Se acerca una oportunidad histórica para las mujeres en México y para el futuro del país.
México irá a las urnas el 2 de junio de este 2024 para elegir más de veinte mil cargos de elección popular entre ellos la Presidencia de la República, la Cámara de Senadores y de Diputaciones federales, también 9 gubernaturas y miles de otros cargos locales.
En esta elección podrán votar casi cien millones de personas y se instalarán poco más de ciento setenta mil casillas. Esta será probablemente la elección más grande e importante que ha tenido el país en los últimos cuatro ciclos electorales. Se juega el rumbo del país para los próximos 20 o 30 años.
La polarización que se ha acentuado durante los últimos años genera que las y los mexicanos deban elegir entre la continuidad del proyecto actual que se autodenomina “la cuarta transformación” o un cambio respecto a esta forma de gobernar.
En 2018, en su tercer intento, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales, con un discurso que ofrecía un cambio radical para el país y una forma de gobernar opuesta a lo que hasta ahora se conocía.
En diciembre de2018 asumió la presidencia, en el Congreso de la Unión donde emitió un discurso potente, pero con tono conciliador, su premisa sería la austeridad republicana en todos los ámbitos, combatir la corrupción y ayudar a la población más desfavorecida.
En estos años, su gobierno se ha basado en recortes presupuestales bajo la premisa de la austeridad republicana, ampliar los programas sociales y la construcción de mega obras tales como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas.
Conforme ha avanzado su gobierno, el presidente ha ido mostrando diferentes caras, abriendo diferentes frentes de batalla. Todo lo que limita su poder o acota su capacidad de actuar le incomoda, principalmente se ha enfrentado con el Poder Judicial, los órganos constitucionales autónomos, particularmente la autoridad electoral y el órgano de transparencia (Instituto Nacional Electoral e Instituto Nacional de Acceso a la Información, respectivamente) y con la propia Constitución, al grado de que ha llegado a declarar que su autoridad moral e investidura presidencial están por encima de la propia ley.
Adicionalmente, ha generado diferencias con la prensa; una constante ha sido los ataques a las y los periodistas y la prensa libre. Quien lo critica es considerado un adversario. Cualquier grupo que tenga reclamos al gobierno es juzgado con severidad, así ha ocurrido con los padres de niños con cáncer que no han tenido acceso a medicinas, las madres buscadoras que reclaman la inacción del gobierno frente a las desapariciones forzadas o las mujeres que reclaman los feminicidios, el acoso y la violencia constante que viven.
El deterioro democrático ha sido constante durante estos años. El estilo de gobierno ha acentuado la polarización entre la ciudadanía, aunque esto ha generado un despertar que provoca mayor involucramiento en los asuntos públicos. Como nunca en este país, en al menos cuatro ocasiones ha habido manifestaciones masivas principalmente de la clase media para reclamar el ataque del gobierno a las instituciones democráticas.
Los grandes pendientes del gobierno son: el combate a la corrupción, y la seguridad, aspectos centrales del país en los que poco se ha hecho.
Este balance del sexenio es relevante, ya que las elecciones de este año pueden considerarse como un referéndum sobre la continuidad de esta forma de gobierno o no. El presidente no solo es el jefe de Estado del país, también es el líder de su partido, Morena, quien es actualmente el partido mayoritario y que busca convertirse en un partido hegemónico.
La estrategia es ganar todas las elecciones posibles, para continuar siendo gobierno a nivel federal, gobierno local en una amplia mayoría del país y controlar el Congreso para poder reformar o cambiar la Constitución.
Morena junto con los dos partidos que son sus incondicionales han optado por competir conjuntamente y postular como su candidatura presidencial a quien estos años fue la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la capital del país y la ciudad más importante.
Claudia Sheinbaum viene de la academia, su incursión en la política ha sido de la mano de Andrés Manuel López Obrador de quien ha mostrado ser una incondicional.
La oposición por su lado ha formado una coalición amplia entre las tres fuerzas históricas del país – PAN, PRI y PRD – las cuales, si bien tienen ideologías y principios diferentes, entienden que la única manera de poder competir ante la maquinaria electoral que el presidente ha construido durante su gobierno, es en alianza.
