Hay cuatro razones que hicieron históricas las recientes elecciones hondureñas. En primer lugar, hubo una alta participación que rondó el 70% del censo electoral. La última vez que hubo una participación por encima de este porcentaje fue en 1997 con un 72,7%.

Uno de los grandes desafíos en términos democráticos es lograr la recuperación de la confianza ciudadana en la democracia, mediante la implementación de reformas electorales que permitan la despolitización partidaria de los órganos electorales y de justicia electoral, y eviten que las personas “enemigas de la democracia” accedan al poder público, particularmente quienes están vinculados a la corrupción, al narcotráfico y a violaciones a derechos humanos.

En segundo lugar, hubo una importante participación de la juventud, cuya experiencia con la democracia ha sido traumática en el sentido de enfrentar un golpe de Estado en 2009, presenciar un fraude electoral en 2017 y crecer bajo el mando de dos gobiernos del Partido Nacional caracterizados por el autoritarismo, la represión, la impunidad, la militarización y la corrupción.

Por tanto, para garantizar la preservación de la democracia es fundamental, como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “que las personas estén convencidas, por su propia experiencia personal, de que ése es efectivamente el mejor modelo de organización política, éstas serán la mejor garantía contra dictaduras tradicionales y contra otras formas autoritarias de gobierno”.

En tercer lugar, existe la posibilidad de que las próximas elecciones el pueblo hondureño de la estocada final al bipartidismo de los partidos Nacional y Liberal. Desde el golpe de Estado, este último se convirtió gradualmente en cómplice y apéndice del segundo en la adopción de medidas que atentan contra los intereses de las grandes mayorías.

Una de las grandes debilidades del nuevo gobierno es la falta de las mayorías necesarias para promover reformas estructurales que desmoten los enclaves autoritarios dentro del Estado y allanen el camino hacia la democratización del país. Sin embargo, no se puede descartar que los sectores democráticos y marginados de dichos partidos reflexionen que posiblemente se encuentran ante la última oportunidad para demostrar que el autoritarismo de estos 14 años solo ha sido un paréntesis nefasto para su democracia interna y de la nación.

Al respecto, es importante resaltar dos hechos que nos indican los movimientos internos dentro del bipartidismo: primero, la reciente crisis en el Congreso Nacional en el que se juramentaron dos juntas directivas, una de la alianza gobernante y otra del bipartidismo junto con diputados disidentes del partido LIBRE de la presidenta Castro Sarmiento, son una muestra del poder que aún conservan los sectores que formaron parte del régimen de Juan Orlando Hernández.

Aunque el partido Nacional cuenta con 44 diputadas y diputados, 22 de ellos fueron elegidos por primera vez y quieren desvincularse del pasado reciente en el que su partido ha gobernado ininterrumpidamente desde el golpe de Estado de 2009. Esto representa una oportunidad para el gobierno de Castro Sarmiento como quedó evidenciado con la derogación casi unánime de la llamada “Ley de Secretos Oficiales”, en donde esas 22 diputadas y diputados votaron a favor, pese a que era una norma toral para el sostenimiento del régimen anterior comandado por su propio partido.

Y, en cuarto lugar, estas elecciones han provocado una fisura en el patriarcado político, en tanto que Xiomara Castro Sarmiento fue elegida como la primera mujer presidenta desde el retorno formal a la democracia en 1982.

Pese a ello, este proceso electoral ha demostrado que todavía queda mucho por hacer, ya que, en el nivel legislativo, 34 mujeres son diputadas frente a 94 hombres, 7 más que en las elecciones de 2017, pero lejos de las 42 de las elecciones de 2013. Por su parte, en el Parlamento Centroamericano solo hay 5 mujeres frente a 15 hombres; y, en el ámbito municipal, de las 298 alcaldías, apenas 18 tienen al frente una mujer.

Finalmente, el gabinete está conformado por apenas 5 mujeres al frente de las 16 secretarías de Estado, una menor que el segundo gobierno de Juan Orlando Hernández. Esto contrasta abiertamente con el discurso de igualdad que viene pregonando la presidenta Castro Sarmiento.