Entrevista a Pedro Vaca Villarreal (Parte 1): Libertad de expresión y democracia en América Latina
La estigmatización de la prensa y las dificultades para sostener el periodismo atraviesan esta conversación con el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En esta primera entrega, Pedro Vaca Villarreal examina las presiones sobre el debate público en América Latina, la violencia contra periodistas y el papel de los tribunales en la protección de este derecho.
Es el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 6 de octubre de 2020. Colombiano, Abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con una Maestría en Derecho y una Especialización en Derecho Constitucional. Tiene más de 15 años de experiencia profesional en el ámbito de los derechos humanos. Ha litigado en representación de víctimas de graves violaciones a la libertad de expresión. Del 2013 al 2020, se desempeñó como Director Ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia, cuenta con una amplia experiencia en gestión organizacional, diálogo intersectorial, articulación de equipos y redes. Docente de la Maestría en periodismo de la Universidad de los Andes. Lideró procesos regionales en defensa de la libertad de expresión ocupando cargos de responsabilidad, integró el Advisory Network del Media Freedom Coallition y el Council Global del International Freedom of Expression Exchange (IFEX). Hizo parte del equipo Unesco para la capacitación a jueces en Bolivia, México y Colombia. Fue consultor de Freedom House para el capítulo Colombia del informe global sobre libertad en Internet y es cofundador de Presunto Podcast.
AED: Agenda Estado de Derecho
PV: Pedro Vaca
PV: Lo que a mí me genera más preocupación es que, en un momento en el que se demanda intensamente el desarrollo de estándares —relacionados con los entornos digitales, con sus jurisdicciones y, más recientemente, con inteligencia artificial —, hay una baja actitud de satisfacción y ganas de cumplimiento, por parte de actores de la política, de los estándares que ya teníamos. Entonces, tenemos estándares de libertad de expresión, tanto a nivel universal como a nivel interamericano. Muchos de ellos se han traducido en estándares a nivel constitucional, principalmente en el hemisferio, pero parece haber una suerte de revisionismo en perjuicio de la libertad de expresión.
Por ejemplo, si una sociedad tiene racismo, tiene un problema muy serio para enfrentar. Y el racismo también puede vectorizarse por la expresión o las expresiones. Pero, si el racismo además de estar en la sociedad, está, por ejemplo, en la política, habita en los parlamentos, o se exhibe con orgullo en las figuras presidenciales, el impacto que tiene esto en la sociedad es grande y además las posibilidades de revertir ese racismo disminuyen, porque son voces de notoriedad, son voces públicas.
Y creo que eso es lo que más me preocupa. Hay una muy baja disponibilidad del poder en general para comprometerse con unos mínimos de cumplimiento de estándares muy básicos, como la estigmatización. La estigmatización hace algunos años era algo que se registraba en algunos políticos altisonantes, pero si uno veía la media del hemisferio, era difícil ponerlo como una regla general. Hoy yo diría que es difícil encontrar un Estado donde el presidente o la presidencia no haya estigmatizado o no esté tentado a hacerlo.
Creo que eso habla mal del estado actual de algunos valores democráticos como el pluralismo, la controversia y la deliberación. Por lo tanto, hay una libertad de expresión carente de respaldos, porque, independientemente del color político de quien tenga el poder, hay una sobreestimación de la expresión propia mientras se desprecia la expresión ajena. Creo que hay liderazgos que consideran que no existe ningún límite a su expresión y, además, hay una expectativa de restricción pronta, rápida, de la expresión de los contradictores. Eso es un problema serio para el esquema democrático.
PV: Yo creo que hay una diferencia entre polarización y desprecio al pluralismo. Y me parece que un gran cuello de botella es este último: esta democracia de trinchera, donde lo importante es ganar, que el otro sea derrotado y que reine una sola visión.
