26 de Abril de 2024

SIMPOSIO ESPECIAL DE AGENDA ESTADO DE DERECHO Y CIL DIALOGUES

Algo hemos hecho mal: Constitucionalismo y derechos humanos en Chile a 50 años del golpe de Estado

Algo hemos hecho mal: Constitucionalismo y derechos humanos en Chile a 50 años del golpe de Estado
Foto. UN Photos Digital Management System.

¿De qué manera se relacionan los movimientos del constitucionalismo y de los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado en Chile?

El presente artículo es parte del especial titulado “Recordar para reimaginar: perspectivas histórico-jurídicas a 50 años del golpe de Estado en Chile” en alianza con Centre for International Law (CIL) Dialogues. Véase la versión en inglés aquí.

Chile ha conmemorado 50 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno de la Unidad Popular, liderado por Salvador Allende, en un ambiente muy distinto al que se hubiese pensado hace no mucho tiempo. Para quienes defienden las banderas más elementales sobre el respeto a la democracia, el constitucionalismo y los derechos humanos, era difícil concebir hace unos pocos años que a cincuenta años de la trágica fecha, el consenso sobre estos temas, que parecían asentados, estuviera más débil que en el pasado. Chile no ha salido de la crisis social y política que estalló con violencia en las calles en octubre de 2019 y que, desde entonces, intenta encauzarse a través de la adopción de una nueva Constitución que reemplace a la Constitución de 1980, impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet. Pero las cosas andan lejos de lo que se pensó podía ser la manera de finalmente enterrar el legado institucional y político de la dictadura. Y, aunque la valoración de la democracia sigue siendo alto, aumenta también la justificación del autoritarismo. En este contexto social y político, quienes están a cargo de la redacción de la nueva Constitución son principalmente adherentes a un proyecto político que reivindica la figura de Augusto Pinochet. Algo hemos hecho mal.

Tras el golpe de Estado de septiembre de 1973, la dictadura militar se impuso como meta transformar la legalidad mediante la adopción de una nueva Constitución.  La Constitución chilena de 1980, ratificada en un plebiscito fraudulento, sentó las bases de un modelo marcadamente neoliberal, que, tal como reconoció por esos años la entonces primera ministra británica Margaret Thatcher, solo podía ser implementado en el marco de un régimen autoritario, como era la dictadura de Pinochet. Un experimento de este tipo no sería posible bajo las reglas de la deliberación democrática, y esto es precisamente lo que se experimenta cuarenta años más tarde: Chile sigue viviendo bajo reglas impuestas sin deliberación democrática y, de manera preocupante, ahora que se ha dado la oportunidad de deliberar acerca del cambio de esas reglas, al primer fracaso de la propuesta de nueva constitución de 2022, parece que el país se encamina a nuevo fracaso, esta vez de una propuesta que se sitúa más a la derecha que la actual Constitución de Pinochet.

En materia de derechos humanos, que es el foco de este comentario, su violación masiva y sistemática durante los años del General Pinochet supuso —tal como ocurrió en otros países de la región— que, al momento de iniciarse el tránsito hacia la democracia, a fines de los ochenta, se reforzara su juridicidad.  En el marco de un paquete de reformas constitucionales aprobadas en 1989, se reforzó la protección constitucional de los derechos humanos, queriendo enviar una señal de compromiso con estos por parte del país que iniciaba una nueva época.  A pesar del cambio constitucional, el desarrollo de una jurisprudencia fue al menos tímida en este respecto: en pocos casos, y de manera no sistemática, los tribunales usaban el derecho internacional de los derechos humanos para justificar decisiones de derecho interno.

Hasta que llegó la detención de Pinochet en Londres…

En octubre de 1998, cumpliendo con una orden de captura internacional dictada por un juez español, funcionarios de Sctoland Yard arrestaron al exdictador chileno, quien se encontraba en Londres para someterse a una operación médica, generando en Chile un inmenso revuelo , y en el mundo, nada menos que la adopción de una nueva doctrina de derecho internacional, conocida como “jurisdicción universal”: la idea de que ningún lugar podía servir de refugio para quien hubiese sido perpetrador de violaciones graves y masivas a los derechos humanos.

Pinochet estuvo retenido largos meses en el Reino Unido siendo finalmente liberado por razones humanitarias.  Se dijo que no estaba en condiciones físicas de ser sometido a un proceso judicial.  Al llegar a Chile, sin embargo, desafió a todo el mundo, levantándose de su silla de ruedas y mostrándose plenamente capaz de sostenerse, poniendo en ridículo al gobierno del Reino Unido y abofeteando a las víctimas chilenas que, una vez más, veían al dictador salirse con la suya.

Si bien Pinochet no fue juzgado, los tribunales en Chile comenzaron a abrirse a la utilización del derecho internacional de los derechos humanos para abordar asuntos a nivel doméstico.  Costaba, pero algo, muy poco, se avanzaba. 

En el campo político, en 2005 vino una segunda reforma constitucional, que, en palabras del entonces presidente socialista Ricardo Lagos, daba origen a una verdadera nueva Constitución, dejando atrás los enclaves autoritarios de la Constitución militar.  Pero al año siguiente, bajo el primer gobierno de la también socialista Michelle Bachelet, irrumpen las protestas sociales de estudiantes secundarios y, con ello, comienza a tomar forma la idea que la “nueva” Constitución puede no ser tan nueva como se esperaba. Esas protestas se hacen aún más intensas en 2011, bajo el primer gobierno del derechista Sebastián Piñera, y en 2013, Bachelet vuelve a La Moneda con una promesa clara: adoptar una nueva Constitución. La presidenta hace su mejor esfuerzo por llevar adelante esa promesa pero fracasa, pavimentando además el camino para el regreso de Piñera, en una sucesión de gobiernos inéditas en la historia constitucional chilena.

