Entrevista a Pedro Vaca Villarreal (Parte 2): La RELE ante la inteligencia artificial y el futuro del Sistema Interamericano
En esta segunda entrega, el Relator Pedro Vaca hace un balance de su trabajo al frente de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE). La conversación aborda los cambios en el entorno digital, las prioridades del mandato y las tensiones entre inteligencia artificial y derechos humanos. También examina la respuesta del sistema interamericano y el compromiso de los Estados con el multilateralismo.
Es el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 6 de octubre de 2020. Colombiano, Abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con una Maestría en Derecho y una Especialización en Derecho Constitucional. Tiene más de 15 años de experiencia profesional en el ámbito de los derechos humanos. Ha litigado en representación de víctimas de graves violaciones a la libertad de expresión. Del 2013 al 2020, se desempeñó como Director Ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia, cuenta con una amplia experiencia en gestión organizacional, diálogo intersectorial, articulación de equipos y redes. Docente de la Maestría en periodismo de la Universidad de los Andes. Lideró procesos regionales en defensa de la libertad de expresión ocupando cargos de responsabilidad, integró el Advisory Network del Media Freedom Coallition y el Council Global del International Freedom of Expression Exchange (IFEX). Hizo parte del equipo Unesco para la capacitación a jueces en Bolivia, México y Colombia. Fue consultor de Freedom House para el capítulo Colombia del informe global sobre libertad en Internet y es cofundador de Presunto Podcast.
AED: Agenda Estado de Derecho
PV: Pedro Vaca
PV: Yo creo que la Relatoría le pertenece a la región, y eso es una cosa bien interesante. La Relatoría tiene su origen en el 98, en el marco de las Cumbres de las Américas, y se aloja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la base de que era un continente que estaba saliendo de dictaduras y que, por lo tanto, necesitaba un acompañamiento. Las estructuras legales, jurídicas e institucionales de las dictaduras permanecían, pero se hablaba de cierta esperanza democrática.
A mí me corresponde la Relatoría después de Edison Lanza, y me corresponde una Relatoría en pandemia. Buena parte de los primeros desafíos que tuvimos tuvo que ver con cómo sortear una posición y una responsabilidad en tiempos de estar encerrados. Buena parte de nuestro trabajo —diría que una de las cosas más interesantes es viajar a terreno— quedó, de cierta manera, muy limitada, sobre todo en los dos primeros años de mandato. Pero, al mismo tiempo, pudimos ver ciertas versatilidades que permite la tecnología y que, en aquel momento, creo que todo el mundo testeó.
Mi propuesta de Relatoría tenía, por un lado, el planteamiento que yo le ofrecía a la Comisión: el periodismo no solo como actores o sujetos, sino como comunidad y como valor democrático. También cierto acompañamiento en los temas de libertad de expresión en entornos digitales y una aproximación a la relación entre el Estado de derecho y la libertad de expresión, porque en muchos eventos esto está condicionado por la calidad del Estado de derecho.
Entonces, un Estado de derecho fuerte tiene buenas políticas y prácticas de transparencia de la información. Un Estado de derecho débil es opaco. Un Estado de derecho fuerte tiene políticas fantásticas con respecto a la atención a la protesta. Un Estado de derecho débil reprime situaciones en las cuales el uso de la fuerza no estaría autorizado por el derecho internacional. Así podríamos verlo también en términos de independencia judicial, de medios públicos, y eso fue parte de mi propuesta.
Después, recuerdo que en aquel entonces había un reclamo muy fuerte de otras comunidades de derechos humanos que se sentían lastimadas por la libertad de expresión. Me refiero a comunidades LGBTI+, a comunidades que luchan contra el racismo, al movimiento feminista. Parte de la propuesta que le hice a la Comisión fue volver más empática a la libertad de expresión con otros derechos y otras luchas.
Después también hubo otras cosas que dio la realidad. Recuerdo mi primera misión al Perú: fue una misión en medio de la pandemia, no había vacunas, pero estuvo muy vinculada con los temas de protesta social. En aquel momento, en el espejo retrovisor de la Comisión estaba, por ejemplo, el estallido social en Chile. Pero también en el horizonte se venían otros escenarios de protesta y, a eso, se sumaba que mi antecesor, Edison Lanza, había dejado un informe reciente sobre protesta.
Creo que a mí me correspondió monitorear, en la práctica, los estándares abstractos que habían derivado del informe de Edison. Eso fue muy interesante.
