Abrir puertas para cambiar la historia. Sistema de justicia y desapariciones en México

4 de Noviembre del 2020
Abrir puertas para cambiar la historia. Sistema de justicia y desapariciones en México

México vive una crisis en materia de desapariciones. Según las cifras oficiales al 23 de septiembre de 2020, más de 74064 personas se encuentran desaparecidas. Estas cifras ya hablan de por sí de una tragedia de proporciones inmensas para estas personas, sus familias y la sociedad mexicana en general. De acuerdo con los estándares de derechos humanos asumidos por el país, el Estado tiene la responsabilidad de buscar a quiénes desaparecieron, de reparar el daño de las víctimas y también de generar verdad y justicia sobre los hechos. Entre las múltiples dependencias involucradas con el tema, el sistema de justicia, específicamente el de justicia penal, tiene un rol central en el cumplimiento de estos deberes. ¿Qué tanto ha respondido y está respondiendo el sistema de justicia penal ante este desafío mayúsculo? Esta es la pregunta que articula este escrito, y como podrá deducirse del análisis que sigue, las respuestas ofrecidas son prácticamente inexistentes. Por esto es necesario idear alternativas para cambiar la situación.

¿A qué me refiero cuando hablo del sistema de justicia penal? Al Poder Judicial Federal y a los Poderes Judiciales de las entidades federativas. También a las instancias de procuración de justicia federal y estatales. Es decir, se trata de un sistema que incluye a 33 poderes judiciales (1 federal y 32 locales) y 33 instancias de procuración de justicia (1 federal y 32 locales). Son 66 instancias en el país, con diferentes jurisdicciones territoriales, las encargadas de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.

En la medida en que cuando nos referimos al sistema de justicia penal y sus respuestas ante las desapariciones estamos señalando a esta diversidad de instancias es de esperarse que las respuestas frente al problema sean variadas. No obstante, existe un común denominador: éstas son proporcionalmente muy escasas.

Algunas cifras para ilustrar el panorama. Como ya se señaló existen más de 74,000 casos de desaparición y contamos con 31 sentencias penales (15 estatales y 16 federales) por el delito de desaparición forzada entre 2006 y 2020 según la información recopilada por el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México a través de solicitudes de acceso a la información. Si bien no todas las desapariciones registradas son desapariciones forzadas muchas de ellas lo son. En términos de justicia hay una gran laguna.

Sin embargo, los poderes judiciales no son las únicas instancias involucradas en el proceso. Las fiscalías son centrales. Reciben las denuncias por los casos, realizan investigaciones y formulan acusaciones cuanto tienen indicios de la comisión del delito.  Son las instancias que abren (o cierran) la puerta del sistema a los familiares de las personas desaparecidas. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los casos penales son procesados a nivel local, entender qué tanto cumplen las fiscalías estatales con esta función de abrir las puertas es central.

Por tanto es esencial determinar qué sabemos sobre las fiscalías estatales en casos de desaparición forzada. Bastante poco, aunque los Censos Nacionales de Procuración de justicia estatal realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrecen algunas pinceladas muy generales.  Sabemos que entre 2015 y 2018 se abrieron 1316 causas por este delito. Los Estados que destacan por la cantidad de causas iniciadas son Hidalgo, Guerrero, Morelos, Chihuahua, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas con 20 investigaciones o más en cada uno. En pocas palabras, en comparación con la magnitud del problema, estas instancias en los hechos prácticamente no abren las puertas.

Por otra parte ¿Qué proporción de causas se judicializan? Para aproximarnos a ello tomamos en cuenta los juicios abiertos por este delito en los poderes judiciales locales. De acuerdo con los Censos Nacionales de Impartición de Justicia Estatal del INEGI son 157 los juicios abiertos entre 2015 y 2018. La información recopilada para el período señala que aproximadamente 1 de cada 10 investigaciones abiertas llegaron a juicio, lo que se circunscribe en el contexto de impunidad que vive México. Los Estados con mayor cantidad de casos judicializados fueron: Zacatecas, Jalisco, Veracruz, Chihuahua y Michoacán.

Si bien la información consultada en los censos no está construida para rastrear las etapas de los procesos por este delito, el panorama presentado pone en evidencia un sistema de justicia que en la práctica no está respondiendo con la diligencia necesaria ante la tragedia de las víctimas.

¿Qué conclusiones podemos sacar de esta dinámica? En primer lugar, que la respuesta del sistema de justicia ante la crisis de desapariciones es altamente deficiente. Si bien la experiencia internacional indica que en casos de violaciones graves y generalizadas de derechos humanos no todos los casos tienen justicia, es deseable un comportamiento creativo y proactivo por parte de estas instancias. Esta deficiencia llama la atención acerca de la actuación de las fiscalías y los poderes judiciales de los Estados.

En segundo lugar, expresa los límites de los mecanismos de justicia ordinaria para generar verdad, justicia, y reparación del daño ante la crisis de derechos humanos que vive el país. Frente a la magnitud del problema las estrategias de investigación caso por caso no parecen ser la respuesta más diligente. Pensar de manera creativa, orientada por las experiencias de otros países, pero sobre todo a partir de un diagnóstico local serio, es fundamental

En tercer lugar, pone en evidencia los serios obstáculos al acceso a la justicia que enfrentan las víctimas de desaparición forzada que están buscando a sus seres queridos y quieren verdad y justicia sobre sus casos. Los encargados de abrir las puertas del sistema no lo están haciendo.

Mientras estos obstáculos al acceso a la justicia de las víctimas no comiencen a removerse, la facticidad del Estado de derecho en México está comprometida.  La protección y garantía de los derechos de las personas, son obligaciones que constituyen uno de los pilares de un proyecto sustantivo de Estado de Derecho. Si las cosas continúan de esta manera, parece que la distancia respecto de este ideal es tan larga que se ve como intransitable, por ello es urgente cambiar la manera de encararlas.

El problema del acceso a la justicia de las víctimas de desaparición es de tal magnitud que requiere estrategias específicas. Estas estrategias no sólo deben ser integrales, sino que deben realizarse en los diferentes niveles del Estado. Si bien, una política nacional respecto del tema es fundamental, las iniciativas locales de verdad, justicia y reparación son impostergables. El federalismo del país, que muchas veces se considera un problema, puede convertirse en una oportunidad. Los actores locales y municipales, estatales y no estatales están en condiciones de cambiar la historia.

Citación académica sugerida: Ansolabehere, Karina: Abrir puertas para cambiar la historia. Sistema de justicia y desapariciones en México, 2020/11/04, https://agendaestadodederecho.com/sistema-de-justicia-y-desapariciones-en-mexico/

Comparte este artículo en...
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
ACERCA DE LA AUTORA
Karina Ansolabehere

IIJ-UNAM/ FLACSO-México

Investigadora de tiempo completo del IIJ-UNAM y profesora investigadora de tiempo parcial de FLACSO-México. Investigadora principal del Observatorio sobre desaparición e impunidad en México

Artículos Relacionados

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.