Elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y la reconstrucción del Estado de Derecho en Honduras

31 de Enero de 2023
Elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y la reconstrucción del Estado de Derecho en Honduras
Crédito de foto: El Heraldo

¿Cuáles han sido las debilidades y fortalezas del proceso de selección de los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia en Honduras?

Honduras y su coyuntura histórica

Según la Constitución de la República, el 25 de enero de 2023, el Congreso Nacional de Honduras tiene a su cargo la elección de los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Por falta de consenso esta elección no logró realizarse. El país atraviesa una coyuntura histórica de transición de una Corte Suprema de Justicia (CSJ) con distintos cuestionamientos en su actuar a la hora de la aplicación de justicia, en muchos casos llamada justicia selectiva, hacia una Corte Suprema de Justicia que está siendo observada por toda una sociedad que exige cambios profundos.

La CSJ enfrenta una crisis de legitimidad nunca vista en la historia de Honduras, marcada por su parcialidad y alto índice de impunidad. El último sondeo de opinión del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) del 2022 con referencia a los operadores de justicia, estimó que el 45.6% de la población opina que los magistrados, jueces y fiscales protegen los intereses de los ricos y poderosos, mientras que un 24.4% de la población, opina que protegen los intereses de los corruptos.

En 2022, tomó posesión la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convirtiéndose en un gobierno de transición luego de múltiples rupturas al orden constitucional como el Golpe de Estado en 2009, la destitución de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de 2015 y la crisis      poselectoral generada por la reelección ilegal del año 2017.

Los diferentes posicionamientos que la Corte ha tenido respecto a estos acontecimientos han generado la desconfianza de la ciudadanía en este Poder clave para todo Estado. Por ello, la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Decreto 74-2022), ha generado amplias expectativas en la ciudadanía por su amplitud democrática, la transparencia e igualdad de género. 

Nuevo proceso de selección de integrantes de la CSJ de Honduras

El proceso de elección de los Magistrados a la CSJ inició con la creación de la Junta Nominadora conformada por 14 miembros, titulares y suplentes de varias organizaciones de la sociedad.

La misma ley estableció las etapas (convocatoria, postulaciones, fase de pruebas e investigaciones, fase de denuncias y tachas, fase de entrevistas y la entrega de la nómina final) para la selección de una nómina de al menos 45 candidatos que pasaron al Congreso Nacional para la elección de 15 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (7 magistradas como mínimo) .

La nueva Ley Especial de la Junta Nominadora contiene disposiciones que han hecho que el proceso de selección de los 45 candidatos sea distinto a cómo se realizaba anteriormente. A manera de ejemplo, el 31 de octubre de 2022, la Junta Nominadora cerró el plazo para las postulaciones de candidatos que aspiran a las magistraturas, con un total de 185 abogados y notarios que personalmente decidieron postularse y presentar los documentos requeridos por la Junta Nominadora; a diferencia de anteriores procesos, cuando la pasada Ley de la Junta Nominadora, en su artículo 18 específicamente, exigía que cada organización parte de la Junta propusiera los postulantes que su sector considerara idóneos para pasar a la nómina de los 45.

En este proceso, la Ley obliga a los miembros de la Junta Nominadora a alentar “la presentación de postulaciones por parte de mujeres y de profesionales provenientes de sectores insuficientemente representados en la magistratura”; en este sentido, cada persona que consideró cumplir con los requisitos de la Constitución de la República en su artículo 309, así como los establecidos por la Ley de la Junta Nominadora, pudo presentar su postulación, democratizando de esta forma, el proceso de nominación de candidatos y candidatas, los cuales bajo esta Ley, si consideraron ser idóneos para la magistratura, pudieron postularse sin tener que pasar por un proceso de filtración por parte de cada sector.

Debilidades del proceso de selección

A pesar de las luces que brinda la nueva Ley Especial de la Junta Nominadora y del arduo trabajo que ha venido realizando por elegir las mejores y más capacitadas personas; cada etapa del proceso de selección ha demostrado debilidades que hacen difícil el camino para una CSJ con personas idóneas que conduzcan hacia la reconstrucción del Estado de Derecho en Honduras.