Vuelve Piñera y el deseo de una nueva Constitución queda enterrado. A los pocos días de asumir, su ministro más cercano (y primo) anuncia ante una cumbre de empresarios, que el proyecto de Bachelet de una nueva Constitución no está en los planes del gobierno.

Hasta que en octubre de 2019 el país estalla…

Protestas masivas, violencia en las calles y la sensación de descontento social que se venía acumulando por años, sino décadas, se manifiestan como nunca antes, generando una crisis social y política que desencadena en un proceso constituyente que buscaría reemplazar totalmente la Constitución de Pinochet por una adoptada por una asamblea constituyente.  Las demandas por mejores pensiones, mejor salud, mejor educación, es decir, por el reconocimiento de derechos sociales, parece tomar forma finalmente de cara a un proceso donde sería la ciudadanía la protagonista, y no las elites políticas que habían administrado el modelo neoliberal chileno, llevando al país a una crisis inédita.

Se formó una Convención Constitucional en julio de 2022 y poco más de un año después, tras un tumultuoso proceso deliberativo, su propuesta de nueva Constitución fue ampliamente rechazada por la ciudadanía que, por primera vez en una década, era obligada a votar.  La propuesta, calificada como “la Constitución más progresista del mundo”, avanzaba en muchas materias más de lo que -se dice- el pueblo estaba dispuesto, llevando incluso al presidente Boric a afirmar que “estar adelantado a tu tiempo es una forma de estar equivocado”.  El Rechazo fue ampliamente capitalizado por la extrema derecha, que eficazmente se planteó como una alternativa ante el desorden institucional y político que se vivía en el país.  Ello culminó en las elecciones de mayo de 2023, donde los chilenos volvieron a elegir a delegados para redactar la nueva Constitución, esta vez impulsada por una comisión de expertos designados por el Congreso: en la elección, la extrema derecha obtuvo la mayoría y el proceso constituyente quedó en manos de quienes no solo siempre fueron opositores a él, sino que además eran declarados defensores del proyecto constitucional de la dictadura.

En este contexto, llegamos a la conmemoración de los cincuenta años del golpe: con intelectuales de derecha revisando la figura de Salvador Allende como no había ocurrido hasta ahora y una izquierda incapaz de articular una respuesta coherente a la arremetida conservadora que se ha materializado en el rechazo a la propuesta constitucional de 2022 y las elecciones de delegados de mayo de 2023.  Más aún, el ambiente en que se conmemoran los cincuenta años da cuenta de una sociedad chilena no solo dividida, sino de una elite con marcada distancia a lo que parecían ser consensos éticos mínimos respecto del valor de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Solo por mostrar algunos ejemplos, un diputado ultraderechista cuestiona a una diputada comunista por llevar una foto de marido ejecutado por la dictadura en su solapa; otra diputada también de ultra derecha se refiere a la violencia sexual durante la dictadura como un “mito urbano”, a pesar de los documentos oficiales y sentencias judiciales que la acreditan; otro diputado señala abiertamente justificar el golpe; en un acto calificado como “provocación”, diputados releen la Declaración de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1973 que declaró la ilegitimidad del gobierno de Salvador Allende y que muchos toman como antecedente justificatorio del golpe de semanas después; y, por último, se recuerda que el líder de la ultra derecha y candidato a la presidencia con altas posibilidades de triunfo, publica una foto de Pinochet el 11 de septiembre, con la frase “Chile escoge libertad”.

Este ambiente choca con el avance que, con dificultades pero de manera persistente, Chile había intentado llevar adelante estos años.  Cuando Allende se dirigió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1972, y pronunció un discurso ovacionado durante diez minutos, se refirió a muchos de los temas que hoy siguen vigentes, tanto en el ámbito doméstico, como en la esfera internacional: los desafíos de los países del mundo en desarrollo, el imperialismo, la desigualdad geopolítico y la necesidad de asegurar un sistema de imperio del derecho, tanto nacional como internacional, que haga posible la realización de los pueblos y las personas. En una época en que ese sistema se ve amenazado por la violación flagrante de las normas de derecho internacional y la imposibilidad de llevar a cabo las promesas que la democracia constitucional hace a la ciudadanía, el ímpetu y compromiso de Allende por asegurar igual dignidad y consideración se hace acaso más urgente.  De lo contrario, no es claro hacia dónde avancemos, especialmente si consideramos la erosión de la democracia y el regreso del autoritarismo.  Algo hemos hecho mal para estar donde estamos; por ello, toca renovar los esfuerzos por asegurar la igual protección que el proyecto de los derechos humanos hace a todas las personas…antes que sea demasiado tarde.

Citación académica sugerida: Contesse, Jorge. Algo hemos hecho mal: Constitucionalismo y derechos humanos en Chile a 50 años del golpe de Estado. Agenda Estado de Derecho. 2024/04/26. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/derechos-humanos-en-chile-a-50-anos-del-golpe-de-estado/

Palabras clave: Golpe de Estado en Chile; Salvador Allende; Dictadura militar chilena; Derechos humanos en Chile.

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ACERCA DEL AUTOR
Jorge Contesse

Profesor de Derecho y Director del Centro de Derecho Transnacional de la Facultad de Derecho de Rutgers, Estados Unidos.

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.