El derecho a la libre determinación en el contexto del colonialismo climático: dos insumos para reglamentar los créditos de carbono en Colombia

26 de Noviembre de 2024
El derecho a la libre determinación en el contexto del colonialismo climático: dos insumos para reglamentar los créditos de carbono en Colombia
Foto: Pexels

¿Hacia dónde dirigir la regulación de los créditos de carbono? ¿Cómo armonizar su dinámica con la protección de los pueblos indígenas?

¿Qué ocurre cuando las comunidades gobiernan y deciden cómo vivir en equilibrio y reciprocidad con su territorio? Para los pueblos indígenas de la Amazonía, responder a esta pregunta es clave para alcanzar la abundancia y el buen vivir, en un territorio en el que naturaleza y cultura se entrelazan como fuerzas vitales. Recientemente, el ejercicio autónomo del gobierno en sus territorios consiguió dos triunfos legales históricos en Colombia que no solo protegen a los indígenas, sino también a todos los que nos beneficiamos de que una gran extensión de la Amazonía aún sea un espacio de vida. La preservación de este vasto ecosistema, uno de los principales sumideros de carbono del planeta, contribuye directamente a mitigar el cambio climático al tiempo que sostiene una biodiversidad que no tiene parangón. Estos logros incluyen la sentencia T-248 de 2024 de la Corte Constitucional, sobre créditos de carbono, y el Decreto 1275 de 2024 sobre las competencias ambientales de las autoridades indígenas. Ambos marcan un paso trascendental hacia la defensa de los territorios y la protección de la vida en todas sus formas.

Las vicisitudes de los créditos de carbono

Como hemos expuesto en nuestros análisis, los créditos de carbono son un mecanismo que pretende mitigar el cambio climático desde la lógica del mercado. Son una solución financiera que intenta equilibrar la balanza entre la contaminación y la conservación. Funcionan como un atajo para que las empresas y los Estados que emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, puedan «compensar» su impacto ambiental comprando créditos. Estos créditos, en teoría, financian proyectos que capturan o reducen emisiones en otros lugares del mundo. Cada uno de ellos equivale a una tonelada de dióxido de carbono que un proyecto ha evitado liberar o ha removido de la atmósfera. Sin embargo, este mecanismo, regido por las dinámicas del mercado, expone una dura realidad: mientras los países del Norte Global siguen contaminando y especulando con estas nuevas mercancías, las comunidades del Sur Global, encargadas de proteger los ecosistemas, son las que más sufren los estragos del cambio climático.

 De la misma forma, hemos sostenido que uno de los problemas principales del modelo actual de los créditos de carbono radica en que reproducen las violencias coloniales. Son mecanismos del mundo de los negocios que desconocen a los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos como agentes que toman decisiones autónomas sobre sus territorios. A menudo estos proyectos imponen formas de manejo que violentan sus derechos y que chocan con sus sistemas culturales, como por ejemplo, la restricción del sistema de cultivo indígena de las chagras, tal como ocurrió en el caso del Pirá Paraná estudiado por la Corte Constitucional. Esta situación ha sido denunciada por pueblos indígenas y organizaciones sociales alrededor del mundo, particularmente de la Amazonía.

Las novedades de la Sentencia T-248 de 2023 sobre créditos de carbono

Siguiendo lo establecido por la   Corte Constitucional  en su Sentencia T-248, una decisión histórica sobre créditos de carbono en Colombia y América Latina, consideramos que los mercados de carbono no se autorregulan y, que en consecuencia, el Estado debe asumir una función proactiva en su regulación y la vigilancia de su implementación. Este fallo, fruto de una tutela presentada por el Consejo Indígena del Pirá Paraná y la Asociación de Capitanes y Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná (ACAIPI) contra la empresa intermediaria Masbosques y otras, estableció que el funcionamiento actual de los créditos de carbono violenta los derechos de los pueblos indígenas, pues desconoce sus sistemas propios de gobierno, su integridad territorial y, sobre todo, las decisiones producto de su libre determinación. La Corte dejó claro que estos proyectos deben respetar a los pueblos indígenas y que los mecanismos del mercado privado, que han prevalecido hasta ahora, no pueden reemplazar sus formas propias de decisión colectiva.

En el mismo sentido, la Corte estableció que los pueblos indígenas son auténticas autoridades ambientales en sus territorios. Esto implica que, en ejercicio de su gobierno y el derecho al consentimiento previo, libre e informado (diferente a la lógica de los contratos privados), ellos, y no las empresas o el Estado, son los únicos habilitados para decidir si están o no de acuerdo con este tipo de proyectos en su territorio y, en caso afirmativo, sobre las condiciones en que pueden hacerse. Según esto, los proyectos deberían nacer de los territorios y no desde los lejanos escritorios de las empresas intermediarias.

La decisión de la Corte Constitucional colombiana también establece que el Estado, en cabeza del Ministerio de Ambiente, incumplió su deber de protección, pues creó una reglamentación flexible que favorece a las empresas interesadas en el negocio de los créditos de carbono. En efecto, el enfoque actual de las normas sobre créditos de carbono se centra en los aspectos técnicos del carbono y en las fases para que las empresas puedan hacer los proyectos, mas no en los mecanismos para proteger las formas de vida territoriales. Las reglas actuales del mercado carecen de un enfoque étnico que proteja los derechos indígenas y no cuenta con instrumentos para vigilar a los actores privados que hoy operan a rienda suelta.

