La criminalización de los operadores de justicia en Guatemala

13 de Septiembre de 2022
La criminalización de los operadores de justicia en Guatemala
Tomada de página oficial del Ministerio Público de Guatemala vía twitter

En Guatemala al menos 11 operadores de justicia han sido llamados a procesos penales ¿Qué hay detrás de esta criminalización?

La criminalización contra los operadores de justicia en Guatemala, es la vertiente actual en la utilización del ¨lawfare” en su versión guatemalteca, con el propósito de atacar a todos aquellos actores que en coordinación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, desarrollaron un trabajo para la detección, procesamiento y desarticulación de los cuerpos ilegales y aparatos de seguridad, que se consolidaron en el poder estatal como redes político-económicas ilícitas durante la transición democrática y el proceso de paz (1985-1996).

Así, la manipulación del sistema de justicia, el enjuiciamiento sin mérito, la promoción de denuncias para desacreditar a funcionarios judiciales, el uso de la ley como forma de avergonzar,      como características de ese afán para criminalizar, ha estado acompañado de intentos de influencia en la opinión pública mediante publicidad negativa, utilizando no sólo los medios de comunicación tradicionales, sino las redes sociales.

¿Qué está pasando en Guatemala?

En Guatemala, por lo menos 11 operadores de justicia han sido llamados a proceso penal, como manera de poner en entredicho las funciones que desarrollaron en el legítimo cumplimiento de su función pública.    

Como patrón común en los casos de criminalización se observa: un ambiente de preparación que se gestiona por vía de las redes sociales, utilizando cuentas anónimas o bien por anuncios realizados por la Fundación Contra el Terrorismo, persona jurídica, creada con el propósito de cuestionar los casos de justicia transicional, pero que posteriormente se ha convertido en la herramienta utilizada para atacar el trabajo anticorrupción.

A continuación, el Ministerio Público realiza peticiones ante los tribunales de justicia y judicializa los casos, asimismo utiliza las cuentas oficiales de la institución para estigmatizar a los servidores judiciales afectos a la campaña de criminalización. Inmediatamente después, se realiza el anuncio de que las investigaciones se encuentran en reserva.(ver y ver)

Una vez las personas han sido detenidas, se producen retrasos en la celebración de audiencias de imputación de hechos, lo que tiene como consecuencia de que los procesados prolonguen la incertidumbre de resolver su situación jurídica, como en el caso de Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.

El trasfondo de la reserva judicial es que la ciudadanía no audite la deficiencia probatoria de las investigaciones, ya que se trata de hechos que no merecerían en condiciones normales la persecución penal y que están cargados de implantación probatoria y mala fe procesal. Es de esa manera que se desarticuló la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.    

Paralela a la criminalización está el escenario de la justicia en el exilio, que da cuenta de más de dos decenas de funcionarios judiciales quienes han debido salir de Guatemala, por el temor a que se atente contra su vida e integridad física.    

La criminalización, materializada mediante la privación de libertad, es otra manera de poner en riesgo la vida e integridad física de los operadores judiciales afectos a la persecución penal. No existe ningún centro de detención en Guatemala que garantice la vida de los privados de libertad, sumado a que la mayoría de las prisiones tienen detenidos que fueron procesados en investigaciones a cargo de los hoy perseguidos.

Algunos de los señalamientos realizados, tienen que ver con la función directa de los fiscales, al haber descubierto grandes casos de corrupción por vía de la herramienta de colaboración eficaz, o porque se obtuvo información de señalados en graves casos de corrupción, quienes han sido presionados para retractarse o para señalar de que fueron coaccionados por los fiscales que en su momento investigaron.

El mensaje es claro, no puede haber personas que se arrepientan de su participación en organizaciones criminales y pretendan colaborar con la justicia, no puede haber fiscales que sean estrictos en los interrogatorios. En forma paralela, se ha quebrantado la autonomía del Ministerio Público, señalada en el artículo 251 de la Constitución Política de la República y confirmada en la Ley Orgánica del Ministerio Público, pero hoy la institución está alineada con los designios del Ejecutivo y dirigida a proteger a actores corruptos, y la persecución totalmente enderezada contra cualquier actor involucrado en la lucha contra la impunidad.

Más de veinte funcionarios han sido destituidos de las distintas fiscalías, sin haber sido sometidas a procedimiento administrativos en los que se garantizara el debido proceso, quebrantando de esa forma normativa constitucional, laboral y administrativa, con el único objetivo de debilitar al Ministerio Público.

Las paradojas en el actual sistema judicial de Guatemala, es que quién debe ser el guardián del sistema legal, utiliza ese andamiaje jurídico para perseguir a sus mejores funcionarios. La criminalización de quiénes lucharon contra la impunidad en Guatemala, ha sido la herramienta utilizada para detener sus acciones, paralizarlos, desprestigiarlos, utilizando abusivamente las instancias judiciales, manteniendo apariencia de legalidad.

Citación académica sugerida: Sandoval, Juan Francisco. La criminalización de los operadores de justicia en Guatemala, Agenda Estado de Derecho, 22/09/13. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-criminalizacion-de-los-operadores-de-justicia-en-guatemala/

Palabras clave: Guatemala; independencia judicial; independencia fiscal; criminalización.

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ACERCA DEL AUTOR
Juan Francisco Sandoval Alfaro

Licenciado en Ciencias Jurídicas y máster en derecho penal por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene estudios en derechos humanos, teoría del delito, criminalística forense y derecho constitucional. Estuvo vinculado al Ministerio Público de Guatemala (2006-2021) donde se desempeñó como fiscal de sección en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad. Durante más de 10 años trabajó con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, donde dirigió las investigaciones de los casos más importantes en la historia del país. Realizó labor docente en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, donde se desempeñó como titular del curso de Derecho Procesal Penal; asesor y revisor de tesis de graduación y evaluador de examen técnico profesional. Es profesional visitante en la Fundación para el Debido Proceso DPLF (Estados Unidos) y becario visitante no residencial de la National Endowment for Democracy (NED) por medio del Fondo Carl Gershman para Demócratas en Riesgo.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.