Edad Media en el siglo XXI frente a la protección de la vida y la familia en Guatemala

9 de Junio de 2022
Edad Media en el siglo XXI frente a la protección de la vida y la familia en Guatemala
Créditos. Sandra Sebastián

Recientemente en Guatemala intentó aprobarse una polémica ley en contra de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+

En la Guatemala del 2022 han ocurrido situaciones que parecieran haber eclipsado la ilusión que representó el proceso de paz y el inició de la transición a la democracia, que dio cierta esperanza en esta región del mundo. Este año se han profundizado los ataques a la sociedad civil, prensa independiente y arreciado la criminalización contra operadores de justicia que durante un par de lustros combatieron la impunidad e individualizaron, investigaron y procesaron casos  graves de corrupción y violaciones de derechos humanos.

Por si esto no fuera poco, las políticas estatales regresivas, se han enfocado en diversos actos de represión contra las comunidades que reclaman el respeto a los derechos ambientales, como dan cuenta los lamentables hechos represivos en El Estor, Izabal, que son una réplica de la situación de otras regiones del país.

Las regresiones

Uno de los hechos que ha dejado boquiabierta a la opinión pública nacional e internacional, y que forma parte de este guión retrógrado, es la aprobación de la denominadaLey para la Protección de la Vida y la Familia”, vetada posteriormente por el ejecutivo.

Se trataba de un cuerpo legal que, restaba derechos a las mujeres, fomentaba el odio y la discriminación, además ponía en riesgo la vida y los derechos de un gran grupo de personas de la comunidad LGBTI+, y anulaba por completo la existencia de las familias de este colectivo. En esta ley también se excluía la educación sexual integral del pensum de estudios, entre otros aspectos problemáticos.

Una de las consideraciones de la normativa aprobada por el Legislativo, es la siguiente: ante la existencia de grupos minoritarios de la sociedad guatemalteca, que proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana, una abierta transgresión a los principios de libertad e igualdad contemplados en la Constitución Política de la República, y agregando un ingrediente extra: la religión.

Fue la religión, el sistema cultural que moldeó la vida en la Edad Media de occidente. En aquella época histórica, la superioridad del poder espiritual sobre el temporal facultaba al primero para intervenir en la esfera secular. Esto ocurría cuando a juicio de la Iglesia, se afectaba algún valor espiritual con lo cual se ponía en peligro la salvación de las “almas” sobre las personas. 

La interferencia de las creencias religiosas, debilita la necesaria separación entre religión y Estado. Debe respetarse la convicción religiosa personal, pero no permitir que invadan el respeto de los derechos de los demás.       

En el contenido del cuerpo legal, la propia definición de la diversidad sexual, dice mucho sobre el carácter regresivo, señalando que es: incompatible con aspectos biológicos y genéticos del ser humano, institucionalizando su rechazo a la misma. Es decir, a capricho del legislador, se evaden realidades culturales, históricas y científicas. Se contraviene totalmente el contenido constitucional y de un sinnúmero de convenios internacionales, distanciándose así de lo regulado por países –inclusive vecinos– que ya superaron un tema que es tabú para un segmento retrógrado de la sociedad guatemalteca.

Con el tamiz de prevenir males, al grupo ultraconservador que propició la aprobación de la ley, imponen un esfuerzo prohibitivo de la educación integral en aspectos sexuales. La Ley para la Protección de la Vida y de la Familia, concentra en su breve contenido, disposiciones que criminalizan a las mujeres que interrumpan su embarazo por cualquier motivo, pero también afecta a los médicos y todo el personal sanitario público o privado que cause o coopere con un aborto

Estos esfuerzos regresivos, propiciados por sectores ultra conservadores, que tienen un público y que representan adeptos para los políticos, tienen además una atmósfera cargada de símbolos. Como por ejemplo que la aprobación de la ley se hubiese dado en medio de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Al día siguiente, se celebró el Día de la Vida y la Familia, habiendo designado a Guatemala como Capital Iberoamericana de la Vida y la Familia, que tiene como antecedente, la aprobación del 9 de marzo como día de la familia en Guatemala, ley aprobada en febrero de este año.

Existencia de otros problemas estructurales

Lo paradójico de estos eventos, y la fanfarria con que la administración pública de Guatemala publicitó las leyes y actividades, es el contraste con la realidad del país. Un país “protector de la vida y la familia”, cuyo principal producto de exportación son las oleadas de migrantes, quienes diariamente se ven obligados a cruzar las fronteras, por la insatisfacción de necesidades básicas.

La desintegración familiar, y los riesgos para las vidas de los migrantes, son auspiciados por este Estado de Guatemala que, mediante el fomento de las redes políticas económicas ilícitas, ha hecho de la administración un botín, que sacia los intereses de políticos corruptos y desatiende los pilares básicos de la gestión pública.    

UNICEF, ha reportado que los niveles de desnutrición en los infantes del país ascienden a una cifra cercana al 50%. Entonces, ¿qué vidas y qué familias son las que protege el poder público de Guatemala?       

Existen reportes del Observatorio Nacional de Derechos LGBTI+ que, en el año 2021, 32 personas fueron asesinadas como consecuencia de su orientación sexual o identidad de género. En los primeros dos meses de este año, 9 personas habían corrido la misma suerte.

Otras estadísticas espeluznantes, presentadas por la misma instancia reportan que en el año 2021, 2,041 niñas de 14 años o menos dieron a luz, y en Guatemala hubo más de 65,000 embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años. 

Ante las justificables protestas y críticas que se desataron en contra de la ley, el gobernante públicamente manifestó que, al recibir la normativa, sería vetada. El cuerpo legal no finalizó el proceso legislativo y fue archivada. Sin embargo, puso en evidencia cómo determinados actores con poder, están con toda la disposición de limitar derechos y plantear regresiones. Unos lo hacen por convicción, otros por obtener réditos políticos.

Lo más lamentable es la pretensión de devolver al país a una época oscura, para contravenir derechos y libertades fundamentales de un grupo de la población y que han sido históricamente discriminadas.

Citación académica sugerida: Sandoval, Juan Francisco: Edad Media en el siglo XXI frente a la protección de la vida y la familia en Guatemala, Agenda Estado de Derecho, 2022/06/09. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/proteccion-de-la-vida-y-la-familia-en-guatemala/

Palabras clave: Guatemala, derechos de las mujeres; derechos LGTBI+; regresión legislativa

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ACERCA DEL AUTOR
Juan Francisco Sandoval Alfaro.

Licenciado en Ciencias Jurídicas y máster en derecho penal por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene estudios en derechos humanos, teoría del delito, criminalística forense y derecho constitucional. Estuvo vinculado al Ministerio Público de Guatemala (2006-2021) donde se desempeñó como fiscal de sección en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad. Durante más de 10 años trabajó con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, donde dirigió las investigaciones de los casos más importantes en la historia del país. Realizó labor docente en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, donde se desempeñó como titular del curso de Derecho Procesal Penal; asesor y revisor de tesis de graduación y evaluador de examen técnico profesional. Es profesional visitante en la Fundación para el Debido Proceso DPLF (Estados Unidos) y becario visitante no residencial de la National Endowment for Democracy (NED) por medio del Fondo Carl Gershman para Demócratas en Riesgo.

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