A tres meses de la instalación de la Convención Constitucional en Chile: deseo, decepción y reencantamiento

14 de Octubre del 2021
A dos meses de la instalación de la Convención Constitucional en Chile: deseo, decepción y reencantamiento
Crédito foto: Página web de la Convención Constitucional

¿Qué ha ocurrido desde la instalación de la Convención Constitucional en Chile? ¿Cuáles han sido los tropiezos, avances y aciertos?

Este artículo se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho y el Observatorio Nueva Constitución

Alianza

El Observatorio Nueva Constitución es un centro de estudios conformado por una alianza de colaboración entre académicos, expertos en políticas públicas y miembros de universidades e instituciones internacionales que buscan analizar el proceso constituyente chileno.

El objetivo del Observatorio Nueva Constitución es verificar el cumplimiento de estándares internacionales asociados a este tipo de procesos, así como de las reglas dadas a partir del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución de noviembre de 2019. También busca cooperar por medio de actividades de formación constitucional y extensión académica, y de la generación de propuestas en áreas que puedan ser de interés para el proceso.

El Observatorio tiene como antecedente el libro 7 propuestas para la nueva Constitución de Chile, en el que algunos de los(as) académicos(as) que participan de esta instancia son coautores.

Observatorio Nueva Constituación

Chile ha comenzado la conversación del proyecto de una nueva Constitución. En julio de 2021 se inauguró el trabajo constituyente con la instalación de la Convención Constitucional paritaria, con pueblos originarios, además de una diversidad de fuerzas sociales y políticas representadas. Pese a los temores de algunos sectores, este organismo inició su trabajo con pleno respeto a las reglas vigentes. En ese mismo contexto se eligió como Presidenta a Elisa Loncón, mujer mapuche, académica y líder en la defensa y promoción de los derechos de los pueblos originarios. Su elección implica un cambio político y cultural en la estructura de poder institucional en Chile,  ya que por primera vez preside un órgano colegiado una mujer mapuche, representante de dos grupos históricamente excluidos. La acompaña en la Vicepresidencia el abogado Jaime Bassa del Frente Amplio. 

En esta breve reflexión relatamos algunos episodios que en algún momento disminuyeron las expectativas depositadas en el trabajo de este órgano, y otros que durante las últimas semanas han recobrado, en parte, la confianza de la ciudadanía.

Aparentes decepciones

La Convención Constitucional vio seriamente dificultado el inicio de su trabajo debido a la inexistencia de las mínimas condiciones sanitarias y de infraestructura. Omisión imputable al Gobierno, pues jurídicamente corresponde al Presidente de la República prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero al organismo. A lo anterior se sumaron dos discusiones que atrasaron el comienzo del trabajo principal de la Convención, en cuanto a la elaboración de su reglamento de funcionamiento y la redacción del proyecto de la nueva Constitución. Nos referimos a las disputas en torno a la ampliación de la mesa directiva y la elaboración de una declaración pública solicitando beneficios para las personas actualmente presas por encontrarse imputadas o condenadas por delitos cometidos durante el denominado estallido social. Al mismo tiempo, durante las primeras semanas, los sectores políticos más conservadores —ligados al régimen militar— adoptaron una práctica de automarginación en las deliberaciones de la Convención.

Todo lo anterior incrementó las suspicacias de gran parte de la ciudadanía, incluyendo a quienes votaron en octubre de 2020 por la instalación de esta Convención. Reacción natural, esperable, en un país que por primera vez en su historia cuenta con un órgano colegiado elegido democráticamente para redactar un proyecto de nueva Constitución.

Otro hecho que ha causado consternación y que a la fecha no ha sido resuelto –pues se interpretó que los Convencionales no podían renunciar a su cargo– fue la revelación de que el convencional Rodrigo Rojas, quien hizo de un supuesto cáncer su principal eslogan de campaña, no experimentaba ninguna enfermedad crítica.

Con todo, ya a tres meses consolidados del inicio del funcionamiento de la Convención, es posible observar ciertos avances, que paulatinamente van haciendo recobrar las expectativas en su trabajo. A continuación, mencionaremos algunas.

Con el objeto de dotar de mayor representatividad a la mesa directiva y buscar la articulación de acuerdos en una convención en la que ninguna fuerza política es mayoritaria —al contrario, existe una atomización y diversificación de los sectores políticos presentes—, con muchas “caras nuevas” y una potente incorporación de movimientos independientes, se optó por no entender a la vicepresidencia como un ente unipersonal sino colegiado, a efectos de dar cabida a la mayor parte de tales intereses.

Dada la complejidad de la redacción del reglamento de funcionamiento del organismo y el tiempo que razonablemente ello demandaría, se optó por la instalación de ocho comisiones transitorias encargadas de elaborar propuestas que fueron posteriormente aprobadas por el pleno: Reglamento, Ética y Presupuesto, Derechos Humanos, Comunicaciones, Participación y Consulta Indígena, Participación Popular y Descentralización Territorial. Hecho que desembocó en que a la fecha la Convención ya cuente con reglamentos que disciplinen su funcionamiento.

Estas comisiones desarrollaron un intenso trabajo de audiencias públicas abiertas a efectos de recopilar antecedentes, ideas y datos que puedan abastecer y nutrir su trabajo. Más de dos mil solicitudes de audiencias públicas se presentaron ante esta convocatoria.

Aguas turbulentas, nunca antes navegadas

Diversas han sido las complejidades por las que atravesó el trabajo de las comisiones transitorias de la Convención, pero nos interesa reparar al menos en un par. Una se relaciona con el incremento de los fondos disponibles para la contratación de personal de apoyo y asistencia a la función de los y las convencionales. La segunda, con iniciativas que han propuesto cancelar ciertos discursos, especialmente los que se estiman como apologetas de violaciones a los Derechos Humanos.

