El impacto de la corrupción en las mujeres: un asunto de discriminación estructural

25 de Febrero del 2021

La corrupción es el abuso de poder para obtener un beneficio privado. Pero, ¿cómo se manifiesta la corrupción de forma diferenciada en las mujeres? Una de las modalidades es por medio de la extorsión sexual, en la que funcionarios solicitan favores sexuales a cambio de ofrecer un servicio o de pasar por alto una sanción. En Perú, por ejemplo, un investigador policial pidió a una mujer, denunciada por hurto, que mantuviera relaciones sexuales con él a cambio de archivar su caso. Este es uno de los 12 casos tipo que se abordan en un informe de EUROsociAL+, publicado en 2019, y que prueba que la corrupción que se manifiesta de forma específica en las mujeres es una muestra más del alcance y el impacto que puede tener la discriminación estructural en la vida cotidiana de las personas, especialmente de las más vulnerables.

De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción para América Latina y el Caribe, publicado en 2019 por Transparencia Internacional, 1 de cada 5 personas ha sufrido extorsión sexual o conoce a alguien que la ha experimentado al momento de acceder a un servicio público. Los niveles más altos se encontraron en Barbados, Bahamas y Guatemala. Recientemente, en el contexto de la pandemia, se ha documentado que las mujeres de Zimbabue han sido víctimas de extorsión sexual a cambio de agua. Si bien se trata de un dato alejado del contexto latinoamericano, es una muestra de este fenómeno, que se puede ver agudizado en situaciones de crisis como la actual y que es aplicable a situaciones de mujeres que habitan en comunidades vulnerables de la región

Además de esta forma específica de corrupción, las mujeres pueden ser más vulnerables a la solicitud de sobornos en determinados sectores, por ejemplo para el acceso a servicios de salud. En el caso del acceso a la justicia, también entra en juego la interseccionalidad: de acuerdo con el Barómetro citado, las mujeres con menos recursos son más vulnerables al pago de sobornos en los servicios judiciales que las que cuentan con mejores condiciones económicas.

El documento no explica las razones detrás de este dato, pero otros estudios de Transparencia Internacional han encontrado un vínculo entre la pobreza y la corrupción. Las personas que tienen una situación económica desventajosa tienden a participar en el círculo vicioso de la corrupción, porque dependen de las administraciones públicas para cubrir sus necesidades básicas. Sin más alternativas, algunas personas que viven en pobreza pueden afectar aún más su situación económica para pagar sobornos y evitar la exclusión de ciertos servicios. Considerando que las mujeres son, en la mayoría de los casos, responsables de los cuidados familiares, se ha apuntado que, para determinados servicios como la educación o la salud, pueden tener un mayor contacto con el soborno que los hombres.

La corrupción también es facilitadora de la trata de personas, que tiene un claro componente de género: de acuerdo con un informe publicado en 2021 por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 5 de cada 10 víctimas en el mundo son mujeres y niñas, especialmente con fines de explotación sexual. En contextos donde impera la corrupción, el delito de la trata se expande, gracias al encubrimiento de funcionarios del control de fronteras, autoridades locales, fuerzas armadas y policiales, entre otros servidores públicos que permiten o, incluso, participan directamente en las redes criminales. También se ha argumentado que, en lugares con “debilidad institucional, delincuencia organizada, corrupción administrativa y militarización”, las mujeres defensoras de derechos humanos están en riesgo de sufrir hostigamiento y ciertas formas de violencia que no padecen los hombres que desempeñan la misma labor. En estos casos, un entorno de corrupción se convierte en terreno fértil para la violación de los derechos de las mujeres y las niñas en distintos niveles.

Corrupción, género y discriminación

El impacto diferenciado de la corrupción en las mujeres es un reflejo de la vulneración de los principios de igualdad y no discriminación, que están en la base del Estado de Derecho. Cuando ocurren casos de sobornos o corrupción a pequeña escala, se impide el acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos. Por ejemplo, ante la exigencia de un pago a cambio de un servicio o un derecho se impone un costo que no todos, especialmente las más vulnerables, están en capacidad de cubrir. Eso significa que quienes carecen de los recursos corren el riesgo de quedarse al margen o, como ya señalamos, de sacrificar aún más su situación económica para atender una necesidad o evitar una sanción. Siguiendo a Claudio Nash, “en una sociedad democrática se hace necesario prevenir y reprimir las prácticas corruptas —personales o institucionales— que afectan el principio de igualdad, el imperio de la ley y la garantía de los derechos humanos”.