Y creo que eso lo pudimos llevar a varias visitas que tuvo la Comisión: Bolivia, Perú, Colombia mismo en el año 2021, pero también a la Corte Interamericana. Ahorita, por ejemplo, estamos muy expectantes del caso García Romero, que se supone va a ser un caso de cierta notoriedad e importancia en estas temáticas.
Cambió mucho el ecosistema digital. Recordemos que, en aquel entonces, las empresas, el sector corporativo vinculado a internet, tenían un lenguaje de derechos humanos. No quiero decir con esto que siempre cumplieran las expectativas, pero sus equipos de policy y sus intercambios, tanto con sociedad civil como con nosotros, tenían a los derechos humanos como uno de sus valores y factores integrantes.
Esto es algo que permitió, por ejemplo, el desarrollo de misiones a Silicon Valley por parte de la Comisión Interamericana y de la Relatoría; la interacción del sistema interamericano con los sectores de tecnología; y también testear las dimensiones tecnológicas en algunas de las visitas, siendo tal vez la más protagónica del mandato la visita a Brasil del año 2025.
Pero también notamos cómo las actitudes del sector privado de tecnología con respecto a los derechos humanos fueron cambiando a través del tiempo. Es algo que, a mi juicio, tiene un punto de quiebre importante a inicios del año 2025. Creo que ahí también se ve que la Comisión y el mandato de la Relatoría no son solo un plan y una propuesta, sino también cómo esa propuesta y ese plan se sortean en la realidad.
Después, creo que hay un ejercicio del cual me siento relativamente orgulloso: todos los estándares sobre vigilancia. Si uno ve las Américas, es uno de los rincones del planeta donde ha habido mayores afectaciones por el despliegue de herramientas de vigilancia masiva dirigida, como puede ser Pegasus, en varios países de la región. Son bien importantes los estándares que puede desarrollar la Relatoría con la Comisión en el marco de un informe temático específico.
Otro aporte, de varios que creo que pueden tener cierta relevancia y que me parece muy interesante también por su proceso, fue el informe sobre el alcance del artículo 13.5 de la Convención. Viene a ser el artículo que integra los discursos de odio e incitación a la violencia dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre todo porque este es un aspecto de alta expectativa y de poca claridad.
El test de seis pasos que se plantea en este informe nos parece una aproximación ponderada, fiel al texto de la Convención, que ojalá pueda entrar a llenar algunos vacíos.
PV: Yo creo que el universo de implementación de nuestras recomendaciones varía mucho según el tipo de tecnología y quién la está desplegando. Me explico. Yo creo que hay un umbral de exigencia para las tecnologías de inteligencia artificial en general. Me parece que es algo que dialoga mucho con los estándares de empresas y derechos humanos, que existen tanto a nivel de Naciones Unidas como en el sistema interamericano.
Pero creo que el umbral cambia, y cambia drásticamente, si quien está utilizando inteligencia artificial es el Estado. Si estamos hablando de sistemas de predicción del crimen que se basan en la parametrización de datos de cámaras de seguridad y que pueden estar teniendo una aproximación discriminatoria hacia las personas por su color de piel o por el barrio donde viven, sí, creo que ahí el umbral aumenta.
En el primer caso, me parece que se dirige más a mejores prácticas, a transparencia y a la contribución del sector privado al ejercicio de los derechos humanos. En el otro, me parece que es directamente exigible. Y ahí también hay híbridos, ¿no? Porque algunas de estas iniciativas vuelven a plantear esta tensión entre desarrollo y derechos humanos.
Buena parte de la inteligencia artificial que se está desplegando también está siendo estimulada por los Estados. No hay más que ver cuántos de los fondos de innovación y tecnología están siendo destinados a esta conversación. Hace falta, tanto a nivel empresarial como a nivel de ministerios de Telecomunicaciones, de Desarrollo, etc., capital humano proveniente de la comunidad de derechos humanos.
Creo que esto es una tarea pendiente. Creo que se sigue viendo como un asunto de meros gadgets, programación, desarrollo, y no necesariamente como un asunto de derechos humanos, cuando ciertamente hay derechos involucrados. Los hay por el procesamiento de data y por el resultado que te dé, que puede ser discriminatorio, por ejemplo. Están también las conversaciones sobre privacidad, pero no son solo esos temas. Está el trabajo mismo: hay ciertas predicciones que anticipan que algunos despliegues de inteligencia artificial pueden disminuir la necesidad de mano de obra en determinadas actividades. Y eso es algo que esta sociedad también va a tener que atajar.
