En relación con el derecho de acceso a la información pública, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) enfatizó, a través de distintas decisiones, en la importancia del control democrático por parte de la población para promover la transparencia de las actividades estatales y la responsabilidad de los funcionarios. 

Particularmente, en el Caso Claude Reyes vs. Chile (2006) insistió en la existencia de un consenso regional de los Estados que integran la OEA sobre la importancia del acceso a la información pública y la necesidad de su protección, sintetizado, por ejemplo, en Resoluciones de su Asamblea General y en la Carta Democrática Interamericana. El Tribunal destacó que, en el ámbito de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el acceso a la información pública es un derecho del que emergen obligaciones positivas para los Estados parte. Esto supone el deber de respeto y garantía y la obligación de adecuar el derecho interno, suprimiendo aquellas normas y prácticas que puedan afectar la satisfacción del derecho y rigiéndose por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública.

En cuanto a las posibilidades de restricción de este derecho, la Corte IDH remarcó que la regla debe ser la publicidad y el secreto, la excepción. La actuación discrecional y arbitraria de funcionarios públicos en la clasificación de la información como “secreta”, “reservada” o “confidencial”, genera inseguridad jurídica respecto al ejercicio de dicho derecho y las facultades del Estado para restringirlo. El Tribunal ha establecido tres requisitos que deben observarse para que una restricción sea legítima:

a) Que se encuentre previamente fijada por ley como medio para asegurar que no quede al arbitrio del poder público;

b) Que la restricción responda a un objetivo permitido por la Convención (asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas);

c) Que las restricciones que se impongan resulten necesarias en una sociedad democrática, es decir, deben procurar la satisfacción de un interés público imperativo interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho.

De conformidad con estos estándares, en aquellos Estados que sancionaron leyes (en el sentido de la Opinión Consultiva 6/86) y justificaron la confidencialidad de los contratos en la necesidad de proteger la salud de la población, se han intentado adecuarse a los parámetros convencionales. No obstante, el punto crítico radica en la proporcionalidad de la medida, es decir, en el análisis de la interferencia que se ha operado en el derecho de acceso a la información y su relación con la salvaguarda de un interés público. Quizás, algunos de los datos contenidos en los instrumentos deban resguardarse, indefectiblemente, por motivos relacionados a la especificidad del bien adquirido, pero estas razones no aplican del mismo modo para otro tipo de informaciones (por ejemplo, los precios, la cantidad de dosis y los plazos de entregas).

Por su parte, los criterios que orientan la priorización, la identificación de las partidas de vacunas recibidas (y el modo en que se distribuirán en las jurisdicciones), el número de personas vacunadas (por distrito y por dosis), así como los funcionarios que quedaron alcanzados, no están capturados por ninguna de las excepciones y, por lo tanto, deben poseer absoluta publicidad.

Recomendado: Priorización igualdad y transparencia: Especial de vacunación, Estado de Derecho y Derechos Humanos.