Yo creo que lo que sustenta la promesa democrática era otra cosa. Temporalmente encomendamos como sociedad algún liderazgo para que despliegue una propuesta. Y desplegamos tambien unos contrapesos de deliberación. claro que gobierna un personaje, y si bien su propuesta cuenta con un respaldo importante, va a tener que entrar a destilar, a través del debate democrático, ya en la práctica y en lo concreto, cómo se va a trasladar esa propuesta. Y, cómo es temporal, nos damos la oportunidad de revisar si esa es una buena propuesta, que tiene que ser refrendada, o que debe ser modificada o alternada.
Creo que a eso Catalina Botero lo llamó democracia deliberante en la agenda hemisférica del año 2009. Es un texto al que yo vuelvo todo el tiempo. De hecho, es el plan de trabajo de Catalina en su primer mandato, o así lo interpreto yo. Uno lee los cinco primeros párrafos y es un texto esperanzador, señala: el ideal de ciudadanía de las Américas no es el ejemplar, no es el bien comportado, no es el que solo hace críticas constructivas, el que le agrada al poder. El ideal de ciudadano de las Américas es un ciudadano deliberante, que entiende su lugar en el mundo, que no tiene temor a expresarlo, que siente y pone a jugar esas ideas con otros, porque de ahí sale algo democráticamente protegido [párrafo 53 en adelante].
El desprecio por el pluralismo me parece un problema serio, que se termina después trasladando. Sé que la pregunta habla de espacio cívico; creo que es una categoría más grande. Uno de los ejemplos de los que más se habla para evidenciar los cierres de espacio cívico son los proyectos de ley para que las ONG tengan tantos requisitos que va a ser más difícil ser una ONG, o tantas dificultades para acceder a recursos que ya no pueden estar financiadas.
Creo que el trasfondo de eso es un momento deficitario del pluralismo. No es un momento en el cual los líderes políticos estén orgullosos de vivir en sociedades plurales y aprecien el pluralismo. Yo veo más hoy en día una democracia de trinchera, de todo o nada, y con las consecuencias que tiene para el perdedor y las ventajas que eso tiene para el ganador.
Un segundo cuello de botella creo que tiene que ver con el déficit de capacidad y credibilidad de algunas voces de referencia. Para la Relatoría, eso está situado en la “Declaración conjunta sobre la libertad de los medios de comunicación y democracia” de 2023, donde hablamos de un concepto que a mí me gusta mucho: voces de referencia. Y la mejor forma para mí de explicarlo es la pandemia.
Al tercer día de la pandemia, ¿quién estaba diciendo la verdad? Para mí la respuesta más honesta es nadie, porque las circunstancias, la incertidumbre, no daban para llegar a un proceso de verificación. Había un poquito de especulación, predicción, chamanería, de antivacunas e incredulidad. Y a hoy, ¿algunos de esos discursos persisten? La verdad es que sí. Hay gente que considera que la pandemia fue un proyecto, no sé, geopolítico de un país en particular en contra de otros países, y esos pareceres pueden estar muy instalados.
Pero el problema de la democracia no está solo en las garantías para que puedan existir distintas apreciaciones de la realidad. Diría que las democracias son más fuertes si les dan un lugar a las voces de referencia. Claro, lo que nos tiene aquí hablando es que la ciencia tuvo una voz. Era una voz importante y apreciada de una forma distinta por la sociedad en su conjunto. Fue una voz que permitió testear, contrastar entre pares. Tengo poco conocimiento de los detalles, pero me gusta el proceso. Me gusta que, en medio de tanta confusión, haya unas gentes que se juntan y que sus metodologías, testeadas a lo largo del tiempo, y sus revisiones permitan situar una voz de referencia que nos ayuda como sociedad a tomar mejores decisiones, o decisiones que la ciencia nos dice que pueden ser esclarecedoras.
Para llegar a eso no necesitamos censurar todo lo demás. Lo que necesitamos es darle socialmente un valor común a las voces de referencia. Y creo que una sociedad tiene varias. El periodismo es una de ellas, pero puede perder ese lugar porque lo estigmatizan, porque lo compraron, porque ya no verifica, porque ya no sigue ningún método o porque, aun siguiéndolo, pierde importancia como voz de referencia. La academia es otra. No sé si está respondiendo a todos los debates que tenemos como sociedad y, si lo está haciendo, no sé si la estamos escuchando.
