Desafíos para el nuevo gobierno de Honduras

6 de Abril de 2022
Desafíos para el nuevo gobierno de Honduras
Tomada de Twitter cuenta oficial @GobiernoHN

El nuevo gobierno de Honduras enfrenta grandes retos, ya que, ha encontrado a una sociedad herida por la corrupción y la impunidad, y necesitada de un verdadero proceso de reconciliación

Elecciones históricas, desafíos históricos

Hay cuatro razones que hicieron históricas las recientes elecciones hondureñas. En primer lugar, hubo una alta participación que rondó el 70% del censo electoral. La última vez que hubo una participación por encima de este porcentaje fue en 1997 con un 72,7%.

Uno de los grandes desafíos en términos democráticos es lograr la recuperación de la confianza ciudadana en la democracia, mediante la implementación de reformas electorales que permitan la despolitización partidaria de los órganos electorales y de justicia electoral, y eviten que las personas “enemigas de la democracia” accedan al poder público, particularmente quienes están vinculados a la corrupción, al narcotráfico y a violaciones a derechos humanos.

En segundo lugar, hubo una importante participación de la juventud, cuya experiencia con la democracia ha sido traumática en el sentido de enfrentar un golpe de Estado en 2009, presenciar un fraude electoral en 2017 y crecer bajo el mando de dos gobiernos del Partido Nacional caracterizados por el autoritarismo, la represión, la impunidad, la militarización y la corrupción.

Por tanto, para garantizar la preservación de la democracia es fundamental, como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que las personas estén convencidas, por su propia experiencia personal, de que ése es efectivamente el mejor modelo de organización política, éstas serán la mejor garantía contra dictaduras tradicionales y contra otras formas autoritarias de gobierno”.

En tercer lugar, existe la posibilidad de que las próximas elecciones el pueblo hondureño de la estocada final al bipartidismo de los partidos Nacional y Liberal. Desde el golpe de Estado, este último se convirtió gradualmente en cómplice y apéndice del segundo en la adopción de medidas que atentan contra los intereses de las grandes mayorías.

Una de las grandes debilidades del nuevo gobierno es la falta de las mayorías necesarias para promover reformas estructurales que desmoten los enclaves autoritarios dentro del Estado y allanen el camino hacia la democratización del país. Sin embargo, no se puede descartar que los sectores democráticos y marginados de dichos partidos reflexionen que posiblemente se encuentran ante la última oportunidad para demostrar que el autoritarismo de estos 14 años solo ha sido un paréntesis nefasto para su democracia interna y de la nación.

Al respecto, es importante resaltar dos hechos que nos indican los movimientos internos dentro del bipartidismo: primero, la reciente crisis en el Congreso Nacional en el que se juramentaron dos juntas directivas, una de la alianza gobernante y otra del bipartidismo junto con diputados disidentes del partido LIBRE de la presidenta Castro Sarmiento, son una muestra del poder que aún conservan los sectores que formaron parte del régimen de Juan Orlando Hernández.

Aunque el partido Nacional cuenta con 44 diputadas y diputados, 22 de ellos fueron elegidos por primera vez y quieren desvincularse del pasado reciente en el que su partido ha gobernado ininterrumpidamente desde el golpe de Estado de 2009. Esto representa una oportunidad para el gobierno de Castro Sarmiento como quedó evidenciado con la derogación casi unánime de la llamada “Ley de Secretos Oficiales”, en donde esas 22 diputadas y diputados votaron a favor, pese a que era una norma toral para el sostenimiento del régimen anterior comandado por su propio partido.

Y, en cuarto lugar, estas elecciones han provocado una fisura en el patriarcado político, en tanto que Xiomara Castro Sarmiento fue elegida como la primera mujer presidenta desde el retorno formal a la democracia en 1982.

Pese a ello, este proceso electoral ha demostrado que todavía queda mucho por hacer, ya que, en el nivel legislativo, 34 mujeres son diputadas frente a 94 hombres, 7 más que en las elecciones de 2017, pero lejos de las 42 de las elecciones de 2013. Por su parte, en el Parlamento Centroamericano solo hay 5 mujeres frente a 15 hombres; y, en el ámbito municipal, de las 298 alcaldías, apenas 18 tienen al frente una mujer.

Finalmente, el gabinete está conformado por apenas 5 mujeres al frente de las 16 secretarías de Estado, una menor que el segundo gobierno de Juan Orlando Hernández. Esto contrasta abiertamente con el discurso de igualdad que viene pregonando la presidenta Castro Sarmiento.

El gran desafío: destruir el binomio corrupción e impunidad

Desde el golpe de Estado de…, Honduras ha experimentado un grave deterioro de la institucionalidad democrática que no puede comprenderse, como lo señala la CIDH, sin la impunidad estructural y la corrupción que han erosionado la confianza en las instituciones públicas, y la desigualdad que está enraizada en un sistema que beneficia a unas cuantas personas que tienen relaciones con altas esferas del poder político y privado.

En este sentido, la lucha contra la pobreza y la desigualdad que azota el país pasa necesariamente por un combate decidido en contra de la corrupción y la impunidad. Por ello, dos medidas son urgentes y necesarias en este momento de transición: en primer lugar, la concreción del anuncio de la presidenta Castro Sarmiento de la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, tomando en cuenta las lecciones aprendidas de las experiencias con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Y, en segundo lugar, avanzar hacia un verdadero proceso de justicia transicional que permita transitar de tres situaciones graves y masivas de violaciones a derechos humanos, hacia la reconciliación nacional. Como sociedad necesitamos enfrentar los crímenes del pasado, tanto de los años ochenta y del golpe de Estado de 2009, como los de la crisis postelectoral, e identificar los enclaves autoritarios que todavía controlan el Estado generando impunidad y corrupción.

Una manera de hacerlo es instalando una Comisión de la Verdad que revise y actualice los informes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos sobre las desapariciones forzadas en los 80, de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre los crímenes del golpe de Estado y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras sobre los crímenes del fraude electoral.

Solo así Honduras podrá ofrecer justicia y verdad a una sociedad herida y necesitada de reconciliación, reconociendo que esta no puede darse sin conocimiento de la verdad y sin sanción de las personas responsables de tales crímenes, particularmente de las que todavía se encuentran en altas estructuras del Estado o reciben beneficios sociales de éste.

No obstante, para ambos desafíos se requiere un Ministerio Público y una Corte Suprema de Justicia con imparcialidad, competentes e independientes. Para lograrlo, un paso fundamental es despolitizar y superar todas las irregularidades en el proceso de selección de las altas autoridades del Estado que, hasta el momento, evidencian la primacía de criterios políticos sobre la meritocracia, evitando así la existencia de instituciones públicas que luchen frontalmente contra la impunidad.

Citación académica sugerida: Mejía Rivera, Joaquín, A. Desafíos para el nuevo gobierno en Honduras. Agenda Estado de Derecho, 2022/04/06. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/desafios-para-el-nuevo-gobierno-de-honduras/

Palabras clave: Honduras, impunidad y corrupción, justicia transicional

Comparte este artículo en...
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
ACERCA DEL AUTOR
Joaquín A. Mejía Rivera

Doctor en Derechos Humanos. Investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, y coordinador adjunto del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos.

Artículos Relacionados

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.