Elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y la reconstrucción del Estado de Derecho en Honduras
31 de Enero de 2023
¿Cuáles han sido las debilidades y fortalezas del proceso de selección de los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia en Honduras?
Según la Constitución de la República, el 25 de enero de 2023, el Congreso Nacional de Honduras tiene a su cargo la elección de los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Por falta de consenso esta elección no logró realizarse. El país atraviesa una coyuntura histórica de transición de una Corte Suprema de Justicia (CSJ) con distintos cuestionamientos en su actuar a la hora de la aplicación de justicia, en muchos casos llamada justicia selectiva, hacia una Corte Suprema de Justicia que está siendo observada por toda una sociedad que exige cambios profundos.
La CSJ enfrenta una crisis de legitimidad nunca vista en la historia de Honduras, marcada por su parcialidad y alto índice de impunidad. El último sondeo de opinión del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) del 2022 con referencia a los operadores de justicia, estimó que el 45.6% de la población opina que los magistrados, jueces y fiscales protegen los intereses de los ricos y poderosos, mientras que un 24.4% de la población, opina que protegen los intereses de los corruptos.
En 2022, tomó posesión la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convirtiéndose en un gobierno de transición luego de múltiples rupturas al orden constitucional como el Golpe de Estado en 2009, la destitución de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de 2015 y la crisis poselectoral generada por la reelección ilegal del año 2017.
Los diferentes posicionamientos que la Corte ha tenido respecto a estos acontecimientos han generado la desconfianza de la ciudadanía en este Poder clave para todo Estado. Por ello, la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Decreto 74-2022), ha generado amplias expectativas en la ciudadanía por su amplitud democrática, la transparencia e igualdad de género.
El proceso de elección de los Magistrados a la CSJ inició con la creación de la Junta Nominadora conformada por 14 miembros, titulares y suplentes de varias organizaciones de la sociedad.
La misma ley estableció las etapas (convocatoria, postulaciones, fase de pruebas e investigaciones, fase de denuncias y tachas, fase de entrevistas y la entrega de la nómina final) para la selección de una nómina de al menos 45 candidatos que pasaron al Congreso Nacional para la elección de 15 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (7 magistradas como mínimo) .
La nueva Ley Especial de la Junta Nominadora contiene disposiciones que han hecho que el proceso de selección de los 45 candidatos sea distinto a cómo se realizaba anteriormente. A manera de ejemplo, el 31 de octubre de 2022, la Junta Nominadora cerró el plazo para las postulaciones de candidatos que aspiran a las magistraturas, con un total de 185 abogados y notarios que personalmente decidieron postularse y presentar los documentos requeridos por la Junta Nominadora; a diferencia de anteriores procesos, cuando la pasada Ley de la Junta Nominadora, en su artículo 18 específicamente, exigía que cada organización parte de la Junta propusiera los postulantes que su sector considerara idóneos para pasar a la nómina de los 45.
En este proceso, la Ley obliga a los miembros de la Junta Nominadora a alentar “la presentación de postulaciones por parte de mujeres y de profesionales provenientes de sectores insuficientemente representados en la magistratura”; en este sentido, cada persona que consideró cumplir con los requisitos de la Constitución de la República en su artículo 309, así como los establecidos por la Ley de la Junta Nominadora, pudo presentar su postulación, democratizando de esta forma, el proceso de nominación de candidatos y candidatas, los cuales bajo esta Ley, si consideraron ser idóneos para la magistratura, pudieron postularse sin tener que pasar por un proceso de filtración por parte de cada sector.
A pesar de las luces que brinda la nueva Ley Especial de la Junta Nominadora y del arduo trabajo que ha venido realizando por elegir las mejores y más capacitadas personas; cada etapa del proceso de selección ha demostrado debilidades que hacen difícil el camino para una CSJ con personas idóneas que conduzcan hacia la reconstrucción del Estado de Derecho en Honduras.
El 4 de enero de 2023 comenzó la última etapa de entrevistas a las personas postulantes. Estas entrevistas, según lo indica la ley, se realizaron a las personas que superaron solventemente y con las más altas calificaciones la fase anterior, y fueron convocadas para ser entrevistadas en público sobre temas o asuntos claves que ayudaron a la Junta a conformar su nómina de candidatos de acuerdo con los más altos estándares de idoneidad profesional, moral y personal.
Esta etapa demostró el desconocimiento de muchos aspirantes en temas como Derechos Humanos y control de convencionalidad. En Honduras, un país en el que defensores de Derechos Humanos han sido criminalizados por ejercer su labor de defensoría, es necesario que los y las magistradas que lleguen a la CSJ tengan un conocimiento amplio sobre Derechos Humanos y sus estándares internacionales.
Respecto a la perspectiva de género, a pesar de que haberse cumplido con la ley al incluir a 23 mujeres en la nómina de 45 candidatos, el proceso estuvo marcado por la baja participación de éstas. Hubieron 132 hombres y 53 mujeres candidatas. En lo que el proceso avanzó, quedaron aún menos mujeres, haciendo un desafío la elección de los 23 mejores perfiles.
Parte de la poca participación de mujeres se explica en el poco acceso al notariado que existe en el país. Actualmente, a pesar de haber más de 30,000 abogados en Honduras, solo el 3.73% de estos cuentan con el notariado, y dado que ser notario es un requisito constitucional para esta elección, solo 1,147 abogados/as pueden aspirar a ser Magistrados ante la Corte Suprema de Justicia.
Este requisito es aún más inaccesible para las mujeres, pues, hasta 2013, de 993 notarios, solamente 190 eran mujeres. A pesar de que son datos no actualizados, esto sirve como reflejo para darnos una idea de la situación de las mujeres notarias.
Finalmente, a pesar de las fortalezas que contiene la nueva normativa y los esfuerzos que ha realizado la Junta Nominadora para escoger una nómina idónea de 45 candidatos, esto no asegura que las debilidades estructurales y de fondo sean una limitante en el Congreso Nacional para que la Corte sea conformada por 15 personas magistradas que cumplan a cabalidad con los requisitos profesionales y morales a los que se refiere la Ley de la Junta Nominadora.
A pesar de esto, la población hondureña mantiene las expectativas que esta nueva Corte será conformada por personas que se apeguen a los principios de independencia e imparcialidad que por muchos años han sido desconocidos. En manos de la Junta Nominadora estuvo la responsabilidad de escoger los mejores 45, para que el Congreso, elija a quien elija, sea lo más cercano a la idoneidad de un Magistrado o Magistrada.
Con respecto al papel que jugó la Junta Nominadora, aunque con las debilidades que hemos encontrado en el proceso, distintas organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales han señalado la importante labor que la Junta ha hecho. Parte de la diferencia en este proceso viene de la creación de la nueva Ley de la Junta, la cual exige ciertas condiciones, como el principio de transparencia y publicidad. Aun así, es necesario fortalecer el proceso de la Junta Nominadora y hacer reformas a la Ley, de ser necesario; esperando que los procesos futuros garanticen todavía más la confianza en la ciudadanía de que sí se están eligiendo a las personas ideales para impartir justicia de manera independiente e imparcial, por siete años en el país.
Citación académica sugerida: Flores Mejía, Alejandra. Elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y la reconstrucción del Estado de Derecho en Honduras, Agenda Estado de Derecho, 2023/01/31. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/nueva-corte-suprema-de-justicia-honduras/
Palabras clave: Honduras, Independencia Judicial, Derechos Humanos.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
