, trata de personas o abuso físico y emocional. También se llama la atención sobre grupos que históricamente han tenido dificultades en el acceso a servicios de protección como la niñez indígena, miembros de la comunidad LGBTQI+ y niñez con discapacidades.

Esta problemática refuerza los ciclos de pobreza en nuestras comunidades latinoamericanas y caribeñas, ya que precisamente la población que tiene mayores carencias y vulnerabilidades se le sigue dificultando el acceso a recursos básicos, educación y salud y se hace más complicado subir en la escala social y disminuir los niveles de pobreza. Esto, con repercusiones a largo plazo, considerando que inclusive se pueden provocar afectaciones biológicas que impactan el correcto desarrollo y crecimiento de los niños, niñas y adolescentes en estas difíciles condiciones de movilidad humana.

El rol de los Estados en la protección de la niñez

Las alianzas intersectoriales, así como el involucramiento de distintos actores de la comunidad internacional como ONG y organizaciones internacionales, son importantes para ampliar los esfuerzos, llegar a un número mayor de personas y promover el intercambio de experiencias entre distintos sectores. No obstante, es crucial el llamado que hace UNICEF a los Estados a fin de adelantar una respuesta articulada entre ellos, recordando que son los responsables de prestar atención humanitaria y salvaguardar los derechos de la niñez migrante y refugiada. Lo anterior, además, en clave de unidad familiar y no solo bajo una lógica del niño como individuo, ya que el bienestar de sus familiares es fundamental para que tengan un entorno de seguridad integral.

Es pertinente que todos los Estados involucrados cumplan con su obligación, considerando que muchos son simultáneamente puntos de origen, tránsito, destino y retorno. Esto debido a que los distintos flujos de movilidad humana que actualmente presenta la región se interconectan entre sí, con personas que atraviesan desde Chile hasta Estados Unidos o caravanas masivas que van creciendo a medida que recorren Centroamérica.

Las medidas no deben limitarse a la generación de regulaciones proteccionistas que, si bien son un paso importante, de poco sirve si no viene acompañado de políticas concretas que tengan en cuenta las particularidades que implica la protección de los niños, niñas y adolescentes desde el principio de interés superior del niño y el principio de no discriminación. Asimismo, las respuestas deben estar direccionadas en términos de la diversidad de escenarios de vulnerabilidad como los anteriormente mencionados.

Así, para ofrecer una respuesta integral es pertinente caracterizar e identificar a la población en movilidad humana, cuestión que se dificulta si no se flexibilizan los mecanismos de regularización migratoria (incluyendo aquellos para el reconocimiento de la condición de refugiado), pues justamente debido a los flujos irregulares se presenta subregistro de datos y, en consecuencia, se invisibilizan violaciones a derechos. De igual manera, debe propenderse por estrategias de formación de derechos humanos a funcionarios encargados de atender a esta población, así como campañas de concienciación local sobre las afectaciones que genera la migración irregular en la garantía de derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus familias.

En consecuencia, resalta el llamado que hace UNICEF por atender las causas estructurales que motivan la migración, con medidas que aborden la disminución de la pobreza multidimensional, la prevención de desastres, así como la promoción de la paz y seguridad. Esto no solo para evitar condiciones riesgosas que genera el desplazamiento humano, sino como un fin en sí mismo para promover el desarrollo de las comunidades y proteger los derechos a los niños, niñas y adolescentes como regla general.

Citación académica sugerida: Rojas, Laura. ¿La niñez migrante y refugiada en riesgo?: las alertas del reciente informe de UNICEF para Latinoamérica. Agenda Estado de Derecho. 2023/12/06. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-ninez-migrante-y-refugiada-en-riesgo/

Palabras clave: América Latina y el Caribe – Niñez – Movilidad humana

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ACERCA DE LA AUTORA
Laura Vanessa Rojas Marin

Politóloga y abogada de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. Ha sido investigadora en las áreas de política criminal y derecho migratorio con enfoque transversal en derechos humanos. Se desempeña en el sector de cooperación internacional para América Latina y el Caribe.

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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

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Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

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Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.