Primera ley contra la mutilación genital femenina en América Latina: avances y desafíos
22 de Julio de 2026
Colombia aprueba la primera ley en Latinoamérica contra la mutilación genital femenina y enfrenta el reto de implementarla ¿Podrá marcar el camino regional?
Renee tiene hoy 80 años, pero a los tres, su madre la llevó a una clínica en Estados Unidos porque se tocaba los genitales mientras jugaba. Un médico ligado a la iglesia adventista le dijo que podría “arreglarlo” y le removió parte del clítoris. Esta intervención le causó consecuencias dolorosas en su vida adulta, especialmente complicaciones graves durante su parto cuando se convirtió en mamá. Lo mismo le pasó a Dena a sus nueve años, durante un viaje familiar a Indonesia. Su tía la llevó a un lugar apartado de la casa de su abuela y ahí le dijeron que tenían que cortarla para preservar su “pureza”. Décadas después,, en Colombia, Ana, una mujer indígena, entendió que ella también había sido mutilada al ver a su primera hija regresar herida y llorando tras ser llevada por una partera de su comunidad.
Estos testimonios hacenparte del último reporte global de Equality Now sobre mutilación genital femenina (MGF). Como ellas, más de 230 millones de mujeres y niñas en todo el mundo, según UNICEF, han sufrido esta práctica, conocida también como “ablación” o “curación”, que consiste en cortar, lesionar o remover partes de los genitales de niñas recién nacidas por razones no médicas. Pero, lo cierto es que, según la Organización Mundial de la Salud, puede causar infecciones, hemorragias, afectaciones psicológicas, infertilidad, abscesos, quistes, úlceras e incluso la muerte.
Se suele creer de forma prejuiciosa y racista que la MGF es una cosa lejana que ocurre solo en África. Los datos muestran que está presente en 94 países que abarcan todos los continentes, con excepción de la Antártida. En América Latina se tienen datos históricos sobre Perú, Brasil y México. En Colombia, el Congreso de la República aprobó el 10 de junio de 2026 una ley histórica que busca erradicar la MGF convirtiéndose en la primera norma de este tipo en la región.
El Estado colombiano reconoció que la MGF existía en su territorio en 2007, después de que dos niñas indígenas murieron en un hospital como consecuencia de ella y, aunque han pasado casi 20 años desde entonces, solo en 2026 se logró una ley específica para prevenirla y erradicarla. El corazón de esta iniciativa, además, fueron las mismas lideresas indígenas, particularmente del pueblo Emberá, que han luchado durante décadas para acabar con la práctica en sus comunidades, donde se tiene registro de esta práctica, así como se ha identificado en población migrante y afrodescendiente. Suele llevarse a cabo en la intimidad de los hogares o en entornos comunitarios, por lo que sigue siendo oculta y sub registrada.
Las comunidades que practican la mutilación genital femenina suelen justificarla a través de normas culturales, religiosas o sociales. En algunos casos se cree r erróneamente que ayuda a evitar las relaciones sexuales antes del matrimonio y previene la infidelidad de las esposas. No obstante, detrás de estas excusas hay en realidad desigualdad y discriminación de género porque, en últimas, lo que se busca es controlar la sexualidad y el cuerpo de las mujeres.
La MGF es una forma de violencia basada en género y una grave violación de los derechos humanos de las mujeres, en especial a la igualdad, a una vida libre de violencia y a no ser sometidas a discriminación, torturas o tratos crueles, inhumanos, o degradantes. Los Estados deben tomar todas medidas necesarias para proteger a las niñas y mujeres de estas prácticas y cumplir así sus obligaciones con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, contenidas en instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN).
Las Naciones Unidas, por su parte, se han pronunciado de manera específica sobre la MGF. En 2012, en el marco de la Asamblea General, adoptó por consenso una resolución para intensificar los esfuerzos globales dirigidos a eliminarla, destacando que se deben realizar esfuerzos por atender a las víctimas, hacer partícipes a los tomadores de decisiones, e incentivar y apoyar iniciativas comunitarias para cambiar normas sociales. En 2024, se adoptó el Pacto para el Futuro, que animó explícitamente a los Estados miembros a eliminar las prácticas nocivas, como la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, precoz y forzado. Los 194 países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a eliminar estas prácticas para el año 2030, en el marco del objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
De forma más reciente, a finales del 2025, por primera vez en su historia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia temática sobre MGF en las Américas, que derivó en un pronunciamiento público instando a los Estados a adoptar medidas para erradicarla, al considerarla una violación de derechos fundamentales como la integridad personal, la salud y la vida digna.
Siguiendo las obligaciones nacionales, regionales e internacionales para con los derechos de las niñas y mujeres, el Congreso colombiano aprobó la primera ley del país y de América Latina para erradicar la MGF. Solo el 37% de los países donde hay registro de la práctica cuentan con marcos jurídicos para combatirla, siendo África el continente con mayor legislación al respecto, seguido de Europa y América del Norte, de acuerdo con estudios de Equality Now.
Por lo general, esos países se han centrado en leyes que combinan acciones legales, educativas, estadísticas y culturales. Por ejemplo, Kenia estableció la Junta Contra la Mutilación Genital Femenina para coordinar las iniciativas dirigidas a erradicar la práctica; Francia adoptó medidas de educación y sensibilización sobre la MGF en las escuelas, ya que las medidas penales no estaban contribuyendo a su erradicación; Indonesia prohibió las circuncisiones femeninas para bebés y estableció procesos de educación para que las niñas conozcan sus órganos reproductivos, y Uganda y Somalia han elevado la protección contra la MGF a nivel constitucional.
La ley que se aprobó en Colombia contempla la creación de una política pública nacional para la prevención, atención y erradicación de la MGF; la implementación de protocolos obligatorios en el sistema de salud, incluida la capacitación del personal para identificar y atender casos de manera adecuada; el fortalecimiento de los sistemas de información para recolectar y publicar datos periódicos sobre la práctica; y estrategias de prevención, educación y trabajo comunitario con enfoque intercultural e interseccional.
No existe una única fórmula única para acabar con la MGF, pero se requiere una perspectiva intercultural, antirracista, preventiva y basada en derechos, construida desde el diálogo con las comunidades.
Tras la aprobación del proyecto de ley en Colombia, el siguiente paso es la sanción presidencial para su entrada en vigor. Sin embargo, el desafío más importante empieza ahora. La experiencia internacional muestra que adoptar una ley es solo el primer paso. Su impacto dependerá de una implementación efectiva, que conlleva asignación de recursos, fortalecimiento institucional, mejora de los sistemas de información y, sobre todo, trabajo sostenido con las comunidades para prevenir la práctica y acompañar a las sobrevivientes.
Citación académica sugerida: Becerra Copete, Leandra. Colombia aprueba la primera ley contra la mutilación genital femenina en América Latina.. Agenda Estado de Derecho. 2026/07/22. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/primera-ley-contra-la-mutilacion-genital-femenina/
Palabras clave sugeridas: Colombia; mutilación genital femenina; violencia de género.
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Es abogada colombiana especializada en Ciencias Penales y Criminológicas, con casi ocho años de experiencia en derechos humanos, justicia restaurativa y consolidación de la paz, enfoque étnico, territorial y de género. Originaria de Quibdó, Chocó, y orgullosa mujer negra afrocolombiana, ha trabajado en educación, litigios y defensa de las mujeres afectadas por el encarcelamiento, la violencia y el conflicto. Actualmente, es asesora legal y de incidencia de Equality Now en América Latina y el Caribe.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
