Cuando una medida cautelar no es suficiente: mujeres y cáncer de mama en Venezuela

11 de Febrero de 2022
Cuando una medida cautelar no es suficiente: mujeres y cáncer de mama en Venezuela
Crédito foto: Angiola Harry / Unsplash

Una reciente Resolución de la CIDH amplía el debate sobre la responsabilidad del Estado para garantizar los derechos de las personas con cáncer.

El 14 de octubre de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la Comisión), mediante Resolución 68/2020, dictó la Medida cautelar 545-19, a favor de doce venezolanas con cáncer de mama, una de ellas diagnosticada en 2015.

La Comisión solicitó al Estado venezolano la adopción de las medidas necesarias que posibilitaran el acceso al tratamiento médico adecuado, medicamentos y exámenes diagnósticos requeridos que permitieran evaluar regularmente la salud de las afectadas.

La medida cautelar se sustenta en dos aspectos significativos. En primer lugar, la situación de gravedad y urgencia de daño irreparable a los derechos a la vida, integridad física y salud de las beneficiarias, quienes no tenían acceso a los tratamientos médicos necesarios dada su enfermedad.

En segundo lugar, las barreras que enfrentaban —y enfrentan— estas mujeres para acceder a un tratamiento médico adecuado y oportuno, constituyen una violación a varios de sus derechos. Por una parte, suponen una forma adicional de violencia en su contra, y, por la otra, afectan el principio de igualdad y no discriminación, que permea el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ya que esta diferenciación obedece a su condición de mujer.

Venezuela sufre una crisis multidimensional y multifactorial, que en lo sanitario abarca la falta de insumos y material médico-quirúrgico de uso cotidiano y especializado, interrupciones en la entrega de tratamientos para enfermedades crónicas y suspensión de la radioterapia para personas con cáncer. La gravedad de esta situación ha sido admitida, con matices, por sus más altas autoridades nacionales, desde al menos 2009, hasta llegar a 2018, cuando los principales organismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señalaron la existencia de una crisis política, económica, social y humanitaria que se ha ido expandiendo hasta convertirse en un “problema humanitario muy real”.

La Comisión destacó en su análisis que la emergencia humanitaria venezolana afecta particularmente a las mujeres que requieren tratamiento oncológico, lo que se expresa en el aumento, para el momento en que se dictó la medida cautelar, de 14.87% en los índices de mortalidad de las pacientes con cáncer de mama, ya que al menos 5.668 venezolanas con este tipo de cáncer no estaban teniendo acceso a quimioterapias ni a otros tratamientos contra la enfermedad.

Se refirió igualmente la Comisión a la “falta casi total de insumos y equipos para la realización de exámenes de rutina, que pudieran determinar tratamientos adecuados, evitar diagnósticos tardíos, prevenir graves afectaciones e incluso, muerte”. Lo que, para ese momento, había incidido en que muchas de ellas se realizaran mastectomías radicales, “como un medio desesperado para salvar sus vidas”.

El cáncer de mama como problema de derechos humanos

En términos generales, un diagnóstico de cáncer requiere de un abordaje terapéutico que disminuya el riesgo o lo elimine. Cuando la Comisión dictó las medidas cautelares aquí referidas, dos de las eventuales beneficiarias ya habían fallecido. Para estas mujeres, que murieron esperando a tener acceso a los medicamentos y tratamientos necesarios para enfrentar el cáncer de mama, su derecho se hizo ilusorio, porque el Estado venezolano no lo garantizó de manera efectiva.

 La realidad de los pacientes con cáncer en Venezuela, y particularmente las mujeres, constituye un problema de derechos humanos, desde el momento en que no se les garantiza atención oportuna y de calidad. Se trata de una violación al derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación de género y a la equidad en el acceso a los servicios, e incluso a sus derechos económicos.

