Control judicial de la corrupción en un Estado de derecho: la lupa en Argentina

22 de Noviembre de 2021
Control judicial de la corrupción en un Estado de derecho: la lupa en Argentina
Crédito foto: Pixabay

¿Cuál es el rol del Poder Judicial en la lucha contra la corrupción en Argentina?

Corrupción y Estado de derecho

Existe consenso sobre la incidencia negativa que tiene la corrupción en la estructura del Estado democrático de derecho y en la economía de un país. También es indiscutible que la desviación de dinero público para financiar la corrupción reduce sensiblemente la capacidad del Estado para atender las necesidades básicas de la población en materia de salud, asistencia social, educación, vivienda, trabajo, justicia. En fin, para asegurarle el acceso a una vida digna a la ciudadanía.

En países como Argentina, donde la pobreza alcanza casi al 50 % de la población, la existencia de focos sistémicos de corrupción atenta directamente contra los principios democráticos del Estado de derecho y el pleno ejercicio de los derechos humanos.

A esto se refieren las Resoluciones 1/17 y 1/18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que destacan la importancia que tiene la lucha contra la corrupción para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos. En especial, en aquellas se afirma que las personas vulnerables son las víctimas más afectadas por este delito. En igual sentido, la encíclica Laudato sidel papa Francisco– relaciona la pobreza con la corrupción y coloca en cabeza de los gobernantes la obligación de controlarla.

Situación de la corrupción en Argentina

El fenómeno de la corrupción está generalizado masivamente en Argentina. A pesar de la gravedad del tema, desde la década del 90, vienen sucediendo casos obscenos de corrupción en la Administración pública, que perjudican seriamente los fondos del Estado nacional, y que denotan una matriz permanente.

La corrupción (en particular, en materia de contrataciones públicas) ha acompañado a los Gobiernos elegidos por el pueblo. Como en varios países de la región, estas prácticas han resultado funcionales para fomentar el clientelismo político, ganar elecciones, captar voluntades y perpetuar el poder.

Especialmente en los últimos tiempos, viene produciéndose un fenómeno que contraría los postulados internacionales más básicos en la materia: la lucha contra la corrupción no forma parte de la agenda política. En lugar de enfrentar la corrupción y de hacer esfuerzos para prevenirla, los dirigentes políticos la ignoran.

 Es más, desde las altas esferas del poder político se descalifican dogmáticamente las investigaciones penales seguidas contra funcionarios o exfuncionarios por hechos graves de corrupción, con el solo fin de deslegitimar la actuación de la Justicia.

Con esa intención, se insiste sobre modificaciones legales inocuas, como es el caso de la reforma de la Justicia federal, que promueve de manera inconsulta un aumento indiscriminado e inequitativo de órganos judiciales. Este tipo de iniciativas no cuentan con la menor previsión ni con un análisis serio de las necesidades reales de la Justicia federal.

Mayor atención merece la reforma del Ministerio Público Fiscal, que ya recibió media sanción en el Congreso y que persigue reemplazar la mayoría especial de dos tercios, establecida desde 1994, por una mayoría simple para la elección del procurador general.

El debilitamiento de la institución encargada de reprimir los hechos de corrupción es un mensaje nefasto para todos los fiscales y para la ciudadanía. Nótese que se ha llegado al absurdo de intentar mancillar la carta magna –cuyo artículo 120 establece que el Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente de los demás poderes del Estado– porque los políticos no logran consensos para cubrir un cargo que está vacante desde hace años.

Al respecto, el prestigioso constitucionalista Gil Domínguez llamó a la reflexión sobre esta circunstancia y destacó que la falta de voluntad política para designar al procurador general denota la “eterna adolescencia institucional” que padece la Argentina.

Estas intromisiones deben analizarse con cautela, pues no son aisladas, sino que se enmarcan en el contexto que describe Marie-Christine Fuchs, de creciente amenaza a la independencia de los jueces y los fiscales. En concreto, la autora destaca las decisiones recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declararon inconvencionales las destituciones arbitrarias de dos fiscales. Ello demuestra la preocupación de los organismos y tribunales internacionales.