El 4 de enero de 2023 comenzó la última etapa de entrevistas a las personas postulantes. Estas entrevistas, según lo indica la ley, se realizaron a las personas que superaron solventemente y con las más altas calificaciones la fase anterior, y fueron convocadas para ser entrevistadas en público sobre temas o asuntos claves que ayudaron a la Junta a conformar su nómina de candidatos de acuerdo con los más altos estándares de idoneidad profesional, moral y personal.

Esta etapa demostró el desconocimiento de muchos aspirantes en temas como Derechos Humanos y control de convencionalidad. En Honduras, un país en el que defensores de Derechos Humanos han sido criminalizados por ejercer su labor de defensoría, es necesario que los y las magistradas que lleguen a la CSJ  tengan un conocimiento amplio sobre Derechos Humanos y sus estándares internacionales.      

Respecto a la perspectiva de género, a pesar de que haberse cumplido con la ley al incluir a 23 mujeres en la nómina de 45 candidatos, el proceso estuvo marcado por la baja participación de éstas. Hubieron 132 hombres y 53 mujeres candidatas. En lo que el proceso avanzó, quedaron aún menos mujeres, haciendo un desafío la elección de los 23 mejores perfiles.

Parte de la poca participación de mujeres se explica en el poco acceso al notariado que existe en el país. Actualmente, a pesar de haber más de 30,000 abogados en Honduras, solo el 3.73% de estos cuentan con el notariado, y dado que ser notario es un requisito constitucional para esta elección, solo 1,147 abogados/as pueden aspirar a ser Magistrados ante la Corte Suprema de Justicia.

Este requisito es aún más inaccesible para las mujeres, pues, hasta 2013, de 993 notarios, solamente 190 eran mujeres. A pesar de que son datos no actualizados, esto sirve como reflejo para darnos una idea de la situación de las mujeres notarias.

Una nueva Corte para la reconstrucción del Estado de Derecho

Finalmente, a pesar de las fortalezas que contiene la nueva normativa y los esfuerzos que ha realizado la Junta Nominadora para escoger una nómina idónea de 45 candidatos, esto no asegura que las debilidades estructurales y de fondo sean una limitante en el Congreso Nacional para que la Corte sea conformada por 15 personas magistradas que cumplan a cabalidad con los requisitos profesionales y morales a los que se refiere la Ley de la Junta Nominadora.

A pesar de esto, la población hondureña mantiene las expectativas que esta nueva Corte será conformada por personas que se apeguen a los principios de independencia e imparcialidad que por muchos años han sido desconocidos. En manos de la Junta Nominadora estuvo la responsabilidad de escoger los mejores 45, para que el Congreso, elija a quien elija, sea lo más cercano a la idoneidad de un Magistrado o Magistrada.

Con respecto al papel que jugó la Junta Nominadora, aunque con las debilidades que hemos encontrado en el proceso, distintas organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales han señalado la importante labor que la Junta ha hecho. Parte de la diferencia en este proceso viene de la creación de la nueva Ley de la Junta, la cual exige ciertas condiciones, como el principio de transparencia y publicidad. Aun así, es necesario fortalecer el proceso de la Junta Nominadora y hacer reformas a la Ley, de ser necesario; esperando que los procesos futuros garanticen todavía más la confianza en la ciudadanía de que sí se están eligiendo a las personas ideales para impartir justicia de manera independiente e imparcial, por siete años en el país.

Citación académica sugerida: Flores Mejía, Alejandra. Elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y la reconstrucción del Estado de Derecho en Honduras, Agenda Estado de Derecho, 2023/01/31. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/nueva-corte-suprema-de-justicia-honduras/

Palabras clave: Honduras, Independencia Judicial, Derechos Humanos.

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ACERCA DE LA AUTORA
Alejandra Flores Mejía

Abogada feminista con experiencia en Derechos Humanos. Asesora para la Red contra la Violencia Antisindical. Forma parte de Somos Muchas y la Colectiva de Abogadas por los Derechos Humanos en Honduras.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.