La Convención Constitucional vio seriamente dificultado el inicio de su trabajo debido a la inexistencia de las mínimas condiciones sanitarias y de infraestructura. Omisión imputable al Gobierno, pues jurídicamente corresponde al Presidente de la República prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero al organismo. A lo anterior se sumaron dos discusiones que atrasaron el comienzo del trabajo principal de la Convención, en cuanto a la elaboración de su reglamento de funcionamiento y la redacción del proyecto de la nueva Constitución. Nos referimos a las disputas en torno a la ampliación de la mesa directiva y la elaboración de una declaración pública solicitando beneficios para las personas actualmente presas por encontrarse imputadas o condenadas por delitos cometidos durante el denominado estallido social. Al mismo tiempo, durante las primeras semanas, los sectores políticos más conservadores —ligados al régimen militar— adoptaron una práctica de automarginación en las deliberaciones de la Convención.

Todo lo anterior incrementó las suspicacias de gran parte de la ciudadanía, incluyendo a quienes votaron en octubre de 2020 por la instalación de esta Convención. Reacción natural, esperable, en un país que por primera vez en su historia cuenta con un órgano colegiado elegido democráticamente para redactar un proyecto de nueva Constitución.

Otro hecho que ha causado consternación y que a la fecha no ha sido resuelto –pues se interpretó que los Convencionales no podían renunciar a su cargo– fue la revelación de que el convencional Rodrigo Rojas, quien hizo de un supuesto cáncer su principal eslogan de campaña, no experimentaba ninguna enfermedad crítica.

Con todo, ya a tres meses consolidados del inicio del funcionamiento de la Convención, es posible observar ciertos avances, que paulatinamente van haciendo recobrar las expectativas en su trabajo. A continuación, mencionaremos algunas.

Con el objeto de dotar de mayor representatividad a la mesa directiva y buscar la articulación de acuerdos en una convención en la que ninguna fuerza política es mayoritaria —al contrario, existe una atomización y diversificación de los sectores políticos presentes—, con muchas “caras nuevas” y una potente incorporación de movimientos independientes, se optó por no entender a la vicepresidencia como un ente unipersonal sino colegiado, a efectos de dar cabida a la mayor parte de tales intereses.

Dada la complejidad de la redacción del reglamento de funcionamiento del organismo y el tiempo que razonablemente ello demandaría, se optó por la instalación de ocho comisiones transitorias encargadas de elaborar propuestas que fueron posteriormente aprobadas por el pleno: Reglamento, Ética y Presupuesto, Derechos Humanos, Comunicaciones, Participación y Consulta Indígena, Participación Popular y Descentralización Territorial. Hecho que desembocó en que a la fecha la Convención ya cuente con reglamentos que disciplinen su funcionamiento.

Estas comisiones desarrollaron un intenso trabajo de audiencias públicas abiertas a efectos de recopilar antecedentes, ideas y datos que puedan abastecer y nutrir su trabajo. Más de dos mil solicitudes de audiencias públicas se presentaron ante esta convocatoria.