A diferencia de otros procesos migratorios, para el año 2018 la transformación del perfil migrante fue notoria. El perfil migrante es político, de ahí que hablamos de una migración política, pues tiene como raíz el desplazamiento forzado por causas sociopolíticas. De acuerdo con Cuadra y Samcam, el 63% corresponde a jóvenes entre los 16 y 30 años y un 22,3% se ubican entre los 31 a 45 años, con un nivel socioeducativo académico, pues el 53% cuenta con algún grado de participación en estudios académicos universitarios, el 29% con estudio finalizados o inconclusos en secundaria, el 11% son técnicos medios y superiores, y el 7 % con un nivel primario.

Es clave mencionar que la población registrada como solicitante de refugio o en condición de refugio nicaragüenses en el país es del 69%, de ese el 40% son mujeres y el 60% hombres. 

Estas características de las personas solicitantes de refugio contrastan con el perfil histórico del migrante económico en el país vecino lo que tiene efectos en las formas y condiciones de inserción laboral, e integración cultural, social y jurídica. Sin embargo, por dinámicas preexistentes estas formas de inserción de las personas solicitantes de refugio del conflicto sociopolítico de 2018 han sido homologadas con la de sus compatriotas predecesores (migrantes económicos), sin distinción de las causas migratorias, ni de la atención institucional debida.

Desde el plano institucional, identificar el perfil migratorio permite generar políticas públicas de atención mucho más asertivas y apegadas a la realidad socioeconómica y a los derechos humanos. Fundamentalmente, para generar políticas migratorias asertivas en términos de la realidad que estas personas viven, buscando la protección y ampliación de los derechos humanos que les fueron violentados.

En términos de acciones públicas tendientes a reforzar y ampliar los derechos humanos, es imperativo que se generen mecanismos de inserción sociolaboral con base en un perfil migrante que presenta niveles educativos medio-alto, y de orden profesional. Por otro lado, es necesario generar mecanismos de promoción y reparación del derecho a la educación, violentada a raíz de la crisis de 2018, donde hubo pérdidas de títulos, récords académicos, etc.

Desde el plano organizacional/político, analizar el rol de las organizaciones políticas y sociales, y su conformación, permite una aproximación más consistente de los procesos de reorganización en el exilio, y de las alternativas de incidencia política que se pueden ejercer. Sobre todo, por la última ola de migración forzada de 2021, en la que se encuentra el grueso de activistas sociales, dirigentes políticos y personas defensoras de derechos humanos, lo que implica repensar los escenarios políticos, además, de una reconfiguración de las estrategias de acción contra el régimen.

Hoy día, se presenta una amalgama de personas exiliadas en dos distintos momentos: la primera ola entre 2018-2019 con un perfil de personas estudiantes, liderazgos políticos territoriales y comunicadores y periodistas; por otro lado, la segunda ola en 2021 signada por la represión y encarcelamiento de figuras públicas (empresariado, periodistas, candidaturas a la presidencia), y con un perfil de liderazgos políticos de alto perfil, y de ejercicio en puestos de dirección política dentro de las organizaciones.

Este elemento debe considerar dos importantes acciones urgentes: en primer lugar, reconstrucción del tejido organizativo de las plataformas y partidos que se vieron vulnerados y diezmados en el último proceso de desarticulación organizacional; en segundo lugar, es necesario que la diáspora aglutine de forma pragmática y consciente una agenda estratégica que logre vincular de forma oportuna las sensibilidades y sectores en una sola bandera política, que permita concentrar las fuerzas en una agenda cívica de retorno a la democracia.

En conclusión, la necesidad de generar esquemas de protección social y de DDHH a las personas refugiadas es imperiosa, en un contexto político y electoral que augura una profundización de las medidas represivas de régimen. Por ejemplo, es necesario avanzar en medidas reivindicativas del derecho a la educación que les fue violentado a muchas personas jóvenes universitarias, así mismo, acciones de protección de los derechos humanos a la salud y al empleo, que permita procesos de estabilización económica y social de las personas refugiadas.