Sobre la financiación de la operación de la Convención

La Convención discutió y aprobó un incremento en las asignaciones —no remuneraciones— para solventar los gastos de operación de la Convención. Sobre el particular, es necesario recordar que los fondos asignados por el Ejecutivo para los gastos de operación del órgano constituyente fueron pensados sobre la base de pronósticos que no necesariamente se cumplieron. No se avizoraba, por ejemplo, la existencia de una mesa de vicepresidencias ni se podía calcular la cantidad de comisiones en que se organizaría la convención. Mucho menos los resultados de la elección de mayo, en los cuales nuevas fuerzas políticas ganaron numerosos escaños. Por lo tanto, una vez que se confirmó que la proyección resultaba insuficiente, era necesario revisarla. Era absurdo insistir en una proyección derrumbada por los hechos.

En efecto, si bien la remuneración percibida por los y las convencionales supera el ingreso promedio nacional, es ostensiblemente inferior a la que reciben ministros de Estado y parlamentarios. Ni que mencionar las asignaciones de gastos que se les entrega a dichas autoridades. Pero con toda la importancia que revisten estos cargos, su función no se asemeja a la de redactar un proyecto de nueva Constitución, tanto por la relevancia como por lo inédito de la situación, factor que demanda mayor apoyo. Los recursos utilizados en fortalecer la democracia no son gastos, sino inversiones indispensables.

Por otra parte, nunca está de más recordar la justificación histórica de la remuneración y asignaciones a parlamentarios y convencionales en este caso. Si estas labores se desarrollaran de manera gratuita, únicamente personas con riquezas o financiadas directamente por grupos de interés podrían participar en la actividad política, representando precisamente los intereses de esos grupos aventajados.

¿Veto al mensajero o censura al electorado?

Respecto del segundo problema, a comienzos de agosto, la Comisión de Derechos Humanos aprobó un “Voto Político” para que en sus audiencias no participara el convencional Jorge Arancibia, ex Almirante de la Marina que fue edecán de Augusto Pinochet. De la misma manera se informó que en las audiencias públicas no se escucharía a organizaciones defensoras de la dictadura o vinculadas a ella. Bastante se ha analizado el tema desde la perspectiva de la libertad de conciencia y de expresión, esto es, los derechos fundamentales de los y las convencionales (y de las organizaciones) a seleccionar sus convicciones y poder manifestarlas en el seno de la Convención. Si bien hemos de tener presente que a quienes conforman el órgano constituyente les asiste la inviolabilidad por los juicios y opiniones que manifiesten en las sesiones de sala o de pleno, en las mismas condiciones que a los parlamentarios —artículo 134 de la Constitución—, nos parece que el problema no se vincula con los derechos de los y las convencionales sino con el rol y naturaleza del organismo.

Por eso, es necesario recordar que la Convención no es un partido político, una empresa financiada por grupos de interés o una congregación religiosa, que son entidades a quienes se les suele reconocer la facultad (aunque no sin cuestionamientos) de exigir a sus trabajadores la suscripción de un ideario o decálogo redactado por sus directores y/o fundadores. La Convención no tiene dueños ni gerentes.

Por el contrario, es un espacio de deliberación constituyente, autónomo y representativo cuya misión es permitir las discusiones que se encontraban clausuradas por los cerrojos o enclaves antidemocráticos de la Constitución actual. No a la inversa. Es por eso que debe respetarse a todos los actores y voces interesadas en participar. La Convención está conformada por personas que no han pasado por un proceso de selección de personal, mediante el que habitualmente las entidades con líneas editoriales procuran no contratar portavoces de discursos sediciosos para sus objetivos. Las 155 personas que la integran han sido elegidas mediante sufragio y representan los intereses de los distintos sectores de la ciudadanía. Evitar que esos intereses se expresen no es vetar al mensajero, es censurar al electorado.

En este sentido, es importante estar atentos a la aplicación de las normas contenidas en el reglamento de ética de la Convención relativas a las figuras denominadas apología del delito y negacionismo. Cuestión que esperamos analizar en próximas reflexiones.

Con viento a favor, pero no hay que soltar el timón

Durante las últimas semanas, con menos presión mediática producto del protagonismo adquirido por la elección presidencial y parlamentaria de noviembre, y con algo de experiencia acumulada durante varios meses de trabajo, la Convención comienza a mostrar algunos resultados que pueden recobrar la confianza de la ciudadanía en su trabajo y en el éxito del proceso constituyente. Por ejemplo, la aprobación de los reglamentos

En efecto, la aprobación de los reglamentos y el anuncio del inicio de la discusión del texto del proyecto de Nueva Constitución implican un avance significativo que disipa algunas suspicacias en torno al funcionamiento de la Convención. En esta etapa debe cumplir un rol activo la ciudadanía que pueda contribuir a mejorar este proyecto durante su discusión.

Citación académica sugerida: Alvarado, Paulina; Núñez Leiva, J. Ignacio. A tres meses de la instalación de la Convención Constitucional en Chile: deseo, decepción y reencantamiento, Agenda Estado de Derecho, 2021/10/14. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/dos-meses-convencion-constitucional-en-chile/

Palabras clave: Chile, Constitución, Convención Constitucional

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ACERCA DE LOS AUTORES
Paulina Alvarado

Periodista y licenciada en Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo en Chile, con un Diplomado Ejecutivo en Gestión Estratégica de las Comunicaciones en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Experta en medios de comunicación y actual encargada de comunicaciones del Observatorio Nueva Constitución. 

J. Ignacio Núñez Leiva

Abogado, LLM y Doctor en Derecho. Director del Área de Derecho Público de la Universidad Central de Chile. Coordinador Académico del Observatorio Nueva Constitución.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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