Es precisamente aquí donde el libro  “ Sistemas Penitenciarios y Ejecución Penal en América Latina. Una mirada regional y opciones de abordaje” aborda contrarrestar esta falta de estudio y sistematización, y así contribuir no solo a la ilustración del estado actual de la ejecución penal y los sistemas penitenciarios en la región, sino también a su conformidad con los estándares del Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos y a la formulación de propuestas para mejorarlos.

Con el fin de ofrecer una visión general, pero también estudios de casos en profundidad y, por lo tanto, abordar el tema de forma teórica como práctica, el libro dispone de una investigación de carácter empírico. Así resulta una publicación descriptiva, pero también, y,

sobre todo, analítica, crítica y propositiva con contribuciones valiosas y novedosas por expertas y expertos de la materia de toda la región que son vinculadas/os a la academia, al sector judicial, al litigio y a organizaciones de la sociedad civil.

No solamente en el análisis integral que va más allá de un enfoque penalista y criminológico reside la potencia y el valor de esta publicación, sino también en el momento en que fue publicado. Salió justamente diez años después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacara en su Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (2011) que “el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad […][era] uno de los principales desafíos que enfrentan los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos” y que existían graves deficiencias estructurales resultando en la violación sistemática de los derechos humanos de personas en custodia del Estado.

Como muestra el informe de la CIDH, las condiciones de los sistemas penitenciarios y la ejecución penal en la región ya eran complejas. Pero con la aparición del virus COVID-19 se han vuelto aún más precarias. La pandemia hizo surgir nuevos y urgentes retos para las autoridades encargadas de la ejecución de las penas y las prisiones, para los Estados y, en general, para la democracia y el Estado de Derecho en América Latina. Situaciones de hacinamiento y condiciones sanitarias precarias fueron aún más fatales y letales para las personas privadas de libertad. Aún más importante era la primera medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la pandemia. Aunque no se trató de una cárcel sino de un lugar de retención de migrantes ilegales, ordenó a Panamá evitar situaciones de hacinamiento y mejorar los servicios de salud en esta entidad.

Por todo eso, nos encontramos en un tiempo oportuno para analizar cómo los sistemas penitenciarios han implementados la normativa nacional e internacional en la materia, cómo la situación se ha desarrollado desde la aparición de la pandemia y cuáles propuestas surgen por parte de las expertas y los expertos que contribuyeron a esta publicación para plantear medidas concretas de cómo hacer frente a las deficiencias estructurales en la región.