Entonces creo que hay un déficit de voces de referencia en nuestras sociedades. ¿Dónde está lo mejor de nuestros pensamientos colectivos? Eso me parece un segundo cuello de botella serio. Puede que haya mucha producción de conocimiento, pero ¿cuánto de ese conocimiento está contribuyendo a mejorar la toma de decisiones?
La vocería y el liderazgo político también son voces de referencia. Entonces vuelvo al inicio: si tenemos negacionismo del cambio climático en las sociedades, tenemos un problema. Pero si ese negacionismo es política pública global de Estados grandes e hiperpoderosos, el problema se extiende y se acentúa. Y eso pasa también por la expresión.
Y yo creo que un tercer problema, o cuello de botella, tiene que ver con el desbalance de poder entre dos actores. Uno de ellos es el sector privado de la tecnología. Estamos hablando de un nuevo tipo de actor privado que, como ningún otro antes, creo yo, tiene como parte de su negocio la captación masiva de datos de las personas.
Creo que ese puñado de actores privados, capaces de rastrear masivamente el comportamiento humano, concentra un poder al que ojalá llegue el Estado de derecho. Pero, en este momento, no parece estar claro cómo ni desde dónde puede hacerlo. Frente a ellos están las personas cuyos datos y comportamientos están siendo rastreados y parametrizados. Creo que hay una relación de poder exageradamente desigual: concentra el poder en un lado y despoja de él a quienes están en el otro. Y yo creo que eso también tiene que ver con la libertad de expresión.
Son preguntas que me hago desde la posición de Relator y a las que no les encuentro respuesta: ¿qué tanto influye esa relación de poder en la difusión de una idea? ¿Qué tanto el resurgimiento de ideas extremistas en términos de racismo, apología a la violencia, tiene que ver con esa relación de poder? ¿Qué tan segmentadas se encuentran nuestras sociedades por cuenta de esa relación de poder? ¿Qué tan distinto es el universo que tú tienes en tu feed de redes sociales del mío y eso qué tanto nos aleja en la vida real y práctica?
Yo creo que las respuestas a ese tipo de preguntas están en qué tanto puede influir esa relación de poder. ¿Qué tanta fuerza tiene un juez a la hora de dirimir un conflicto que se presenta en esa relación de poder? ¿A dónde puede acudir una persona que se sienta afectada por esa relación de poder? Creo que esos son los tres nodos que yo sugeriría.
PV: La violencia se ha extendido y la violencia letal se ha focalizado. Es decir, hoy hay más países donde hay violencia que hace seis años. Ahora, la letalidad de esas violencias se ha focalizado, en mi entender, en entornos rurales o relativamente alejados de grandes capitales. Y si uno contrasta estos mapas con mapas de criminalidad organizada, no como criminalidad transnacional, creo que pueden coincidir esos dos mapas.
El otro escenario altamente difícil para la prensa son las protestas, incluso a nivel letal. Y son violencias que no solamente provienen de la fuerza pública: algunas son activadas incluso por personas que pueden estar manifestándose. Esto no quiere decir que las personas no puedan tener una visión crítica de los medios. Creo que lo explícitamente preocupante es que, en el ejercicio de un derecho como la protesta, haya un nivel de animadversión tan fuerte, fundado o no, que lleve a cierta sensación de permisividad de violencia contra la prensa.
Eso lleva, por ejemplo, a que hoy en día la prensa no vaya a las protestas o, si va, prefiera hacerlo sin ningún distintivo que pueda llamar la atención sobre el tipo de trabajo que está desarrollando. Eso después también la puede enfrentar a más riesgos; por ejemplo, los que pueden derivarse de altercados o situaciones que se puedan presentar.