Control judicial de la corrupción

El correcto funcionamiento de las instituciones y el control del poder político son la base esencial de la división de poderes. En Argentina, las regulaciones y los controles parecen estar ideados para generar oportunidades de corrupción o, por lo menos, para sortear con facilidad los obstáculos que se puedan interponer.

Ciertamente, toda la estructura institucional está preparada para favorecer el abuso y el propio beneficio de quienes ostentan el poder político y el económico. El profesor Carlos Nino enseña que la discrecionalidad de ciertos funcionarios, la falta de transparencia, los actos y procedimientos de la Administración, así como la falta de controles externos son factores que favorecen la corrupción.

El debilitamiento de los órganos encargados de reprimir la corrupción contribuye a que los actos de la Administración pública se liberen del necesario control judicial. Esto ha servido para que durante años se banalizara la corrupción; además, ha coadyuvado a vulnerar la norma constitucional contemplada en el artículo 36, que establece que atentará contra el sistema democrático quien incurra “en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento”.

Frente a esta grave situación, hoy más que nunca, la Justicia tiene la misión de investigar y juzgar estos hechos que tanto daño provocan a la sociedad, abstrayéndose de toda politización partidaria. Y debe hacerlo con rapidez, firmeza, objetividad, sin temor ni especulaciones de ningún tipo.

Pacto nacional contra la corrupción

Para custodiar los recursos del Estado, así como para defender los valores democráticos y los derechos humanos, es indispensable instar a un gran pacto nacional, en el cual la corrupción no se consienta, sino que se rechace con vehemencia.

Los gobernantes deben afianzar un proceso auténtico de fortalecimiento estructural de las instituciones judiciales, para mejorar la calidad y la eficacia del servicio de justicia, y para garantizar su autonomía.

Ya en 2014, la Corte Suprema de Justicia había marcado el camino, mediante la acordada 34/2014, para avanzar contra la corrupción. Específicamente, señaló: “…es tarea de todos los poderes del Estado y, en particular, de los jueces agilizar los procesos en los que se combate la corrupción. Ello se vincula con la necesidad de satisfacer el referido mandato constitucional, el valor de integridad de la función pública, la credibilidad que en ella deben tener los ciudadanos…”.

Es necesario que esta exhortación trascienda lo discursivo y se materialice con acciones concretas y visibles. Recordemos que, en un Estado democrático de derecho, una Justicia objetiva y libre es el pilar esencial para combatir la corrupción.

Citación académica sugerida: Luciani, Diego. Control judicial de la corrupción en un Estado de derecho: la lupa en Argentina. Agenda Estado de Derecho. 2021/11/22. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com//control-judicial-de-la-corrupcion-en-un-estado-de-derecho-la-lupa-en-argentina/

Palabras clave: corrupción, derechos humanos, Estado de derecho, independencia y fortalecimiento de la Justicia.

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ACERCA DEL AUTOR
Diego Luciani

Especialista en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente en universidades públicas (UBA) y privadas, como profesor de Derecho Penal y temas vinculados al crimen organizado. Fiscal general ante los Tribunales Orales Federales de la ciudad de Bue- nos Aires. Director del diplomado en Delitos del Crimen Organizado y de Transparencia Pública y Prevención de la Corrupción en la Univer- sidad de San Isidro (USI). Integrante del Observatorio de Prevención del Narcotráfico (Oprenar) que publicó, a fines de 2015, el documento “Propuestas de políticas públicas integrales para la prevención del avance del narcotráfico”. Invitado a disertar en la Cumbre de Jueces y Fiscales sobre Trata de Personas y el Crimen Organizado, Casina Pío IV, en el Vaticano, sede de las Pontificias Academias de las Ciencias y Ciencias Sociales, los días 3 y 4 de junio de 2016, y en el lanzamiento de la Red Mundial para la Integridad Judicial y Prevención de la Co- rrupción en el Sistema Judicial, por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Droga y el Delito (UNODC), Viena, Austria, 9 y 10 de abril de 2018. Autor de los libros Trata de personas y otros delitos relaciona- dos (2015) y Criminalidad organizada y trata de personas (2011), y de diversas obras y publicaciones científico-jurídicas relacionadas con el crimen organizado.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

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Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

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Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.