En febrero de 2021, la organización irlandesa Front Line Defenders publicó su Análisis Global sobre ataques a personas defensoras de derechos humanos durante 2020. El panorama que reveló este informe es desolador: 331 personas fueron asesinadas y en particular destaca la nefasta contribución de Colombia con 177 personas defensoras asesinadas. En consecuencia, América Latina encabezó una vez más la lista de las regiones más letales para ejercer este oficio. Esta tendencia se mantiene en lo que va de este año y tampoco es reciente. De los 1323 asesinatos a personas defensoras reportados a nivel mundial por la Relatora Especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores desde 2015, 933 tuvieron lugar en la región, siendo más vulnerables a los ataques aquellos que defienden el medio ambiente, los que se oponen al apoderamiento de tierras o la imposición de proyectos empresariales sin su consentimiento, al frente de cuyas luchas, con frecuencia, se encuentran las mujeres defensoras.

Si bien el asesinato de personas defensoras es, como dice la Relatora Especial, “esa línea roja que ningún Estado ni actor no estatal debería cruzar jamás”, quienes se dedican a la defensa y promoción de derechos humanos afrontan muchos otros tipos de hostigamientos y agresiones, tanto de actores estatales como no estatales, y van desde las amenazas y la estigmatización frecuente, a la criminalización, las agresiones físicas, la detención y la tortura. Estos ataques además adquieren tintes específicos en virtud del género cuando se dan en contra de mujeres defensoras. 

La situación de riesgo de las personas defensoras, además, se ha agudizado por el incremento regional del uso indebido del derecho penal en su contra, así como por el impacto de la pandemia, que ha empeorado sus condiciones de vida, ha limitado el ejercicio legítimo del derecho a la protesta y la asociación, y ha impulsado el trabajo en línea que a su vez ha generado un aumento de la violencia digital, los ciberataques, la vigilancia y el espionaje. Además, en algunos países de la región, los Estados progresivamente han venido adoptando medidas que buscan restringir la capacidad de los colectivos de defensores de operar como organizaciones de derechos humanos, impidiendo su registro, prohibiendo la recepción de fondos extranjeros, o exigiéndoles reportar información sensible y confidencial sobre sus aportes y beneficiarios, como en el caso de Venezuela, Guatemala o Nicaragua.

Ante la situación de riesgo y violencia que enfrentan las personas defensoras, algunos Estados en América Latina han adoptado leyes y mecanismos de protección. Sin embargo, la mayoría de estos mecanismos carecen de recursos suficientes y los Estados no tienen la voluntad política necesaria para garantizar el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en condiciones adecuadas y seguras. Muchas veces la creación de sistemas de protección busca frenar la presión internacional y se limita a la adopción de medidas físicas o “duras” de protección”, que no abarcan, por ejemplo, la legitimación de la lucha, la adopción de medidas correctivas frente a la criminalización y mucho menos buscan identificar y eliminar las fuentes de las amenazas. Con ello se perpetúa la necesidad de las medidas de protección, en lugar de asegurar que estas solo sean necesarias de manera temporal. Pero, además, los modelos de protección a personas defensoras en la región no integran un enfoque de género, que responda, entre otras cosas, a las preocupaciones y riesgos por el bienestar no solo de las defensoras, sino de sus familias. Por el contrario, lo que demuestran los distintos mecanismos que se han creado en América Latina para personas defensoras, es que los Estados no reconocen, verdaderamente, el derecho a defender derechos humanos como un derecho autónomo y legítimo, ni las obligaciones estatales que se derivan de éste.

El reconocimiento del derecho a defender derechos humanos como derecho autónomo e independiente es una construcción jurídica, que surge precisamente como necesidad de reconocer políticamente el rol fundamental que ejercen las personas defensoras como última línea de defensa en la protección de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho y que se afirma por primera vez en 1998 con la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos (también conocida como declaración sobre Defensores). 

