Ante el rechazo de la propuesta de reforma constitucional, de manera inmediata el Presidente y su partido presentaron una propuesta alterna, conocida como plan B, el cual consistía en reformas a la legislación secundaria, con las cuales se buscaba hacer cambios sustantivos en el sistema electoral mexicano sin que hubiera contradicciones con la Constitución. Nuevamente el planteamiento tenía como fondo la reducción de los costos del sistema electoral.

Tras tres meses en los que la reforma electoral transitó de la Cámara de Diputados a la de Senadores y viceversa, al final se aprobó la modificación a seis leyes y más de 400 preceptos legales. Las leyes modificadas fueron: i. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ii. Ley General de Partidos Políticos, iii. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, iv. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, v. Ley General de Comunicación Social y vi. Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los cambios impactaron en 5 temas fundamentales:

i. Derechos políticos y electorales de la ciudadanía. Se reconocieron legalmente acciones afirmativas en favor de grupos minoritarios, tales como comunidades indígenas, afromexicanas, personas de la diversidad sexual, con discapacidad, residentes en el extranjero y jóvenes, mismas que los partidos políticos deben postular en al menos 5% de sus candidaturas. También se reguló la paridad en las gubernaturas.

Aunque tanto las acciones afirmativas como la paridad en gubernaturas ya se habían venido aplicando a través de acuerdos y sentencias de las autoridades electorales, lo relevante es que ahora se les dio fuerza normativa al incluirlas en la ley. El lado negativo es que se dejaron los criterios para la postulación de estas candidaturas al árbitro de los partidos políticos.

ii. Autoridades electorales y autonomía presupuestal. La reforma implica una reestructura profunda a las autoridades electorales, nacionales y subnacionales. Se acotó la estructura de las autoridades electorales y se eliminó gran parte de la base territorial a partir de la cual se lleva a cabo toda la organización de las elecciones. Se establecieron como principios rectores la austeridad y eficiencia presupuestal.

iii. Organización electoral. Se redujeron los tiempos electorales; particularmente se modificó el inicio de los procesos electorales, antes comenzaban la primera semana de septiembre y ahora lo harán la tercera de noviembre, con lo cual las autoridades electorales no solo tendrán una estructura más reducida, sino también menos tiempo para realizar las actividades propias de la organización de las elecciones.

El cómputo de los votos iniciará el mismo día de la elección -antes comenzaban el miércoles siguiente a la elección-, con esta modificación se unifican los cómputos con el programa de resultados preliminares.

iv. Reglas particulares. Se aprobaron reglas favorables a la reelección legislativa, se dio mayor peso a la autodeterminación de los partidos políticos, se limitó la facultad de interpretación de las autoridades electorales y las sanciones que las autoridades habían implementado para inhibir conductas fraudulentas. Igualmente se incluyó una definición de propaganda gubernamental que permite mayor actividad proselitista de servidores públicos.

v. Justicia Electoral. El sistema de justicia electoral cambió por completo, prácticamente se derogó la ley de medios de impugnación anterior y se dio paso a una totalmente nueva, pasando de siete medios de impugnación reconocidos a tres. Lo que llevará a la justicia electoral a adaptarse a un nuevo catálogo de medios de impugnación.

Los cambios legislativos se dan a tan solo unos meses de que comiencen a organizarse las elecciones más grandes en la historia del país, las de 2024, en los que se renovarán la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados y de Senadores, 9 de las 32 gubernaturas, los congresos locales en 30 entidades federativas y ayuntamientos en igual número de Estados. Y algo muy importante es que esta reforma no tuvo un amplio consenso político, por el contrario, la oposición rechazó los cambios, por lo que se aprobó únicamente por la mayoría simple de Morena y sus aliados.

Sumado a todo lo anterior, hay que señalar que esta será la primera reforma electoral de amplio alcance que se implementará por primera vez en una elección presidencial y no en las intermedias, como había ocurrido en las 8 reformas electorales anteriores.