PV: Cuando yo pienso en inteligencia artificial, el instrumento del sistema interamericano que más rápido me viene a la mente es el caso de La Oroya, que, de hecho, es un caso que tiene que ver con extracción minera. Es un proceso que, si uno lo mira en términos históricos, desde que arrancó hasta que la Corte Interamericana sacó su sentencia, abarca más de cien años: entre que se implementó, se dieron los permisos para explotar, se empezaron a identificar los daños en la población, se hicieron ciertas reclamaciones a nivel doméstico y se llegó al sistema interamericano…
Uno lee esa sentencia, sobre todo el resuelve mismo —estoy aquí hipersimplificando para llegar al punto de la pregunta—, y básicamente hay dos puntos que toca la Corte: aquí hay responsabilidad porque ustedes no informaron a la población. Hay un tema de acceso a la información sobre los impactos que pudiera tener ese proceso, ese despliegue de actividad económica, en los derechos y en la vida de las personas. Y la Corte dice: aquí hay responsabilidad porque usted no reguló esa actividad a tiempo.
Y por eso el caso de La Oroya me parece uno de los casos más significativos del sistema interamericano en materia de esa tensión entre desarrollo y derechos humanos. Bien podrían haber dicho hace cien años que la extracción de minerales aumentaba ingresos, daba empleo. Desde la perspectiva del desarrollo puede brindar algunas cifras positivas, pero también hay una tensión con los derechos humanos.
Yo creo que aquí hay una tensión importantísima entre desarrollo con inteligencia artificial y derechos humanos, una tensión muy, muy, muy aguda. No sé si estamos entendiendo bien la forma de balancear esa tensión, y no sé si va a pasar lo mismo que con La Oroya: que pasará un tiempo hasta que se empiecen a identificar dónde están los elementos que hay que regular y cuál es la información que debería tener la sociedad. Creo que hay un componente de ingenuidad. Y no sé si estamos en una época de la humanidad en la que podemos pasar por ingenuos frente a algunas situaciones.
En esa tensión entre desarrollo y derechos humanos, nadie quiere quedarse atrás en la carrera por la inteligencia artificial. Uno va a ver la región: en todo lado quieren que una ciudad, un país, sea el Silicon Valley de América Latina. Hay inversiones desplegadas en este campo. Casi que todo el mundo —empresa grande, chiquita, gobierno grande, chiquito— está en la conversación sobre inteligencia artificial.
Empiezan a surgir unos instrumentos de derecho suave que me parece que están muy enfocados en un análisis de riesgos. Y, por lo tanto, se parecen más a la aseguradora del carro que a un análisis de proporcionalidad. Incluso hay declaraciones que dicen: «No, vamos a la inteligencia artificial, pero de la buena, con inteligencia artificial ética, transparente, por el bien, para todos».
Son unas cosas declarativas que a veces me parece que son ingenuas. Y es como: éticas, responsables, ¿no? Empiezan a ponerle un montón de adjetivos y firman declaraciones y compromisos. Y es como: bueno, ¿y qué es el desarrollo de la inteligencia artificial ética? No sé si vamos a meternos en un debate axiológico a estas alturas, cuando hay tanto en juego.
Me parece que hay un punto de ingenuidad: sentirse bien y aliviado frente a los riesgos en derechos humanos solo porque firmé un papel que dice que soy del club de los buenos, los transparentes, los éticos, los responsables, sin que haya, no sé, una forma de verificar que esos valores y esos adjetivos se cumplan. Me parece meramente declarativo.
Después creo que hay un tema del enfoque de derechos. Ha habido diálogos, y entrego la Oficina mientras el equipo técnico seguirá produciendo un informe temático al respecto – el trabajo ya continuará con la próxima persona relatora. En todas las fases del desarrollo de la inteligencia artificial debiera existir un análisis de derechos y no solo un análisis de riesgos.
Esto es un punto de debate y tensión, porque asumirlo de esa forma implicaría que tal vez la inteligencia artificial debería ir a otra velocidad. No quiere decir que no exista, no quiere decir que no se pueda desplegar, sino que tal vez toca ponerle muchos más pasos entre tener un gadget, llevarlo a una operatividad y compartirlo. Tendría que haber unos análisis muy conscientes de los impactos en derechos que esto puede tener.