La importancia de esta afirmación de la legitimidad de la labor de defensa de los derechos humanos es aún más evidente en América Latina, donde, como lo demuestran las cifras ya resaltadas, existe una institucionalidad democrática cada vez más deteriorada por la penetración de estructuras de poder que instigan y ejercen una violencia descarnada en contra de quienes se oponen a ellos, ante la pasividad, aquiescencia y muchas veces con la participación directa de las autoridades estatales que más bien debieran proteger y facilitar el trabajo de las personas defensoras de derechos. 

Si bien el derecho a defender derechos humanos contiene a su vez derechos que están expresamente reconocidos en instrumentos internacionales vinculantes y en las constituciones de la mayoría de países en el mundo, como la libertad de expresión, el derecho de reunión pacifica, la libertad de asociación, y los derechos políticos, entre otros, su reconocimiento explícito como derecho autónomo en la Constitución y leyes a nivel nacional está aún lejos de ser una posibilidad. Por ello, haciendo uso de la conexidad que tiene el derecho a defender con estos otros derechos, las Cortes en Latinoamérica tienen la posibilidad de reconocer el derecho a defender derechos a través de su jurisprudencia. Y es que como lo ha señalado la Corte Interamericana, su reconocimiento como derecho permite articular esos otros derechos y aplicarlos a la función y situación práctica de las personas defensoras. 

El reconocimiento del derecho a defender derechos humanos como derecho autónomo, no solo procede entonces porque hay un amplio consenso internacional y regional al respecto, que se refleja incluso a nivel interamericano en las resoluciones de la OEA, o en las propias leyes creadas por los mecanismos de protección existentes a nivel nacional, sino que resulta imperativo porque el impacto de la vulneración del derecho a defender derechos humanos trasciende a la colectividad social cuyos derechos el o la defensora defiende.

Es urgente un mayor, más contundente y extenso reconocimiento del derecho a defender derechos humanos, como espaldarazo político y legitimador del rol medular que las personas defensoras cumplen en la sociedad, y como forma de articular y detallar de forma precisa su contenido, a la luz de los derechos que su ejercicio implica.

En este momento, la Corte Constitucional de Colombia tiene la oportunidad de afirmar el reconocimiento del derecho a defender derechos como derecho autónomo a través de la revisión de una tutela solicitada por 189 activistas y personas líderes con el apoyo de un importante número de organizaciones de la sociedad civil. La revisión se da luego de decisiones de primera y segunda instancia en las que las autoridades judiciales reconocieron que se están vulnerando varios derechos relacionados con la defensa de derechos humanos y ordenaron algunas medidas concretas para abordar los problemas de estigmatización, así como las fallas en las medidas de seguridad proporcionadas por la Unidad Nacional de Protección, entre otras, que no fueron cumplidas por el Estado. 

Una decisión positiva en esta revisión de protección constitucional tendría no solo un impacto en la obligatoriedad de las medidas de prevención y protección en favor de personas defensoras en el país, incluyendo la implementación de una verdadera política pública de protección, sino que sentaría un ejemplo importante para otros Estados de la región en los que las condiciones para ejercer la defensa de los derechos humanos son igualmente críticas y en donde las Altas Cortes pueden jugar un rol clave. 

El reconocimiento jurisprudencial del derecho a defender derechos es, además de un acto simbólico cargado de fuerza legitimadora para las y los defensores, un acto que puede y debe traducirse en cambios profundos de las condiciones en las que se ejerce el derecho. Desde el ‘desarme de la palabra’ desde los palcos presidenciales de países como México, El Salvador, Guatemala, Venezuela, y Brasil en contra de las personas defensoras, hasta la promoción de narrativas positivas sobre su labor. 

Desde mecanismos de protección que en lugar de apostarle a medidas reactivas e insostenibles en el tiempo como guardaespaldas, chalecos antibalas, o transporte blindado (en el mejor de los casos) busquen identificar y sancionar a quienes amenazan y atacan a las personas defensoras y que, en los casos en los que medidas duras de protección sean necesarias, tengan un enfoque adecuado, inclusive de género, que no asuma que la evaluación de riesgo es la aplicación de una fórmula genérica, o que las necesidades de protección se agotan en la persona del defensor o defensora sino que se extiende a su familia y sus comunidades o colectivos.

Reconocer y proteger el derecho a defender derechos es una apuesta por la vida, la dignidad y la esperanza.