El pasado 27 de octubre de 2021, el Tribunal Constitucional de Coahuila (México), decidió por mayoría de 8 votos, rechazar el proyecto presentado por el Magistrado Luis Efrén Ríos Vega, que se pronunciaba acerca de la Acción de Inconstitucionalidad Local AIL-3/2021 presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos a instancia de un grupo de familiares de personas desaparecidas. Esta acción consideraba inconstitucional la enmienda al Reglamento de la Fiscalía General del Estado que suprimía la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El argumento de la Fiscalía, que justificaba este cambio normativo, residía en el hecho de que la búsqueda de personas desaparecidas entraría en la competencia de la Comisión de Búsqueda del Estado y, por lo tanto, la existencia de una unidad de búsqueda habría generado una duplicidad de funciones.

En realidad, la creación de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila no exime a la Fiscalía de cumplir la obligación de garantizar el derecho humano a la búsqueda. Ambas instituciones comparten la obligación de buscar a las personas desaparecidas, de acuerdo con sus respectivas funciones y competencias. Lo anterior, en virtud de que para lograr una búsqueda integral es necesario que exista una interrelación con la investigación penal.

La falta de coordinación entre la búsqueda y la investigación penal afecta los elementos institucionales de disponibilidad y calidad en la garantía del derecho a la búsqueda. Con base en estos argumentos, el proyecto rechazado por la mayoría de los jueces constitucionales declaraba inconstitucional esta enmienda por ser violatoria de los derechos de búsqueda y de participación ciudadana.

México es un país que, a pesar de no haber sufrido nunca una interrupción formal del sistema democrático desde la entrada en vigor de su Constitución en 1917, cuenta hoy con más de 90 mil personas desaparecidas y más de 50 mil cuerpos sin identificar. Estos números son incluso más dramáticos si pensamos que se cuenta con 31 sentencias de condena por desaparición forzada de personas. Como estas cifras lo demuestran, en México la desaparición de personas se ha convertido en el problema más grave de violación de derechos humanos.

En este contexto, en Coahuila, el Poder Ejecutivo del Estado ha reconocido la magnitud del problema e implementado un modelo de diálogo entre víctimas, gobierno y sociedad civil para atender esta grave problemática. La Fiscalía local siempre ha formado parte de este modelo, que además ha sido reconocido por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos por haber permitido identificar y sistematizar una agenda de trabajo basada en los temas prioritarios de las víctimas.

Se trata de una dinámica que ha favorecido el diálogo directo entre víctimas y autoridades para abordar las diferentes problemáticas y necesidades, garantizando siempre una discusión abierta y sincera con expertos nacionales e internacionales y, al mismo tiempo, ha ido generando a lo largo de los años acuerdos y consensos entre las partes, familias y gobierno, para consolidar una política de Estado que promueva acciones de gobierno a favor de los derechos de las personas desaparecidas, sus familiares y defensores.

A pesar de la presencia de este modelo de trabajo en Coahuila, la Fiscalía General del Estado, decidió suprimir la unidad de búsqueda mediante una modificación a su Reglamento y, si este dato ya no fuera grave de por sí, la enmienda normativa fue realizada sin una consulta libre, previa e informada de las víctimas de desaparición, que fueron totalmente excluidas del proceso, violentando así el modelo de diálogo ya institucionalizado en el Estado.

En primer lugar, el proyecto de sentencia rechazado por la mayoría de los jueces constitucionales coahuilenses fue adoptado tras una fase instructora que se desarrolló con perspectiva abierta y solidaria: todas las actuaciones judiciales se hicieron públicas y se abrió una convocatoria para presentar amicus curiae en la que participaron víctimas, expertos nacionales e internacionales y asociaciones civiles.

