Inmunidad parlamentaria y feminicidio: la décima condena del Estado brasileño ante la Corte IDH (Parte II)

15 de Diciembre de 2021
Inmunidad parlamentaria y feminicidio: la décima condena del Estado brasileño ante la Corte IDH (Parte II)
Crédito foto: Sofía / Flickr

En esta segunda entrega, los autores analizan las medidas reparadoras que se ordenan en la sentencia Márcia Barbosa de Souza y otros vs. Brasil.

La decisión de la Corte IDH sobre el caso Márcia Barbosa de Souza y otros vs. Brasil no se centró solo en las víctimas y sus familiares, sino en el cambio estructural y transformador, ya que obligó al Estado brasileño a comprometerse a cambiar sustancialmente su actuación en lo relacionado con la violencia de género.

En este sentido, considerando el mérito y las violaciones ocurridas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Convención Belém do Pará (ver Parte I), la Corte sentenció: i) la obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y responsabilizar a los responsables; ii) las medidas de satisfacción; iii) las medidas de rehabilitación; iv) las garantías de no repetición; y v) las indemnizaciones compensatorias. 

Así, la Corte IDH consideró la obligación del Estado de combatir la impunidad por todos los medios disponibles, en vista de que la no investigación completa y efectiva sobre los hechos constituye una violación al derecho del conocimiento de la verdad. Determinó que las investigaciones deben tener una óptica de género, de manera que no sean permeadas por estereotipos de género, y también para que otras víctimas no sean revictimizadas.

Acerca de las medidas de satisfacción, la Corte señaló que el Estado debe publicar, en el plazo de seis meses: i) un resumen oficial de la sentencia de la Corte IDH, en Diario Oficial, así como en los sitios electrónicos de la Asamblea Legislativa de Paraíba y del Poder Judicial de Paraíba, y en diarios de circulación nacional; ii) dejar disponible la sentencia en su totalidad, por un período de al menos 1 año, en los sitios electrónicos del Estado de Paraíba y del Gobierno Federal, debiendo el Estado informar sobre el cumplimiento de tales publicaciones. Además, ordenó al Estado, con el fin de reparar los daños causados y no repetirlos, que se realice un acto de reconocimiento de la responsabilidad internacional en relación con el presente caso, que puede ser realizado en la Asamblea Legislativa de Paraíba y que debe contar con la asistencia de al menos una autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Asamblea Legislativa de Paraíba. Tal acto deberá realizarse en común acuerdo con los familiares de Márcia Barbosa de Souza.

En cuanto a las medidas de rehabilitación, determinó que los hechos del caso generaron graves violaciones a la integridad personal de los familiares de la víctima, considerando necesaria, por lo tanto, una medida de reparación que considere la atención médica, psicológica y/o psiquiátrica adecuadas, así como el pago en efectivo por los gastos de los tratamientos necesarios.

En relación con las garantías de no repetición, la sentenció que es deber del Estado prevenir que violaciones de derechos humanos ocurran, por lo que se deben adoptar las medidas que sean efectivas. En este sentido, recordó que los avances normativos realizados después de los hechos del caso, como la Enmienda Constitucional  35/2001, la Ley Maria da Penha, la inclusión del feminicidio en la lista de delitos del Código Penal brasileño, así como los programas, los proyectos y las iniciativas que apuntan a atender la violencia y discriminación contra las mujeres.

Sin embargo, el escenario sigue siendo de escasos datos oficiales y no oficiales disponibles, además del contexto de discriminación y violencia estructural, especialmente en el caso de las mujeres afrodescendientes y pobres. De esta forma, la Corte entendió necesaria la recopilación de información sobre las diversas formas de violencia de género, con el fin de construir políticas públicas efectivas y estrategias para prevenir y erradicar la discriminación y la violencia. Los indicadores son fundamentales para pensar políticas públicas de protección a los derechos humanos. Así, ordenó que el Estado implemente un sistema nacional y centralizado de recopilación de datos por edad, raza, clase social, perfil de la víctima, lugar de la ocurrencia, perfil del agresor, relación con las víctimas, medios y métodos utilizados, entre otras variables, como forma de permitir el análisis cuantitativo y cualitativo de los hechos que generan la violencia contra las mujeres y los feminicidios. Esta información debe ser difundida por el Estado anualmente, garantizando el acceso a la información por parte de todos.

En esta misma línea, la Corte IDH entendió que debe avanzarse en la capacitación de los agentes que actúan en la administración de justicia desde la perspectiva de género. Igualmente, implementar un plan de formación y capacitación continuada, además de la sensibilización de las fuerzas policiales en cuanto a la investigación con perspectiva de género y raza. Además, ordenó a la Asamblea Legislativa de Paraíba que realice una jornada de reflexión y sensibilización sobre feminicidio, violencia contra las mujeres y la utilización de la inmunidad parlamentaria, a partir del contenido de la sentencia dictada. Ordenó, además, la adopción e implementación de un protocolo nacional con criterios comprensibles y uniformes, para la investigación del crimen de feminicidio, que debe estar alineado con el Modelo de protocolo Latinoamericano de investigación de muertes de mujeres por razones de género, así como a la jurisprudencia de la Corte IDH. Por último, abogó por la necesidad de adecuación normativa interna a lo establecido por la sentencia, respecto de la inmunidad parlamentaria y de su aplicación, del proceso penal contra un miembro de órgano legislativo y de la salvaguarda del derecho de acceso a la justicia.

Finalmente, acerca de las indemnizaciones compensatorias, la Corte IDH entendió que hubo daño material e inmaterial a los familiares de la víctima, y determinó su compensación de forma pecuniaria, que incluye el importe de la indemnización por la imposibilidad de reabrir la investigación penal sobre los posibles partícipes, así como los daños causados a la salud de los familiares de la víctima.

