Presentación del especial para AED sobre las reacciones estatales y de la iniciativa privada para contener las negativas consecuencias del populismo digital en Brasil.
El uso de las redes sociales y de la estructura de Internet para la propagación de discursos populistas de carácter antidemocrático es actualmente conocido como populismo digital. Un fenómeno político que preocupa no solo a los países latinoamericanos sino a todo el mundo.
El populismo clásico es una categoría de múltiples significados. Sin embargo, cómo destacan Hernández y Barzága hay rasgos en los que coinciden sus principales estudiosos:
“i. La composición difusa y transversal (interclasista) de su categoría central, el “pueblo”, construida a partir de un discurso amplio, en no pocos casos considerado demagógico.
ii. Presencia de un líder como representante de uno o más grupos excluidos en oposición a las elites o al establishment; los cuales son “responsabilizados” de promover la dicotomización antagónica del espacio político.
iii. Papel catalizador de un liderazgo carismático en la construcción de la acumulación de fuerzas para oponerse al establishment constituido”.
Como característica central del populismo está la figura de un líder carismático, “presentado como un mesías, que suele afirmarse como salvador del país, estableciendo una conexión emocional con el electorado que espera la catarsis del sistema político y la solución de las demandas sociales insatisfechas”.
Aunque existen otros análisis teórico-empíricos, para fines de este proyecto utilizamos la categoría de populismo como un “estilo político” propuesta por Moffitt & Tormey. El populismo como estilo político es una concepción centrada en las estrategias comunicativas de los dirigentes políticos, particularmente en los elementos discursivos que posibilitan la polarización entre “nosotros” y “ellos”, entre el “pueblo puro” y los enemigos internos o externos y en las estrategias de comunicación directa utilizadas que son muy útiles para analizar el populismo digital.
El populismo digital o ciberpopulismo mantiene las mismas características del populismo clásico pero el líder evita las instituciones de intermediación social, buscando el contacto directo con el pueblo y lo hace por medio de la comunicación digital. “Esto porque, Internet y la comunicación en red que la caracteriza han provocado una descentralización de la comunicación, permitiendo que polos individuales externos a las élites mediáticas, políticas y a los agentes del campo del periodismo, puedan difundir libremente sus mensajes”. La gran ventaja, por lo tanto, es la capacidad del líder populista de difundir su discurso para una parcela muy importante de la población y de electores sin intermediarios del discurso.
Sanches Frías destaca algunas características do ciberpopulismo como la recusa en aceptar las reglas del juego democrático, el discurso anti-élite y anticorrupción, la diseminación de discurso de odio y la producción de desinformación y teorías de conspiración. No hay dudas de que la estrategia de los líderes populistas parece tener mucho éxito en Internet.
Esto puede ser explicado tanto por la estructura misma de Internet, que permite una conversación descentralizada, que incluye un número muy grande de participantes, sin los filtros de veracidad y chequeo del periodismo tradicional, pero igualmente se explica por una utilización perspicaz de las consecuencias del modelo de negocio de las grandes plataformas digitales.
Empresas como Google, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram (entre otras) poseen un modelo de negocio que se basa en atraer un gran número de usuarios a coste “cero” y construir sobre ellos un conjunto de datos valiosos que les permitan ofrecer servicios altamente específicos u oportunidades publicitarias personalizadas para anunciantes, partidos políticos, empresas, entre otros. . Los usuarios pagan con sus datos y su atención los servicios ofrecidos por estas empresas.
Para vender la atención de los usuarios finales a los anunciantes, es necesario saber el mayor número de cosas sobre ellos. La capacidad de ofrecer diferentes anuncios a diferentes audiencias requiere conocimiento sobre las audiencias y, por lo tanto, la recopilación de cantidades cada vez mayores de datos sobre los usuarios finales. Es la lógica del capitalismo digital, que según Zuboff, impulsa a las empresas hacia la vigilancia y la gobernanza privada.
Sin embargo, las mismas herramientas que generan dinero publicitario para las empresas (viralidad, orientación individual de mensajes, colocación de anuncios junto a videos, uso de servicios automatizados (bots u ordenadores zombis)) también hacen con que la proliferación de la desinformación, los discursos de odio y la interferencia electoral sea tan eficiente en el espacio digital. Además, el ambiente digital que expone a las personas siempre a las mismas opiniones, discusiones y perspectivas –filter bubbles – crea un espacio privilegiado para los discursos populistas.
