Un año desde una decisión clave del Consejo Asesor de Contenido de Meta para proteger a defensores de derechos humanos en el espacio digital
16 de Junio de 2026
Las redes sociales amplifican riesgos para defensores de derechos humanos en Perú ¿Qué postura ha asumido Meta y qué retos siguen vigentes?
Las redes sociales son hoy un espacio central para el debate público. No obstante, también pueden convertirse en entornos donde se amplifican ataques, campañas de desprestigio y amenazas. Esto afecta especialmente a quienes defienden derechos humanos, que generalmente ya enfrentan riesgos fuera del espacio digital. En este contexto, las decisiones que toman las plataformas sobre qué contenido permitir o eliminar no son neutras, pues pueden incidir directamente en la seguridad de las personas.
Hace un año, el Consejo Asesor de Contenido de Meta emitió una decisión que marcó un punto de inflexión. El caso ayudó a reconocer una forma de violencia digital que suele pasar desapercibida: las amenazas veladas. Sin embargo, a un año de la decisión, aún no se ha cumplido plenamente con las recomendaciones. A continuación, reflexionamos sobre la importancia de este caso y los desafíos pendientes en su implementación.
El 27 de mayo de 2025, el Consejo revisó una decisión de Facebook que había permitido una publicación dirigida contra una reconocida defensora de derechos humanos peruana, quien además ocupaba un rol de liderazgo en una coalición nacional de organizaciones.
La publicación incluía una imagen en la que la defensora aparecía con sangre en el rostro, sugiriendo una herida en la cabeza. El mensaje que la acompañaba la acusaba de incitar a la violencia y de hacer un uso indebido de recursos internacionales. Meta consideró inicialmente que se trataba de una metáfora. Sin embargo, múltiples organizaciones y personas denunciaron el contenido. Tras la negativa de la plataforma a retirarlo, el caso fue apelado ante el Consejo, bajo el argumento de que ese mensaje debía interpretarse en su contexto como parte de un entorno de hostigamiento contra personas defensoras en Perú.
El Consejo coincidió y determinó que la publicación constituía una amenaza velada que debía ser eliminada. Más allá del resultado, destaca el enfoque del análisis. El Consejo incorporó una evaluación contextual amplia. Consideró quién realizó la publicación, el historial de violencia del grupo al que pertenecía, el entorno de ataques contra personas defensoras y el nivel de exposición pública de la víctima. Este enfoque permitió comprender con mayor precisión el alcance real del contenido.
Además, la decisión fue más allá del caso concreto. El Consejo formuló recomendaciones dirigidas a mejorar las reglas y prácticas de la plataforma. Entre ellas, pidió una revisión anual sobre la gestión de este tipo de amenazas, incluyendo una evaluación de la capacidad de Meta para identificar amenazas veladas. También solicitó prestar especial atención al contenido que contiene amenazas contra personas defensoras que permanecen incorrectamente en la plataforma, así como a los casos en que el discurso político legítimo es eliminado por error.
Este caso ayuda a entender mejor cómo funciona la violencia en el entorno digital. Las amenazas no siempre son directas o explícitas. Muchas veces se presentan como imágenes, insinuaciones o mensajes ambiguos que, fuera de contexto, pueden parecer inofensivos. Sin embargo, en determinados entornos, estos mensajes pueden contribuir a campañas de hostigamiento o aumentar el riesgo para las personas afectadas.
Al reconocer las amenazas veladas, el Consejo establece un estándar más exigente para las plataformas.Destaca la importancia del contexto como un elemento central en la evaluación del contenido. Esto implica considerar factores como el entorno político, los antecedentes de violencia o la visibilidad de la persona afectada.
La decisión también refuerza la idea de que las empresas tecnológicas tienen responsabilidades en materia de derechos humanos. De acuerdo con estándares internacionales, no solo deben reaccionar ante contenidos problemáticos, sino también prevenir daños y ajustar sus políticas a los riesgos reales que enfrentan las personas usuarias.
En América Latina, esto tiene una relevancia particular. La región presenta altos niveles de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, y las redes sociales pueden convertirse en un espacio donde ese riesgo se amplifica. Por ello, mejorar la moderación de contenidos en ese sentido no es solo un asunto técnico, sino una cuestión central para la protección de derechos.
A pesar de la importancia de esta decisión, su impacto depende de su implementación, en donde persisten los principales desafíos. Meta ha desarrollado mecanismos para dar seguimiento a las recomendaciones del Consejo. Sin embargo, muchas de ellas sigue en proceso o se implementa de forma parcial. En el caso de la defensora peruana, las recomendaciones continúan en fase de análisis de viabilidad desde mediados de 2025, sin cambios concretos visibles en el texto de las políticas.
Esto refleja una brecha entre los estándares y la práctica. Las decisiones del Consejo establecen una orientación clara sobre cómo deberían abordarse las amenazas en línea, pero su efectividad depende de que estos criterios se traduzcan en cambios concretos en las políticas y sistemas de moderación.
Al mismo tiempo, este caso muestra un elemento relevante en el panorama actual. Meta mantiene un mecanismo independiente de revisión como el Consejo Asesor de Contenido. Esto permite cuestionar decisiones, elevar casos complejos y generar estándares con impacto global. Sin embargo, no todas las plataformas cuentan con instancias similares. En muchos espacios digitales, las decisiones sobre contenido se toman sin supervisión externa ni mecanismos claros de rendición de cuentas. Esto deja a las personas usuarias, especialmente r a quienes enfrentan mayores riesgos, en una situación de mayor vulnerabilidad.
El escenario es, por tanto, mixto. Por un lado, este caso representa un avance importante y demuestra la utilidad de mecanismos independientes como el Consejo Asesor de Contenido, que permiten revisar decisiones, incorporar el contexto y elevar estándares de protección con impacto global. Por otro, persisten retos en materia de cumplimiento dentro de la propia plataforma, y se observan retrocesos en otras redes sociales que carecen de instancias similares, lo que debilita las garantías para proteger a las personas frente a amenazas en el entorno digital.
Aun así, el precedente es significativo. Ofrece una base para exigir mejoras, fortalece el debate sobre la responsabilidad de las plataformas y subraya la importancia de contar con mecanismos independientes que supervisen sus decisiones. El desafío ahora es que estos estándares se traduzcan en prácticas efectivas de protección en todo el entorno digital. En el marco del aniversario de este caso, invitamos a descargar la Guía práctica para reportar amenazas contra personas defensoras de derechos humanos en Facebook, Instagram y Threads. En un contexto en el que denunciar y activar los mecanismos nacionales e internacionales de protección es fundamental, también resulta clave aprovechar de forma adecuada las herramientas que ofrecen estas plataformas.
Citación académica sugerida: Cruz Marín, Patricia y Sampieri Ortega, Agneris. Un año desde una decisión clave del Consejo Asesor de Contenido de Meta para proteger a defensores de derechos humanos en el espacio digital.. Agenda Estado de Derecho. 2026/05/16. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/un-ano-desde-una-decision-clave-del-consejo-asesor/
Palabras clave sugeridas: Derechos humanos, Meta, Perú, plataformas digitales, moderación de contenidos.
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Es abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Es analista de políticas públicas para América Latina y coordinadora global de libertad de expresión en Access Now.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
