Edad Media en el siglo XXI frente a la protección de la vida y la familia en Guatemala

9 de Junio de 2022
Edad Media en el siglo XXI frente a la protección de la vida y la familia en Guatemala
Créditos. Sandra Sebastián

Recientemente en Guatemala intentó aprobarse una polémica ley en contra de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+

En la Guatemala del 2022 han ocurrido situaciones que parecieran haber eclipsado la ilusión que representó el proceso de paz y el inició de la transición a la democracia, que dio cierta esperanza en esta región del mundo. Este año se han profundizado los ataques a la sociedad civil, prensa independiente y arreciado la criminalización contra operadores de justicia que durante un par de lustros combatieron la impunidad e individualizaron, investigaron y procesaron casos  graves de corrupción y violaciones de derechos humanos.

Por si esto no fuera poco, las políticas estatales regresivas, se han enfocado en diversos actos de represión contra las comunidades que reclaman el respeto a los derechos ambientales, como dan cuenta los lamentables hechos represivos en El Estor, Izabal, que son una réplica de la situación de otras regiones del país.

Las regresiones

Uno de los hechos que ha dejado boquiabierta a la opinión pública nacional e internacional, y que forma parte de este guión retrógrado, es la aprobación de la denominadaLey para la Protección de la Vida y la Familia”, vetada posteriormente por el ejecutivo.

Se trataba de un cuerpo legal que, restaba derechos a las mujeres, fomentaba el odio y la discriminación, además ponía en riesgo la vida y los derechos de un gran grupo de personas de la comunidad LGBTI+, y anulaba por completo la existencia de las familias de este colectivo. En esta ley también se excluía la educación sexual integral del pensum de estudios, entre otros aspectos problemáticos.

Una de las consideraciones de la normativa aprobada por el Legislativo, es la siguiente: ante la existencia de grupos minoritarios de la sociedad guatemalteca, que proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana, una abierta transgresión a los principios de libertad e igualdad contemplados en la Constitución Política de la República, y agregando un ingrediente extra: la religión.

Fue la religión, el sistema cultural que moldeó la vida en la Edad Media de occidente. En aquella época histórica, la superioridad del poder espiritual sobre el temporal facultaba al primero para intervenir en la esfera secular. Esto ocurría cuando a juicio de la Iglesia, se afectaba algún valor espiritual con lo cual se ponía en peligro la salvación de las “almas” sobre las personas. 

La interferencia de las creencias religiosas, debilita la necesaria separación entre religión y Estado. Debe respetarse la convicción religiosa personal, pero no permitir que invadan el respeto de los derechos de los demás.       

En el contenido del cuerpo legal, la propia definición de la diversidad sexual, dice mucho sobre el carácter regresivo, señalando que es: incompatible con aspectos biológicos y genéticos del ser humano, institucionalizando su rechazo a la misma. Es decir, a capricho del legislador, se evaden realidades culturales, históricas y científicas. Se contraviene totalmente el contenido constitucional y de un sinnúmero de convenios internacionales, distanciándose así de lo regulado por países –inclusive vecinos– que ya superaron un tema que es tabú para un segmento retrógrado de la sociedad guatemalteca.

Con el tamiz de prevenir males, al grupo ultraconservador que propició la aprobación de la ley, imponen un esfuerzo prohibitivo de la educación integral en aspectos sexuales. La Ley para la Protección de la Vida y de la Familia, concentra en su breve contenido, disposiciones que criminalizan a las mujeres que interrumpan su embarazo por cualquier motivo, pero también afecta a los médicos y todo el personal sanitario público o privado que cause o coopere con un aborto

Estos esfuerzos regresivos, propiciados por sectores ultra conservadores, que tienen un público y que representan adeptos para los políticos, tienen además una atmósfera cargada de símbolos. Como por ejemplo que la aprobación de la ley se hubiese dado en medio de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Al día siguiente, se celebró el Día de la Vida y la Familia, habiendo designado a Guatemala como Capital Iberoamericana de la Vida y la Familia, que tiene como antecedente, la aprobación del 9 de marzo como día de la familia en Guatemala, ley aprobada en febrero de este año.

Existencia de otros problemas estructurales

Lo paradójico de estos eventos, y la fanfarria con que la administración pública de Guatemala publicitó las leyes y actividades, es el contraste con la realidad del país. Un país “protector de la vida y la familia”, cuyo principal producto de exportación son las oleadas de migrantes, quienes diariamente se ven obligados a cruzar las fronteras, por la insatisfacción de necesidades básicas.

La desintegración familiar, y los riesgos para las vidas de los migrantes, son auspiciados por este Estado de Guatemala que, mediante el fomento de las redes políticas económicas ilícitas, ha hecho de la administración un botín, que sacia los intereses de políticos corruptos y desatiende los pilares básicos de la gestión pública.    

UNICEF, ha reportado que los niveles de desnutrición en los infantes del país ascienden a una cifra cercana al 50%. Entonces, ¿qué vidas y qué familias son las que protege el poder público de Guatemala?       

Existen reportes del Observatorio Nacional de Derechos LGBTI+ que, en el año 2021, 32 personas fueron asesinadas como consecuencia de su orientación sexual o identidad de género. En los primeros dos meses de este año, 9 personas habían corrido la misma suerte.

Otras estadísticas espeluznantes, presentadas por la misma instancia reportan que en el año 2021, 2,041 niñas de 14 años o menos dieron a luz, y en Guatemala hubo más de 65,000 embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años. 

Ante las justificables protestas y críticas que se desataron en contra de la ley, el gobernante públicamente manifestó que, al recibir la normativa, sería vetada. El cuerpo legal no finalizó el proceso legislativo y fue archivada. Sin embargo, puso en evidencia cómo determinados actores con poder, están con toda la disposición de limitar derechos y plantear regresiones. Unos lo hacen por convicción, otros por obtener réditos políticos.

Lo más lamentable es la pretensión de devolver al país a una época oscura, para contravenir derechos y libertades fundamentales de un grupo de la población y que han sido históricamente discriminadas.

Citación académica sugerida: Sandoval, Juan Francisco: Edad Media en el siglo XXI frente a la protección de la vida y la familia en Guatemala, Agenda Estado de Derecho, 2022/06/09. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/proteccion-de-la-vida-y-la-familia-en-guatemala/

Palabras clave: Guatemala, derechos de las mujeres; derechos LGTBI+; regresión legislativa

Comparte este artículo en...
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
ACERCA DEL AUTOR
Juan Francisco Sandoval Alfaro.

Licenciado en Ciencias Jurídicas y máster en derecho penal por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene estudios en derechos humanos, teoría del delito, criminalística forense y derecho constitucional. Estuvo vinculado al Ministerio Público de Guatemala (2006-2021) donde se desempeñó como fiscal de sección en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad. Durante más de 10 años trabajó con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, donde dirigió las investigaciones de los casos más importantes en la historia del país. Realizó labor docente en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, donde se desempeñó como titular del curso de Derecho Procesal Penal; asesor y revisor de tesis de graduación y evaluador de examen técnico profesional. Es profesional visitante en la Fundación para el Debido Proceso DPLF (Estados Unidos) y becario visitante no residencial de la National Endowment for Democracy (NED) por medio del Fondo Carl Gershman para Demócratas en Riesgo.

Artículos Relacionados

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.