Independencia judicial, destitución y principio de legalidad: ¿Qué determinó la Corte IDH en el caso Cordero Bernal vs. Perú?

29 de Julio de 2021
Independencia judicial, destitución y principio de legalidad: ¿Qué determinó la Corte IDH en el caso Cordero Bernal vs. Perú?
Crédito foto: Plataforma digital única del Estado del Perú

La Corte IDH declaró que Perú no es internacionalmente responsable por destituir a un juez con base en una causal abierta ¿Cuál es el impacto de esta decisión?

El pasado 26 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la sentencia del caso Cordero Bernal vs. Perú. En un resultado poco habitual, el Tribunal Interamericano decidió, por mayoría, declarar que el Estado peruano no era responsable de ninguna de las violaciones de derechos humanos alegadas en perjuicio de Héctor Fidel Cordero Bernal. A continuación, se responden algunas preguntas clave para entender la decisión de la Corte IDH. 

¿Cuáles fueron los hechos del caso?

El señor Cordero era un juez provisional, a quien en 1995 se le había encargado atender, no sin cuestionamientos, el Primer Juzgado Penal de la Corte Superior de Huánuco. En el breve periodo que asumió el cargo, otorgó la “libertad incondicional” a dos personas que habían sido interceptadas mientras piloteaban sin autorización en territorio peruano una avioneta, y se encontraban procesadas y detenidas por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. 

Este hecho suscitó el inicio de un proceso disciplinario en su contra, que concluyó con la decisión del hoy extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de destituirlo como juez por haber cometido “un hecho grave que sin ser delito compromete la dignidad del cargo y la [desmerece] en el concepto público”. Esta decisión fue cuestionada por el señor Cordero mediante un proceso amparo en el que no se le dio la razón, y así su caso llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Uno de los puntos centrales de discusión del caso consistía en determinar si la decisión de destituir al señor Cordero con base en una causal abierta, como la señalada, vulneraba el principio de legalidad u otro de sus derechos. 

¿Qué estableció la Corte IDH?

En el caso en cuestión, la Corte IDH estableció que la decisión del CNM de destituir al señor Cordero con base en una causal abierta no suponía una violación de ninguno de sus derechos. Para llegar a esta conclusión, reiteró varios de los estándares que previamente había establecido en su jurisprudencia. Así, remarcó que la estabilidad e inmovilidad de los jueces en sus cargos es una garantía para proteger su independencia judicial, que supone, como estableció en parte en el caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela, que los jueces provisionales solo puedan ser separados de sus posiciones cuando acontezca la condición resolutoria a la cual se sujetó su nombramiento o cuando cometan faltas disciplinarias graves o incompetencia. 

En cuanto a las causales abiertas de destitución, la Corte subrayó, como hizo en el caso López Lone y otros vs. Honduras, que el nivel de precisión requerido en las normas sancionatorias disciplinarias es diferente al exigido por el principio de legalidad en materia penal; por lo cual una causal abierta no constituye en principio una violación al derecho al debido proceso, siempre y cuando existan “criterios normativos para su aplicación” o “un adecuado razonamiento e interpretación del juzgador al momento de su aplicación”.

Precisamente, en razón de este último estándar y ante la ausencia de criterios normativos para la aplicación de la falta por la cual el señor Cordero fue destituido, la Corte IDH procedió a analizar si la decisión del CNM se encontraba debidamente motivada. En su opinión, el CNM sí había justificado adecuadamente su decisión, en tanto había explicado por qué la decisión del señor Cordero de otorgar “libertad incondicional” no ofrecía un “análisis racional de los hechos y de las normas aplicables”, lo cual llevaba a que no tuviera “sustento jurídico racional”, y al ser ello un “requisito mínimo de cualquier decisión jurisdiccional”, justificaba la gravedad y proporcionalidad de la sanción.

¿Por qué la decisión de la Corte IDH no fue unánime?

La posición adoptada por la Corte IDH no fue compartida por todos los jueces del Tribunal Interamericano. En particular, el magistrado Pazmiño Freire argumentó en su voto disidente que la indeterminación de la norma por la cual el señor Cordero fue destituido permitía un gran nivel de discrecionalidad, que no garantizaba que esta no fuera utilizada de forma arbitraria. Además, subrayó que la sanción de destitución debía responder al principio de máxima gravedad y ser la última opción. 

Por su parte, el juez Mac-Gregor también objetó que la norma no estuviera lo suficientemente definida, lo cual consideró como contrario al principio de legalidad. Adicionalmente, cuestionó la motivación ofrecida por el CNM, indicando que no se había explicado de forma exhaustiva la relación entre la conducta que se imputaba al señor Cordero y la norma aplicable, y sostuvo que los criterios normativos e interpretativos a los que hacía referencia el caso López Lone y otros vs. Honduras debían ser establecidos de forma previa para así dotar de previsibilidad a las decisiones de los órganos sancionadores.

De este modo, la posición de estos dos jueces se asemejaba más al razonamiento seguido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de fondo sobre el caso. En este, sostuvo que el principio de legalidad había sido vulnerado, entre otros, debido a que la causal por la cual el señor Codero fue destituido tenía “significativa amplitud”; no hacía referencia a “conductas concretas” reprochables disciplinariamente, y el marco normativo que le fue aplicado no distinguía las sanciones de acuerdo a la gravedad de las causales.  

Esta posición sigue la línea de lo establecido previamente por la Comisión en su informe temático sobre garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, en el que consideró a las causales disciplinarias abiertas o ambiguas, como aquellas referidas a “atentar contra la dignidad del Poder Judicial”, como uno de los principales problemas en la región e indicó que estas generaban incertidumbre y falta de previsibilidad, resultando contrarias al principio de legalidad. 

¿Cuáles son las implicaciones de la decisión?

Con este caso, la Corte IDH consolida la aplicación del estándar sobre causales abiertas en normas sancionatorias disciplinarias que estableció en el caso López Lone y otros vs. Honduras. Sin embargo, no puede dejar de observarse, como evidencian los votos disidentes de la sentencia, que la posición adoptada supone ciertos riesgos. Ciertamente, la exigencia de una adecuada motivación constituye en cierto modo un límite al margen de discrecionalidad que disponen los órganos sancionatorios al aplicar este tipo de causales. No obstante, no contrarresta la falta de previsibilidad que estas generan. 

En ese sentido, y tomando en cuenta que causales abiertas como la utilizada en el caso del señor Cordero son una problemática que afecta a más de un país en la región, hubiera sido deseable que la Corte IDH estableciera, como sugirió el juez Ferrer Mac-Gregor, que se deben determinar de forma previa criterios normativos o interpretativos que las limiten. Así, se garantizaría en mejor medida que estas no sean utilizadas de forma arbitraria. A fin de cuentas, se debe tener presente que si bien las conductas reprochables de los operadores judiciales deben ser sancionadas, es imprescindible que ello se realice en un marco respetuoso a los derechos humanos, que garantice la independencia judicial y el debido proceso.

Citación académica sugerida: Lovón, Claudia. Independencia judicial, destitución y principio de legalidad: ¿Qué dijo la Corte IDH en el caso Cordero Bernal vs. Perú?, Agenda Estado de Derecho, 2021/07/29. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-corte-idh-en-el-caso-cordero-bernal-vs-peru/

Palabras clave: Causal abierta, Destitución de jueces, Perú, Principio de legalidad

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ACERCA DE LA AUTORA
Claudia Lovón Benavente

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP).

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