Ahora, yo siempre hablo de una cifra invisible. Las organizaciones de la sociedad civil y los propios Estados pueden llevar estadísticas, contar el número de agresiones y determinar si aumentaron o disminuyeron. Para mí, hay una cifra invisible en aquellos lugares donde existen mecanismos de protección: estoy convencido de que se han salvado vidas.
En algunos países de la región hay mecanismos de protección para periodistas. Son sistemas que siempre son perfectibles, pero es importante que, en un país violento contra la prensa, la institucionalidad tenga una oficina, unos procesos, unos recursos asignados y procedimientos para hacer análisis de riesgo y brindar medidas de protección. Me parece que, sin hacer desaparecer el fenómeno de la violencia, estos mecanismos evitan y previenen desenlaces fatales en una región bastante violenta contra la prensa.
Si no me equivoco, en 2022 —y esto se puede corroborar— la región registró más periodistas asesinados que otras partes del mundo donde hay conflictos armados o guerras abiertas. Que maten más periodistas en este rincón del mundo que en un contexto de guerra declarada creo que es algo altamente preocupante.
Ahora, hay dos problemas que persisten allí. Creo que la justicia es escasa y tardía, por no decir nula y ausente.
Y también, volviendo al primer punto, cuando las autoridades públicas marcan niveles de confrontación tan altos con la prensa, no quiero que se entienda que estoy atribuyendo la responsabilidad de los asesinatos a los gobiernos. Pero sí creo que hay un ambiente permisivo.
De acuerdo con los estándares interamericanos, si usted es un líder político en un país donde hay violencia contra la prensa, esperamos de usted que reconozca públicamente el valor de la libertad de prensa y del periodismo en democracia. Y que, si hay cualquier evento de violencia contra la prensa, salga a rechazarlo, porque es importante que los victimarios, los perpetradores, tengan absolutamente claro que es algo intolerable en una sociedad democrática.
Pero cuando la estigmatización de la prensa se vuelve habitual, día tras día, creo que sí hay un ambiente permisivo frente a la violencia contra periodistas. Eso no quiere decir responsabilidad directa; no me entiendan de esa forma. Pero creo que sí hay un entorno habilitante o, por lo menos, uno en el que el perpetrador puede sentir que no hay consecuencias. Y, efectivamente, muchas veces no las hay.
Y después hay otro ingrediente: se ha empezado a hablar de acoso digital y violencia digital. Yo creo que ahí hay que distinguir entre la crítica del público, que todo periodista tiene el deber de tolerar, y situaciones como el doxing contra periodistas, en muchos casos mujeres, o la sexualización del debate público en torno a las mujeres periodistas. Y ahí creo que hay un deber importante de prevención y protección.
PV: Yo quisiera hacer un paralelo: si comparamos la situación actual con la de hace veinte años, internet sí ha brindado muchas más opciones para participar en el debate público. Internet se acerca, de cierta manera, a esa promesa de universalización de la libertad de expresión. Antes también era un derecho, pero la posibilidad de ejercerlo de forma masiva dependía del acceso a determinadas tecnologías —la imprenta, el transistor, las ondas— y a ciertos entornos de nuestras sociedades, en buena parte intelectuales o elitizados. Entonces creo que ahí hay una buena noticia: hoy hablan más personas o hay más posibilidades de que lo hagan.
Ahora, conservamos ciertas concentraciones que anteceden a esta democratización de internet. Y yo creo que el problema de la concentración —y esto puede ser polémico— no es que algunos tengan, sino que otros no lleguen a tener. Entonces, para ponerlo en una frase, el problema no es que unos actores tengan acceso a medios; la cuestión es qué hacen las democracias para que todos tengan acceso a medios de comunicación.
En esto, internet puede ser un poco tramposo, porque nunca había sido tan fácil tener un medio y, al mismo tiempo, tan difícil mantenerlo. Y eso apunta a un problema muy serio: la sostenibilidad de los medios de comunicación. Alternativas a esta crisis ha habido muchas. No conozco la primera exitosa y replicable. Pero hay una muy común que conspira contra la calidad del contenido.
