De acuerdo con Seema Patel, investigadora de la Escuela de Derecho de Nottingham, existe una tendencia a tratar el ámbito deportivo como un cuerpo de autonomía privada inmune a la ley, lo que deriva en una incertidumbre general alrededor de cómo las disposiciones y estándares de derechos humanos se aplican en relación a las normas de género en el deporte y a lo que los organismos deportivos deben hacer para garantizar su cumplimiento. Frente a este contexto, el TEDH establece, en este caso, ciertos parámetros que pueden contribuir a despejar dicha incertidumbre.

De este modo, si bien reconoce la autonomía e independencia del TAS, cuestiona el estándar aplicado por el Tribunal Federal Suizo referido a que un laudo arbitral podía ser revisado judicialmente solo si era incompatible con el orden público. A juicio del Tribunal, si bien este criterio es justificable en el área de arbitraje comercial, en donde las partes están en igualdad de condiciones, resulta problemática en el arbitraje deportivo, en donde los individuos podrían presentar una posición desigual frente a las grandes organizaciones deportivas y podrían enfrentar situaciones de desprotección.

Por otro lado, el TEDH determina que, a pesar de que los Estados cuenten con un margen de apreciación respecto al CEDH, las distinciones basadas en las características sexuales de una persona o en su estatus como persona intersexual, al igual que toda diferenciación basada en el sexo, deben ser realizadas por razones particularmente convincentes y de peso. En esa misma línea, recalca que cuando hubiera una posible afectación a un aspecto tan relevante en la identidad o existencia de la persona, la discrecionalidad del Estado se ve restringida.

Asimismo, señaló que el Tribunal Federal no abordó adecuadamente el dilema frente al que se encontraba Semenya: recibir un tratamiento hormonal, cuyos efectos adversos se han demostrado a partir de diversas investigaciones, o dejar de practicar su profesión. Bajo estos parámetros cualquier decisión adoptada por la atleta implicaría la renuncia a aspectos centrales de su derecho a la vida privada. En esa línea, el TEDH remarca que los tribunales internos tienen la obligación de garantizar una protección real y efectiva contra la discriminación ejercida por entidades de derecho privado y, bajo ese marco, evaluar la compatibilidad de cualquier norma con la Convención.