Las personas defensoras de derechos humanos son todas aquellas que promueven y procuran la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. En términos simples, podría decirse que son quienes reclaman ante lo que perciben como injusto, independientemente de pertenecer a una organización o no, de percibir remuneración por ello o de hacer su labor temporal o permanentemente. Lo importante es su lucha, no tanto la forma en que decidan hacerla.

En una Latinoamérica tan desigual y convulsa, donde son pocos los Estados coherentes con la garantía de los derechos humanos para su ciudadanía, y donde cada vez más el autoritarismo se cierne como una sombra que no distingue de colores políticos en países como Honduras, Guatemala, Nicaragua o El Salvador, no es de extrañar que existan decenas de personas defensoras de derechos humanos y que la mayoría de ellas estén en situación de grave riesgo a su vida e integridad en represalia por su labor de denuncia.

Este riesgo se materializa a través de múltiples ataques que van desde el hostigamiento, las amenazas, la estigmatización, la criminalización, las agresiones físicas, intentos de asesinato y asesinato. Al respecto, la organización Front Line Defenders documentó 264 personas defensoras asesinadas en las Américas en 2020 e identificó que las tres líneas de defensa que conllevan más riesgo son la defensa de la tierra y el territorio, del acceso a la justicia o lucha contra la impunidad y de los derechos de las mujeres.

Los ataques y las violencias mencionadas adoptan matices de género, es decir, tintes y formas específicas muy particulares cuando se dirigen en contra de las mujeres defensoras y quienes defienden los derechos de las mujeres, en el marco de un contexto general de violencia de género y lógica machista y patriarcal, donde el feminicidio es su máxima expresión.

En 2020, el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL publicó que para 2019, al menos 4.640 mujeres fueron víctimas de feminicidio, fenómeno que se agudizó en Honduras, El Salvador, República Dominicana y Bolivia, por lo que esta realidad no es un aspecto menor.

El solo hecho de ocupar un rol público y visible —reservado tradicionalmente a lo masculino— para alzar la voz, hace que estas mujeres sean percibidas como una amenaza al statu quo. Cuando desafían los roles tradicionales de género y asumen posiciones de liderazgo, afrontan situaciones de riesgo más complejas, que se unen a otras condiciones de vulnerabilidad como su procedencia étnica o clase social, que, si cabe, profundiza aún más el riesgo ante el cual se enfrentan.

Su situación de riesgo responde a las distintas causas que la originan (su condición de mujer y de defensora, y otros factores), pero también hace que las amenazas, agresiones y vulnerabilidades específicas, así como los autores de estos hechos y los impactos en su contra, también sean diferenciados respecto de sus pares varones.

Por ejemplo, frecuentemente, y al contrario que ellos, las mujeres defensoras sufren ataques con un marcado sesgo de género: son amenazadas con agresiones a su integridad sexual, las amenazas se extienden en contra de miembros de su familia, como hijos e hijas, también se trata de dañar su imagen pública a través de la estigmatización y la difamación, que además, en muchos casos, se encuentra marcada por un cuestionamiento de su moral sexual y vida personal (son señaladas como “malas madres”, “mujeres perdidas”, o “prostitutas”, o acusadas de avergonzar a sus familias), y se cuestiona su capacidad de liderazgo y su integridad como profesionales.

Por otro lado, las mujeres defensoras, además de sufrir diferentes violencias por parte de las fuerzas de seguridad del Estado (en Mesoamérica un 54% de las agresiones provienen de policías, militares o autoridades locales o departamentales), también sufren violencia por parte de sus propias comunidades y familias. Estas no reconocen su rol de liderazgo y su trabajo de defensa de derechos humanos, que ejercen en condiciones de enorme precariedad, agravada al asumir solas las tareas domésticas y de cuidado, tratando de buscar la manera de participar en actividades públicas o políticas al mismo tiempo.

Cuando las mujeres que defienden derechos humanos, además, son atacadas, los hechos de violencia resultan con frecuencia justificados o minimizados, y es habitual que se avergüence y culpabilice a sus víctimas, incluso por parte de sus mismos colegas, quienes pueden llegar a tolerar estas violencias en contra de ellas o hasta ser sus autores.

Por lo general, los ataques también deben comprenderse desde una lógica de colectividad si se trata de defensoras del entorno rural o pueblos indígenas. Un ataque individualizado tiene efectos en el grupo de personas que defienden determinado derecho o derechos produciéndose así roturas y divisiones en el tejido asociativo, comunitario y social de los movimientos a los que pertenecen. Esto a su vez incrementa el riesgo y genera que se den más amenazas y ataques en su contra.