Hace veinte años había una relación entre el mercado de la publicidad y los medios de comunicación. Ese mercado era tan fuerte que permitía que hubiese entretenimiento, editoriales y periodismo. Sostenía una especie de edificio al que entraban pocas personas, pero en el que se hacían muchas cosas. Hoy en día, la monetización del tráfico en internet, por ejemplo, premia la superficialidad y castiga la rigurosidad, como ocurre con el clickbait.
Sí, con clickbait puedes sostener una sala de redacción pequeña, más bien modesta. Pero con clickbait, ¿estás investigando de forma profunda todos los temas que aquejan a la sociedad, poniendo luz donde hay oscuridad? A lo mejor sí, pero yo creo que es remoto. Creo que hay una paradoja: hoy hay muchos actores, pero no necesariamente predomina la calidad.
El periodismo antes tenía, no sé, un horario en televisión o en radio, o una sección en un periódico que le daba un lugar. Ahorita cohabita con ruido, entretenimiento, clickbait y especulación. Y la retribución económica de todo eso se mide con una misma vara, cuando yo creo que no son trabajos equivalentes. No creo que sea el mismo trabajo el de alguien que no hace reportería que el de alguien que lleva investigando, no sé, un fenómeno de minería en el Bajo Atrato chocoano. Creo que el esfuerzo para producir un contenido es completamente distinto del que requiere otro, pero la economía de la atención lleva a que ambos compitan por igual y gane el que tenga más audiencia.
Ahí creo que hay un problema con esta desconcentración de medios, llevada a un terreno de común irrelevancia o de común competencia, cuando los costos de producción del contenido no son los mismos. Y creo que el tiempo les está dando la razón a quienes identifican —o identificamos— que el gran sacrificado de todo esto es el contenido de calidad. Y aquí vuelvo un poco al tema de las voces de referencia dentro de una sociedad.
Después hay otra batalla que, para mí, es la batalla de nuestros tiempos. A ver cómo salimos, porque yo creo que las fuerzas democráticas la estamos perdiendo: la batalla de la información contra la propaganda. La propaganda es barata, apela a emociones, a enemistades, a batallas como «ahora o nunca», «ellos o nosotros». Es baratísima y se hace sobre todo con recursos públicos.
Si soy un gobernante, apoyo la propaganda. ¿Qué me importa el periodismo si lo que necesito es tener mis propios equipos de comunicación, que pongan drones, que hagan una imagen de 360 grados con una narración como a mí me interesa? No importa si el puente se hizo o no se hizo. Yo estoy contando, a través de la propaganda, cómo quiero que se entienda lo que hago. El periodismo es caro, ¿no? Entonces creo que la batalla de la información íntegra —o de la información que le hace contrapeso al poder— contra la propaganda es una batalla de nuestro tiempo. Creo que se está perdiendo.
Creo que las fuerzas monocromáticas o tan autoritarias también están ganando más terreno y más relevancia que el periodismo. Y algunas veces lo hacen con recursos públicos, lo que lo vuelve incluso peor: el periodismo tiene que ver cómo se financia, mientras que la propaganda, en algunas oportunidades, está cofinanciada con recursos públicos.
No sé si me atrevería a hablar de un cambio de tendencia, pero, si uno mira la literatura de la Relatoría entre 2005 y 2010, una gran preocupación era la pauta. Hoy, la aproximación de muchos gobiernos es: «Yo ya no doy pauta porque ustedes son una prensa impresentable o corporativa o del establecimiento o sesgada, de los malos». Y ese recurso se lleva a un lugar incluso más cuestionable que el propio periodismo. Son circuitos de influencia; les llaman «bodegas». Son lugares donde se estimula económicamente una visión de propaganda de los gobiernos. Y puede que se este haciendo con la plata de nuestros impuestos.
Lo que quiero decir es que la situación es peor. Había un problema con la pauta, pero aun así había más o menos periodismo.
