El derecho a la ciencia: una responsabilidad y una oportunidad para América Latina

8 de Diciembre de 2021
El derecho a la ciencia: una responsabilidad y una oportunidad para América Latina
Crédito foto: Unsplash

En tiempos de pandemia, ha quedado aún más clara la importancia del derecho a la ciencia. ¿Cómo se ha entendido este derecho y cuál ha sido el rol de Latinoamérica?

Desde que en marzo de 2020 la OMS caracterizara a la COVID-19 como pandemia, la cuestión de la ciencia y su papel en la sociedad, su relación con la política, la democracia y los derechos humanos se ha colocado en el centro de la agenda y de los debates públicos. 

Los ciudadanos queremos comprender qué es un coronavirus y cómo se extiende. Solo así podremos comportarnos como ciudadanos responsables. Hemos exigido de nuestras autoridades que fundamenten sus decisiones en el mejor conocimiento científico disponible y hemos querido que supieran justificar sus decisiones. Los Estados han tomado medidas de restricción de derechos para proteger a la población, en ocasiones invocando estados de emergencia e incluso suspendiendo derechos. Ingentes recursos públicos y privados se han puesto al servicio de una labor investigadora sin precedentes. Los investigadores y científicos de diferentes países han colaborado. Hemos conseguido varias vacunas en un tiempo récord. Pero los muy desiguales ritmos de vacunación en los distintos países nos escandalizan y llaman a reconsiderar cómo emplear todos los recursos necesarios para reducir estas desigualdades, lo cual supone retomar los debates sobre la relación entre el acceso al conocimiento y los derechos de propiedad intelectual.

La ciencia como derecho humano

El año de la pandemia nos ha ayudado a comprender mejor que la relación entre ciencia y derechos humanos es profunda y compleja.

El 6 de marzo de 2020 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU aprobó su Comentario General Nº 25 sobre ciencia y DESC. Este documento llegó en el momento en que la comunidad internacional necesitaba criterios desde el derecho internacional de los derechos humanos en relación con la ciencia.

La idea de la ciencia como parte de un complejo conjunto de valores, principios, libertades y derechos que deben contemplarse desde un enfoque de derechos humanos no es nueva en absoluto. Fue incorporada a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Durante la negociación de la Declaración Universal, los borradores fueron basculando desde la idea de disfrutar de los beneficios que surgen de las invenciones y los descubrimientos, a otra idea más amplia basada en la participación de las personas en los avances científicos y sus aplicaciones. La versión final de la Declaración Universal reconoce, en su artículo 27, el derecho de “toda persona (…) a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. Vemos aquí una solución de compromiso entre las dos posturas, una suerte de suma de ambas.

En 1966 la ciencia fue incorporada en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales según el cual, en el art. 15.1, “los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona (…) a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”. El artículo se desarrolla en los puntos 15.2 al 15.4, en los que se señala que los Estados Partes deben adoptar medidas para la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia y la cultura, además de respetar la libertad para la investigación científica, y fomentar la cooperación y las relaciones internacionales en asuntos científicos y culturales.

Durante casi 40 años este derecho fue un gran olvidado. Desde comienzos del siglo XXI, de la mano primero de la UNESCO y luego de Farida Shaheed, Experta Independiente en materia de Derechos Culturales, el interés por este derecho fue renaciendo. 

El Comentario General nº 25 del Comité DESC

Tras un largo proceso que incluyó consultas públicas con los Estados y la sociedad civil, el Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU aprobó el 6 de marzo de 2020 el Comentario General sobre Ciencia.

El Comentario General no adoptó la denominación “Derecho a la Ciencia” sino que optó por “derecho a participar en el progreso científico y sus aplicaciones y gozar de sus beneficios” (RPEBSPA). El Comité ha querido así subrayar el doble componente (participar en la ciencia y gozar de los beneficios), en fidelidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Este Comentario General incluye como contenido normativo del derecho el acceso y disfrute de los beneficios de la ciencia, la participación en esa parte de la vida cultural que es la ciencia, así como la libertad de hacer ciencia, además de la protección de los intereses morales y materiales de los autores, y las acciones para la conservación, el desarrollo y la divulgación científica.

El conocido esquema de los tres tipos de obligaciones —respetar (no vulnerar), proteger (impedir que terceros lo vulneren) y garantizar o cumplir (tomar las medidas para permitir su disfrute)— es perfectamente aplicable a este derecho.

Las obligaciones básicas son aquellas que se deben cumplir con carácter prioritario. En caso de que, por lo que fuere, estas obligaciones básicas no se cumplieran, exigen del Estado una explicación formal y detallada que demuestre que ha hecho todo lo posible por cumplirlas, empleando hasta el máximo de los recursos de que disponga. El párrafo 52 del Comentario General identifica algunas de estas obligaciones básicas.

Conviene recordar que cuando se habla de beneficios de la ciencia, no solo nos estamos refiriendo a las aplicaciones materiales de la ciencia, sino a un muy amplio campo de aspectos más generales, incluidos sus efectos “en la formación de ciudadanos críticos y responsables capaces de participar plenamente en una sociedad democrática”, como se señala en el párrafo 8 del Comentario General. 

Encontramos aquí un reconocimiento de la ciencia y la cultura científica como necesarias para crear las condiciones de una participación amplia y responsable en los debates democráticos de una sociedad, como ha quedado demostrado durante este año de pandemia. Por esta razón, el Comentario General recoge entre sus obligaciones básicas que las políticas y los programas gubernamentales se fundamenten en las mejores evidencias científicas disponibles y generalmente aceptadas.

El Comentario General dedica todo un capítulo (paras 77 a 84) a la cuestión de la cooperación internacional, especialmente cuando se constatan “profundas disparidades internacionales entre los países en materia de ciencia y tecnología”.

Una responsabilidad y una oportunidad

La comunidad latinoamericana ha tenido un protagonismo muy especial en este camino. Lo fue desde el primer momento, siendo el diplomático chileno Hernán Santa Cruz una figura clave en la incorporación de la ciencia en la Declaración Universal.

Durante los años de negociación y debate del Comentario General, la participación de agentes latinoamericanos ha sido muy destacada. Baste con constatar que la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe ha sido el agente de la UNESCO más activo en crear un clima de debate social con respecto a este derecho. La primera organización regional en mostrar su apoyo al proceso y a comprometer a sus miembros en su desarrollo fue la iberoamericana en su cumbre de Guatemala. Hay aquí un mandato que debemos saber entender y desarrollar. El proceso constituyente en Chile estudia actualmente la constitucionalización de este derecho: será importante seguir esta pista.

La región tiene la capacidad y la oportunidad de seguir en vanguardia, ahora en el desarrollo del abanico de tareas y oportunidades que se derivan del derecho a la ciencia. Toda una tarea.

Citación académica sugerida: Mancisidor, Mikel. El derecho a la ciencia: una responsabilidad y una oportunidad para América Latina, Agenda Estado de Derecho, 2021/12/08. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-derecho-a-la-ciencia-una-responsabilidad-y-una-oportunidad-para-america-latina/

Palabras clave: América Latina; derecho a la ciencia; derechos económicos, sociales y culturales; DESC

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ACERCA DEL AUTOR
Mikel Mancisidor

Miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de la Organización de Naciones Unidas. Adjunct Professor en Washington College of Law, American University. Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Deusto. Doctor en Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática de Ginebra (DIR GSD). Exdirector de UNESCO Etxea – Centro UNESCO del País Vasco (2004-2014).

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