Esto lo planteamos los relatores especiales en octubre del año pasado, cuando publicamos una Declaración Conjunta sobre IA. Pero es una coincidencia perturbadora ver las declaraciones de los generadores de inteligencia artificial en los últimos días: están también, entre otras cosas, temerosos, en algunas oportunidades, de las capacidades del bicho que están entregándoles a las sociedades.
Es raro, porque cuando se les llamaba a hacer unos análisis previos en derechos antes de sacar el producto… Hoy parece que están —o algunos de ellos están— planteando: «Necesitamos que otro venga y nos ayude a regular cómo domesticar al bicho». Pero el bicho ya fue desplegado.
En el centro de esto, y para mí tiene que ver con propaganda, con voces de referencia, está también la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho lindo, porque se ha concebido desde un respeto honesto a la capacidad de discernimiento de la gente. Al final, tenemos libertad de expresión para que usted pueda hacerse una imagen de la realidad por cuenta propia. La libertad de expresión reconoce nuestras inteligencias.
Y a veces siento que la inteligencia artificial puede estar afectando la capacidad de discernir o generando cierta pereza para discernir por cuenta propia. Una cosa es ver la proyección del clima: va a llover más tarde, me preparo. Pero esa sensación de «hoy es un día de lluvia» percibida por nuestros propios sentidos tampoco nos la puede arrebatar, no nos la debería arrebatar la tecnología. Es importante también sentir por cuenta propia la realidad en la que vivimos.
Creo que, a largo plazo, eso es algo que a mí me preocupa: que lo abrumador de tanta información, la rapidez con la que te la pueden procesar, termine suplantando preguntas básicas de cómo llego a la casa de un amigo o cómo me he visto hoy. También son cosas que puedes resolver sin necesidad de endosarle esa capacidad de discernimiento a otro o a otros.
O por quién votar, o no. O qué medicina tomar si me está doliendo la garganta, que es una pregunta tremenda en países donde no hay acceso universal a la salud. ¿Y si se equivoca? ¿Y si hay una contraindicación? ¿Y si yo planifico de una forma…? Pero todos esos riesgos también estaban en lo analógico.
Un poco lo que yo reclamo es la capacidad de discernir, cómo tomamos la decisión. La promesa de la democracia liberal también es que uno hace parte de la toma de decisiones. Y no sé si paulatinamente se está dando una transferencia de esa capacidad. Por eso hablaba de esa tensión entre este sector privado que acumula una data y la gente cuya data se extraía. Creo que hay una relación que hay que balancear de alguna forma.
PV: Yo creo que el universo de implementación de nuestras recomendaciones varía mucho según el tipo de tecnología y quién la está desplegando. Me explico. Yo creo que hay un umbral de exigencia para las tecnologías de inteligencia artificial en general. Me parece que es algo que dialoga mucho con los estándares de empresas y derechos humanos, que existen tanto a nivel de Naciones Unidas como en el sistema interamericano.
Pero creo que el umbral cambia, y cambia drásticamente, si quien está utilizando inteligencia artificial es el Estado. Si estamos hablando de sistemas de predicción del crimen que se basan en la parametrización de datos de cámaras de seguridad y que pueden estar teniendo una aproximación discriminatoria hacia las personas por su color de piel o por el barrio donde viven, sí, creo que ahí el umbral aumenta.
En el primer caso, me parece que se dirige más a mejores prácticas, a transparencia y a la contribución del sector privado al ejercicio de los derechos humanos. En el otro, me parece que es directamente exigible. Y ahí también hay híbridos, ¿no? Porque algunas de estas iniciativas vuelven a plantear esta tensión entre desarrollo y derechos humanos.
Buena parte de la inteligencia artificial que se está desplegando también está siendo estimulada por los Estados. No hay más que ver cuántos de los fondos de innovación y tecnología están siendo destinados a esta conversación. Hace falta, tanto a nivel empresarial como a nivel de ministerios de Telecomunicaciones, de Desarrollo, etc., capital humano proveniente de la comunidad de derechos humanos.
Creo que esto es una tarea pendiente. Creo que se sigue viendo como un asunto de meros gadgets, programación, desarrollo, y no necesariamente como un asunto de derechos humanos, cuando ciertamente hay derechos involucrados. Los hay por el procesamiento de data y por el resultado que te dé, que puede ser discriminatorio, por ejemplo. Están también las conversaciones sobre privacidad, pero no son solo esos temas. Está el trabajo mismo: hay ciertas predicciones que anticipan que algunos despliegues de inteligencia artificial pueden disminuir la necesidad de mano de obra en determinadas actividades. Y eso es algo que esta sociedad también va a tener que atajar.
