El 28 de mayo, en Misiones, fue hallado el cuerpo de Dulce María Beatriz Candia, una adolescente de 17 años que llevaba más de diez días desaparecida en la localidad de Eldorado. La autopsia determinó que había sido asesinada por asfixia. La investigación derivó en la detención e imputación por femicidio de Mario Alberto Y., un remisero de 46 años que continúa privado de su libertad mientras avanza la causa. Los investigadores sostienen que distintas pruebas tecnológicas y periciales lo ubican en las inmediaciones del lugar donde fue encontrado el cuerpo.

El 30 de mayo, Córdoba quedó conmocionada por el hallazgo de los restos de Agostina Vega, de 14 años. La adolescente había desaparecido una semana antes, y había sido vista por última vez ingresando a la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, una persona conocida por su entorno familiar. Las cámaras de seguridad registraron su ingreso al domicilio, pero nunca su salida. Barrelier fue detenido durante los primeros días de la búsqueda y continúa siendo el único imputado por el femicidio. La investigación sigue abierta y la justicia analiza si existió participación de otras personas en el hecho.

Lo que la investigación también reveló rápidamente es que Barrelier tenía antecedentes por violencia de género: denuncias previas que habían pasado por el sistema judicial sin derivar en medidas de protección efectivas. El dato es crucial, no porque establezca culpabilidad de manera automática, sino porque revela que el Estado había tenido señales previas, había tenido oportunidades de intervención y no las había aprovechado.

El 31 de mayo, en Temperley, provincia de Buenos Aires, fue asesinada Noelia Carolina Romero, de 30 años. Según la investigación judicial, la mujer había logrado comunicarse con el servicio de emergencias para denunciar que se encontraba retenida contra su voluntad por su pareja. El principal acusado es Tomás Adrián Núñez, quien fue detenido el mismo día y permanece bajo custodia judicial mientras avanza la causa.

Según la investigación a cargo del fiscal Jorge Grieco, Núñez tenía dos denuncias previas: una por violencia de género presentada por una expareja y otra por hurto presentada por la propia Romero dos meses antes de su muerte, cuando el acusado le había transferido dinero de su cuenta de forma no autorizada.

Las circunstancias concretas de cada caso son diferentes, pero observados en conjunto permiten identificar un patrón. La demora estatal aparece en momentos distintos del ciclo institucional: en la recepción de la denuncia, en la activación de protocolos de búsqueda, en la carátula temprana con perspectiva de género o en la respuesta de emergencia ante un llamado de auxilio. En los tres casos, esa demora tuvo consecuencias irreversibles.

En Misiones, la familia de Dulce Candia sostuvo que intentó denunciar la desaparición de la adolescente varios días antes de que la presentación fuera formalmente registrada por la Policía. Según relató su madre, fue derivada de una dependencia a otra y no pudo completar el trámite de inmediato debido a problemas de salud y a la falta de recursos económicos para trasladarse.

En Córdoba, las críticas se concentraron en las primeras etapas de la búsqueda de Agostina Vega. Familiares y referentes políticos cuestionaron que no se activara la Alerta Sofía (un sistema nacional de emergencia destinado a difundir de manera masiva la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en situación de riesgo) y reclamaron una respuesta más rápida por parte de las autoridades.

En el caso de Noelia Romero, la discusión se desplazó hacia la capacidad de respuesta institucional frente a un pedido de auxilio realizado pocas horas antes del crimen. El caso abrió interrogantes sobre los tiempos de respuesta, la articulación entre los distintos organismos de seguridad y la eficacia de los mecanismos disponibles para proteger a mujeres que se encuentran en una situación de riesgo inminente.