Una de las primeras grandes crisis jurídicas que la inteligencia artificial (IA) ha producido en América Latina no surge porque una máquina mintiera, sino porque un abogado firmó esa mentira. Las recientes sanciones disciplinarias impuestas en Colombia, Argentina y Brasil revelan un problema mucho más relevante que el simple uso de una nueva herramienta y es la ruptura entre discurso, responsabilidad y verdad.

El Auto AC739-2026 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia abre un nuevo hito jurídico de estudio, en donde el uso irresponsable de herramientas de inteligencia artificial generativa puede constituir una causal de sanción disciplinaria. Esta providencia pasa a la historia por imponer la primera sanción a un abogado colombiano por incurrir en temeridad procesal, tras sustentar un recurso extraordinario de revisión utilizando citas normativas inexactas y referencias jurisprudenciales inexistentes.

Sin embargo, este fenómeno no se limita solo a Colombia. En Argentina y Brasil comienzan a surgir pronunciamientos similares que permiten evidenciar una preocupación común por el uso desmedido de estas tecnologías. Dicha problemática podría atribuirse a tres factores determinantes: en primer lugar, la vulnerabilidad humana de los profesionales ante los sesgos cognitivos (tales como los de confirmación, disponibilidad, autoridad o interpretación); y en segundo lugar, incurrir en lo que se conoce como «efecto de la reina roja», entendido como esa presión sistemática y social por la adopción e implementación de tecnologías –en este caso, la inteligencia artificial— con el fin de sobrevivir a un mercado mucho más eficiente y mucho más competitivo; y, en tercer lugar, la ausencia de marcos legislativos claros que orienten el uso responsable de estas herramientas, lo que genera mayor incertidumbre sobre los límites, los riesgos y los mecanismos de supervisión.

Por su parte, en Argentina, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario criticó el uso de herramientas de IA, ya que, al igual que lo ocurrido en Colombia, independientemente de que el abogado actuara de “buena fe”, el delegar la labor de investigación era sumamente riesgoso y hasta temerario cuando no se hacía un riguroso cotejo de las fuentes. A diferencia del caso colombiano, el tribunal no impuso una multa directa, pero sí ordenó oficiar los antecedentes del caso al Colegio de Abogados de Rosario con el fin de que se tome conocimiento de esta problemática en cuanto al uso “irreflexivo” de la inteligencia artificial generativa.

Brasil ofrece un cuadro en materia sancionatoria significativamente más desarrollado a nivel regional. Un hito relevante tuvo lugar en junio de 2025, cuando la Justicia Federal de Paraná (JFPR) sancionó a un abogado con una multa de diez salarios mínimos. La trascendencia de este fallo radica en la naturaleza de la infracción: el abogado presentó durante el proceso citas ficticias. Al respecto, el juez declaró que “Los documentos contienen referencias doctrinales, legales y jurisprudenciales inexistentes”, configurándose así el litigio de mala fe y un acto que menoscaba la dignidad del poder judicial.

En este escenario, la reflexión que Michel Foucault inició en sus cursos del
Collège de France – Compilados bajo el título Subjetividad y Verdad — Adquiere especial relevancia para comprender una profunda transformación en nuestra realidad. La cuestión central, entonces, no consiste únicamente en determinar si el uso de IA generativa debe restringirse o si los profesionales del derecho ameritan sanciones más severas. El verdadero debate jurídico subyace en la definición de los límites éticos, disciplinarios y procesales, y cómo estos reconfiguran las prácticas mediante las cuales el abogado se establece como sujeto responsable de la –verdad– dentro de la relación entre el discurso jurídico y la realidad que ese discurso produce.

Para Foucault, el interrogante central no es qué es la verdad, sino en comprender quién puede decirla, bajo qué condiciones puede hacerlo y con qué consecuencias para quien las enuncia. Bajo esta óptica, el abogado, que es al mismo tiempo sujeto de la verdad, no es un receptor pasivo de enunciados verificables; es un sujeto constituido en y por la práctica de decir la verdad, es decir, un sujeto que se constituye a través del ejercicio de producir y sostener determinados discursos de verdad.

En ese sentido, el discurso no se limita a describir la realidad. Por lo contrario, la transforma a través de procesos de racionalización. Pero, ¿Cómo los transforma? Lo transforma mediante la operación misma del logos, es decir, la operación de organizar, categorizar, conceptualizar e interpretar los hechos otorgando un significado específico.

Esto explica por qué las cortes de Colombia, Argentina y Brasil reaccionaron con la severidad que lo hicieron. Las citas ficticias generadas por IA no son un error que no tenga consecuencias o que no afecte a nadie; es un error que opera sobre lo real, aunque dichas afirmaciones sean falsas. Una sentencia inexistente citada en un recurso de revisión no permanece en el vacío; fuerza al tribunal a invertir recursos en verificar su existencia, contaminando el debate procesal y, en el peor de los casos, puede inclinar hasta una decisión. El pseudo-derecho, en este sentido, no es una mentira de “buena fe”; es un discurso que transforma la realidad.

El derecho como institución ha construido históricamente su propio régimen de veridición; por ello, el abogado no es solamente un técnico de la norma; es, si se quiere, en un sentido foucaultiano, un sujeto de veridición, a saber, alguien a quien el sistema jurídico reconoce la competencia y la obligación de enunciar verdades jurídicamente relevantes para el proceso y, en consecuencia, para la sociedad, una sociedad que a la vez necesita la verdad.

Es precisamente ahí donde la reflexión foucaultiana se vuelve indispensable.

Las sanciones en Colombia, Argentina y Brasil no son solo respuestas legales a un problema tecnológico en sí, son la reafirmación institucional de algo que Foucault identificó hace ya un tiempo, la verdad no deriva de conocimientos universalmente correctos ni de principios formales aplicables a todos los contextos. Más bien, la verdad, opera como un sistema de obligaciones que condiciona y regula las prácticas sociales.

Es exactamente ese sistema de obligaciones el que el abogado rompe cuando firma, sin verificar, lo que un modelo de lenguaje generativo generó. La firma no es una mera formalidad, es la responsabilidad de una deuda con la verdad que IA no puede saldar. Es, en sentido más profundo, una reafirmación del régimen de veridición que sostiene a todo el sistema jurídico. La IA no amenaza al derecho porque produzca falsedades o alucine, lo amenaza y lo pone en riesgo cuando vuelve incierta la figura misma del sujeto que es responsable de decir la verdad; en conclusión, solo hay derecho donde hay sujetos competentes y obligados a decir la verdad.

Las reflexiones anteriores adquieren una relevancia particular en el ejercicio contemporáneo del derecho, donde la inteligencia artificial se integra cada vez más en la práctica jurídica y en la administración de justicia. Sí, como plantea Foucault, la verdad trae consigo la obligación de regular las prácticas sociales, resulta necesario garantizar que estas tecnologías sean utilizadas como herramientas de apoyo y nunca como un sustituto del razonamiento jurídico humano. En esa dirección, organismos internacionales, así como la Corte Constitucional y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ya han establecido ciertos criterios orientados a garantizar la transparencia, la verificabilidad y la responsabilidad de quienes utilizan estas tecnologías en el ejercicio de sus funciones.