En esta misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe Corrupción y derechos humanos: estándares interamericanos, publicado en 2019, señala que la corrupción tiene un “efecto desproporcional en el disfrute de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de las personas históricamente discriminadas y excluidas”, y que, en el caso concreto de las mujeres y otros grupos —como las personas LGTB+, afrodescendientes, personas mayores y personas con discapacidad—, puede constituir una forma agravada de discriminación.

Cuando las mujeres sufren formas específicas de corrupción, como la extorsión sexual, o cuando son más vulnerables a pagar sobornos o a ser víctimas de delitos facilitados por la corrupción, queda en evidencia la discriminación estructural que sufren las mujeres, debido a la perpetuación de roles de género y estereotipos. En estos casos, las mujeres sufren las consecuencias de las relaciones asimétricas de poder en un doble sentido. De un lado, ante la imposición de prácticas corruptas por parte de funcionarios que abusan de sus funciones para obtener un beneficio privado, y del otro, por medio de la discriminación sistemática, que históricamente ha castigado a las mujeres por razón de su género.

Esto es así no solo por la intimidación que padecen específicamente las mujeres cuando un funcionario les pide un favor sexual como moneda de cambio —y que es una muestra de la relación asimétrica de poder entre hombres y mujeres—, que se deriva de la desigualdad estructural. De hecho, en ciertos contextos, la corrupción puede agudizar la situación de marginalización que sufren las mujeres.

Una visión de futuro

Ante la complejidad de esta situación, se hace más que necesaria la incorporación de la perspectiva de género en el estudio de la corrupción y en la formulación de políticas públicas para frenar y prevenir este fenómeno. Un buen punto de partida es avanzar en los esfuerzos para obtener datos desagregados por sexo, que permitan entender mejor todas las aristas de la relación entre mujeres y corrupción, y su vinculación con otros factores como el estatus social, ingresos económicos, raza, etnia, edad, origen, entre otros. El hecho de que en 2019 Transparencia Internacional publicara por primera vez datos sobre la extorsión sexual —solo para el caso de Latinoamérica— demuestra que se trata de un asunto pendiente que se debe profundizar.

También se debe trabajar en el fortalecimiento del Estado de Derecho y de la institucionalidad, para reducir la incidencia de la corrupción y su impacto en las mujeres. En este sentido, ya existen iniciativas en algunos países y que vale la pena resaltar dentro del marco del proyecto EUROsociAL+. Por ejemplo, en Perú se está investigando sobre corrupción con enfoque de género en la triple frontera, y la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción está trabajando en la tipificación del delito de extorsión sexual. También hay iniciativas similares en Chile y Argentina.

La promoción de la igualdad de género es clave para abordar un problema multidimensional como el de la corrupción y su impacto diferenciado en las mujeres. En este caso, el fortalecimiento de los valores de igualdad de género permitirá revertir la situación de vulnerabilidad y exclusión que sufren las mujeres en determinados contextos, y que están en la base de las vulneraciones que sufren a raíz de la corrupción.

En definitiva, la investigación y el debate sobre la relación entre el género y la corrupción, y su impacto en el Estado de Derecho, debe ampliarse en los sectores académicos, la sociedad civil y tanto en las instituciones públicas como privadas. Solo así se podrá seguir avanzando en un tema del que quedan muchas aristas por entender, prevenir y castigar, pero sobre el que afortunadamente ya se han empezado a dar los primeros pasos

Citación académica sugerida: Guevara Gómez, Ariana:El impacto de la corrupción en las mujeres: un asunto de discriminación estructural, 2021/02/25, https://agendaestadodederecho.com/el-impacto-de-la-corrupcion-en-las-mujeres-un-asunto-de-discriminacion-estructural/

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ACERCA DE LA AUTORA
Ariana Guevara Gómez

Comunicadora Social de la Universidad Central de Venezuela. Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, y Máster en Democracia y Gobierno, ambos de la Universidad Autónoma de Madrid. Trabajó como periodista en varios medios venezolanos e internacionales, y en el área de comunicación de Transparencia Internacional España. Investigadora predoctoral e integrante del Lab Grupo de Investigación Tecnología, Innovación y Gestión Pública (IT_GesPub) de la Universidad Autónoma de Madrid. Investiga sobre género, administración pública y tecnología.

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