Las oportunidades que surgen con el Decreto 1275 de 2024

El segundo instrumento que interviene en el problema es el Decreto 1275 de 2024  sobre autoridades ambientales indígenas, expedido como preámbulo a la  COP16 de biodiversidad que tuvo lugar en Cali. Esta norma avanza en la materialización de algo que la Constitución ya había reconocido desde el año 91: los territorios indígenas, como entidades territoriales, que hacen parte de la estructura político administrativa del país y gobiernan sus territorios de acuerdo con sus sistemas culturales. La implementación de las competencias ambientales que trae el decreto fortalece la puesta en funcionamiento de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) y la construcción de un país plural y diverso que entiende que la protección de la diversidad cultural y biológica deben ir de la mano.

Este decreto otorga a las autoridades indígenas competencias ambientales reforzadas y reconoce su papel como guardianes territoriales y del ambiente, estableciendo principios de justicia ambiental. En un contexto donde el mercado de créditos de carbono ha generado tensiones y desacuerdos, la correcta implementación de este decreto podría transformar la gestión ambiental y abrir un camino hacia la coexistencia entre las iniciativas de compensación y los derechos de los pueblos indígenas.

Uno de los puntos esenciales de esta normativa es el reconocimiento de la autoridad indígena en la gestión ambiental. Este principio permite a las autoridades indígenas formular y desarrollar planes de ordenamiento en sus territorios a partir de sus propios sistemas de conocimiento. Esto representa una reivindicación de su autonomía y el reconocimiento de que su relación con el medio ambiente no sólo es legítima, sino que ofrece alternativas para la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad. Los gobiernos indígenas obtienen así un mayor control sobre proyectos que, de otra forma, podrían amenazar sus prácticas tradicionales y sistemas de vida.

Otra dimensión significativa es la posibilidad de una regulación más estricta del mercado de carbono. Según los principios de progresividad y rigor subsidiario que introduce el decreto, las autoridades indígenas cuentan con la capacidad de imponer normativas ambientales más rigurosas que las del Estado central. Esto podría aumentar los estándares para los proyectos de compensación de carbono en Colombia.

El decreto también fortalece el pluralismo jurídico y el respeto a los sistemas normativos indígenas. Este reconocimiento implica la coordinación entre las normativas indígenas y las estatales, maximizando las primeras en el ámbito de los territorios indígenas. Esto podría significar que los proyectos de carbono tendrán que ajustarse a los reglamentos de los pueblos indígenas, que a menudo están más alineados con el cuidado territorial a largo plazo y la protección de la biodiversidad.

La hoja de ruta para la correcta regulación de los créditos de carbono

Los dos instrumentos mencionados —sentencia y decreto— establecen lineamientos claros que el Gobierno Nacional podría tomar como punto de partida para reglamentar los créditos de carbono que, al día de hoy, funcionan muy mal. Estos instrumentos no solo fortalecen el papel de los pueblos indígenas como actores claves en la gestión ambiental de sus territorios, sino que también podrían modificar sustancialmente la forma en que se estructuran y gestionan los proyectos de créditos de carbono en Colombia.

En este contexto, nos parece importante anotar que se trata de un tema difícil, pues aunque figuras como el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, han señalado que en el caso del mercado de carbono en Colombia es crucial que se “tome medidas inmediatas para reconocer a las autoridades de los pueblos indígenas como autoridades ambientales”.      Igualmente, expertos constitucionalistas y ambientalistas      también han mostrado sus dudas respecto a la figura de los pueblos indígenas como autoridades ambientales. En primer lugar, porque esta designación podría exacerbar las tensiones territoriales con el campesinado. En tal sentido, es crucial que se avance en la armonización de derechos de los sujetos de especial protección constitucional desde el principio de acción sin daño.

En segundo término, es importante evaluar si existe o no conflicto de interés en que la misma autoridad indígena sea autoridad política y ambiental, pues como no vivimos en un mundo ideal, esta dualidad plantea interrogantes sobre su capacidad para ejercer un autocontrol efectivo en sus decisiones y actuaciones. Por último, el riesgo del fraccionamiento territorial en la gestión ambiental tampoco es menor y requerirá la articulación y coordinación entre los gobiernos indígenas y las autoridades estatales. La claridad sobre estos puntos es todavía una meta por alcanzar.

Considerando estas anotaciones críticas, como lo hemos sostenido desde la Alianza Escucha la Amazonía en el decálogo de paz con la naturaleza, este asunto cobra mayor relevancia ante las discusiones de la COP de biodiversidad que han prendido las alarmas sobre un hecho desgarrador: el 23% de la Amazonía ya perdió su conectividad ecológica y, al paso que vamos, podría llegar a un punto de no retorno. Por esto, si realmente nos importa la diversidad biológica y cultural del planeta, la reglamentación sobre los créditos de carbono no debería dirigirse al funcionamiento de un mercado donde prima el objetivo de hacer negocios, sino, realmente, al fortalecimiento y la protección de los sistemas culturales que protegen la vida.  Hoy, más que nunca, es necesario asegurarlos desde una protección ambiental que incorporé un enfoque de derechos humanos; en este caso, a través del ejercicio del derecho a la autodeterminación y gobierno de los pueblos indígenas como autoridades ambientales.

Citación académica sugerida: Bacca, Paulo Ilich y Trujillo Guerrero, Julián. El derecho a la libre determinación en el contexto del colonialismo climático: dos insumos para reglamentar los créditos de carbono en Colombia. Agenda Estado de Derecho. 2024/11/26. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-derecho-a-la-libre-determinacion-en-el-contexto-del-colonialismo-climatico/

Palabras clave: Créditos de Carbono, CO2, Colombia

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ACERCA DE LOS AUTORES
Paulo Ilich Bacca
Paulo Ilich Bacca

Subdirector de Dejusticia y profesor de la Universidad Javeriana

Julián Trujillo Guerrero
Julián Trujillo Guerrero

Investigador de la Fundación Gaia Amazonas y director de la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana.

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Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

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Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.