Sistemas Penitenciarios y Ejecución Penal en América Latina – Una mirada regional y opciones de abordaje

17 de agosto del 2021
Sistemas Penitenciarios y Ejecución Penal en América Latina – Una mirada regional y opciones de abordaje
Fuente: @PresidenciaSV - Twitter

Debido a las coyunturas políticas y humanitarias de la región, se analizan los diferentes fenómenos relacionados a las cárceles y sistemas penitenciarios en Latinoamérica desde un abordaje comparativo. 

Este artículo se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

Alianza

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) es un organismo internacional del Sistema Interamericano, con autonomía técnica y operativa, que tiene como misión apoyar los procesos de reforma y modernización de los sistemas de justicia en las Américas. Su sede está en Santiago de Chile y sus miembros son todos los países integrantes activos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

 

CEJA provee asistencia técnica a los gobiernos, poderes judiciales y otros actores de los sistemas de justicia regionales, desarrolla estudios, imparte programas de capacitación especializados para juezas y jueces, fiscalas/es, defensoras/es, abogadas/os litigantes y diseñadoras/es de políticas públicas.  

CEJA

Desde una perspectiva de derechos humanos, las cárceles probablemente son los lugares más olvidados del continente. El hacinamiento, las precarias condiciones sanitarias y la violencia flagrante y discriminatoria en los penales de América Latina, especialmente contra la mujer y las personas LGBTI+, son solo unos de los problemas que están enfrentando. Es ahora más importante que nunca, recordar que los derechos humanos son universales y valen en igualdad para todos, lo que incluye a las personas privadas de libertad. Fieles a este compromiso, desde Agenda Estado de Derecho en las próximas semanas publicaremos una serie de artículos dedicados a los sistemas penitenciaros de la región. Muchos de estos artículos tienen su base en un estudio regional recientemente lanzado de forma conjunta por el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer y el Centro de Estudios de Justica de las Américas – CEJA.

Propósito y contexto regional

Durante las últimas tres décadas, los sistemas de justicia penal de América Latina han experimentado un cambio profundo dadas las transiciones políticas que se han desarrollado en toda la región. El subsiguiente y continuo proceso de la recuperación de la democracia y del restablecimiento y la consolidación del Estado de Derecho en los órdenes políticos de la región exigió la reformulación de las estructuras organizativas y ejecutorias de la justicia penal.

Desde entonces esas reformulaciones han tocado la mayoría de los ámbitos de la organización política y jurídica en la región. Aun así, en la actualidad, se destaca cada vez más que uno de los ámbitos inexplorados y que requiere un análisis detallado está dado por la ejecución penal y las condiciones en que funcionan los sistemas penitenciarios en la región latinoamericana.

Un estudio elaborado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer mostró que ha existido y existe un bajo estudio y tematización de los problemas estructurales y operativos en esta instancia.

Contenido de la publicación

Es precisamente aquí donde el libro  “ Sistemas Penitenciarios y Ejecución Penal en América Latina. Una mirada regional y opciones de abordaje” aborda contrarrestar esta falta de estudio y sistematización, y así contribuir no solo a la ilustración del estado actual de la ejecución penal y los sistemas penitenciarios en la región, sino también a su conformidad con los estándares del Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos y a la formulación de propuestas para mejorarlos.

Con el fin de ofrecer una visión general, pero también estudios de casos en profundidad y, por lo tanto, abordar el tema de forma teórica como práctica, el libro dispone de una investigación de carácter empírico. Así resulta una publicación descriptiva, pero también, y,

sobre todo, analítica, crítica y propositiva con contribuciones valiosas y novedosas por expertas y expertos de la materia de toda la región que son vinculadas/os a la academia, al sector judicial, al litigio y a organizaciones de la sociedad civil.

No solamente en el análisis integral que va más allá de un enfoque penalista y criminológico reside la potencia y el valor de esta publicación, sino también en el momento en que fue publicado. Salió justamente diez años después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacara en su Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (2011) que “el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad […][era] uno de los principales desafíos que enfrentan los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos” y que existían graves deficiencias estructurales resultando en la violación sistemática de los derechos humanos de personas en custodia del Estado.

Como muestra el informe de la CIDH, las condiciones de los sistemas penitenciarios y la ejecución penal en la región ya eran complejas. Pero con la aparición del virus COVID-19 se han vuelto aún más precarias. La pandemia hizo surgir nuevos y urgentes retos para las autoridades encargadas de la ejecución de las penas y las prisiones, para los Estados y, en general, para la democracia y el Estado de Derecho en América Latina. Situaciones de hacinamiento y condiciones sanitarias precarias fueron aún más fatales y letales para las personas privadas de libertad. Aún más importante era la primera medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la pandemia. Aunque no se trató de una cárcel sino de un lugar de retención de migrantes ilegales, ordenó a Panamá evitar situaciones de hacinamiento y mejorar los servicios de salud en esta entidad.

