Una posibilidad es pensar de manera más creativa en lo que significa “aplicar” la Carta en su dimensión preventiva. La sociedad civil ya lo viene haciendo. Desde hace muchos años monitorea los procesos de selección de jueces de altas cortes para promover procesos transparentes y la elección de las personas más idóneas. De esa manera se promueve, en la práctica, la independencia judicial. También analiza decisiones judiciales cuestionadas por usar indebidamente la ley contra opositores políticos. Documenta restricciones a las libertades de expresión y asociación y hace seguimiento a leyes que restringen el espacio cívico. A través de estas actividades detecta tempranamente patrones de erosión democrática cuando todavía estamos a tiempo de responder.

La OEA también puede ser creativa. Y, de hecho, ya existen algunos ejemplos. La observación internacional se ha ampliado más allá de las elecciones presidenciales y legislativas para alcanzar procesos de selección de altas autoridades judiciales en países como Bolivia y Guatemala. En 2023, el Comité Jurídico Interamericano adoptó una Declaración de Principios Interamericanos sobre el régimen legal de creación, funcionamiento, financiamiento y disolución de entidades civiles sin fines de lucro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fundamentado muchas de sus sentencias en los principios democráticos establecidos en la Carta Democrática y, a través de Opiniones Consultivas, ha desarrollado su contenido. Son iniciativas distintas, pero comparten una lógica: desarrollar herramientas para proteger las condiciones que hacen posible la democracia antes de que su deterioro desemboque en una crisis.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un papel particularmente importante. Muchas de las herramientas con las que ya cuenta —sus informes anuales y de país, el monitoreo temático, las audiencias y el diálogo permanente con la sociedad civil— pueden funcionar como mecanismos de alerta temprana. En lugar de considerar estas herramientas como algo separado de la Carta Democrática, hay que preguntarse cómo utilizarlas de manera más sistemática para fortalecer su dimensión preventiva.

Pero darle nueva vida a la Carta requiere algo más. También implica identificar cuáles son hoy las presiones que están poniendo en riesgo a las democracias de la región. Y una de las más importantes es, sin duda, la inseguridad.

La expansión del crimen organizado y la violencia, sumada a la incapacidad de muchas instituciones estatales para responder eficazmente, está generando una profunda frustración en nuestras sociedades. Y esa frustración puede crear un terreno fértil para proyectos políticos con tendencias autoritarias que ofrecen soluciones rápidas y contundentes, incluso cuando estas implican debilitar los contrapesos democráticos, los derechos o el debido proceso.

Por eso, la inseguridad no puede tratarse como un asunto desconectado de la estabilidad democrática. Los Estados tienen que demostrar que seguridad y derechos no son objetivos contrapuestos. Las instituciones democráticas deben ser capaces de responder eficazmente al crimen organizado y la violencia respetando, al mismo tiempo, el debido proceso y el Estado de derecho. De lo contrario, la incapacidad del Estado democrático para brindar seguridad termina alimentando una idea particularmente peligrosa: que debilitar las garantías democráticas es el precio inevitable que debemos pagar para recuperar el orden.

Aquí también hay un desafío para la OEA. Una organización creada para defender la democracia no puede limitar su atención a las crisis institucionales cuando estas ya han estallado. Debe involucrarse también en aquellos problemas que están sometiendo a las instituciones democráticas a mayores presiones. Ayudar a los Estados a construir respuestas eficaces frente a la inseguridad que fortalezcan —en lugar de debilitar— el Estado de derecho debería formar parte de esa tarea.

Quizás esa sea una manera distinta de pensar la Carta Democrática veinticinco años después. No solamente como un mecanismo que se activa cuando una democracia ya está en crisis, sino como un marco que permite articular las distintas herramientas del Sistema Interamericano para identificar y enfrentar las amenazas a la democracia antes de que sea demasiado tarde.

A veinticinco años de su adopción, quizás el desafío no sea escribir una nueva Carta, sino darle nueva vida a la que ya tenemos.