Esto se traduce en una violación sistemática del derecho a la vida, porque esas muertes pudieron ser evitadas, siempre que se hubieran tomado medidas oportunas y eficaces. Los datos evidencian que los fallecimientos de mujeres con cáncer de mama en vez de disminuir han aumentado. Para el año 2014, las cifras oficiales mostraban que el cáncer de mama fue la tercera causa de muerte del país; y en la actualidad, es la primera. De hecho, cada día nueve mujeres pierden la vida por esta patología, lo que supera en más del 30% al promedio de todos los demás países suramericanos

 Igualmente, esta crisis se traduce en la violación del derecho a la salud porque no hay accesibilidad física ni asequibilidad económica a tecnología médica, conocimiento clínico y medicamentos necesarios. El acceso de estas doce mujeres a bienes y servicios sanitarios les hubiera permitido un diagnóstico oportuno o un tratamiento adecuado y de calidad, con lo cual, probablemente, su padecimiento no hubiera avanzado.

También se configura discriminación porque, en el caso sobre el que se pronunció la Comisión, dos de las mujeres que ya habían muerto, lo hicieron por razón de su género. La incidencia de esta patología se da en mujeres, y la ocurrencia de una mayor mortalidad ocurre en aquellas que pertenecen a las clases menos favorecidas. El tratamiento del cáncer de mama puede ser muy eficaz, en particular cuando la enfermedad se detecta temprano. No obstante la desigualdad de género desfavorece que las mujeres tengan tiempo y recursos para cuidar de su salud mamaria, oportuna y adecuadamente.

Adicionalmente, se presenta un evidente caso de desigualdad de género estructural que impone a las mujeres condiciones culturales, familiares, educacionales, y en el caso venezolano, incluso, económicas y políticas que son desfavorecedoras y dificultan —o impiden— que tengan el tiempo y los recursos necesarios para cuidar de su salud mamaria.

La conducta omisiva del Estado venezolano fue —y ha sido— reiterada. No garantizó el acceso oportuno a servicios de salud y con ello al tratamiento adecuado, con las consecuencias ya indicadas; ni respondió, en su oportunidad, a los requerimientos de la Comisión.

En dos ocasiones, el 8 de octubre de 2019 y el 13 de enero de 2020, como punto previo a su decisión,  la Comisión solicitó al gobierno venezolano información  que permitiera controvertir los hechos alegados a lo largo del procedimiento. En ninguna de ellas obtuvo respuesta. Esta omisión produjo un “daño irreparable” a los derechos de las beneficiarias de la decisión; derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

El silencio oficial a los llamamientos de la Comisión se mantuvo, ante la petición para conocer los avances, en la protección de los derechos de las beneficiadas por las medidas cautelares. La ausencia de respuesta del Estado venezolano indica un menoscabo de sus instituciones democráticas, como se desprende del incumplimiento de los principios y obligaciones derivadas de su pertenencia al Sistema Interamericano, uno de los cuales es el acatamiento de las decisiones, sentencias o pronunciamientos de organismos internacionales en materia de derechos humanos.

La Resolución de la Comisión admite varias lecturas. Constituye un antecedente  jurídico favorable, tanto para Venezuela como para la región, al posicionar el cáncer de mama como un problema de derechos humanos. Por otra parte, muestra la brecha existente entre la enunciación de las garantías constitucionales, en materia de derechos humanos, y su efectiva realización en Venezuela. Más allá, arroja pruebas sobre la falta de voluntad política para alcanzar sus objetivos en tanto un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.

Citación académica sugerida: Delgado Blanco, Andy. Mujeres y cáncer de mama en Venezuela: cuando una medida cautelar no es suficiente, Agenda Estado de Derecho, 2022/02/11. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/una-medida-cautelar-no-es-suficiente-mujeres-y-cancer-de-mama-en-venezuela/

Palabras clave: cáncer de mama, derecho a la salud, derecho a la vida, mujeres

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ACERCA DE LA AUTORA
Andy Delgado Blanco

Abogada egresada de la Universidad del Zulia. Magister Scientiarum en Planificación del Desarrollo, Mención Política Social. Doctora en Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Jefe del Área Desarrollo y Salud del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela.

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