El machismo en contra de las mujeres en la primera línea de defensa de los derechos humanos y las redes como respuesta

9 de Diciembre de 2021
El machismo en contra de las mujeres en la primera línea de defensa de los derechos humanos y las redes como respuesta
Crédito foto: ONU Mujeres / Flickr

¿Cómo se manifiesta la dimensión de género en los ataques a las personas defensoras de derechos humanos?

Las personas defensoras de derechos humanos son todas aquellas que promueven y procuran la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. En términos simples, podría decirse que son quienes reclaman ante lo que perciben como injusto, independientemente de pertenecer a una organización o no, de percibir remuneración por ello o de hacer su labor temporal o permanentemente. Lo importante es su lucha, no tanto la forma en que decidan hacerla.

En una Latinoamérica tan desigual y convulsa, donde son pocos los Estados coherentes con la garantía de los derechos humanos para su ciudadanía, y donde cada vez más el autoritarismo se cierne como una sombra que no distingue de colores políticos en países como Honduras, Guatemala, Nicaragua o El Salvador, no es de extrañar que existan decenas de personas defensoras de derechos humanos y que la mayoría de ellas estén en situación de grave riesgo a su vida e integridad en represalia por su labor de denuncia.

Este riesgo se materializa a través de múltiples ataques que van desde el hostigamiento, las amenazas, la estigmatización, la criminalización, las agresiones físicas, intentos de asesinato y asesinato. Al respecto, la organización Front Line Defenders documentó 264 personas defensoras asesinadas en las Américas en 2020 e identificó que las tres líneas de defensa que conllevan más riesgo son la defensa de la tierra y el territorio, del acceso a la justicia o lucha contra la impunidad y de los derechos de las mujeres.

Los ataques y las violencias mencionadas adoptan matices de género, es decir, tintes y formas específicas muy particulares cuando se dirigen en contra de las mujeres defensoras y quienes defienden los derechos de las mujeres, en el marco de un contexto general de violencia de género y lógica machista y patriarcal, donde el feminicidio es su máxima expresión.

En 2020, el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL publicó que para 2019, al menos 4.640 mujeres fueron víctimas de feminicidio, fenómeno que se agudizó en Honduras, El Salvador, República Dominicana y Bolivia, por lo que esta realidad no es un aspecto menor.

El solo hecho de ocupar un rol público y visible —reservado tradicionalmente a lo masculino— para alzar la voz, hace que estas mujeres sean percibidas como una amenaza al statu quo. Cuando desafían los roles tradicionales de género y asumen posiciones de liderazgo, afrontan situaciones de riesgo más complejas, que se unen a otras condiciones de vulnerabilidad como su procedencia étnica o clase social, que, si cabe, profundiza aún más el riesgo ante el cual se enfrentan.

Su situación de riesgo responde a las distintas causas que la originan (su condición de mujer y de defensora, y otros factores), pero también hace que las amenazas, agresiones y vulnerabilidades específicas, así como los autores de estos hechos y los impactos en su contra, también sean diferenciados respecto de sus pares varones.

Por ejemplo, frecuentemente, y al contrario que ellos, las mujeres defensoras sufren ataques con un marcado sesgo de género: son amenazadas con agresiones a su integridad sexual, las amenazas se extienden en contra de miembros de su familia, como hijos e hijas, también se trata de dañar su imagen pública a través de la estigmatización y la difamación, que además, en muchos casos, se encuentra marcada por un cuestionamiento de su moral sexual y vida personal (son señaladas como “malas madres”, “mujeres perdidas”, o “prostitutas”, o acusadas de avergonzar a sus familias), y se cuestiona su capacidad de liderazgo y su integridad como profesionales.

Por otro lado, las mujeres defensoras, además de sufrir diferentes violencias por parte de las fuerzas de seguridad del Estado (en Mesoamérica un 54% de las agresiones provienen de policías, militares o autoridades locales o departamentales), también sufren violencia por parte de sus propias comunidades y familias. Estas no reconocen su rol de liderazgo y su trabajo de defensa de derechos humanos, que ejercen en condiciones de enorme precariedad, agravada al asumir solas las tareas domésticas y de cuidado, tratando de buscar la manera de participar en actividades públicas o políticas al mismo tiempo.

Cuando las mujeres que defienden derechos humanos, además, son atacadas, los hechos de violencia resultan con frecuencia justificados o minimizados, y es habitual que se avergüence y culpabilice a sus víctimas, incluso por parte de sus mismos colegas, quienes pueden llegar a tolerar estas violencias en contra de ellas o hasta ser sus autores.

Por lo general, los ataques también deben comprenderse desde una lógica de colectividad si se trata de defensoras del entorno rural o pueblos indígenas. Un ataque individualizado tiene efectos en el grupo de personas que defienden determinado derecho o derechos produciéndose así roturas y divisiones en el tejido asociativo, comunitario y social de los movimientos a los que pertenecen. Esto a su vez incrementa el riesgo y genera que se den más amenazas y ataques en su contra.