Por todo eso, nos encontramos en un tiempo oportuno para analizar cómo los sistemas penitenciarios han implementados la normativa nacional e internacional en la materia, cómo la situación se ha desarrollado desde la aparición de la pandemia y cuáles propuestas surgen por parte de las expertas y los expertos que contribuyeron a esta publicación para plantear medidas concretas de cómo hacer frente a las deficiencias estructurales en la región.

La publicación se divide en tres partes principales:

El primer y el segundo capítulo de la primera parte de la publicación ilustran el marco internacional de protección de los derechos de las personas privadas de libertad y los estándares interamericanos sobre condiciones de detención. El tercero aborda el desarrollo de la política de género en el sector penitenciario y la deuda histórica pendiente en la región. Este capítulo muestra la importancia de destacar el enfoque diferencial y de género en la adopción de políticas públicas carcelarias, los criterios de interseccionalidad y las condiciones de vulnerabilidad específica en las que se encuentran las mujeres privadas de libertad, al igual que los LGBTI+. El último capítulo de la primera parte se dedica a analizar las reacciones de los sistemas penitenciarios ante la crisis sanitaria causado por la pandemia del COVID-19 y así se ancla en las nuevas circunstancias que el mundo debe afrontar.

La segunda parte del libro es el capítulo central (capítulo V) que reúne diferentes informes nacionales y se dedica al análisis de cómo los sistemas penitenciarios están funcionando e impactando en los derechos humanos en diez países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Estos informes nacionales siguen un esquema y una estructura idénticos para poder comparar las experiencias de los varios países y son divididos en tres partes: a) la descripción de la situación y del marco jurídico y organizacional respecto a la ejecución de la pena en el país; b) el estudio empírico sobre la realidad actual en el país y c) la síntesis y sugerencias o recomendaciones concretas para el efectivo funcionamiento del sistema de justicia de ejecución penal.

La publicación es un producto de la estrecha colaboración de 28 autores expertas y expertos de la región ofreciendo no solamente un enfoque temático, sino también regional. Esto permite, en la parte final (capítulo VI), sistematizar y comparar las realidades, dificultades y los retos, pero igual las “lessons learned” y las potenciales de los sistemas de justicia penal en los países estudiados y así formular un conjunto de lineamientos para el mejoramiento de los sistemas penitenciarios y la ejecución penal en América Latina.

Está previsto, dentro de poco, publicar en el Especial anunciado diferentes artículos individuales escritos por algunas y algunos de los autores que se dedicarán más detalladamente al contenido de los capítulos particulares de la publicación.

Citación académica sugerida: Fuchs, Marie-Christine & González, Leonel. Sistemas Penitenciarios y Ejecución Penal en América Latina – Una mirada regional y opciones de abordaje. Agenda Estado de Derecho, 2021/08/17. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/sistemas-penitenciarios-y-ejecucion-penal-en-america-latina/

Palabras clave: Latinoamérica, Justicia, Sistemas penitenciarios, Ejecución penal

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ACERCA DE LOS AUTORES
Marie-Christine Fuchs

Abogada alemana (Rechtsanwältin, Berlín) y Doctora en Derecho de la Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Alemania. Realizó sus estudios de Maestría en Derecho Internacional Público, Derecho de la Unión Europea y Derechos Humanos en el Europainstitut de la misma universidad. Cursó estudios de licenciatura tanto en derecho alemán como en derecho francés. Ha sido investigadora asociada al Instituto Max Planck de Derecho Privado Extranjero y Derecho Internacional Privado en Hamburgo, así como investigadora y profesora asistente en el Europainstitut. De 2011 a 2015 se desempeñó como abogada en el despacho jurídico internacional Freshfields Bruckhaus Deringer en Berlín. Desde 2016, es directora del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Es autora de diversas publicaciones sobre derecho internacional público y derecho internacional de derechos humanos.

Leonel González Postigo

Director Área de Capacitación – CEJA

Argentino. Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile). Es vicepresidente regional para Sudamérica de la Organización Internacional de Capacitación Judicial (IOJT), durante el período 2017-2019; y es Socio adherente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Ha trabajado en la Cámara Federal de Casación Penal, Poder Judicial de la Nación Argentina, y en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.