Existe un consenso bastante profundo sobre la afectación que el populismo digital puede causar en la calidad de la democracia y en el Estado Derecho. Al ser un fenómeno conexo con la desinformación el populismo digital impacta directamente en la capacidad de los electores de decidir basados en hechos verídicos y con información de calidad. En este sentido, el desprestigio de los medios de comunicación profesionales es un elemento recurrente en el populismo digital.
En América Latina, Brasil es el país más emblemático para discutir el tema, debido a las estrategias iniciadas en la campaña presidencial del actual mandatario del país Jair Bolsonaro. La campaña presidencial de 2018 ha sido marcada por un uso intenso de las redes sociales para divulgar las propuestas e interactuar con los electores.
Sin embargo, uno de los usos más perversos del populismo digital en Brasil ha sido poner en duda la credibilidad del proceso electoral y de la fiabilidad de las urnas electrónicas. Proceso que sigue adelantándose en las actuales elecciones que se realizarán en octubre de este año.
Debido a la amenaza que el populismo digital representa a la democracia los poderes judicial y legislativo en Brasil han reaccionado firmemente en dos aspectos. Por un lado, buscando excluir determinados grupos y líderes del movimiento bolsonarista de las redes sociales. Por otro, exigiendo una respuesta y compromiso de las empresas de Internet que han respondido con medidas de autorregulación específicas para el contexto electoral brasileño.
El proyecto Populismo Digital en Brasil: las respuestas estatales y privadas que se publicará en varias entregas de artículos de análisis para el portal Agenda Estado de Derecho tendrá como objetivo analizar en Brasil las reacciones estatales y las reacciones de la iniciativa privada para contener las consecuencias nefastas del populismo digital especialmente relacionados con la interferencia electoral, manipulación política, desinformación y discursos de odio.
Para cumplir este objetivo el proyecto analizará desde las decisiones judiciales relacionadas al tema, los programas de cooperación entre el TSE (Tribunal Superior Electoral) y las empresas, las propuestas legislativas relacionadas a la temática, hasta las iniciativas de autorregulación de las empresas de Internet en el país.
La relevancia del proyecto está justificada por la relación del tema con la calidad de las discusiones públicas y la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas en América Latina. Las elecciones en Brasil -y las reacciones estatales y privadas para frenar el populismo digital- servirán de importante guía para contextos electorales semejantes y seguramente marcarán la agenda para el sector público y privado preocupados por el deterioro democrático de la región.
El proyecto está organizado en tres fases. La primera fase está relacionada con las respuestas de los actores privados -especialmente de las redes sociales- para intentar frenar el populismo digital y sus temas conexos como la desinformación. El objetivo de la primera fase es identificar si existen y cuáles son las iniciativas de autorregulación que buscan mejorar la calidad del debate público en el espacio digital y especialmente proteger el contexto electoral en Brasil.
La segunda fase procura identificar las decisiones judiciales en Brasil que se han ocupado de los temas relacionados al populismo digital y cómo el poder judicial viene intentando responder a este fenómeno. En esta ocasión también se hará énfasis a la iniciativa de la justicia electoral en Brasil de buscar cooperación con las empresas privadas para combatir la desinformación electoral en las redes sociales.
La tercera fase procurará identificar iniciativas de regulación de las redes sociales en Brasil y su posible conexión con los temas que afectan el sistema democrático y los temas relacionados con el populismo digital.
Lo que se pretende al final es tener un panorama claro de cómo en Brasil actores privados y estatales -poder judicial y legislativo- han reaccionado al uso del espacio digital la para la propagación de discursos populistas de carácter antidemocrático y que afectan de manera profunda el contexto electoral del país y sus instituciones democráticas.
Palabras clave: Populismo digital, Brasil, Populismo
Citación académica sugerida: Walter de Santana, Anna Luisa & Archegas, João Gabriel. Populismo Digital en Brasil: las respuestas estatales y privadas. Agenda Estado de Derecho, 2022/08/19. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/populismo-digital-en-brasil-las-respuestas-estatales-y-privadas-parte-1/
Consultora especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Paraná, Brasil, con estancia doctoral en la Universidad de los Andes, Colombia. Magíster en Derecho del Estado por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Miembro del Consejo Ejecutivo de la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas.
Estudiante de la graduación en derecho por la Pontificia Universidad Católica del Paraná, Brasil. Investigador en la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Paraná, donde investiga las relaciones entre democracia, empresas y derechos humanos.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