Falta de información y protección de las defensoras

La falta de conocimiento y reconocimiento de estos componentes de género, de las violencias específicas en contra de mujeres defensoras, la forma en que se relacionan y retroalimentan la violencia y la discriminación que sufren, se agudiza con la ausencia de registros exactos que revelen esta situación.

Cuando este desconocimiento se da por parte de organismos internacionales, Estados o incluso organizaciones de la sociedad civil, se produce un grave impacto en las demandas de protección por ellas, ya sea a través de mecanismos nacionales o mediante el impulso de medidas cautelares o provisionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), que se revelan como poco eficientes en tanto las medidas que ofrecen son poco apropiadas para atender sus necesidades, no disminuyen su riesgo y en el peor de los casos, lo incrementan.

Por ejemplo, existen comunidades con defensoras reprimidas por la propia policía asignada para su protección durante manifestaciones. También se ha observado criminalización y detenciones arbitrarias de defensoras, o asesinatos de defensoras con un alto grado de visibilidad y a pesar de contar con medidas cautelares vigentes, como el emblemático caso de la lideresa indígena lenca, Berta Cáceres.

Ello ha implicado que la utilidad de las instancias internacionales para la protección efectiva de las defensoras se ponga en entredicho, así como ellas, además de continuar exigiendo su protección ante las autoridades, dirijan sus esfuerzos a crear alternativas de protección integral dentro de la sociedad civil y de sus propias comunidades.

Así surge por ejemplo la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) a partir de 2010, con el propósito de fortalecer y vincular a defensoras que participan en distintas organizaciones y movimientos sociales para fortalecer sus redes de protección comunitarias y solidaridad, aumentar la visibilidad, el reconocimiento y el impacto de su labor.

Este tipo de espacios ha permitido emprender acciones de protección para las defensoras permitiendo respuestas prontas a circunstancias que así lo requieran y dentro de una diversidad de ámbitos como el psicosocial, espiritual, el de la seguridad física, cuidado, entre otros.

En conclusión, las agresiones en contra de las mujeres defensoras poseen características propias y es ejercida por actores diferenciados, y ante este contexto, las redes, la unión entre ellas y la construcción de espacios de cuidado colectivo salvan, y han sido y son, la estrategia más efectiva de protección.

Así las cosas, en una región en la que día a día, decenas de defensoras luchan con dignidad y valentía por sus ideales, desafiando los estereotipos de género, las limitaciones de sus propios contextos y las agresiones por parte de la institucionalidad, el llamado es a legitimar la importante labor que realizan y a respetar, apoyar y reconocer, desde todos los espacios, las redes de solidaridad, apoyo y cuidados colectivos tejidos por ellas, como alternativa viva y real a un sistema capitalista que, por el contrario, premia e incentiva el individualismo, la competencia y la explotación de los bienes comunes.

Citación académica sugerida: González, Marta y Sánchez Shevchuk, Karina. El machismo en contra de las mujeres en la primera línea de defensa de los derechos humanos y las redes como respuesta, Agenda Estado de Derecho, 2021/12/09. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-machismo-en-contra-de-las-mujeres-en-la-primera-linea-de-defensa-de-los-derechos-humanos-y-las-redes-como-respuesta/

Palabras clave: defensoras de derechos humanos, mujeres defensoras, género

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ACERCA DE LAS AUTORAS
Marta González

Abogada, defensora de derechos humanos con experiencia en la ejecución de acciones de incidencia y de litigio estratégico ante los Sistemas Interamericano y Universal de Derechos Humanos en temas de género, derechos sexuales y reproductivos, protección de personas defensoras de los derechos humanos, asilo y refugio. Apoya como consultora al Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy Human Rights y a la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Ha trabajado como asesora legal en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y en el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), basadas respectivamente en Costa Rica y en Colombia. Tiene un Máster en Gobernanza  y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid.

Karina Sánchez Shevchuk

Titulada en Relaciones Internacionales, defensora de derechos humanos con experiencia en el uso de los Sistemas Interamericano y Universal de Derechos Humanos, en temas de protección de personas defensoras de derechos humanos, género, migración y protección de personas refugiadas, y derechos sexuales y reproductivos. Apoya el área de incidencia de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Coordinó el Programa Shelter City con la Fundación Acceso, trabajó como oficial de incidencia en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), basados en Costa Rica. Cuenta con un Máster en Género y Políticas Públicas de Igualdad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), participó en el Programa “Agentes de Cambio” de la Friedrich-Ebert-Stiftung. Tiene un diplomado en Migrantes y Protección de Refugiados por la Universidad de Buenos Aires, y en Diversidad Sexual y Derechos Humanos por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

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María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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