Incluso, se circuló el proyecto de sentencia y se desahogó una audiencia de alegatos con las partes y terceros para que se pudieran hacer comentarios al proyecto. Sin embargo, esta buena práctica de justicia abierta y máxima transparencia judicial, aplaudida por organismos y organizaciones nacionales e internacionales al Tribunal Constitucional de Coahuila le pareció ilegal. Los jueces constitucionales coahuilenses se aferraron a argumentos apegados al más conservador formalismo jurídico, considerando que el no llamar a la Comisión de Búsqueda como parte del proceso –un órgano desconcentrado del gobierno estatal– planteaba la necesidad de reponer el procedimiento, aún cuando sí se citó al Ejecutivo y este compareció.

También, se posicionaron en contra de los amicus curiae, prohibieron publicar los proyectos de sentencia (aún cuando existen diferentes precedentes en los que el propio Tribunal había aceptado estas prácticas) y anularon el juicio porque se recibieron comentarios al proyecto, señalando que los magistrados podían sentirse presionados por las opiniones de la sociedad civil.

Y, más llamativo aún, proviniendo dichas afirmaciones de un tribunal constitucional, se afirmó que las personas expertas extranjeras no pueden participar con sus opiniones en materia de derechos humanos porque tienen prohibido intervenir en asuntos políticos del país. Esta afirmación tendría fundamento en la prohibición contenida en el artículo 33 constitucional.

En realidad, la razón de esta prohibición constitucional es para que los extranjeros no puedan votar, ser votados o formar un partido político, y no para prohibirles su derecho a opinar sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país. Ningún tribunal está facultado para prohibir la libertad de expresión, salvo, aparentemente, el Tribunal Constitucional de Coahuila que, por mayoría, estima que los extranjeros no deben ser amigos de su Corte.

En segundo lugar, entrando al fondo del asunto, según el proyecto rechazado la supresión de la unidad de búsqueda de la Fiscalía General del Estado implicaba la violación de los derechos de búsqueda y de participación ciudadana.

A este propósito, el magistrado ponente proponía los siguientes efectos de reparación:

i) seguir aplicando en forma ultractiva la organización y funcionamiento de la unidad de búsqueda de personas;

ii) que la Fiscalía en conjunto con la Comisión de Búsqueda del Estado, demás autoridades, y con la participación de las familias de personas desaparecidas, celebraran los convenios o instrumentos de colaboración necesarios para garantizar la debida coordinación entre las instituciones;

iii) que la Fiscalía presentara un diagnóstico claro a las familias relativo a las unidades encargadas de sus deberes de búsqueda;

iv) hecho lo anterior, proveer una consulta previa, sencilla, accesible, informada y suficiente con las familias y colectivos de familias de personas desaparecidas; y

v) en materia de búsqueda, cada decisión que tomara la Fiscalía y que pudiera llegar a afectar dicho derecho debía someterlo a una consulta para escuchar la opinión de colectivos o familiares de personas en situación de desaparición.

Lo que sucedió en Coahuila hace un par de semanas recibió el reproche social e institucional de distintas autoridades nacionales, como la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, así como de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en México y la gran preocupación de los familiares de personas desaparecidas.

Conforme a todo lo anterior, parecería que para la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional de Coahuila se pueden proteger los derechos humanos de un grupo tan vulnerable como lo son las víctimas de desaparición de personas siempre y cuando respeten absurdos formalismos, olvidando que la propia Constitución general dispone que se debe privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales (artículo 17 constitucional), criterio que además ha sido ratificado por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En Coahuila, los jueces constitucionales que rechazan los amicus curiae son enemicus de la publicidad del proceso (en abierta violación del artículo 154, fracción II, numeral 1 de la Constitución local, que prevé la garantía de transparencia judicial) y de la justicia abierta que tiene, entre sus ejes rectores propio la máxima participación social.

En Coahuila, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional han censurado las voces de las víctimas, vulnerando su derecho a la participación, reconocido por los más altos estándares de protección de derechos humanos, entre ellos los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas (Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada) marcando un gran retroceso respecto a aquel modelo de diálogo, que ha permitido dar un consuelo y garantizar derechos a las víctimas de desaparición forzada de personas.