Después de un proceso abierto a la ciudadanía, inédito en nuestro país, la coalición opositora ha decidido postular a Xóchilt Gálvez, quien si bien tiene una trayectoria política de años, se considera que es una outsider, pues nunca ha militado en ningún partido político y tampoco ha sido cercana a las cúpulas partidistas. Su candidatura ha despertado emoción y esperanza en el electorado, su estilo poco político y más auténtico ha refrescado el panorama.
Claudia Sheinbaum y la de Xóchilt Gálvez pueden convertirse el 2 de junio en la primera presidenta que ha tenido México en sus más de doscientos años desde su independencia.
La tercera opción es Movimiento Ciudadano, un partido político pequeño que aspira a convertirse en la tercera fuerza política y que en los últimos años ha renovado a sus principales figuras, lo cual le ha permitido crecer y presentarse como una opción relativamente nueva. Aunque su líder nacional es un político tradicional que proviene de las filas del PRI, el resto de sus liderazgos son jóvenes o figuras respetadas por su visión progresista para el país.
Movimiento Ciudadano en su momento fue un tradicional aliado de Andrés Manuel, en 2018 optó por aliarse con los partidos opositores, pero a partir de las elecciones de 2021 ha competido en lo individual.
Después de algunos tropiezos para definir su candidatura presidencial, Movimiento Ciudadano postuló a Jorge Álvarez Máynez como candidato, el único hombre en la contienda, un político joven, 38 años, con una gran capacidad discursiva y muy ágil para debatir. La apuesta del partido es llegar al electorado más joven, el que menos participa, el camino son las redes sociales y las universidades.
Probablemente los dos temas que definan esta elección van a ser las condiciones de equidad y los índices de violencia electoral.
La candidata de Morena lleva al menos tres años en abierta promoción de su figura política, entre mediados de 2021 y 2023 desplegó una campaña publicitaria en todo el país a través de anuncios espectaculares, pinta de bardas y eventos masivos, aunque no se ha comprobado, la presunción es que esto se pagó con recursos públicos de la Ciudad de México.
A esto se suma que todos los días a través de su conferencia matutina el presidente hace referencia a la elección, llama a votar por su proyecto político, crítica, descalifica y pide que no voten por los opositores. En muchas democracias esto podría ser normal, pero en México la Constitución prohíbe que los funcionarios públicos intervengan en cuestiones electorales, se les exige neutralidad.
Adicionalmente se ha hecho uso de los medios de comunicación del Estado para favorecer a las candidaturas del partido en el gobierno, también órganos que son encabezados por personas afines al gobierno han buscado incidir, así pasó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, a pesar de no tener competencia para incidir en cuestiones electorales, ha realizado publicaciones favorables a la candidata de Morena.
Este contexto hace que se comience a hablar de una elección de Estado para favorecer a Morena.
El otro gran tema es la violencia electoral que se ha generado en las elecciones, el Laboratorio Electoral, think tank que dirijo, reporta al 12 de marzo 109 casos de violencia electoral, de los cuales 43 han sido asesinatos y de estos 24 son respecto de precandidatos o candidatos.
En las elecciones de 2018 y 2021 se empezó a registrar este fenómeno de la violencia, instancias nacionales e internacionales lo advirtieron. El ámbito municipal es el más golpeado por ser el más débil, lo que se busca es incidir no solo en la elección, sino también en la función de gobierno.
En 2021 el Tribunal Electoral acreditó la intervención del crimen organizado en una elección a la gubernatura, para este 2024 es posible que varias zonas del país tengan complicaciones para llevar a cabo elecciones en condiciones de libertad.
La complejidad de estas elecciones es mayúscula, lo que se juega no es menor y el contexto político bastante trabado. El futuro de la democracia del país se define en junio.
Citación académica sugerida: Espinosa Silis, Arturo. México 2024. Elecciones de alto riesgo. Agenda Estado de Derecho. 2024/04/09. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/elecciones-mexico-2024-de-alto-riesgo/
Palabras clave: AMLO; elecciones; México; violencia política; inseguridad.
Abogado y consultor electoral. Socio de la consultoría Strategia Electoral, director del think tank Laboratorio Electoral. Articulista en medios de opinión y catedrático en diferentes Universidades.
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