Entre avances, protecciones, inmunidades y transformaciones

El caso Márcia Barbosa de Souza y otros vs. Brasil sienta un precedente importante a la luz de los derechos humanos. Por el impacto del instituto de la inmunidad parlamentaria y por la falta del enfoque de género. La sentencia demuestra las deficiencias en la investigación y la demora en la apertura del proceso, culminando en el no establecimiento de la verdad de los hechos en relación con el exparlamentario por su fallecimiento superveniente, casi diez años después del episodio.

Las investigaciones llevadas a cabo en relación con los demás involucrados fueron archivadas por falta de pruebas. La decisión de la Corte considera que el Estado Brasileño prestó protección insuficiente a los derechos de la víctima y lo condena a prestar reparaciones a sus familiares, así como a tomar medidas para garantizar la no repetición de lo ocurrido, centradas en la lucha contra el feminicidio y la violencia contra las mujeres y en la reflexión sobre la utilización de la figura de la inmunidad parlamentaria.

Tanto en la época de los hechos del caso Márcia Barbosa de Souza como en la actualidad, la violencia contra las mujeres es un problema sistémico y estructural en Brasil. Por más que se fomenten normativas, programas y acciones para reducir la violencia de género a nivel nacional, aún faltan datos, formaciones y capacitaciones a los agentes públicos, educación de género en las escuelas, entre otras cuestiones, lo que dificulta la construcción de políticas públicas efectivas y eficaces en el combate de la violencia de género. Los informes sobre la situación de los derechos humanos en Brasil, publicados en 1997 y 2021 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si son analizados en conjunto, apuntan a la incapacidad del Estado brasileño en implementar la legislación nacional y los tratados para combatir efectivamente la violencia contra las mujeres.

La desviación en la utilización de las inviolabilidades parlamentarias, aún bajo la previsión de la redacción original de la Constitución de 1988, instó a la modificación del texto por enmiendas y mejoró la posibilidad de responsabilización y transparencia. Sin embargo, no resolvió todo el problema. La Enmienda Constitucional nº 35/2001, motivada, inclusive, por la repercusión internacional de este caso, excluyó la necesidad de licencia previa para el procesamiento criminal de los parlamentarios, dando a la Casa legislativa la posibilidad de detener el progreso del proceso, en juicio político, siempre que el crimen haya ocurrido después de la diplomación. Además, retiró la posibilidad de que la deliberación sobre la prisión parlamentaria se hiciera de forma secreta, lo que fue extendido a la decisión de anulación del mandato por la Enmienda nº 76/2013.

La condena nos viene a recordar que, en caso de abuso de las prerrogativas, acto considerado incompatible con el decoro parlamentario, el Legislativo debe promover la casación del mandato electivo en proceso interno que respete el debido proceso, sea transparente y tenga una duración razonable. El incumplimiento de este mandato demuestra una falta de respeto al Parlamento y a la propia Constitución.

Además, si bien es esencial para la protección del Parlamento, las inmunidades formales no son estáticas, sino que están sometidas a debates y a deliberaciones constantes, a fin de garantizar el libre ejercicio de la actividad parlamentaria, sin las persecuciones arbitrarias de los órganos de control. Pero no se puede convertir la inmunidad en impunidad material, como ocurrió en el caso de Márcia Barbosa de Souza.

Por todo lo expuesto, aún hay mucho que hacer para transformar la realidad brasileña, de forma que resulte adecuada al estándar de protección de los derechos humanos y a los estándares interamericanos. Se espera que el cumplimiento de esta obligación internacional nos acerque a ellos y, además de hacer justicia a Márcia y sus familiares, evite otras graves violaciones de derechos.

Citación académica sugerida: Fachin, Melina Girardi; De Souza, Isabella Louise Traub Soares; Nakamura, Erick Kiyoshi, y Felipp dos Santos, Sthefany. Inmunidad parlamentaria y feminicidio: la décima condena del Estado brasileño ante la Corte IDH (Parte II), Agenda Estado de Derecho, 2021/12/.. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/inmunidad-parlamentaria-y-feminicidio-la-decima-condena-del-estado-brasileno-ante-la-corte-idh-parte-2/

Palabras clave: Brasil, Corte IDH, feminicidio, inmunidad parlamentaria

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ACERCA DE LOS AUTORES
Melina Girardi Fachin

Profesora de cursos de grado y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Paraná (UFPR). Posdoctorado en democracia y derechos humanos por la Universidad de Coimbra. Fundadora y coordinadora del Núcleo de Estudios en Sistemas de Derechos Humanos (NESIDH-UFPR).

Isabella Louise Traub Soares de Souza

Magíster en Derecho por la Universidad Federal de Paraná (UFPR).  Fundadora y Presidenta del Instituto de Políticas Públicas para las Migraciones (IPPMI). Abogada. Investigadora del Núcleo de Estudios en Sistemas de Derechos Humanos (NESIDH-UFPR) desde 2020.

Erick Kiyoshi Nakamura

Maestrando en Derecho del Estado por la Universidad Federal de Paraná – UFPR, con beca concedida por la CAPES-PROEX. Licenciado en Derecho por la UFPR.

Sthefany Felipp dos Santos

Licenciada en Derecho por la Universidad Federal Fluminense (UFF). Estudiante de Ciencias Sociales en la Universidad Federal de Paraná (UFPR). Abogada. Investigadora del Núcleo de Estudios en Sistemas de Derechos Humanos (NESIDH) desde 2020.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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