Hoy hay una tendencia al desprecio público hacia los medios, a presentarlos como actores comprados, maliciosos, «de los otros». Y esos recursos se trasladan a un lugar aún más [cuestionable], con menos métodos y menor seguimiento.
Y muchas veces se hace en nombre del pluralismo y la democracia, que es otra vuelta de tuerca. Entonces: «Como yo antes tenía estas reglas para el cubrimiento de las [ruedas de prensa] de Presidencia, ahora tengo estas otras. Es que ustedes ya han estado mucho tiempo; es que antes se manejaba todo de una forma muy conveniente para el gobierno anterior y, por lo tanto, yo lo voy a cambiar en nombre del pluralismo». Pero no deja de ser una vuelta de tuerca que le está cobrando al periodismo ser periodismo o haberlo sido.
PV: Hay cosas bien interesantes. Creo que, si pensáramos en un ciclo de vientos, el mismo viento que amenaza el ejercicio de la libertad de expresión también se dirige hacia la independencia judicial. Y, mientras los dejan, creo que hay ejemplos bastante notables. Ecuador tiene una producción de la Corte Constitucional bien interesante en materia de libertad de expresión.
Lo que llamamos control de convencionalidad es algo en lo que hemos insistido mucho. Las cosas que llegan al sistema interamericano tardan tanto, cuestan tanto y exigen tanta paciencia —no sé, la de un peticionario que estuvo veinte años esperando— que creo que es una mínima retribución que esa producción estatal pueda ser tomada en consideración por los tribunales constitucionales y por el Estado de derecho a nivel doméstico en general. En principio, eso le ahorraría a ese Estado ser evaluado en circunstancias parecidas en el futuro.
Creo que eso pasa también en la Corte Constitucional colombiana. De hecho, tiene la buena práctica de solicitar que se integre a sus procedimientos la opinión del sistema interamericano. Eso es valioso. Y también está la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica. No sé, después puedo hacer una revisión, pero es otro ejemplo que se me viene a la mente.
Recuerdo perfectamente una controversia intensa entre el gobierno anterior y el Grupo Nación. Había alegaciones importantes del medio respecto del ejercicio de ciertas facultades del Poder Ejecutivo, no sobre el medio, sino sobre una empresa del mismo grupo empresarial. Básicamente, lo que se alegaba era que se estarían utilizando algunos mecanismos contra esa empresa como consecuencia del cubrimiento periodístico. Eso fue ampliamente discutido en la Sala Constitucional, y nosotros lo reconocimos como una expresión de un Estado de derecho vibrante y energizado, en el que la Sala cumplió un rol de freno y contrapeso institucional frente a un caso complejo.
Creo que también hay algunas iniciativas interesantes en materia de uso de la fuerza en contextos de protesta, particularmente buenas prácticas respecto de la protección de la labor periodística. Creo que ha habido esfuerzos en la región por profesionalizar el despliegue de la fuerza pública y garantizar la labor periodística en esos contextos.
Ahora, creo que esos avances también son frágiles frente a los cambios de gobierno. Todavía es muy pronto para decir que son perdurables en el tiempo. Pero sí me parece positivo que, después de muchos años de agresiones contra periodistas en contextos de protesta atribuidas a la fuerza pública, las fuerzas públicas de la región estén hablando de este tema.
Después, creo que también hay buenas prácticas de la sociedad civil. En temas como la inteligencia artificial o la moderación de contenidos en internet, creo que hay más propuestas y más solidez en la sociedad civil, mientras que en los parlamentos hay menos claridad.
Y creo que eso habla bien de la sociedad civil y mal del debate parlamentario sobre algunos temas de libertad de expresión interna.
La segunda parte de esta entrevista aborda el balance de la Relatoría, la inteligencia artificial y los desafíos del sistema interamericano.
Citación académica sugerida: Agenda Estado de Derecho. Entrevista a Pedro Vaca Villarreal (Parte 1): Libertad de expresión y democracia en América Latina Agenda Estado de Derecho. 2026/10/05. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/entrevista-a-pedro-vaca-villarreal-parte-1/
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
