Una nueva ley para una nueva Corte Suprema de Justicia en Honduras

21 de Septiembre de 2022
Una nueva ley para una nueva Corte Suprema de Justicia en Honduras
Tomado de Twitter oficial del Poder Judicial de Honduras

Según el autor, se trata de un excelente camino para la construcción de una administración de justicia independiente, competente e imparcial.

Poder Judicial y legitimidad

Desde el golpe de Estado de 2009 Honduras ha vivido una crisis democrática permanente que profundizó el deterioro de la institucionalidad pública. Desde entonces, el Poder Judicial ha abdicado de su deber constitucional de controlar la legalidad de los actos y omisiones del poder público, y ha puesto su actuación al servicio de quienes han convertido al país en una autocracia, “contribuyendo aún más al debilitamiento del sistema democrático y propiciando un estado general de impunidad”, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Esta posición del Poder Judicial ha sido una constante en la historia del país debido a la existencia de una “justicia selectiva” que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “por un lado, actúa de manera tardía sin ofrecer respuesta efectiva en relación con violaciones a derechos humanos, pero que, por otra parte, actúa favoreciendo en algunos casos los intereses de diversos actores vinculados al poder público, político y empresarial”.

La falta de un efectivo control judicial de la legalidad tiene dos efectos claros: primero, un aumento de la desconfianza ciudadana en el sistema de justicia, como lo revela el Sondeo de Opinión Pública del ERIC-SJ en el que el 82,5% de la población hondureña considera que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) protege los intereses de los ricos, poderosos, corruptos y narcos, y el 80,3% tiene poca o ninguna confianza en ella.

Segundo, impacta gravemente en la vigencia de los derechos humanos, ya que, sin un poder judicial independiente e imparcial las denuncias de la ciudadanía no toman su correcto cauce institucional y las violaciones a los derechos y libertades no son investigadas efectivamente, ni sus responsables sancionados, y las víctimas no son reparadas.

Una elección que debe importar a toda la ciudadanía

La independencia judicial constituye un elemento irremplazable del Estado de Derecho y una garantía ciudadana de un juicio justo. Esto es de suma importancia porque los jueces y las juezas ejercen un poder de gran impacto sobre la vida y los intereses de las personas, ya que como lo plantea José Antonio Martín Pallín, su libertad, sus propiedades y su capacidad para hacer negocios o disponer de una herencia están en sus manos.

La elección de los magistrados y magistradas es un asunto que debe interesar a toda la ciudadanía, sobre todo porque según la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados (REIMA), uno de los principales retos es el elevado grado de politización en su nombramiento que después se traslada a la designación de jueces y juezas de las demás instancias judiciales, afectando todo el sistema judicial.

En su visita a Honduras, la REIMA señaló que el procedimiento de selección vigente constituye una clara amenaza a la independencia judicial y a la separación de poderes, puesto que no ofrece garantías suficientes para eliminar la injerencia de los partidos políticos. Por ello, recomendó:

i. Que la composición y el funcionamiento de las juntas de selección encargadas de preparar una lista de candidaturas a esos cargos estén regulados por la ley;

ii. Que se establezcan criterios claros y objetivos para su evaluación; y

iii. Que esta incluya disposiciones que garanticen la transparencia y permitan el escrutinio público.

Una nueva ley, ¿una oportunidad histórica?

En julio de 2022, el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta normativa representa un avance importante porque incorpora muchos de los aspectos recomendados por la REIMA en su visita al país.

La nueva ley amplía las incompatibilidades para ser parte de la Junta Nominadora (JN) con el fin de evitar que la integren quienes tengan conflictos de intereses. También garantiza que sean públicas las sesiones, audiencias y entrevistas, y que exista una amplia participación de observadores nacionales e internacionales, de los medios de comunicación y del público en general.

La ley ordena que las votaciones se hagan mediante consignación de nombres y sean transmitidas en vivo por todos los medios de comunicación en cualquier formato. A su vez, plantea la habilitación de un portal electrónico de transparencia en el que se compartirá toda la información y documentación del proceso.

La ley permite la impugnación de las personas representantes de las instituciones que integren de la JN y la presentación de tachas y denuncias en contra de las personas postulantes. Esta normativa asegura que la nómina final de no menor de 45 candidaturas se integre con 23 mujeres y 22 hombres mejor evaluados, y que el Congreso Nacional elija no menos de 7 magistradas.

Finalmente, la ley contiene una matriz técnica para evaluar la integridad personal y profesional (25%), la ética profesional (20%) y la idoneidad y capacidad técnica (55%). La nómina que la JN envíe al Congreso Nacional debe ser acompañada de un informe de evaluación debidamente motivado.

Mirando el bosque más allá de los árboles

Uno de los aspectos que ha generado críticas a la ley es que se eliminó del artículo 15 la prohibición de que los miembros activos de partidos políticos puedan postular sus candidaturas, lo cual, según sus críticos, permite la politización de la elección. Sin embargo, la restricción al derecho a la participación solo puede ser válida si pasa el test tripartito de la legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

En otras palabras, debe estar previamente establecida por la ley, perseguir un fin legítimo y ser necesaria y proporcional en una sociedad democrática. Primero, la Constitución no establece que sea posible una restricción de este tipo. Segundo, el fin legítimo que se persigue es la independencia judicial, pero esto debería permitir que se prohíba también la participación de otros sectores, como, por ejemplo, los abogados fundamentalistas cristianos que podrían tomar decisiones en base a sus creencias religiosas, con graves consecuencias para los derechos sexuales y reproductivos, y los derechos de las personas LGTBIQ+.

Tercero, la prohibición por pertenecer a un partido político no puede considerarse necesaria ni proporcional para garantizar la independencia judicial, a menos que dicho partido promueva valores que atenten contra la democracia, como los golpes de Estado o el terrorismo. Las críticas a la ley debido a este artículo, hace que, por enfocarnos en el árbol, dejemos de ver el bosque. Y el bosque, que representa la ley en su conjunto, es una herramienta con la que antes no contaba la sociedad hondureña.

La elección de quienes integrarán la próxima CSJ tendrá un componente político porque la realizará un órgano compuesto por partidos políticos como el Congreso Nacional. No obstante, la nueva ley brinda las herramientas para que la sociedad ejerza un efectivo escrutinio público y provoque que el Legislativo solo pueda nombrar a 15 personas magistradas, aun en el contexto del reparto de cuotas, de una nómina de 45 seleccionadas por la JN por haber demostrado ser de las más idóneas, íntegras y capaces.

Posiblemente esta sea la última oportunidad en mucho tiempo de que en Honduras se presente una oportunidad para la construcción de una administración de justicia independiente, competente e imparcial. ¿La aprovechará el país?

Citación académica sugerida: Mejía Rivera, Joaquín A. Una nueva ley para una nueva Corte Suprema de Justicia en Honduras, Agenda Estado de Derecho, 2022/09/21. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/una-nueva-ley-para-una-nueva-corte-suprema-de-justicia-en-honduras/

Palabras clave: Honduras; poder judicial; CSJ; elección; independencia judicial.

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ACERCA DEL AUTOR
Joaquín A. Mejía Rivera

Doctor en Derechos Humanos. Investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, y coordinador adjunto del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos.

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Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

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Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.