PV: Yo creo que el sistema tiene herramientas y que también, por mis ojos, durante estos años pasaron momentos y situaciones en las que el sistema funcionó bien. El que a mí me acaricia el corazón de una forma más cercana creo que es la transición en Guatemala, en el último periodo presidencial. Creo que ese fue un momento crítico, donde el multilateralismo de la OEA se hizo presente, no solo en el componente de derechos humanos de la Comisión, sino también en la dimensión política. Recordemos que no basta con que haya solo un seguimiento de la situación de derechos humanos. Se requieren Estados a los que les importe que existan esas violaciones a derechos humanos, esos desafíos.
Ahí creo que el problema no es tanto de herramientas, sino de coherencia. Puede haber tragedias de derechos humanos en las que un grupo importante de Estados decida mirar a otro lado. Eso no quiere decir que no se esté registrando, que no se esté monitoreando: lo que se está exhibiendo es la falta de relevancia que esto puede tener dentro del foro político.
Si existiera algún lugar que yo miraría críticamente, desde las expectativas, sería la coherencia del foro político para salir en respaldo de las víctimas, de quienes monitoreamos desde la Comisión, por ejemplo, y pasar de la advertencia sobre derechos humanos a la rendición de cuentas de los perpetradores. Creo que eso es algo que, a veces, sucede más contra un grupo de países desde otro grupo de países. Y creo que ciertamente podría mejorar.
Creo que también es importante que en el multilateralismo se puedan procesar y discutir problemas transversales sin necesariamente atraer los problemas domésticos. Una discusión cheverísima, interesantísima, en un foro multilateral debería ser la gobernanza de internet o la moderación de contenidos en redes sociales, sobre todo porque es algo que está impactando a todas las sociedades y que bien podría discutirse a nivel multilateral.
Mi parecer es que se le mete poca energía a la conversación multilateral y mucha energía a trasladar los entornos, las discusiones domésticas, al debate multilateral. Es como llevar el problema de mi país al foro multilateral, en vez de aprovecharlo para procesar un problema común, sin necesariamente atraer todos los detalles de lo que está pasando en el país.
Cuando en 2023 hicimos la gira por Silicon Valley, que fue una actividad de la Relatoría, invitamos a los treinta y pico de Estados de la OEA. Fueron cinco… Esto, para mí, es sintomático: lo mucho que se quejan versus la disponibilidad para conversar, a lo largo del tiempo, sobre estos desafíos. Muy pocas cancillerías tienen unidades que trabajan el tema de internet. Creo que es algo que ojalá se pueda ir resolviendo.
Por último, sí, creo que hay que salir en defensa del sistema interamericano porque su legado puede estar en riesgo. Creo que el sistema ha producido unos estándares que son útiles para la región, que también son verificables a partir de las violaciones que han padecido las víctimas y que son proyectivos en la medida en que ven una región en la que el sistema no quiere que se repitan tragedias y vulneraciones que ya ha visto. También es cierto que hay procesos hipernacionalistas que empiezan a ver el multilateralismo en derechos humanos no como un actor que suma, sino como un actor que resta y divide.
Yo creo que hay que sumar esfuerzos. Al sistema interamericano también hay que cuidarlo desde su legado histórico, pero también desde cómo puede mejorar para lo que sigue. Para esto no hay que destruirlo. Simplemente hay que seguir trabajando y reconociendo lo que ha hecho. Nada de esto es falta de herramientas. Creo que todo vuelve al primer punto del que hablamos: la disponibilidad de entendernos en nuestras sociedades como sociedades plurales, donde está bien que conversemos y tengamos diferencias, pero donde no hace falta que me derrotes o que yo te derrote, porque esa es una ecuación en la que siempre termina perdiendo el valor democrático.
La primera parte de esta entrevista aborda el pluralismo, la violencia contra periodistas, la sostenibilidad de los medios y la protección judicial de la libertad de expresión.
Citación académica sugerida: Agenda Estado de Derecho. Entrevista a Pedro Vaca Villarreal (Parte 2): La RELE ante la inteligencia artificial y el futuro del Sistema Interamericano Agenda Estado de Derecho. 2026/10/12. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/entrevista-a-pedro-vaca-villarreal-parte-2/
Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.
Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
